ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

sábado, mayo 27, 2017

Ministerio Público acusó a exgerente de filial de Pdvsa por "corrupción"

La Fiscalía acusó a Ramiro Farit Rodríguez, exgerente general de procura de Bariven, por presuntamente incurrir en la contratación irregular de adquisición e instalación de dos monoboyas del terminal de almacenamiento y embarque de crudo del Complejo José Antonio Anzoátegui.

Fuente: El UNIVERSAL

Ministerio Público acusó a exgerente de filial de Pdvsa por “corrupción”

El Ministerio Público (MP) acusó al exgerente general de procura de Bariven –filial de la estatal Pdvsa–, Ramiro Farit Rodríguez, por presuntamente incurrir en la contratación irregular para la adquisición e instalación de dos monoboyas del terminal de almacenamiento y embarque de crudo del Complejo José Antonio Anzoátegui.

El fiscal 55º nacional y auxiliar, Pedro Lupera y Luis Sánchez, respectivamente, acusaron al hombre como cómplice necesario en el delito de peculado doloso y asociación para delinquir, previstos en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, reseñó una nota de la Fiscalía.

En el escrito presentado ante el Tribunal 4º de Control de Anzoátegui, los representantes del MP solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Farit Rodríguez, quien está recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Barcelona, Anzoátegui.

La investigación se inició en el año 2015 luego de una denuncia realizada por funcionarios de la estatal petrolera, en la cual señalaban que el exgerente aprobó la solicitud de compra de materiales relacionadas con la adquisición de dos monoboyas por un monto de 51 millones de dólares.

Adicionalmente, presentó la aprobación para la instalación del equipo bajo la modalidad de adjudicación directa a una empresa por un monto de 26 millones 793 mil 650 dólares, proceso que fue ejecutado por otra.

En tal sentido, se presume el sobreprecio de más de 100 % en la negociación e instalación de la monoboya en el terminal de almacenamiento y embarque de crudo.

Tras una orden de aprehensión solicitada por el MP y acordada por el tribunal, el hombre fue detenido el pasado 06 de abril por funcionarios de la Dgcim en la sede de la Corporación Venezolana de Petróleo, ubicada en Lecherías, municipio Diego Bautista Urbaneja de Anzoátegui.

Por este caso, ya fueron acusados el exgerente general y el exsuperintendente de ingeniería y especiales del terminal de almacenamiento y embarque de crudo, Jesús Cornelio Osorio Virguez y Ramón Antonio Castillo Vargas, respectivamente, así como el representante de la subcontratista Guevara Tranding Company, Hernán Guevara.

Igualmente, está imputado el representante de la subcontratista Castillo Max Oil and Gas, Miguel Ángel Castillo Lara.

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ANIASI TURCHIO Y LA NAVIERA FONDEADA POR NARCOTRAFICO Y CORRUPCION

Así describen fondos de la corrupción en la naviera MARPORTMAD

Fuente: Fuera de Pauta

La empresa naviera MARPORTMAD, creada en la ciudad de Puerto Cabello por el Almirante Aniasi Turchio, ex Comandante General de la Armada, se inició cuando el Almirante era presidente del Puerto Autónomo de Puerto Cabello IPAPC. Se oye que sus fondos provienen de la corrupción, retención y confiscación de los bienes del narcotraficante Walid Makled. Los socios de Aniasi Turchio son el Almirante Acuña Moreno, activo actualmente en la FANB y su hermano, un oficial de la marina mrcante, quienes siguen enriqueciéndose con la empresa naviera producto del tráfico de influencias en Venezuela.

El Capitán de Corbeta Retirado Franklin Mora Guerrero formó parte de la creación de esa empresa, en Marzo del 2006, cuando era Director General de Control Interno del Puerto Autónomo de Puerto Cabello IPAPC. Este Capitán de Corbeta actualmente maneja en las oficinas ubicadas en la Torre El Tornillo de Panamá una sucursal internacional de MARPORTMAD. Dólares de Venezuela y negocios sórdidos se manejan en dicha oficina.

Otra oficina de MARPORTMAD, es operada en Miami por Marinella Mora Guerrero, hermana de Franklin Mora Guerrero. El Capitán de Corbeta Retirado Mora Guerrero posee propiedades en Costa del Este-Panamá y Miami, valoradas en más de 1.000.000 $. 

Aniasi Turchio vive en Orlando-Florida, en donde sigue enriqueciéndose a costa de los venezolanos. Una cadena de mensajes en internet invita a no hacer envíos a Venezuela desde Panamá y USA por la empresa naviera MARPORTMAD.

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El Mega Guiso del Petro-General y Represor del Pueblo

Fuente: Guisos Rojos
 Antonio José Benavides Torres                      Manuel Chinchilla                  

Nosotros desde Guisos Rojos les revelamos a continuación el mega esquema de corrupción que se macolló el general Antonio José Benavides Torres, quien además es uno de los principales represores del pueblo, que recientemente manifestó su orgullo ante las nefastas actuaciones de la Guardia Nacional, catalogándolas como democráticas. De esta forma, ya entendemos la insistencia del general Benavides en reprimir las protestas pacíficas, los guiseros harían y hacen cualquier cosa con tal de mantener su riqueza mal habida, incluso matarnos.

El 2 de mayo de 2016, el Ministerio para la Defensa designó la Junta Directiva para la recién creada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), a través de la cual dos personajes corruptos, ambos con el rango de Mayor General, recibieron todo el poder para la conformación de una entidad con facultades que los colocan por encima de PDVSA en materia petrolera. ¿Quiénes son? El ahora presidente de CAMIMPEG, Mayor General Alexánder Cornelio Hernández Quintana y, nuestro personaje estrella, el director principal, Mayor General Antonio José Benavides Torres. En julio de 2015, el General Hernández Quintana fue nombrado viceministro de Planificación del Ministerio de la Defensa y, según reportajes, en el 2012 se le introdujo una acción de amparo en su contra por presuntamente avalar el desalojo forzoso de ciertos oficiales de la FAN de unas viviendas asignadas por la institución militar. Por su parte, de acuerdo a los medios, el General Benavides Torres es uno de los funcionarios sancionados por el gobierno de los Estados Unidos desde marzo del año 2015. Además, es señalado como uno de los principales represores de las protestas de 2014 y de estar involucrado en la Masacre de Tumeremo. Y ahora en el 2017, no pretende deshonrar su mala fama de verdugo, al continuar acribillando a miles de venezolanos que solo buscan una vida mejor, pero que él sabe que eso significaría el fin de su lujosa vida.

