ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

miércoles, junio 20, 2018

Dictan orden de aprehensión contra Walter Alexander del Nogal Márquez

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Fuente: Venezuela Politica

El tribunal décimo de control del área Metropolitana de Caracas dicta orden de aprehensión contra el ciudadano Walter Alexander del Nogal Márquez por presunta comisión de delito de legitimación de capitales y asociación para delinquir. Las gestiones se realizaron desde esta misma semana y se ejecutarían entre los días lunes y martes de esta misma semana.

La solicitud fue presentado por la fiscalía 70 Nacional basado en un informe financiero que reposa la carpeta de investigación que se inicio contra de Del Nogal Márquez en 2009.

Del Nogal Márquez fue incorporado a la lista del Departamento del Tesoro, OFAC en mayo de 2018. Debido a la designación, se revisó si existía una investigación en contra Del Nogal Márquez en los órganos fiscalizadores venezolanos.

La administración del presidente Donald Trump designó el 7 de mayo de 2018 al ex funcionario del servicio de inteligencia venezolano, Pedro Luis Marín Olivares dos de sus asesores y 20 compañías bajo su control como narcotraficantes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Martín fue acusado en 2015 por un gran jurado en Florida por conspirar intencionalmente para distribuir una sustancia controlada en los Estados Unidos y posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.
En esa misma decisión, la OFAC designó a Walter Alexander Del Nogal Márquez y a Mario Antonio Rodríguez Espinoza por colaborar con Martin, además de 20 compañías en Venezuela y Panamá que son propiedad o están bajo el control de estas tres personas.

La acción del gobierno norteamericano congela cualquiera de sus activos que se encuentren en los EE. UU. O en manos de personas en los EE. UU.

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Juez español congeló bienes de exjefe de seguridad de Pdvsa

Fuente: NTN24
Rafael Ernesto Reiter Muñoz estaría vinculado con el caso Antonini Wilson

VENEZUELA Cortesía

Un juzgado español decidió congelar los bienes del venezolano Rafael Ernesto Reiter Muñoz, ex jefe de seguridad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), como parte de las investigaciones que adelanta la nación europea sobre el blanqueo de capitales provenientes de la estatal petrolera.

El diario El País de España publicó un reportaje en el que se detalla las lujosas adquisiciones de Reiter. En julio de 2015, compró una casa valorada por casi 2 millones de euros en Sant Cugat de Vallés, una de las zonas más exclusivas de Barcelona.

El exfuncionario había sido detenido el pasado mes de octubre por formar parte de una trama que desvió 27 millones de dólares en sobornos de proveedores petroleros estadounidenses. Recientemente su esposa, Vanessa Yssea fue arrestada. Ambos estarían involucrados con el supuesto saqueo de 6 mil millones de dólares.

De acuerdo con el medio impreso español, Reiter era el responsable de la Gerencia Operativa de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa. Por sus manos pasaron los 800 mil dólares que el chavismo envió a Argentina para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, un hecho conocido como el caso Antonini Wilson.

La acusación detalla que el exjefe de seguridad de Pdvsa acumuló riquezas por mover sus influencias para favorecer a empresas contratistas. Compró un apartamento en Miami, realizó transferencias a su esposa por 1.5 millones de dólares y adquirió dos vehículos blindados valorados en 107 mil dólares cada uno.

Reiter viene de una familia marxista. Su madre ocupó cargos en la Asamblea Nacional donde manejó buenos contactos con Rafael Ramírez quien fue el que llevó al joven a la alta gerencia de la petrolera.

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viernes, junio 15, 2018

El Líbano protege el tráfico de cocaína de Hezbollah en América Latina

Por Emanuele Ottolenghi
Fuente: Infobae

Las instituciones del país no son un contrapeso para Hezbollah, sino sus habilitadores 

(MARWAN NAAMANI/AFP/Getty Images)


Días después de que la administración Trump se retirara del acuerdo nuclear con Irán, Washington aumentó las sanciones contra Hezbollah como parte de su ofensiva contra Teherán y sus representantes. Sin embargo, la política de Estados Unidos hacia el grupo militante libanés sigue siendo incoherente. Al iniciar operaciones contra Hezbollah al tiempo que apoya a las instituciones del estado libanés, la Casa Blanca termina por iniciar su propia búsqueda sobre las fuentes de financiación ilícitas del grupo.

Esta contradicción en el corazón de la política de Estados Unidos se está desarrollando ahora en Paraguay, donde la Embajada del Líbano está intentando bloquear la extradición del supuesto financista de Hezbollah, Nader Mohamad Farhat. Mientras que el arsenal y los combatientes de Hezbollah se concentran en el Líbano y Síria, América Latina es el centro de operaciones indispensable para las redes criminales que generan gran parte de los ingresos de Hezbollah .

Paraguay alberga una importante y creciente operación de lavado de dinero conectada con Hezbollah en la Triple Frontera, donde Paraguay se cruza con Argentina y Brasil. Cada vez más, los agentes locales de Hezbollah están involucrados en el auge local del tráfico de cocaína, y hay evidencia de que esta organización islámica está enviando altos funcionarios a la Triple Frontera para coordinar esas actividades.

Tras más de una década, cuando los legisladores estadounidenses descuidaron la Triple Frontera, ahora las investigaciones federales finalmente están desenterrando esquemas criminales multimillonarios dirigidos por Hezbollah. No fue una sorpresa que este grupo retrocediera aprovechando la influencia local. Era menos obvio que lo haría a través de la Embajada del Líbano, que es, técnicamente, un brazo de las instituciones estatales que Washington quiere fortalecer como contrapeso a Hezbollah.

El 17 de mayo, mientras el Tesoro de Estados Unidos anunciaba nuevas designaciones de Hezbollah, las autoridades paraguayas allanaron Unique SA, una casa de cambio en Ciudad del Este, en el lado paraguayo de la Triple Frontera, y arrestaron a Farhat, su propietario, por su papel en un presunto esquema de lavado de dinero de drogas por valor USD 1.30 millones. Se alega que Farhat es un miembro del Componente de Asuntos Comerciales, la rama de la Organización de Seguridad Externa de Hezbollah a cargo de dirigir operaciones de tráfico ilícito y finanzas ilegales en el extranjero.

Las autoridades de Estados Unidos quieren extraditar a Farhat, y esa es la indicación más clara de que sus actividades de lavado de dinero afectaron al sistema financiero del país norteamericano. Pero el gobierno libanés quiere evitar que eso suceda. El 28 de mayo, el encargado de asuntos libaneses en Asunción, Hassan Hijazi, envió una carta al fiscal general de Paraguay para informarle que debería rechazar la solicitud de Estados Unidos de extraditar a Farhat.

Hijazi tiene el derecho de velar por los intereses de un ciudadano libanés. Podría ofrecer a los fiscales la cooperación de la embajada y poner a disposición de las instituciones libanesas cualquier solicitud que pueden tener. Interferir en el proceso legal de su país anfitrión, por otro lado, es una violación del protocolo diplomático y una señal segura de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beirut está priorizando los intereses de Hezbollah sobre los del Líbano.

Washington no debería permitir que esto se deslice silenciosamente, y tampoco Paraguay. Asunción debería declarar a Hijazi como persona non grata y despacharlo sin ceremonias al Líbano. Un paso así enviaría un mensaje claro al jefe de Hijazi, el ministro libanés de Asuntos Exteriores, Gebran Bassil: usted puede obtener ayuda de Estados Unidos o puede hacer la oferta de Hezbollah. Pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo y salirte con la tuya.

Estados Unidos debería dar garantías a Paraguay de que castigar al enviado y extraditar al culpable es el curso de acción correcto. El plan de lavado de dinero de Farhat es la punta del iceberg criminal de Hezbollah en la Triple Frontera. Los investigadores que allanaron el negocio de Farhat encontraron cheques aplazados por millones de dólares emitidos por compañías con los nombres del beneficiario deliberadamente en blanco. Algunas de las compañías son importadores mayoristas de productos de marca, una indicación de que la casa de cambio de dinero bien pudo haber sido parte de una red comercial de lavado de dinero para el narcotráfico. Para funcionar sin problemas, tales esquemas dependen de la complicidad de las autoridades locales, que rara vez controlan las mercancías entrantes y salientes que atraviesan la Triple Frontera semanalmente a través del Aeropuerto Internacional Guaraní de Ciudad del Este en un avión de carga desde Dubai y Estados Unidos.

Los casos pasados y en curso son una prueba de que el aeropuerto es una puerta de entrada para el tráfico ilícito, gran parte del cual pasa por los Estados Unidos. Un caso reciente en Miami, investigado por el Joint Terrorism Task Force Local del FBI, menciona específicamente un vuelo de carga semanal entre Miami y Ciudad del Este como la vía para la entrega de productos electrónicos falsificados. El año pasado, Paraguay extraditó a Miami a un narcotraficante libanés con vínculos con Hezbollah luego de que fuera descubierto transportando cocaína a través del mismo aeropuerto. Cuando lo arrestaron, las autoridades descubrieron que estaba conspirando para enviar 100 kilos de cocaína al mes a un socio comercial en Houston por carga aérea. Las visitas recientes de las autoridades de los Estados Unidos al aeropuerto solo han resaltado las flagrantes deficiencias en los controles locales.

Las autoridades paraguayas han cooperado, pero son susceptibles a la presión local. Es posible que nunca condenen a Farhat si lo juzgan a nivel nacional. Hay una historia de oportunidades perdidas para perseguir a Hezbollah en Paraguay. En diciembre pasado, el sistema penitenciario local permitió que dos presuntos traficantes de drogas de Hezbollah escaparan durante un traslado entre cárceles. Desde hace una década, Asunción no ha tomado medidas para imponer sanciones estadounidense contra los operativos de Hezbollah basados en la Triple Frontera, muchos de los cuales continúan viviendo y comerciando en el lado paraguayo de la frontera.

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Diosdado Cabello USO A ALUNASA PARA LAVAR DINERO EN COSTA RICA

Hombre fuerte de Venezuela usó a Alunasa para lavar dinero en Costa Rica, dice EE. UU.

Investigación del Departamento del Tesoro señala que grupo dirigido por Diosdado Cabello utilizó barcos para mover minerales y lavar dinero de Panamá hacia Alunasa en Costa Rica, además de que ordenó al ejército designar empleados que supervisaran la operación

Por: Gerardo Ruiz R., Sofía Chinchilla
FUENTE: LANACION

Diosdado Cabello junto al presidente venezolano, Nicolás Maduro AFP PHOTO/JUAN BARRETO

Una investigación de Departamento del Tesoro de Estados Unidos concluyó que el hombre fuerte de Venezuela, el chavista Diosdado Cabello, lavó dinero en Costa Rica a través de la empresa Alunasa, ubicada en Juanilama de Esparza, Puntarenas.

Los hechos se remontan a diciembre del 2016, afirma un comunicado emitido el pasado 18 de mayo.

Según la investigación, Cabello ordenó al Ejército venezolano designar empleados en la fábrica Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa) para que supervisaran la operación de lavado de dinero, la cual se efectuó bajo la dirección del exgobernador del Estado de Bolívar, Francisco José Rangel Gómez.

El delito se cometió cuando la compañía estatal Venezolana de Aluminio (Venalum) usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia la sede de Alunasa en Costa Rica, sostiene el Departamento del Tesoro.

Alunasa también es propiedad del Estado venezolano y opera en el cantón de Esparza bajo el régimen de zona franca.

Las autoridades estadounidenses concluyeron que un grupo de funcionarios venezolanos han utilizado a Venalum y a Alunasa para lavar dinero hacia Costa Rica y Rusia.

La investigación determinó que el presidente de Venalum, de quien no se detalla el nombre en el comunicado, así como otro individuo que realmente dirigía la compañía, “traficaban droga, lavaban dinero y usaban la firma estatal como mampara para encubrir esas operaciones”.

El comunicado del Departamento del Tesoro explica que Diosdado Cabello, Francisco Rangel Gómez y sus asociados trabajaron juntos para acceder ilegalmente a la explotación de minas de hierro, mineral que extrajeron y exportaron a través de la firma Ferrominera del Orinoco (FdO), una subsidiaria del conglomerado venezolano estatal, Corporación Venezolana de Guyana, que también es dueña de Alunasa.

Aunque Ferrominera del Orinoco era una empresa legal, Cabello y sus socios tenían dirigentes dentro de la compañía que facilitaban la extracción ilegal del hierro y su exportación, según EE. UU.

Adicionalmente, Cabello lavó dinero a través de Venalum hacia Rusia, indicó el Departamento del Tesoro.

Por estos y otros hechos, el comunicado anunció sanciones y bloqueo de compañías ligadas a Diosdado Cabello y a personas allegadas a él, entre las cuales están su esposa, Marleny Josefina Contreras, y su hermano, José David Cabello, superintendente de la Agencia Aduanera y Tributaria de Venezuela, así como Rafael Sarría Díaz, otro militar a quien los estadounidenses señalan como el testaferro de Cabello.

Carta confirma congelamiento de cuentas

Este lunes 11 de junio, el Concejo de Esparza conoció una carta enviada por el presidente de Alunasa, el general de división Noel Rafael Martínez Rivero, en la que reconoce que la empresa sufre cierre de cuentas, bloqueos y otras sanciones que, en su opinión, “parecen tendientes a lograr que Alunasa cierre sus puertas”.

“Por elementos externos, ajenos al normal desempeño de nuestras actividades, nos hemos visto involucrados en señalamientos por parte del Gobierno de Estados Unidos que apuntan a la utilización de la empresa para el flujo de capitales al margen del lícito comercio”, dice la carta del general venezolano.

El documento lo recibió Karol Jiménez, presidenta municipal, de manos de un funcionario de Alunasa, según relató ella a La Nación.

Hace dos meses, en abril de este año, Alunasa solicitó al Ministerio de Trabajo autorización para suspender los contratos de trabajo con 230 de sus 267 empleados, alegando escasez de materia prima.



Esta compañía venezolana se dedica, en Costa Rica, a manufacturar productos, como hojas de aluminio, a partir de aluminio importado de Venezuela, para luego exportarlos.


Según los empleados, la firma afronta una fuerte caída en la producción desde finales del 2017, porque recibía a cuentagotas la materia prima desde diciembre pasado. Como consecuencia, muchos trabajadores fueron enviados a la casa.

Instalaciones de Alunasa en Esparza.

Esta situación se reflejó, a la vez, en una brusca caída en las importaciones de aluminio en bruto, producto del cual Venezuela es el principal proveedor. Y coincide con el decaimiento de la producción de la industria venezolana de este mineral.

La materia prima para la compañía son lingotes de aluminio importados desde Venezuela, a los cuales se les aplica procesos de fundición y colado continuo y laminación en frío.

Como el Ministerio de Trabajo le rechazó la suspensión de los contratos laborales y obligó a la firma a pagar sus obligaciones con los empleados, el general alegó en la carta leída en el Concejo de Esparza, la cual iba dirigida al presidente Carlos Alvarado:

“Estos señalamientos obedecen a una acción sobre Venezuela, de tal manera que estamos en la obligación, como administradores, de además elevar nuestra protesta por el atropello, aportar elementos de juicio que permitan aclarar el papel empresarial de Alunasa, para lo cual estamos dispuestos a aportar cualquier tipo de prueba, análisis, auditorías, investigación o averiguación de parte del gobierno que usted dignamente representa”.