Como resultado de sus fechorías, los generales Hernández Quintana y Benavides Torres, por su puesto, se encuentran beneficiándose de un enorme guiso gracias a la alianza de CAMIMPEG con una compañía de también sospechosa procedencia, llamada Southern Procurement Services Ltd.– que se encuentra ubicada en el edificio Banaven, mejor conocido como el “Cubo Negro” en Caracas—. La empresa es propiedad de unos socios venezolanos registrada en el Reino Unido desde hace apenas seis años y, además se le conoce muy poco en el mundo petrolero. Sin embargo, CAMIMPEG suscribió ambiciosos contratos con la empresa para activar 1.500 pozos cerrados en el Lago de Maracaibo y en la Faja Petrolífera del Orinoco, dos de los lugares con mayor cantidad de crudo para explotar y procesar en el mundo.

Southern Procurement Ltd. no solo posee una propiedad en el Reino Unido, sino que al lograr consolidar el convenio con CAMIMPEG, mudó el domicilio mercantil de Caracas a Londres, con un cambio de nombre de CAMIMPEG a “CAMIMPEG Southern Procurement Services” (CAMIMPEG SPS), y ahora todas sus relaciones se rigen por Derecho del Reino Unido, y no más por el Derecho venezolano vigente. Además, aunque Southern Procurement se registró en el 2011 en Reino Unido, desde el 2014 también se han observado registros de SPS en los considerados paraísos fiscales, islas Marshall y Belice… ¡los lugares favoritos para esconder dinero robado a través de los sabrosos guisos!


Según Southern Procurement, las operaciones conjuntas se basan en un contrato de servicio para elevar las actividades de mantenimiento, suministro y automatización de producción petrolera venezolana – que como todos sabemos han caído de manera estrepitosa gracias al mal manejo, falta de inversión y corrupción masiva. Pero ¿de verdad puede sustituir las operaciones de empresas de muy buena reputación como Halliburton y Schlumberger, que antes mantuvieron una presencia importante en Venezuela y en las mismas áreas en donde ahora quiere trabajar COMIMPEG SPS? Por ejemplo, en el 2016 Schlumberger redujo al mínimo sus operaciones en el país, debido a la importante deuda que mantiene PDVSA en el pago de sus servicios. ¿Es que acaso SPS puede llenar el vacío que dejaron firmas internacionales de primer nivel? Las cuales fueron fundadas hace décadas y cuentan con cientos de miles de empleados. De hecho, ya en Estados Unidos causa preocupación esta extraña alianza, por lo que se habla de investigaciones en torno a la relación CAMIMPEG-SPS.

Pero sin ahondar mucho, nosotros estamos claros que esta alianza existe es para compartirse los reales robados a los venezolanos. Y como cada guiso en este país, siempre hay un testaferro que se enriquece a través de la corrupción de sus jefes. En este caso el testaferro de los generales es el CEO de Southern Procurement: Manuel Chinchilla. ¿Cómo logró esto el señor Manuel Chinchilla? Chinchilla es abogado egresado de la Universidad Santa María. En su perfil de LinkedIn, describe que es experto en petróleo y empresario. Además, también indica que es el dueño de INVERSIONES 1098, S.A., empresa que se ocupa de contratos de construcción.

Pero más importante aún es que tengamos claros por qué es que los funcionarios de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, como el general Antonio José Benavides Torres, se empeñan tanto en reprimir, atacar y matar al pueblo venezolano. Esta gente hace cualquier cosa con tal de cuidar y mantener sus intereses. Es mentira que primero está la patria y el pueblo, primero están sus Guisos Rojos y su buena vida.

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viernes, mayo 26, 2017

Aseguran que Camimpeg es una “empresa de maletín”

Fuente: ACN
El ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Guaicaipuro Lameda dijo que la empresa podría encontrarse en operaciones de legitimación de capitales tanto dentro de la nación como fuera de ella.

En una entrevista concedida al portal web Petroguía explicó que tras la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas (Camimpeg) se ha desatado un halo de dudas en torno a la función desempeñada por esa institución.

“Cuando uno no está vinculado directamente con el tema y no tiene información de primera mano, uno trata de hacer una evaluación retrospectiva para fijarse en los escenarios en los que está ocurriendo esta decisión. Imagino que con esta compañía, está ocurriendo algo similar con una cosa que se llama el Banco de la Fuerzas Armadas Nacionales, pero es un banco bien raro porque no tiene oficinas. Tiene una sede en la urbanización El Rosal en Caracas Pero no hay más oficinas y uno se pregunta: ¿para qué crearon ese banco? Las Fuerzas Armadas están distribuidas en todo el país y la nómina debería ser pagada por ese banco, pero como puede hacerlo si no tiene oficina y la gente no tiene donde cobrar. Ese banco deja preguntas, así como otras cosas que ocurren. Para mi ese banco es una fachada simplemente”, aseguró.

En referencia a la puesta en función de esa empresa mencionó que actualmente el Ejecutivo nacionaldesarrolla planes completamente diseñados hace 10 años, por lo cual no podría decirse que el plan de involucrar al componente militar con el petrolero es reciente.

Al tiempo que hizo alusión a la inexperiencia de Camimpeg dentro de la operación petrolera, ante ello destacó que podría tratarse una empresa de maletín, debido a la realización de actividades propias dentro de una de ellas, convirtiéndose en fachada.

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Cabilderos buscan encubrir la verdad sobre Venezuela

Fuente. EJUTV
Luis Fleischman


La presión diplomática y económica debe continuar hasta que Venezuela recupere su democracia y la región su seguridad

Más de cincuenta días después de que se desatara este nuevo ciclo de desobediencia civil en Venezuela, más de 50 personas murieron a manos del gobierno venezolano.

La gente ha perdido el miedo y el gobierno está recurriendo a medidas más represivas. La idea es hacer todo lo posible para mantenerse en el poder independientemente de las bajas humanas. Así, el gobierno venezolano está lanzando el llamado “Plan Zamora”, un plan poco claro que no ha sido publicado en forma escrita.

Esto despierta la sospecha de que este plan sea aún más peligroso. Hasta ahora el “Plan Zamora” se ha aplicado en tres estados venezolanos, Táchira, Carabobo y ahora Bariñas (lugar de nacimiento de Chávez).

El plan consiste en una coalición militar-cívica que incluye guardias nacionales, militares, milicias y grupos paramilitares. El propósito es “prevenir un golpe de estado” y “restaurar el orden” ante las protestas. Esto podría significar que la represión, el asesinato de los manifestantes y la eliminación del estilo SA de los opositores se incrementen.

De hecho, en los últimos días, cinco manifestantes fueron alevosamente asesinados bajo estas nuevas medidas. “Zamora” está destinado a intimidar a los manifestantes hasta el punto de disuadirlos de unirse a los actos de protesta y someterlos al pánico y la pasividad.