En una carta con fecha del 9 de junio y dirigida al presidente de la República, el general venezolano Noel Rafael Martínez Rivero, presidente de Alunasa y encargado de las operaciones en Costa Rica, reconoce que a la empresa se le impusieron sanciones que incluyen bloqueos y cierres de cuentas bancarias, y piden la ayuda del gobierno para solucionar la situación.


Desde que el chavismo asumió las riendas de Venezuela, la empresa ha estado envuelta en la polémica.

En el 2007, durante el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), los 400 empleados que tenía la empresa en ese momento también temieron que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (ya fallecido), cerrara la empresa como represalia por declaraciones de Arias sobre su gobierno.

Alunasa fue una empresa estatal creada en 1976 que fue privatizada en 1990. En el 2000, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) adquirió el 100% de las acciones y, en el 2015, pasó a formar parte de la Corporación Nacional de Aluminio de Venezuela.

¿Quién es Diosdado Cabello?

Actualmente, Cabello es diputado constituyente y es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual tiene en el poder a Nicolás Maduro desde el 2013.


Tuvo una carrera militar y ocupó varios altos puestos en los gobiernos chavistas. Posteriormente fue presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela hasta que Maduro reemplazó ese órgano legislativo por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto del 2017.

En el pasado reciente, el presidente Nicolás Maduro acusó que un excomisario venezolano, Henry López, exjefe de la policía política venezolana, refugiado en Costa Rica, estaba conspirando desde suelo nacional para asesinarlos a él y a Diosdado Cabello.

Dos días antes de las cuestionadas elecciones presidenciales venezolanas, en mayo, Estados Unidos anunció la incautación de bienes a Cabello por el orden de los $800 millones, por presumir que estos son producto de actividades ilícitas como el lavado de dinero, corrupcción y narcotráfico.

Estados Unidos afirmó que esas actividades las ha desarrollado Cabello en asociación con Nicolás Maduro y el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami.

La caída de la industria venezolana de aluminio

Según las centrales sindicales más grandes de Venezuela, las empresas dedicadas a la extracción de minerales en la Guayana venezolana, región rica en ese tipo de materias primas, cayeron en desgracia con el chavismo y queda poco de la bonanza que logró la industria metalúrgica estatal entre 1960 y la primera mitad de la década de los años 90 del Siglo XX.

Uno de los problemas fundamentales que afronta la industria, según los gremios de trabajadores, es que no hay repuestos para volver a poner a trabajar a varias plantas.

En declaraciones al diario El Nacional de Caracas, en el 2017, el dirigente Henry Arias, del Sindicato de Aluminios del Caroní, señaló que “debido a la desidia del gobierno durante los últimos 17 años”, las plantas metalúrgicas operaban a esa fecha entre un 10% y un 30% de su capacidad instalada.

En contraposición a las afirmaciones del Ministerio de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas del gobierno de Nicolás Maduro, de que el año pasado se dio un “franco crecimiento y recuperación” de la industria metalúrgica venezolana, Arias dijo al mismo medio que hasta que no se sanee la administración de las empresas y se realicen las inversiones necesaria, no se recuperará la producción según la capacidad instalada de las plantas.

Venezuela fue por varias décadas el primer productor de aluminio en Latinoamérica. Ahora lo supera Brasil que, en el 2017, produjo 800 mil toneladas métricas de ese tipo de metal.

Según El Nacional, el año pasado la empresa Aluminios del Caroní produjo 21.000 toneladas que correspondió a un 10% de su capacidad instalada de 210.000 toneladas. La Empresa Venezolana de Aluminio (Venalum), en tanto, produjo 129.000 toneladas, un 30% de su capacidad instalada que asciende a las 430.000 toneladas.

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martes, junio 12, 2018

Un juez de Madrid envía a prisión al hijo del millonario venezolano Roberto Rincón por riesgo de fuga

Por: MARISA RECUERO
Fuente: El Mundo – ESPAÑA

Detalle de una gasolinera propiedad de la petrolera venezolana PDVSA. REUTERS 

El venezolano José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate bolivariano Roberto Enrique Rincón Fernández, ingresó este viernes en una cárcel española después de que el magistrado Enrique Berges, del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, decretara prisión provisional por riesgo de fuga, según confirmaron a este diario fuentes jurídicas.

Rincón Bravo fue detenido hace dos días en Madrid por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y por orden judicial. El hijo de Roberto Rincón fue arrestado en el marco de un operación contra el blanqueo de capitales, dentro de una investigación de lavado de dinero procedente de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El magistrado también decretó prisión provisional para el que fuera director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, investigado también en este procedimiento. Conviene advertir de que esta persona fue detenida el pasado 25 de octubre tras una orden de detención emitida por Estados Unidos pidiendo su extradición por delitos de corrupción.

Reiter es investigado en Houston (Texas) por su presunta participación en una trama de funcionarios de PDVSA, entre 2011 y 2013, que pedían sobornos a vendedores y empresas a cambio de dar condiciones ventajosas en las licitaciones y en las facturas.

La instrucción de este procedimiento arrancó en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central de Instrucción número 3, a cargo de la juez Carmen Lamela. Sin embargo, la magistrada se inhibió a favor del juzgado madrileño, donde se investigan transferencias de fondos desde terceros países a cuentas españolas.

El padre de José Roberto Rincón Bravo, que tuvo un procedimiento abierto en Estados Unidos tras ser detenido en 2015, ya reconoció a la Justicia estadounidense que sobornó a funcionarios de la petrolera para conseguir contratos públicos para sus compañías, que proveían de servicios a PDVSA.

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Denunciaron “Clan de Pérez Abad” ante el Ministerio Público



La Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (Fundeproredive) consignó este miércoles ante el Ministerio Público (MP) una denuncia contra el “Clan Pérez Abad”, constituido por familiares del actual presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángel Pérez Abad.

“Se le consignó al MP una solicitud para que averigüe las empresas que tiene la familia de Pérez Abad, en donde se puede destacar varias compañías constituidas en el extranjero en el mismo periodo en que el funcionario ejercía el cargo público de ministro”, informó la fundación.

La institución detalló que los ciudadanos Juan Carlos Pérez Abad, Teodoro Santiago Pérez Abad, Manoly Giunonna Ramírez Navarro y Nelson Rafael Bustamante Abidar, todos relacionados con el exministro Miguel Ángel Pérez Abad, constituyen las empresas Global Oleos C.A. y Mayor Integral de Procuras C.A.

Igualmente, señaló que estos ciudadanos son socios de las compañías JMC International, LLC, BIG BUS Construtions, LLC, TPY USA, LLC, Aventuras OPH LLC, Bynton OPH LLC, Delray OPH LLC, FT.Lauderdale OPH Jensen OPH LLC, OPH Global LLC, PH Gardens OPHLLC, Royal Palm OPH, LLC, todas con sede en Florida, Estados Unidos. Y de las empresas Metals Businness Corporation INC, International Harvester Tractors INC, Strong Investment House INC, con sede en Panamá.

“Cómo es que este clan, siendo su hermano el Presidente del Banco Bicentenario que lo vemos en televisión diciendo que es ‘antiimperialista’, ‘que es chavista’ y que ‘hay que invertir en Venezuela’. Él fue Presidente de Fedeindustria y esos dólares lo dieron aquí para que se invirtiera en el país, pero hoy vemos cómo la familia Pérez Abad no invierte en Venezuela sino que invierte en Estados Unidos. Entonces, es una doble moral porque aparece este flamante exministro, presidente del Banco Bicentenario teniendo un discurso de día contra el imperio y contra la injerencia extranjera, pero hoy su familia es la gran inversora en EE.UU“, aseveró.

Por lo antes expuesto, Fudeproredive exigió al MP que aperture una investigación de manera imparcial y que no exista un “manto de impunidad” porque estas personas sean familia de un exministro venezolano. “Al contrario, estas personas deben ser las primeras en investigar porque están ligadas a funcionarios y se debe dar el ejemplo”, agregó.

Por otra parte, la fundación indicó que acudirá ante la Embajada de Estados Unidos en Caracas con el fin de solicitar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al Buró Federal de Investigaciones​ (FBI) y a todos los organismo internacionales que estén relacionados con la legitimación de capitales para que aperture una investigación a estas personas que son familia del presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángel Pérez Abad, a fin de que se determine el origen de los dólares invertidos en las empresas que poseen en EE.UU.

“¿De dónde sacaron los dólares si en Venezuela hay control de cambio? ¿Dónde están las cuentas en bolívares de los Pérez Abad? ¡Todas las cuentas están en dólares!”, enfatizó. 

Además, Fundeproredive hizo un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que conozca “cómo es que muchos de sus ministros en lugar de invertir en Venezuela invierten en los Estados Unidos”.

Y añadió que posteriormente acudirán al Ministerio Público a presentar una denuncia sobre el otorgamiento de créditos que utiliza el Banco Bicentenario a “muchas personas” para que supuestamente refloten seguros, “como es el caso de Seguros Atrio”.

“También consignaremos otras denuncias con nombre de personas que el Presidente de la República debería mandar a investigar”, sentenció.
Para leer la denuncia consignada contra el “Clan Pérez Abad” por la Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana haga clic aquí.

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TARECK EL AISSAME Y EL NARCOTERRORISMO ISLAMICO

Por: Cnel. (Ej.) Rubén Dario Bustillos Rávago
Fuente: Frente Libertad

Hassan Nasrallah jefe de la organización terrorista Hezbollah, ha acumulado alrededor de 250 millones de dólares en sus cuentas personales debido a las operaciones globales de contrabando de drogas de su organización, según informó el pasado lunes Al-Ittihad, un periódico en árabe publicado en los Emiratos Árabes Unidos.

Según el informe, el alcance de su fortuna se descubrió en el marco del “Proyecto Cassandra” conducido por la DEA en contra de Hezbollah, quien además de operar como una organización terrorista internacional, lo hace también como uno de los carteles de drogas más grandes del mundo.

La DEA además informó, que debido a las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán y la reducción masiva del presupuesto de Teherán a Hezbollah, Nasrallahordenó una expansión del contrabando de drogas de su organización, que ha resultado en grandes ganancias financieras.

No tenemos la menor duda de que la mayor parte de la droga, contrabandeada por Hezbollah, y por ende por Nasrallah, proceda de Venezuela cuyo vicepresidente, de nacionalidad siria-venezolana, Tareck El Aissame, ha sido denunciado por mantener estrechos vínculos con ese grupo narco-terrorista y de utilizar el país como base de operaciones para su penetración en todo el Continente americano.

Tareck El Aissame, entre otros, es también mencionado en la lista de responsables de la violación de los derechos humanos en el informe del pasado 29 de mayo que expertos criminalistas presentaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, conclusivo de que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, y, por tanto, existen bases legales para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI). Aseguran que en Venezuela se han llevado a cabo 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados “colectivos”. El informe recoge denuncias de 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir “descargas eléctricas en sus genitales”.

En febrero de 2016, la DEA informó que una investigación internacional había revelado que Hezbollah utiliza las ganancias producto de la venta de cocaína, en los EEUU y Europa, para financiar la compra de armas que utiliza en Siria y en contra de Israel.

El “Proyecto Cassandra” fue cerrado por el presidente Barack Obama, como parte del fallido acuerdo nuclear con Irán, pero fue reabierto por la administración Trump.

Los expertos consideran que la crisis venezolana tiene un alto contenido del crimen internacional que afecta a la región entera y por lo tanta, su solución tiene que ser considerado bajo ese contexto. Caracas, 11 de junio de 2018. rdbustillos@gmail.com, @rdbustillos.

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El informe que detalla el imperio de la droga y su relación con el poder en Venezuela

Una investigación del diario Las Américas revela un entramado que alcanza hasta Hugo Chávez. Infografía

Fuente: INFOBAE
Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, junto al líder venezolano, Nicolás Maduro


El gobierno estadounidense ha desenredado una organización extensa dedicada al tráfico de drogas en Venezuela que podría llevarse por delante al vicepresidente del país, Tareck El Aissami, que lleva tres años en la agenda norteamericana.


La red de tráfico de drogas incluye a generales del ejército, jueces, funcionarios, empresarios y traficantes de cárteles en Colombia y Venezuela. Varios de los detenidos, ahora en suelo americano, pactaron con el gobierno estadounidense su libertad judicial a cambio de información. Una investigación conducida por el diario Las Américas logró acceso a testimonios de implicados y documentos oficiales que confirman a 24 cómplices que allanaron el terreno operativo, policial, militar y aéreo.


Ese mismo medio desveló que militares y políticos ligados al gobierno venezolano pretendían quedarse con todo el pastel. El mecanismo, maquiavélico: los oficiales ofrecieron a los narcotraficantes la seguridad de no ser extraditados si vinculaban a personajes de la oposición en el tráfico de drogas. Toda una maniobra para sacarlos del mapa. Y Hugo Chávez estuvo al corriente de todo.




La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ya comunicó en febrero de 2017 que el vicepresidente El Aissami, al que nombró Nicolás Maduro, y el empresario Samarck José Lopez Bello estaban en su punto de mira por jugar "un papel fundamental en el tráfico internacional de narcóticos". La OFAC señaló a El Aissami como el eslabón principal que facilitó el transporte de cocaína, propiedad del traficante venezolano Walid Makled García.


Ahora, los hilos de la investigación comienzan a conectar. Jaime Alberto Martín Zamora, "Beto Marín", detenido y extraditado a Estados Unidos en 2010, contó con "pedidos muy especiales del propio Chávez para evitar que fuera entregado a EEUU". Así se lo contó el antiguo líder del Cártel del Norte del Valle de Colombia a los fiscales, tal y como informó Las Américas.


La misma pieza incluye un testimonio próximo a Beto Marín. "Chávez quería acusar a unas familias específicas relacionadas con la banca privada de estar vinculadas al Cártel del Norte del Valle y al narcotráfico como lavadores del dinero, pero como Beto Marín no accedió al chantaje, Chávez autorizó su extradición", reveló una fuente cercana a la defensa del narco colombiano. La extradición de Beto Marín se sumó a las otras 78 que hubo entre 2006 y 2015.


En el organigrama del tráfico de cocaína en Venezuela se incluyen jueces como Benny Palmeri Bacchi, que contribuyó para evitar posibles extradiciones, el ex director de la Interpol en Venezuela Rodolgo McTurk, el general Hugo Carvajal Barrios, el ex ministro de Defensa Henri Rangel Silva, el ministro del Interior Néstor Reverol y una lista larga que detalló Las Américas.

"Carvajal es una de las personas más polifacéticas que podemos encontrar en todo este entramado. Es una de las personas que más participó en actividades de tráfico de drogas e ingreso de dinero del narco a Venezuela", reza uno de los comunicados de una persona que conoció de cerca al militar y sirvió de testigo al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Carvajal, diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela, tiene una orden de arresto de Estados Unidos por contribuir al tráfico de cocaína desde su sillón de poder.

La oposición venezolana ya venía avisando de este tema. De hecho, tal y como recogió Infobae más de la mitad de la cocaína que llega a Europa sale de Venezuela.