Maduro también ha propuesto una reforma constitucional encaminada a eliminar la Asamblea Nacional, actualmente dominada por la oposición. Una nueva constitución sería redactada por una nueva asamblea constituyente elegida por los ayuntamientos locales y por grupos comunitarios, escogidos cuidadosamente como marionetas del régimen de Nicolás Maduro. El movimiento aseguraría la retención del poder en manos de Maduro.

Los Estados Unidos han aumentado una vez más sus sanciones contra el presidente de la Suprema Justicia de Venezuela y otros siete miembros de la Corte Suprema. Tal medida fue tomada en reacción a la decisión del tribunal supremo el mes pasado donde se despojó a la Asamblea Nacional de su poder legislativo. Estas nuevas sanciones congelarán sus activos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos y ningún ciudadano norteamericano podrá hacer negocios con ellos.

Este es un paso importante ya que puede llegar a disuadir a los oficiales de gobierno de obedecer órdenes ilegales e inconstitucionales. Sin embargo, estas medidas son insuficientes dada la magnitud de los crímenes del régimen. Todos los militares, oficiales de seguridad y funcionarios gubernamentales que cooperen con el gobierno deberían ser sancionados. Lo mismo debería hacerse con cada individuo involucrado en el negocio de la droga, que es hoy un gran negocio asociado al gobierno venezolano. El propósito de estas medidas debe ser fomentar la deserción del gobierno hasta que Maduro no tenga más remedio que renunciar.

Además, la Administración Trump no debe comprometer sus principios ante presión de cabilderos. La mayoría de este tipo de lobby se realiza a través de CITGO, la compañía estadounidense asociada al gigante venezolano PDVSA. Hasta ahora, CITGO ha logrado éxitos increíbles, lo que es aterrador ya que revelan como agentes extranjeros son capaces de corromper Washington. La ex senadora Mary Landrieu (D-LA) evitó que el Senado aprobara leyes de sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano en 2014. El ex congresista Joseph Kennedy (D-MA) estuvo a cargo de Citizens Energy, una organización sin fines de lucro que distribuía combustible para calefacción producida por CITGO en los barrios pobres de EE.UU. El objetivo de esto era lograr apoyo tanto en la opinión pública como en sectores políticos.

Lo mismo sucede con los intereses comerciales de ciertos sectores que por una cuestión de interés se han opuesto a usar el petróleo como objeto de sanción contra el gobierno Venezolano.

Las promesas de la campaña del Presidente Donald Trump incluyeron la restricción de tales cabilderos y esperamos que el presidente cumpla sus promesas.

Venezuela también tiene sus propios cómplices conscientes o inconscientes en su campaña de desinformación en los Estados Unidos, Esta semana el líder comunitario y ex candidato presidencial el Reverendo Jesse Jackson advirtió a la Administración Trump que no tome medidas para “deshacerse de un régimen que le desagrada”, como si Venezuela no fuera un violador enorme de los derechos humanos o el principal patrocinador del crimen transnacional en la zona. Jackson elogió al régimen fundado por Hugo Chávez como uno que logró la reducción de la pobreza y la mejora en los servicios de salud, como si los venezolanos no padecieran hambre ahora peor que nunca o como si su seguridad personal no estuviera comprometida por una violencia patrocinada por el gobierno mismo.

Más aun, Jackson critica a la vieja élite que gobernó Venezuela antes de Chávez y olvida la nueva clase de multimillonarios que el régimen de Chávez creó al permitirles beneficiarse de dudosos negocios, conexiones gubernamentales y corrupción. Esto incluye al propio vicepresidente venezolano, que en sus tempranos cuarenta años ha acumulado una fortuna de 3 mil millones de dólares en un régimen supuestamente socialista e igualitario.

Jackson acusa a Estados Unidos de movilizar a la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Maduro, cuando en realidad la persona que tomó la iniciativa es el Secretario de la OEA, un ex Ministro de Relaciones Exteriores bajo un presidente uruguayo con fuertes credenciales de izquierda. Jackson olvida que los miembros de la OEA están horrorizados por las violaciones de Venezuela contra la Carta Democrática de la organización y los derechos humanos que son un piar importante de ésta. Además, países de la región como Brasil y Colombia han expresado preocupación porque los carteles de la droga son recipientes de armas rusas provistas directamente por Caracas, incluyendo MANPADS, un misil tierra-aire lanzados desde el hombro humano. El gobierno sueco también confirmó que tales misiles fueron hallados en un campo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por último, pero no menos importante, Jackson llamó a seguir la iniciativa de San Vicente y las Granadinas, un país caribeño que ha acusado a la OEA de ser una “arma de destrucción” contra Venezuela y rechazo la intervención foránea en los asuntos internos de Venezuela. Pero Jackson no menciona que San Vicente y otros países del Caribe se han beneficiado de la generosidad petrolera venezolana a cambio de lealtad política. Además, como escribí hace unos años, varios países del Caribe que forman parte de la Alianza Bolivariana Política de Venezuela (ALBA) han emitido pasaportes a los iraníes, presumiblemente a pedido de Venezuela.

San Vicente y las Granadinas misma produjo documentos de viaje de reglas poco fiables. Cualquiera puede obtener un nuevo pasaporte de St. Vincente y cambiar fácilmente el nombre del titular. Es razonable suponer que los iraníes podrían haber aprovechado esta vulnerabilidad de este poco riguroso país, aliado del Chavismo. Asimismo, San Vicente forjó una alianza con Irán, que envió a la isla US $ 7 millones para proyectos sociales, la Administración Trump, así como los medios de comunicación y el público deben ser conscientes de estos hechos y luchar políticamente contra los obstáculos que impiden cumplir con la obligación de proteger nuestra seguridad nacional y la seguridad de la región.

La presión diplomática y económica debe continuar hasta que Venezuela recupere su democracia y la región su seguridad.

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El prontuario de Pedro León, el “zar” de la Faja del Orinoco

Por: Fiorella Perfetto in Investigación
Fuente: Caraota Digital
La tarde del pasado 4 de febrero trascendió que comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Anzoátegui y del Comando de Zona Especial número 81 llamaron a declarar a dos funcionarios de primera línea de la Faja Petrolífera del Orinoco por un caso relacionado con presuntos actos de corrupción.

La información daba cuenta de que los interpelados fueron Lorenzo Aguilera, director adjunto de producción de la Faja Petrolífera del Orinoco y Edner Meléndez, gerente de Planta Gas, aunque se conoció que los cuerpos de seguridad en realidad buscaban a Erwin Hernández, gerente de la División Ayacucho, y no a Meléndez.