Infografías de Tomás Orihuela

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domingo, junio 03, 2018

Triple Frontera: narcoterrorismo y la presencia de Hezbollah

Por: George Chaya
Fuente: INFOBAE

Oriente Medio se ha caracterizado por el surgimiento de movimientos revolucionarios y grupos fundamentalistas que desarrollan operaciones de gran alcance fuera de las fronteras de su región. Un ejemplo de esto es Hezbollah. El grupo surgió en Líbano a partir de una serie de hechos políticos y sociales a mediados de 1982 con la intención de motivar un sentimiento pro-iraní radical en la región y, fundamentalmente, con el fin de establecer en Líbano una República Islámica desde la cual hacer frente a toda influencia extranjera en la zona.

El ideario fundamentalista de la organización se basa en la preservación del islam chiíta en Oriente Medio y en la expulsión de todo aquello que ponga en riesgo su cultura y religión. Hezbollah emitió su manifiesto fundacional en 1985, donde juró lealtad al líder supremo de Irán, Ayatollah Ruhollah Khomeini, y comenzó a profundizar al establecimiento de un régimen islámico, demandó la expulsión de EEUU, Francia e Israel de territorio libanés, y propugnó abiertamente la destrucción del Estado israelí. En esta línea, los miembros del grupo han intentado cumplir su juramento por medios violentos que expandió a nivel internacional durante más de treinta y cinco años.

A través de su ideario político fundacional, Hezbollah ejecutó acciones terroristas en varios continentes. El grupo también desarrolló capacidades de combate y guerrilla en la década del ’90 convirtiéndose en un actor estratégico de Oriente Medio, capaz de influir en el curso de la paz y la guerra en la región.

A nivel organizativo, Hezbollah ha evolucionado significativamente. La capacidad de influencia del grupo fundamentalista se ha consolidado en su región de origen y se ha expandido por todo el globo estableciendo puntos de control por medio de factores como la financiación, el manejo de información y la propagación de su ideología, logrando conseguir gran cantidad de adeptos a sus ideales.

El grupo ha distribuido sus células por todo el mundo logrando ampliar la esfera de su actuación geográfica. Entre los continentes de sus principales puntos de establecimiento de redes, reclutamiento y actividades ilícitas se destaca América Latina. Hezbollah estableció una presencia significativa en la Triple Frontera (TF) entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde utiliza negocios locales, el tráfico de drogas y las redes de contrabando con el objetivo de recaudar y lavar fondos para operaciones terroristas en distintos puntos del globo. Gran parte de la población siria y libanesa habitante de la zona, así como nativos, se han incorporado al grupo o apoyan sus redes.

El crimen transnacional organizado y ejecutado por células de Hezbollah en la TF, así como los planes y la ejecución de ataques terroristas desde la zona, genera una mayor vulnerabilidad para la seguridad de Argentina, Brasil y Paraguay. Su amenaza es constante y latente, como lo evidenciaron los atentados de Buenos Aires en 1992 y 1994 donde la justicia argentina sindica al grupo terrorista como ejecutor de los mismos.

Hezbollah es la organización terrorista islámica con mayor implantación en Latinoamérica. En consecuencia, para hacer frente a un problema conjunto en la región se hace necesario conocer y poner en concordancia las perspectivas de los diferentes actores estatales sobre el fenómeno, como también la forma adecuada para combatir la amenaza en la importancia de establecer acuerdos de cooperación entre gobiernos.

La operatividad de Hezbollah en la TF se extendió rápidamente a través de todo el continente dadas las implicaciones de su establecimiento y el riesgo generado para los países de la región. Luego de los ataques terroristas en Buenos Aires, la TF comenzó a ser configurada desde lo discursivo “como un espacio sin ley”, donde la ilegalidad y la amenaza narco-terrorista son su rasgo esencial. Es así que la región queda incluida dentro de lo que se considera las nuevas amenazas a la seguridad por todos los delitos que allí se cometen, pero con especial atención a la amenaza terrorista que se supone está presente.

A partir de los atentados de 2001, EEUU comenzó a desarrollar estrategias de contención a las amenazas terroristas islamistas (incluyendo la región latinoamericana), es allí donde se visibiliza y focaliza la presencia de Hezbollah en la región. Debido a las modernas herramientas utilizadas por los terroristas para operar criminalmente, surgió el término “nuevas amenazas” donde los crímenes no tradicionales así como las amenazas cibernéticas, deben ser el blanco de combate.

Por medio de operaciones multilaterales por parte de los países involucrados, la zona es objeto de prevención y persecución de ilícitos en el marco conjunto de varios gobiernos. La percepción de los tres Estados afectados directamente por el grupo islámico coincide con la de EEUU, por lo cual, teóricamente, la lucha contra la amenaza sería más fácil de ganar. Sin embargo, no ha sido así y el riesgo es evidente y latente para los tres Estados debido a las operaciones que Hezbollah efectúa desde allí.

El principal enlace entre la red libanesa de Hezbollah y el dinero negro de la Triple Frontera lo configura el denominado “Clan Barakat”. Assad Ahmad Barakat era, hasta su detención en Brasil y posterior extradición a Paraguay, el jefe de finanzas de Hezbollah en Latinoamérica. Regentaba un centro comercial en Ciudad del Este, que usaba como cobertura para su participación en diversas actividades ilegales cuyos beneficios revertía hacia el grupo terrorista.

Las actividades ilegales en la región fueron descubiertas en varias oportunidades por los organismos estatales de la zona, sin embargo, la respuesta a estos crímenes no cumplió del todo con los requerimientos. No es suficiente coordinar acciones por medio de diálogos en la conformación de grupos conjuntos de trabajo entre los países afectados, se hace necesario contar con los recursos y capacidades, de lo contrario los resultados que se obtengan no serán perdurables ni efectivos realmente.

La amenaza militar implica un recurso a la capacidad material y efectiva de las fuerzas de una nación para garantizar la integridad del territorio frente a fuerzas que pretendan quebrar la unidad del Estado. Para alcanzar un objetivo duradero y establecer orden en la región es necesario tener planes y medidas consensuadas de acuerdo a las capacidades profesionales y a los recursos económicos y humanos necesarios. Los tres Estados de la Triple Frontera observan, por ejemplo, las políticas financieras y económicas desde perspectivas diferentes. Así, Paraguay no cuenta con una ley contra el terrorismo que castigue el envío de remesas destinadas al terrorismo. Los límites financieros y económicos para controlar el envío de remesas por parte de las personas que habitan la región, son débiles o inexistentes, esto facilita el flujo de grandes cantidades de dinero tanto lícito como ilícito a través de sus fronteras.

Al contrario, Brasil cuenta con políticas regulatorias más rígidas y estables. Con esto, se contrarresta en gran medida la salida de remesas por esa parte de la frontera. “El Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), órgano del Ministerio de Hacienda de Brasil controla el movimiento financiero e intenta rastrear las remesas vinculadas con el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y otras actividades ilícitas, y el control de los contenedores que desembarcan en el puerto de Santos.

La aplicación de tales medidas en una zona tan difícil de controlar físicamente genera un nivel de control más propicio para luchar contra la amenaza. Las diferentes percepciones sobre la amenaza o la forma de combatirla hace que el trabajo conjunto sea dificultoso o esté distorsionado por las actuaciones individuales. En este sentido, uno de los principales obstáculos para construir respuestas multilaterales y multisectoriales a los problemas de seguridad de la TF, ha sido la diversidad de intereses de los tres países de la región.

Los intereses comerciales y económicos de Paraguay se contraponen con los intereses de seguridad de Argentina, y esto genera niveles de voluntad y decisión política diferentes. Las percepciones están guiadas en gran medida por los intereses de los afectados con el riesgo, por lo que cada actor tiene diversas formas de evaluar y tomar medidas frente a la coordinación de acciones. Aunque la planeación de estructuras determinadas de forma conjunta y el consenso de percepciones y opiniones frente a una amenaza determinada son componentes claves para enfrentarla y neutralizarla, y eso es algo que no está siendo coordinado por parte de los tres Estados.

La aparición de un riesgo como factor de inestabilidad, así como los intereses divergentes son obstáculos para establecer políticas y métodos conjuntos. La presencia de Hezbollah en la TF generó inconvenientes para crear políticas de seguridad conjuntas en la zona. La complejidad del fenómeno, las características del actor criminal, la evasión sobre los escasos controles estatales y las operaciones innovadoras de los terroristas, han sido elementos desestabilizadores para los Estados, pero para Hezbollah son aspectos que garantizan la vigencia del grupo dentro del hemisferio.

La atención por parte de los Estados al problema y la amenaza allí presente efectivamente existe, hay preocupación compartida por el Grupo 3 + 1 (Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos) sobre financiamiento proveniente de fuentes licitas e ilícitas en la región de la TF a organizaciones terroristas estuvo bien abordado. No obstante, esta preocupación no ha generado grandes cambios dentro de las políticas de la región. En los últimos dos años se profundizaron los controles, los esfuerzos fueron coordinados, las reuniones resueltas, pero los resultados no fueron suficientes en la lucha contra este fenómeno. Un ejemplo del intento de coordinación de acciones llevada a cabo por los integrantes de la zona fronteriza es que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay acordaron reforzar la seguridad en la zona de la Triple Frontera y coordinar acciones para detectar posibles células terroristas que podrían operar en esa región, al igual y combatir el narcotráfico y el contrabando.

Así quedó establecido por las tres naciones, cuyos miembros de los gobiernos mantienen contactos fluidos con el fin de establecer un plexo de seguridad que permita contrarrestar los efectos de la presencia de Hezbollah en la región. En la zona se llevaron a cabo una serie de investigaciones, estudios, foros y seminarios que demostraron la inclemente problemática regional. Los funcionarios de seguridad de los tres gobiernos saben que es necesario e imprescindible el aumento del presupuesto y el mejoramiento de los mecanismos de cooperación transfronterizos y la estimulación del trabajo en conjunto por medio de canales de cooperación en un mismo sentido. Las políticas coordinadas en la Triple Frontera se realizaron, sin embargo, los resultados no fueron satisfactorios para neutralizar allí la presencia de Hezbollah.

El Departamento del Tesoro de los EEUU identificó a nueve personas y dos entidades que han proporcionado apoyo financiero y logístico a la organización terrorista Hezbollah. Los designados se localizan en el Área de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay y han provisto servicios financieros y de otro tipo a Assad Ahmad Barakat, el terrorista que había sido identificado en 2002, mucho antes de su detención.Allí se entienden las razones y el por que las actividades ilícitas de Hezbollah en la Triple Frontera por medio de sus células encargadas de la recaudación de fondos para financiación de acciones terroristas siguen vigentes después de varios años de su aparición en la zona y más allá de la implementación de medidas estrictas para combatirlos.

Las políticas temporales no han alcanzado, los objetivos para la neutralización deben ser claros, el trabajo debe ser constante y ejecutado por profesionales con los conocimientos específicos y los recursos económicos y legales necesarios. A falta de ello, y sin consensos estatales estables y duraderos frente a la amenaza, será muy difícil la neutralización final del problema. Los Estados, por más que lo intenten, en el siglo XXI no pueden trabajar aislados de los demás, especialmente de los Estados vecinos. Las políticas de seguridad y control fronterizo deben ser coordinadas, estipuladas con tiempo suficiente para su aplicabilidad y, deben ser consecuentes con los intereses de los actores para conformar un verdadero bloque que logre alcanzar el objetivo propuesto.

El fortalecimiento de las fronteras es imprescindible para poner en marcha estrategias de análisis e inteligencia que fortalezcan las políticas de seguridad y prevención contra el flagelo del terrorismo islamista. No basta con fortalecer una de las tres fronteras porque las restantes quedaran expuestas a todas las actividades ilícitas realizadas por los terroristas. En primer lugar, la coordinación de intereses debe pensarse en términos de ganancias para los Estados vulnerables. Por eso se debe concretar en orden jerárquico sobre cuáles son los intereses estatales -y la afectación para el resto de la nación- de la propuesta de un determinado plan o política a desarrollar.

Teniendo en cuenta esto y acudiendo a la teoría en términos estrictos para crear políticas de seguridad en la confrontación con el narco-terrorismo y los ilícitos que de él se desprenden, es necesario “identificar la amenaza y las consecuencias que esa amenaza trae para los actores que se ven afectados”. Después de eso, se debe establecer una hoja ruta para fijar el funcionamiento y curso a seguir en la confrontación con las organizaciones criminales.

Sin embargo, todo esto es observado por los gobiernos como un camino a seguir a través de la teoría, pero no en la realidad. Los esfuerzos por establecer un curso de acción en la práctica -y no solo en la teoría- que pueda controlar la penetración del terrorismo islamista en la frontera, a diferencia del combate contra el narcotráfico, que si ha mostrado aciertos y éxitos, no han sido completamente exitosos, en ningún momento se creó una estrategia estatal profesional y conjunta. Los intentos por hacerlo perdieron cabida en la realidad por varias razones, entre ellas, la falta de disposición de los actores estatales para concretar y llevar a la practica la estrategia que se necesita y por desconocer lo básico, es decir la esencia de la amenaza.

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sábado, junio 02, 2018

La influencia de Rusia en Venezuela y la seguridad de América Latina

Por: Natalia Carolina Rubio Coello
Fuente: Mercado Militar
La influencia de Rusia en Venezuela y la seguridad de América Latina

Venezuela, tanto por sí misma como por poderío ruso, encarna esa condición similar a un camaleón, a pesar de que es claramente un estado fallido, si no fallido. De hecho, el estado de Venezuela como un estado fallido lo convierte en un desafío inherente si no una amenaza para la seguridad de América Latina y el Caribe.

Las políticas de Caracas y el uso de Rusia de Venezuela como un sustituto de sus propios intereses se suman a los desafíos de seguridad que se manifiestan en lo que ahora llamamos guerra híbrida y no solo en América Latina o el Caribe.

En sí, Venezuela bajo el actual régimen de Maduro se ha esforzado por preservar las políticas adoptadas por Hugo Chávez.

En otras palabras, Venezuela fue y sigue siendo no solo un centro en apoyo de la insurgencia y lo que ahora llamamos (ya sea con razón o no) guerra híbrida, también se puso a disposición de Moscú como un indicador voluntario para el avance de los objetivos militares y políticos de Rusia en América latina. Y esta relación ha durado más de una década.
Rusia salva a Venezuela

Más recientemente, Moscú, a través de la empresa de Igor Sechinb, Rosneft, se ha lanzado al alivio de Venezuela comprando su deuda a cambio de acciones en PDVSA, la empresa petrolera nacional.

Esto también le da a Moscú una influencia potencial sobre la red de compañías de gasolina de CITGO en los EE. UU., propiedad en un 50% de PDVSA. Si PDVSA se declara en quiebra o es más probable que Venezuela incumpla con sus deudas, una operación que parece increíblemente inevitable, especialmente a la luz de la caída en la producción de petróleo, Moscú podría obtener la oportunidad de tomar el control de CITGO.

Rosneft solo necesita comprar algunos bonos para hacerse cargo de PDVSA.

Pero más allá de esta posibilidad, podemos imaginar fácilmente otra, una posibilidad militar más directa en caso de que Venezuela falle..

En el caso de Venezuela, podríamos ver una situación que surge bajo condiciones de default donde Moscú no solo toma el control de PDVSA, sino que también usa la influencia que ha extraído para obtener apoyo gubernamental para una base naval en Venezuela.

Esto no es tan exagerado como pueda parecer a algunos observadores.

El 26 de febrero de 2014, el ministro de Defensa Sergei Shoigu anunció que Rusia establecería bases permanentes en Cuba, Vietnam, Nicaragua, Singapur y las islas Seychelles frente a África.