Pero según las informaciones que se manejan extraoficialmente, la búsqueda apunta al director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro José León Rodríguez, hombre de amplia trayectoria en la industria petrolera y sobre quien recaería un extenso expediente de acusaciones y responsabilidades por irregularidades detectadas en la industria más importante del país.

Algunos de estos señalamientos apuntan a su gestión como director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Este geólogo de 57 años ha paseado por diversos cargos de alto perfil en Pdvsa, principalmente en el cinturón de reservas petrolíferas más importante del mundo.

Ya durante el convulso año 2003, con Alí Rodríguez Araque como presidente de la estatal venezolana, León se desempeñaba como gerente de Nuevos Negocios de la Faja del Orinoco. En 2010 fue director ejecutivo de Producción del Mejorador “G/D José Antonio Anzoátegui” (conocida como Petrozuata hasta que fue nacionalizada en 2007) y directivo de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) brazo ejecutor de Pdvsa y órgano encargado de administrar los negocios con terceras empresas, para posteriormente asumir la dirección ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Un informe emitido en julio de 2015, al que tuvo acceso el periodista Alek Boyd, que fue dirigido por el entonces vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, al ministro de Petróleo y Minería Asdrúbal Chávez, reveló el dramático cuadro en el que se encontraba la Faja Petrolífera del Orinoco conocida ahora como “Hugo Chávez Frías”. El documento fue elaborado por una comisión de “Inspectores Socialistas” adscrita a la Presidencia de la República.

Todos los cuadros gerenciales responsables de las operaciones en la Faja y según el organigrama presentado en el informe apuntan a dos nombres: Pedro León como director ejecutivo de producción de la Faja y Rubén Rivera como director ejecutivo de Nuevos Desarrollos de la Faja.

El expediente señala directamente a Pedro León como responsable de decisiones que resultaron en graves irregularidades. “No descarto que este informe sea el motivo principal por el cual el Gobierno lo quiere tras las rejas”, le contó un ex directivo de Pdvsa a Caraota Digital.

El informe se pasea por casos tan sonados como los 1400 contenedores de comida propiedad de Bariven “que se encontraron abiertos y llenos de leche en polvo vencida en recipientes con el sello de Pdval provenientes de China”, hasta el hallazgo de sellos con el membrete de Pdvsa en posesión del capitán del buque Río Caroní “que avala y certifica los volúmenes de despacho que fueron embarcados en el buque, dejando por sentado en acta la ausencia del inspector asignado por Pdvsa”. Casos como el de los contenedores con comida abandonados en las instalaciones de la Faja han salido a la luz principalmente entre 2008 y 2010, período cuya gestión estuvo a manos de José Manuel González, por lo que la Fiscalía abrió una investigación.

Fuentes cercanas al caso afirman que presuntamente González mantiene fuertes vínculos con Pedro León y además realizó negocios con los hoy confesos de corrupción y sobornos en EEUU responsables del desfalco por más de 1000 millones de dólares a Pdvsa, Roberto Rincón y Abraham Shiera.

El prontuario de Pedro León

Contratos a dedo. Los inspectores denuncian “el retraso del 100% de los procesos de contratación de ingeniería, procura y construcción de los proyectos contemplados en el Plan de la Patria, gran cantidad de procesos declarados desiertos y recurrente práctica de contrataciones directas de obras a través de órdenes de servicios” violatorio de la Ley de Contrataciones Públicas. Además se citan irregularidades en los períodos de ejecución de los contratos y en los ajustes de precios de materiales y equipos.

El gran guiso con la empresa Cuferca. Conocida por estas siglas a la empresa “Servicios Logísticos Petroleros Orinoco S.A” sociedad mixta entre Pdvsa y la Constructora Urbano Fermín, C.A, se convirtió entre 2011 y 2013 en la gran favorecida para el otorgamiento de jugosos contratos y órdenes de servicios “evadiendo los procedimientos de la Ley de Contrataciones Públicas y normativas de Pdvsa”. Trabajadores consultados por la comisión denunciaron además que Cuferca tiene fuertes vínculos con el Alcalde de Guanta, Jonathan Marín.

Los inspectores denunciaron que el presidente de esta firma se negó a entregarles los documentos exigidos “sin una autorización del director ejecutivo Pedro León”. Más adelante se narra cómo León habría contratado otra empresa llamada Energy Coal pero argumentó que por esta no tener experiencia en el área petrolera decidió contratar nuevamente a la empresa Cuferca “para realizar los trabajos de restauración y acarreo del coque y azufre que alcanzó una acumulación de más de 10 millones de toneladas métricas”.

En el Registro Nacional de Contratistas (RNC), trámite que debe suscribir cualquier empresa que desee contratar con el Estado venezolano, aparece la empresa Energy Coal de Venezuela, C.A cuya propietaria es la empresa extranjera Energy Coal STP. Caraota Digital la ubicó en Italia y refiere al genovés Augusto Ascheri como su propietario.
Pero hay más. Energy Coal fue contratada entre otros por la dirección ejecutiva de la Faja para construir 37 edificios de 40 viviendas cada uno a cambio de la entrega de coque, además del pago de 126 millones de dólares, presupuesto que no incluyó el suministro de material, equipo y mano de obra. Energy Coal, sin experiencia para ejecutar el proyecto subcontrató a su vez a Sarleaf Limited Company y esta a su vez a la venezolana Inversiones Alfamaq, C.A. Aun cuando se canceló el 50% del contrato, ninguna de las tres empresas ejecutó la obra.

La empresa Sarleaf Limited tiene un historial muy turbio que involucra dineros corruptos vinculados con el caso Lázaro Báez, testaferro de Cristina y Néstor Kirschner, ambos expresidentes de Argentina. Además, esta empresa está relacionada con otro escándalo de dineros mal habidos por parte del Partido Popular de España.

Por último está Inversiones Alfamaq C.A, empresa venezolana y última en este entramado de subcontrataciones que se generó tras las decisiones tomadas por Pedro León. Esta reparte su capital accionario entre miembros de una familia de apellido Ceballos. Allí está Alejandro Ceballos, conocido por ser parte de los negocios de Alejandro Betancourt uno de los llamados “bolichicos” pertenecientes a la empresa Derwick Associates, la cual estafó a la nación al menos 600 millones de dólares tras vender chatarra en el marco de la emergencia económica decretada por el fallecido presidente Hugo Chávez, según recoge el informe 2016 de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Pérdidas por deficiencias de mantenimiento, bajo rendimiento de empresas contratadas y falta de entrega de procura de Bariven. Alude el informe que al menos seis áreas de la Faja han sido afectadas, entre ellos, la construcción de las residencias de los trabajadores, proyectos de incremento de almacenamiento y embarque en el Terminal de Jose, ubicado en Anzoátegui y la adecuación de la estación principal de Petrocedeño.

Paradas de plantas con pérdidas millonarias y retrasos de ejecución de contratos del convenio Cuba-Venezuela. En apenas un año y tomando en cuenta solo tres de las irregularidades que se mencionan en el expediente, Pdvsa tuvo pérdidas por más de 1200 millones de dólares. La parada mayor de la planta de Petrocedeño planificada para realizarse en octubre de 2014 por espacio de 23 días sufrió retrasos “generando un gasto adicional de 598 millones de dólares”. Durante ese año fueron 33681 horas de estadía de los buques para cargar lo cual generó pérdidas por más de 120 millones de dólares, mientras que los retrasos en las operaciones de mantenimiento enmarcados en el convenio Cuba-Venezuela valorados en más de 500 millones de dólares no han sido ejecutados.

Empresa de taladros china-venezolana brilla por su ausencia. La construcción de la Base Petroindustrial Socialista (BPI) Palital que contemplaba una inversión inicial de 500 millones de dólares se encuentra paralizada, la misma que se encargaría de la construcción de taladros “por lo que Pdvsa continúa comprando taladros en el exterior y contratando servicios de empresas transnacionales para reparación y mantenimiento.

Con relación a este tema el director regional de la Fundación Socialista de Integración del Sur (Fundisur) Giovani Urbaneja, denunció en septiembre de 2014 una serie de irregularidades cometidas por los que llamó el “cartel del zar” y solicitó un “sacudón judicial” al entonces fallecido presidente Hugo Chávez.

“A través de Petromonagas en 2010 compraron 5 taladros a la empresa Full Circle Enterprises (FCE), ubicada en Houston. Esta empresa facturó 5 taladros en 28 millones de dólares y Pdvsa terminó pagando 98 millones de dólares por traer estos cinco equipos chatarra. Hubo un sobreprecio, la empresa fue intervenida en EEUU, porque era una empresa quebrada y utilizaron eso para legitimar capital y lavado de dólares, en donde estaban implicados el gerente Pedro León, Edgar Reina, Nelson Jara, quienes participaban a través de Petropiar y Petrocedeño”, dijo Urbaneja.

Caraota Digital investigó esta empresa. En los archivos de casos que se ventilan en las cortes federales de EEUU existen al menos seis casos contra Full Circle Enterprises. Uno de los archivos es la petición voluntaria de bancarrota por parte del representante principal de la sociedad Don Branham cuyas cuentas fueron investigadas en la nación estadounidense. Caraota Digital dirigió una comunicación a esta empresa para conocer su posición pero no hubo respuesta al momento de la publicación de esta nota.



Urbaneja también denunció que a “León se le nombra en el folio 66, expediente BP11P2012002627, del caso de Darwin Rodríguez Casanova e Ysrael Robinson Pérez Sánchez, por presuntamente estar involucrados en el robo de material estratégico de Pdvsa.

El expediente refiere que León habría entregado este material a los acusados sin cumplir con los procedimientos regulares.

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jueves, mayo 25, 2017

UN DISPARATE CONSULTA SOBRE CONSTITUYENTE DE MADURO

Por: Susana Morfe
Fuente: Entre Cielo y Tierra
Alcides Coello 

El coordinador de GANA Nueva Esparta Alcides Coello calificó como un disparate que la Asamblea Nacional convoque a un referendo para consultar al pueblo si aprueba el llamado írrito a una constituyente por parte del usurpador Nicolás Maduro, cuando el 9 de enero de 2017 fue legalmente destituido del cargo como Presidente de Venezuela.

Reitero Coello que el pueblo rechaza el referendo que propuso este martes la Asamblea Nacional para determinar si los venezolanos quieren o no una constituyente. El pueblo en la calle ya respondió y exige la salida inmediata de Maduro y de todo su régimen asesino.

Coello exige a la MUD y a la Asamblea Nacional respetar el enorme sacrificio que han hecho los venezolanos. El pueblo agrega Coello, ha batallado duramente en la calle por más de 50 días, arriesgando vidas, llorando sus muertos, curando heridos y sufriendo torturas y encarcelamientos para que ahora los “dirigentes” de la oposición defrauden al pueblo y frustren su espíritu de libertad.

El dirigente hace un llamado al pueblo de Nueva Esparta a permanecer en las calles hasta que Maduro se vaya. Los venezolanos dice Coello no aceptamos ni constituyente ni referendo ni el plan del CNE de realizar elecciones regionales en diciembre. Este CNE es inconstitucional y hay que desconocerlo. NP

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VENEZUELA INTENTO NEGOCIAR PETROLEO SIRIO, BURLANDO SANCIONES INTERNACIONALES

Venezuela y Siria planearon vender petróleo prohibido a Estados Unidos

Fuente: BLOOMBERG
El plan consistía en vender petróleo sirio a bajos precios a Venezuela

Posteriormente, Caracas lo distribuiría a gasolineras en Estados Unidos

Siria y Venezuela conspiraron en los últimos años para evadir las sanciones internacionales contra Siria a través de un acuerdo secreto para transportar su crudo a través de Rusia hasta el Caribe.

El plan, que no se había divulgado previamente, tenía como objetivo vender petróleo sirio con un gran descuento a Venezuela a través de una empresa fantasma rusa, que lo enviaba a Aruba para refinar y distribuir a estaciones de servicio en Estados Unidos y otros lugares, según docenas de correos electrónicos, documentos y entrevistas.

El plan, que no se ejecutó, indica hasta dónde están dispuestas a llegar dos naciones parias para evadir las normas internacionales y enfadar a las potencias mundiales. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, desacreditado en reiteradas oportunidades durante los últimos seis años en tanto cientos de miles de sus ciudadanos han muerto en una brutal guerra civil, se aferra firmemente al poder.

En el caso de Venezuela, el plan forma parte de una agenda internacional, iniciada por el fallecido presidente socialista Hugo Chávez, que convirtió al país en aliado de Irán y Cuba. Ahora, bajo el liderazgo de su acosado discípulo, Nicolás Maduro, Venezuela necesita con desesperación efectivo después de años de una mala gestión de gobierno que ha llevado la producción de petróleo a su nivel más bajo en 30 años, ha sumido la economía en una depresión y ha causado semanas de terribles protestas a nivel nacional. La iniciativa siria pone de relieve las ambiciones internacionales de Venezuela, indicando que su actual crisis podría tener repercusiones mucho más allá de sus costas.

Plan del Caribe

No está claro si el plan todavía está siendo considerado. Un protagonista clave, Wilmer Ruperti, operador petrolero venezolano que se hizo enormemente rico gracias a su proximidad con la dirigencia del país, admitió en una entrevista telefónica su participación, pero dijo que ya no tenía ninguna intervención. Funcionarios sirios lo contactaron a comienzos de 2012 durante una fiesta en el Club Sirio de Caracas.