Si bien estas podrían no ser bases navales del orden formal de los Estados Unidos de bases navales en todo el mundo, es claro que se utilizarían, entre otras cosas, para facilitar la proyección de poder y la recopilación de inteligencia de Rusia, así como para sostener la influencia política rusa en el país de acogida

Es seguro decir que Venezuela depende ahora de Rusia para su supervivencia económica y sirve a Moscú de maneras que van más allá de América Latina.

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Falsos presos politicos: Maduro excarceló a mujer que estafó a 6000 personas

Fuente: Con la Lengua


Entre las irregularidades detectadas en la supuesta lista de presos políticos excarcelados este 1 de junio -además de la inclusión de al menos 16 colectivos- es de hacer notar que en la lista de beneficiados figura Angelis Gibelli Quiroz Gutiérrez, accionista y directora del concesionario La Venezolana, encarcelada por estafar a más de 6.000 personas que habían cancelado las cuotas iniciales para la adquisición de vehículos.

Quiroz estuvo inclusa prófuga de la justicia y no era procesada por razones políticas. Luego de escabullirse para no ser detenida tras la orden dictada por el Tribunal 51° de Control del Área Metropolitana de Caracas, decidió entregarse ante las autoridades el 29 de abril del año 2014, apersonándose en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La mujer había sido imputada y sentenciada a prisión por cargos atinentes a la estafa continuada, la legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Su padre y dueño de la antes mencionada empresa, Jhon Alexis Quiroz Fonnegro, a quien extraditaron desde Panamá a Venezuela el 19 de marzo del mismo año, también fue detenido por estar vinculado con el caso de estafa.

A su salida de prisión, Quiroz, expresó que se sentía “feliz” después de estar tres años tras las rejas:

“Feliz, ¿cómo se va a sentir uno después de estar en este lugar tan horrible? Feliz, ver amigos, ver a personas que estuvieron con uno”, manifestó, aunque no se le vio con afectación en su estado físico como a otros presos.

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jueves, mayo 31, 2018

De los ocho nuevos sancionados por EE.UU ¿quiénes pierden más?

PROHIBIDO OLVIDAR

jueves, agosto 10, 2017

Por: MiamiDiario

Familia de Hermann Escarrá, tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares. 

El Departamento del Tesoro impuso este miércoles 9 de agosto una nueva ronda de sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, en virtud de la instalación de "la ilegítima" Asamblea Nacional Constituyente.

Los funcionarios que fueron sancionados son: Adán Chávez, hermano del fallecido presidente venezolano; Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D'Amelio, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas, todos miembros de la ANC.

¿Quiénes de ellos tienen mucho que perder?

Casi todos los funcionarios o afectos a la revolución bolivariana de Venezuelase confiesan anti Estado Unidos, así que a simple vista podría pensarse que estas sanciones no perjudicarían económicamente a ninguno de ellos.

Pero, algunos de estos personajes ligados al gobierno de Nicolás Maduro han sido vinculados con abultadas propiedades y negocios en "el Imperio", como así lo califican.


Uno de ellos, es el conocido abogado constitucionalista Hermann Escarrá, cuya familia tendría cuatro empresas en Miami Dade, supuestamente valoradas en 3 mil millones de dólares.


Además, los Escarrá tienen varios bienes en la capital del estado de la Florida, entre las que se encuentra un condominio por el cual una de las hijas canceló dos tercios de millón de dólares. El inmueble no presenta deudas, ni hipotecas lo que significa que fue cancelado en su totalidad.

Según un trabajo de El Pitazo, desde enero de 2015, la familia del abogado posee cuatro empresas con licencia para operar en el condado de Miami Dade. Una de estas sociedades registra su dirección comercial en un local ubicado en el mismo edificio donde fue adquirido el inmueble

Las firmas de Oasis Lis Muñoz Duerto, esposa del abogado constitucionalista Hermann Escarrá Malavé, y sus tres hijos, Oasis Azul, Hermann Eduardo y Oasis Lis figuran en los registros federales que dan cuenta de ellos como propietarios de al menos cinco bienes localizado en el sur del estado de Florida.

Avión de Melendez

De acuerdo con el portal Guisos Rojos, la ex ministra de la Defensa, diputada a la Asamblea Nacional y ahora constituyentista, Carmen Meléndez Rivas también tendría que perder con esta sanción, pues supuestamente es la dueña de una aeronave Hawker 800 XP del año 1997, valorada en casi $2 millones de dólares.

Este "avioncito" que tiene asientos para 15 personas y doble motor, se encontraría estacionado en el aeropuerto de Opa Locka en Miami y parece registrado bajo el nombre de un abogado de aviación llamado Richard Richards.

Antes de estar bajo el nombre del abogado, el avión estaba registrado bajo la empresa Agroven Agriculture Opportunities Investments LLC, con base en Miami, Florida.

A juzgar por la página de aviación, Flight Aware, el historial de vuelo de esta aeronave no aparece en virtud que el dueño pidió que esa información no fuera pública.

Mientras que Francisco Ameliach supuestamente mantiene abultadas cuentas bancarias en Estados Unidos.

Por su parte al hermano de Hugo Chávez no se le ha ligado a ninguna propiedad, aunque esa amplia familia si tendría algunas propiedades en EE.UU, según lo que explica el periodista y escritor Casto Ocando en su libro «Chavistas en el Imperio».

Hasta ahora, no ha trascendido vinculaciones directas contra Erika Farías, Tania D'Amelio, ni contra Darío Vivas.

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Conozca los miembros del Gobierno de Maduro sancionados por Canadá

Fuente: Miami Diario BR

El Gobierno canadiense anunció este miércoles que impondrá más sanciones a miembros del régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, incluida su esposa, “en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas” del 20 de mayo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló que las sanciones se dirigen contra 14 “individuos responsables del empeoramiento de la democracia en Venezuela” entre los que se encuentra la esposa del presidente venezolano, Cilia Flores de Maduro.

El anuncio se produce también un día después de que expertos internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmaran que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió delitos de lesa humanidad.

Canadá dijo este martes que estaba “consternada aunque no sorprendida” por el informe del panel de expertos y advirtió que tomaría nuevas medidas por “los abusos del régimen de Maduro contra su pueblo y los ataques a la democracia”.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó que “estas sanciones mandan un claro mensaje que el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias”.

“El anuncio es prueba de nuestro compromiso para defender la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y nuestro rechazo de las fraudulentas elecciones presidenciales de Venezuela”, añadió Freeland.

Los 14 individuos señalados por las nuevas sanciones canadienses son:

Tania Valentina Díaz González, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.

– Fidel Ernesto Vásquez Iriarte, director general de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.

– Carolys Helena Pérez González.

– Cilia Adela Flores de Maduro, esposa de Nicolás Maduro.

– Erika del Valle Farías Peña, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas.

– Ramón Darío Vivas Velasco, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela.

– Christian Tyrone Zerpa, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

– Fanny Beatriz Márquez Cordero, magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

– Malaquías Gil Rodríguez, vicepresidente de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

– Indira Maira Alfonzo Izaguirre, magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

– Jhannett María Madriz Sotillo, magistrada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

– Carlos Enrique Quintero Cuevas, rector suplente del Consejo Nacional Electoral y miembro de la Junta Nacional Electoral.

– Xavier Antonio Moreno Reyes, secretario general del Consejo Nacional Electoral.

– Carlos Alberto Rotondaro Cova, ex presidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

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Ex Marido de Cilia Flores y su Grupo de Exterminio!