En ese momento, Ruperti comenzó a alquilar una lujosa casa de huéspedes en la costa norte de Aruba para explorar una refinería y conocer a un agente de bienes raíces local, Oscar Helmeyer. Tenía la mira puesta en una planta que acababa de ser cerrada por sus propietarios, Valero Energy Corp., con sede en San Antonio, generando un desempleo masivo en la isla. Ruperti se ofreció a pagar a Helmeyer 15 millones de dólares por su ayuda para comprar la refinería, una de las más grandes del mundo, pero finalmente la petrolera estatal venezolana la arrendó. En una entrevista, Helmeyer dijo que Ruperti también se reunió con el primer ministro de Aruba, Mike Eman, y otro alto funcionario, Mike de Meza. Ambos rechazaron reiteradas solicitudes de entrevistas.

En una carta al entonces embajador de Siria en Venezuela Ghassan Abbas, fechada en septiembre de 2012, Ruperti dijo que el objetivo del plan sería "evitar el boicot que han implementado los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea".

Patria socialista

Propuso encabezar un grupo empresarial llamado "Sirius venezolano" y recomendó un contrato a cinco años para suministrar entre 50,000 y 200,000 barriles diarios de crudo sirio, así como también capacidad de almacenamiento para otros 6 millones de barriles sirios. Estampado bajo la firma de Ruperti, en cursiva negrita: "Patria socialista, vamos a ganar y vamos a vivir".

Lo que siguió fue una cadena de comunicaciones entre funcionarios sirios y venezolanos que incluyó a varios ejecutivos de Citgo Petroleum Corp. con sede en Houston, la subsidiaria estadounidense de PDVSA, o Petróleos de Venezuela, según dos personas al tanto de las conversaciones. Una nota del embajador Abbas instaba a un funcionario venezolano a viajar a Damasco para discutir los volúmenes, los términos y las condiciones del acuerdo.

En la entrevista telefónica desde Caracas, Ruperti dijo que el acuerdo petrolero no tenía la intención de hacer una declaración política. "Era una solución logística para ganar mucho dinero", dijo.

PDVSA no respondió a solicitudes de comentarios. Un representante de Citgo dijo que la empresa ?no está considerando y no considerará importaciones de crudo sirio para abastecer la Citgo Aruba Refinery. La compañía está comprometida con la operación de Citgo Aruba Refinery conforme a todas las leyes vigentes, y estas incluyen todas las sanciones de Estados Unidos"

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miércoles, mayo 24, 2017

Quienes son Dayva Soto y Ricardo Jiménez Dan?

Por: Carolina Jaimes Branger
Lo que dice @cjaimesb Carolina Jaimes Branger de los enchufados de Weston!

Aclaratoria que envía Carolina Jaimes Branger para que pongamos las cosas en contexto. 

"Vamos a hacer la aclaratoria sobre la Dra. Dayva Josefina Soto Vallenilla. Si bien es cierto ella no fue la que metió preso a Leopoldo López, utiliza la bandera de "YO SOLTE A CAPRILES", para poder justificar tanto ella como su esposo, todo lo que robaron mientras fueron unos enchufados. 

Lo que no cuenta Dayva Soto es que luego que sale del poder judicial la nombran notario en la notaria que queda ubicada en el Centro Perú en la Francisco de Miranda en Chacao, ya que se casó con el que era Ministro de Interior y Justicia (Seguridad Ciudadana) Capitán EJ Rafael Ricardo Jiménez Dan, a quien conoció cuando era su alumna, y fue quien le consiguió el cargo. Esa era la Notaria Pública al servicio de los rojitos, los guisos VIP. Por este motivo paso a explicar uno de los más grandes guisos de dónde sacaron parte de su fortuna y abultan la lista de los saqueadores del país. 

El Juris 2000 es un sistema computarizado para consulta y manejos de los procedimientos en los tribunales que implementó la revolución. Ahora bien, este sistema viene de los españoles, quienes lo consideraron obsoleto e inútil y se lo vendieron a unos vivos en el TSJ, en ese momento presidido por Luisa Estela Morales Lamuño, quien lo adquirió mediante préstamo que se tramitó por el Banco Mundial, pero, no es allí donde está el meollo del asunto.

El acto de corrupción se materializa cuando logran comprar todo el Juris 2000 por 2.000.000.000 de dólares con el dinero del préstamo y resulta que a los españoles solo se les pagó 200.000.000 que era el real precio de la venta, de tal manera que de las arcas venezolanas se dilapidaron la grosera suma de 1.800.000.000 millones de dólares o seaaaa, que evidentemente se quedaron en el camino.

Pues bien, El Capitán Rafael Ricardo Jiménez Dan como lo conocen, fue uno de los personajes que llevó a cabo la jugosa negociación con el Banco Mundial, ya que el mismo, luego de haber estado en el TSJ, lo designan como Director en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y luego como Vice Ministro de Justicia ( Seguridad Ciudadana) 

Ahora nos preguntamos? Con los cargos de ambos y los suelditos de la administración pública pudieron irse a Weston Hill, para comprar esa casa y vivir sin ningún problema.... ? Pues no. 

Por último y para ponerle la guinda al pastel, el nombrado capitán, utilizando su empresa RIALFI CONSULTING, C.A, luego de haber Comprado el Juris 2000, les vendió al TSJ todas las computadoras que se usan en los tribunales, que hasta ahora mal funcionan y se encuentran obsoletas: Madre Guiso.

Como este par de enchufados podrían justificar el nivel de vida que ostentan en el imperio?

Esa es la gran pregunta: Capitán y de donde salió el dinero para comprar esa casa Weston Hills?

Nota: Carolina Jaimes Branger es escritora, ingeniero, educadora, comunicadora y amante de la política, además columnistas de varios prestigiosos diarios nacionales e internacionales.

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Como derrotar a una Dictadura. Indicaciones prácticas para los ciudadanos.

Fuente: REDES VARIAS
A_continuación se presenta un extracto de la estrategia general para combatir y vencer a una dictadura. Aunque el material es bastante extenso, se presenta en esta forma resumida, para permitir su divulgación, quedando el lector en capacidad de consultar las referencias para acceder a los detalles.

Las siguientes guías se dividen en tres fases : La primera basada en los métodos de Gene Sharp, la segunda en las experiencias de movimientos anarquistas como Black Bloc Tactics Comuniqué. http://www.sheffieldmayday.ukf.net/articles/blackbloc.htm
y la tercera desarrollo propio.