PROHIBIDO OLVIDAR

miércoles, octubre 28, 2015


Ex esposo de Cilia Flores habría comandado masacre de colectivos en la cota 905

Fuente: ATodoMomento
El abogado y ex fiscal, Abelardo Izaguirre reveló datos de importancia sobre el ex esposo de la “primera combatiente” Cilia Flores, Walter Gavidia, quien presuntamente sería el encargado de “masacrar a los colectivos” de la cota 905.

El pasado 13 de julio del año en curso, funcionarios policiales y militares desplegaron la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en el urbanismo Betania IV, Ciudad Tiuna, Cota 905 en Ocumare del Tuy y Caracas, respectivamente, informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González. Sin embargo Izaguirre asegura que los defensores de la “revolución” mejor conocidos como colectivos, contaban con armamento de diferente calibre suministrados por el mismo Gobierno, incluyendo dos ametralladoras punto 50, con la que dispararon contra un helicoptero hiriendo a varios elementos de seguridad. 

Posterior a estos ataques, Walter Gavidia en compañía de Freddy Bernal pidieron el desarme de los colectivos pero estos no obedecieron y comandados por su líder dijeron que no; ya que “ellos no eran chavistas ni opositores ni maduristas que ellos eran los lideres de ese sector”.

Luego de una negociación por parte de Bernal y Gavidia con los lugartenientes de las bandas, los compraron con dinero y masacraron a 19 miembros de los colectivos, con el objetivo de recuperar el armamento pesado.

El abogado Abelardo Izaguirre asegura que esto fue en respuesta posterior a que el grupo armado se le alzara al gobierno y agrega que Gavidia es el sucesor de Elizer Otaiza como el encargado del manejo de colectivos armados en apoyo de régimen de Venezuela.

Cabe destacar que en el video que verán a continuación el Dr. Abelardo Izaguirre denuncia a Walter Gavidia y a Freddy Bernal como los autores intelectuales del asesinato de José Miguel Odreman perpetrado hace más de un año.

Visualice el video cortesía de Oscar Suarez y saque sus propias conclusiones.

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miércoles, mayo 30, 2018

Canadá impone nuevas sanciones contra 14 funcionarios venezolanos

Fuente: El Tiempo
El pueblo de Venezuela continua en búsqueda de un futuro más pacífico, democrático y próspero “, dijo Freeland / Foto: Cortesía

Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, anunció este miércoles, a través del portal web de la Cancillería, una nueva sanción contra 14 funcionarios venezolanos, a quienes responsabiliza del “del deterioro de la democracia en Venezuela”.

Los funcionarios sancionados son:

Tania Díaz, Fidel Iriarte, Carolys Pérez Gonzalez, Cilia Flores, Erika Farías, Dario Vivas, Christian Tyrone Zerpa, Fanny Márquez Cordero, Malaquias Rodríguez, Indira Alfonzo Izaguirre, Jhannett Madriz Sotillo, Carlos Quintero Cuevas, Xavier Moreno Reyes y Carlos Rotondaro Cova.

“Estas sanciones envían un mensaje claro de que el comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias. El anuncio de hoy es una prueba de nuestro compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo y nuestro rechazo a las elecciones presidenciales fraudulentas de Venezuela. Canadá está tan decidido como siempre a apoyar al pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro más pacífico, democrático y próspero “, dijo Freeland.

Según lo publicado en dicha página web, las sanciones de Canadá traen como consecuencia: la congelación de activos, en caso de que los haya, en su territorio o sistema financiero y la prohibición para cualquier canadiense a tener transacciones o proveer servicios a los sancionados.

“Las sanciones relacionadas con Venezuela se han promulgado en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales para implementar la decisión de la Asociación formada entre Canadá y los Estados Unidos de América el 5 de septiembre de 2017”, reza el comunicado.

El pasado 29 de mayo, un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que existe “fundamento razonable” para considerar que Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad e identificó a 11 posibles responsables, encabezados por el presidente, Nicolás Maduro.

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Conoce a los 11 venezolanos que la OEA acusó de crímenes de lesa humanidad

Fuente: CCD / Con información de EFE


Un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró hoy que existe fundamento razonable para considerar que Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad e identificó a 11 posibles responsables, encabezados por el presidente, Nicolás Maduro.

El informe, presentado hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, concluye que hay base legal para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Estos son los once sujetos que el informe identifica como “autores intelectuales de la represión”:

1. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Los expertos consideran a Maduro como el máximo responsable de los supuestos crímenes de lesa humanidad y aseguran que “ha optado por el autoritarismo como medio para mantenerse en el poder”.

Consideran que el “régimen” de Maduro ha usado tácticas cada vez “mejor organizadas y más agresivas para ejercer su control sobre el país” y que, bajo su Gobierno, que comenzó en abril de 2013, la tortura se ha convertido en un “instrumento de persecución y represión”.

2. Tareck el Aissami, vicepresidente

Desde la Vicepresidencia ejecutiva de Venezuela, el Aissami controla el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección de Contrainteligencia Militar de la Fuerza Armada (DGCIM) y además dirige el “Comando Antigolpe”, que tiene como objetivo prevenir acciones de “sectores golpistas y terroristas”.

El informe afirma que tanto el Sebin como la DGCIM “reciben órdenes directas del poder ejecutivo venezolano en lo que se refiere al empleo de la tortura”.

3. Jorge Arreaza, ministro de Exteriores

Arreaza era el yerno del difunto presidente Hugo Chávez y es un convencido defensor del chavismo, que ha ocupado diferentes posiciones, incluida la Vicepresidencia entre 2013 y 2016.

El informe no dedica casi espacio a Arreaza y se limita a mencionar su aparición en febrero en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en donde afirmó que en Venezuela “no hay crisis”.

4. Elías Jaua, ministro de Educación

Elías Jaua, ministro de Educación y vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de Misiones, solo aparece mencionado en el informe en relación con un informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la crisis humanitaria en Venezuela y la respuesta del Gobierno ante la escasez de medicamentos.

5. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación

Como otros de los nombres que aparecen en el informe, Rodríguez ocupo el cargo de vicepresidente ejecutivo, en su caso entre enero de 2007 y enero de 2008, bajo el Gobierno de Hugo Chávez.

6. Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC

Rodríguez, actual presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), fue ministra de relaciones exteriores de Venezuela entre 2014 y 2017.

Como canciller, según recoge el informe, intervino en junio de 2016 ante una sesión especial del consejo permanente de la OEA y aseguró que en Venezuela “no hay una crisis humanitaria”.

Según los expertos, Maduro lleva tres años negando esa crisis y la ha usado para ejercer “control social” sobre la población.

7. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa

Ejerce como ministro de Defensa desde 2014 y el informe lo cita para recordar la resolución que firmó en 2015 para permitir el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” como último recurso en las manifestaciones.

Esa resolución fue condenada por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

8. Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia

Reverol ocupa desde 2016 el puesto de ministro de Interior y Justicia y anteriormente, desde 2014, se desempeñó como Comandante General de la Guardia Nacional de Venezuela.

9. Gustavo González López, director del Sebin

Ejerció como ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016 y luego pasó a dirigir el Sebin, en cuyas instalaciones se han llevado a cabo torturas, según afirma el informe.

10. Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional

Benavides fue el encargado de dirigir la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre abril y julio de 2017 en las que fallecieron al menos 120 personas.

11. Carlos Alfredo Pérez, director de la PNB

Pérez es el actual director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que para los expertos forma parte de los cuerpos del Estado dedicados a aterrorizar a la oposición.

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2010 Human Rights Report: Venezuela



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Declaración de Malta Sobre Huelga de Hambre

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ONU: Informe Mundial Sobre las Drogas 2010


Naciones Unidas. Reporte Anual Drogas 2010


Consejo de Seguridad - Naciones Unidas Resolución S/2010/283 Sanciones Iran Programa Nuclear

Naciones Unidas Resoluciòn 13 73 Sobre Terrorismo, Narcotràfico y Lavado de Capitales.


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