1ra fase: Resistencia pacífica según los métodos propuestos por Gene Sharp (ref How non violent struggle works ) Al respecto existe un catálogo de métodos no violentos de acciones que puede ejecutar la Sociedad Civil. Son muy numerosos y dentro de ellos mencionamos una muestra: Métodos de protesta no violenta y persuasión, Metodos de No cooperación social, Métodos de protesta económica: El Boycott, La huelga. Métodos de No cooperación política y Métodos de intervención no violenta.

Es de notar que existe la tendencia a considerar que solo La Calle es efectiva, pero existen numerosos variaciones para accionar, pero dada la importancia de ésta, en la siguiente fase se dan recomendaciones para mejorar su efectividad.

2da Fase. Tácticas de los ciudadanos en acciones de Calle, para enfrentar la represión con efectividad, sin exponer la vida de los ciudadanos.

Hay que organizarse, comenzando por los Grupos de Afinidad que deben formarse. Estos grupos pueden ser de 3 a 10 miembros que se organizan para ir juntos a las acciones de Calle. Se pueden formar por vecinos, compañeros de trabajo, familiares, amigos etc. Estos grupos preparan insumos y logística, como agua, alimentos, pancartas, artículos de primeros auxilios etc de acuerdo a sus posibilidades. Los grupos deben elegir un coordinador que puede rotarse incluso para cada día de actividades.

Los grupos de afinidad deben integrarse en Bloques, los cuales deben organizarse alrededor de un Grupo de afinidad, que asuma dicha tarea y tenga una banderola o medio visible para aglutinar a sus miembros. Estos bloques pueden aglutinar varios Grupos de Afinidad (50 a 150 miembros en total) y se organizan y actúan coordinadamente. Debe igualmente elegirse un coordinador temporal.

Pueden colocar escudos al frente, grupos de seguridad a los costados, primeros auxilios en retaguardia, alimentación y logística etc. El bloque debe moverse y actuar siguiendo las indicaciones de sus coordinadores. Es importante destacar que los bloques deben disponer de informadores situados fuera de la manifestación, en posiciones desde donde puedan reportar los movimientos de las fuerzas represivas por celular, y compartirlas con otros bloques. El uso de redes sociales para estos efectos es indicado.

Finalmente los bloques pueden organizarse en Brigadas de 6 - 10 bloques para operaciones de más envergadura. Esta organización permite potenciar las actuaciones de la sociedad civil, proveer apoyo grupal a participantes, y crea lazos efectivos de solidaridad y apoyo mutuo en todas las circunstancias. Ver más en http://www.sheffieldmayday.ukf.net/articles/blackbloc.htm

Tercera Fase. Cuando la resistencia pacífica y la presión de Calle se mantienen, pero no obtienen resultados inmediatos, es procedente aumentar la presión sobre la dirigencia opresora. No sólo sobre los miembros de los organismos de seguridad, policiales y militares que reprimen, sino sobre sus dirigentes y líderes, es decir los verdaderos responsables. Estas acciones deben ejecutarse directamente sobre individuos de la dirigencia opresora, de manera que sientan las consecuencias de sus acciones ilegales.

El primer paso es elaborar los listados sectoriales de responsables o culpables de las acciones o políticas del régimen en los niveles dirigentes. A cada individuo culpable/responsable se le debe elaborar un expediente, que incluya información personal y vulnerabilidades.

Los incluidos en el listado son automáticamente objetivos políticos/militares.

El siguiente paso es organizar Equipos de Comando Democráticos, para efectuar operaciones sobre dichos objetivos. El tipo de operaciones puede incluir en forma gradual o bien sorpresiva, algunas de las siguientes:

Pintas de vehículos, o casas de los Culpables. Pancartas o pintas en Clubes, lugares de trabajo, Colegios etc donde asisten los Culpables o sus familiares directos.

Sabotaje de vehículos de los Culpables, cauchos, vidrios etc.

Sabotaje de servicios: Electricidad, agua, gas, internet y otros en sus residencias.

En general las acciones de presión se pueden ir escalando en intensidad o alcance, en una amplia gama, de acuerdo al análisis que se haga en los niveles directivos de los demócratas.

Estas acciones pueden realizarse no sólo en el país sino en otros países, apuntando principalmente a funcionarios diplomáticos y otros similares.

Otra serie de acciones de particular efectividad son las de carácter digital. Un equipo de expertos (hackers) ubicados fuera del país para mayor seguridad, pueden bloquear cuentas de los Culpables en servicios públicos, redes sociales, bloquear tarjetas de crédito o débito, cuentas bancarias y una larga lista de acciones similares, que pueden ocasionar graves perturbaciones a las finanzas de los Culpables, particularmente a sus bienes mal habidos, productos de la corrupción.

El propósito de esta 3a Fase es disuadir a los Culpables de continuar sus atropellos y crímenes, haciéndoles sentir las consecuencias de sus acciones, y debilitar el espíritu de lucha de la dirigencia opresora pseudo comunista, para lograr su retirada del poder. 

Corresponde al órgano directivo de las Fuerzas Democráticas (Que debe organizarse a semejanza de los Bloques descritos en la 2a Fase) Decidir el comienzo de estas operaciones, su control y eventual cesación, una vez que los objetivos principales sean alcanzados.

Ripierre political analist. May 2017

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Venezuela cuenta con 5.000 misiles rusos Manpads de superficie a aire

Gran parte del arsenal fue recaudado por el expresidente Hugo Chávez, durante su mandato | AFP

Fuente: 2001.com.ve

Según un documento militar revisado por la agencia Reuters, Venezuela cuenta con 5.000 armas de superficie al aire fabricadas en Rusia, lo que se convierte en el mayor acopio conocido en América Latina y constituye la preocupación para los funcionarios estadounidenses debido a la crisis política, social y económica que se vive en el país.

Gran parte de ese arsenal fue obtenido y acumulado por el fallecido expresidente Hugo Chávez quien gobernó desde 1.999 hasta 2013, esto con la premisa de que existe la amenaza de una posible "invasión imperialista" por parte de los Estados Unidos, señala Reuters.

Dichos misiles, pueden ser operados individualmente por alguna persona que podría tomar uno de estos y subirlo encima de su hombro para lograr dispararlo, esto representa una seria amenaza para los aviones comeciales y militares.

Expertos afirman que temen que estas armas puedan ser robadas, vendidas o de algún modo canalizadas a manos equivocadas, preocupaciones exacerbadas por los disturbios civiles que se llevan a cabo en distintos puntos del país.

La agencia internacional de noticias especifica que Venezuela cuenta con 5.000 SA-24 Man-Portátil del Sistema de Defensa Aérea (Manpads), misiles que también son conocidos como Igla-S. 

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Detienen a gerente de Pdvsa por corrupción

Fuente: AP
Francisco Javier Velasquez, mujeres y lujos

La-Fiscalía General de la República informó este martes que detuvo a un gerente de la petrolera Pdvsa por presuntamente incurrir en irregularidades en el otorgamiento de contratos con recargo en el precio de bienes y servicios requeridos por una empresa mixta que extrae crudo extra pesado en la cuenca del río Orinoco.

El Ministerio Público dijo en un comunicado que "logró privativa de libertad" contra del gerente del mejorador de crudo de la empresa
Petropiar de Petróleos de Venezuela S.A., Francisco Javier Velásquez, quien fue imputado por los "delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, evasión de procesos licitatorios, uso de documento público falso y asociación para delinquir".

La investigación comenzó en 2015 luego de una denuncia interna en la que se señalaban irregularidades en los contratos de bienes o servicios necesarios para el funcionamiento del mejorador de crudo de Petropiar en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, que procesa 65% de la exportación del crudo venezolano.

En Petropiar —que opera un campo de crudo extra pesado y un mejorador con capacidad de 210.000 barriles diarios— PDVSA mantiene una participación accionaria de 70%, mientras que Chevron posee el 30% restante.

Velásquez permanecerá recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en la ciudad oriental de Barcelona, a unos 198 kilómetros al este de Caracas, indicó la Fiscalía.

La acción judicial es la más reciente desde que en enero pasado el presidente Nicolás Maduro anunciara una serie de providencias para combatir la corrupción en PDVSA, que incluyó cambios profundos en la junta directiva de esa corporación estatal.

Venezuela tiene grandes yacimientos de crudo extra pesado en la llamada "Faja Petrolífera" del río Orinoco, y supera a Arabia Saudí como la nación con las mayores reservas probadas del mundo, según estadísticas de la OPEP.

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martes, mayo 23, 2017

¡Una joyita! El Aissami también tiene conexión narcoterrorista en El Salvador

Fuente: El Venezolano
TARECK EL AISSAMI                          JOSE LUIS MERINO

Tareck El Aissami uno de los más cercanos a Nicolás Maduro y además vicepresidente de Venezuela ha sido señalado por narcotráfico tanto así que hasta han embargado viviendas de su testaferro en Estados Unidos.

Ahora aparece vinculado al poderoso político y ex-guerrillero salvadoreño José Luis Merino en una gran estructura que le ha permitido lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, contrabando de oro, combustibles y otros fondos de origen ilegal, dice un informe de inteligencia elaborado por agentes federales estadounidenses y que es reseñado por la periodista Maibort Petit.

La investigación revela que Merino está ligado a varias empresas financieras que por años han facilitado el lavado de dinero proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Las instituciones bancarias asociadas a Merino también también han ayudado a blanquear capitales provenientes a las corporaciones asociadas al funcionario venezolano, El Aissami, acusado hasta de terrorista por la administración del presidente Donald Trump.

Se asegura que Merino es asesor de las FARC y está encargado de manejar una parte de las finanzas de ese grupo terrorista. Desde el 2006, Merino está ligado a Alba Petróleo lo que le ha permitido obtener incontables beneficios económicos y una amplia influencia en la región.

El informe dice que se usan varios bancos centroamericanos para blanquear los capitales, incluyendo uno de gran renombre cuyos nombres no son revelados por ahora. Sólo aparece cifrado con las siglas PR-AMPAM.

La investigación se realizó desde el 2009 hasta el 2015 y tenía como objetivo indagar los movimientos del dinero de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sistema financiero internacional. Durante las averiguaciones se consiguieron elementos que confirman la supuesta asociación de Merino, El Aissami y otros socios.

En una parte del informe se señala que el vicepresidente El Aissami, a través de asociados, maneja en Panamá una empresa de nombre Yakima Trading Corporation, que es un holding que controla otra empresa del mismo nombre en Inglaterra”. Explica que “a través de esas empresas se manejan inversiones petroleras que se hacen en el mercado internacional, y a su vez, realizan lavado de dinero proveniente de la empresa criminal”.

Asimismo, se señala que las empresas ligadas al poderoso político venezolano mantienen su dinero en bancos panameños, utilizando los servicios referidos por Merino y sus socios.

El informe asegura que una de las instituciones financieras usadas por el grupo en Panamá es el banco St. Georges Bank. Reportan que esa institución financiera es usada por las empresas ligadas a El Aissami para manejar sus recursos, pero no se asegura que la institución bancaria participe en el esquema directamente ni tenga conocimiento del sistema. Sólo se detalla el uso de los servicios para hacer las transacciones fraudulentas. Intentamos comunicarnos con el banco para conocer su opinión sobre este informe a través del número telefónico 507 270-5000, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos ninguna respuesta.

El informe fechado en septiembre de 2016 asegura que tanto Merino como El Aissami y otros socios usaron los servicios legales del abogado Ramón Fonseca Mora, fundador del bufete jurídico Mossack Fonseca, firma implicada en el escándalo de los Papeles de Panamá.

Fonseca habría colaborado con los investigados (Merino y El Aissami) en el manejo legal para las inversiones millonarias en bienes inmuebles y otros negocios en Panamá. De acuerdo a los investigadores, “las inversiones sugieren la utilización del sistema financiero panameño y centroamericano para lavar activos provenientes de las FARC”. Dice -además- que “la estructura organizada por Merino y sus asociados, ayuda a lavar dinero de otras organizaciones criminales como Las Maras de Centroamérica, y cárteles de la droga sudamericanos, incluyendo el cártel de los Soles, además de recursos ilícitos de funcionarios civiles y militares del Gobierno de Venezuela, muchos de los cuales ya han sido investigados por las autoridades federales de los Estados Unidos”.

Para conocer más detalles de las jugadas ilegales de Tareck El Aissami puede dar click aquí.

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VIDEO: Exilio venezolano envía lista de oficiales Guardia Nacional a Gobierno EEUU

Fuente: EFE

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) anunció hoy el envío de una lista de oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela al Departamento de Estado de EE.UU. para que conozca quienes son los que "ordenan y permiten" los "atropellos" contra los manifestantes.

La organización con sede en Miami ya había dado a conocer hace unos días los nombres de los jueces y fiscales militares que procesan y acusan a los participantes en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro que desde hace 50 días se suceden en Venezuela.

El objetivo de este nuevo envío es que los oficiales de la Guardia Nacional "sean incluidos en la lista de funcionarios violadores de derechos humanos", dijo Veppex en un comunicado.

La lista fue remitida también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para "dejar registro de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad que no prescriben".

Los manifestantes pacíficos venezolanos han aguantado "heroicamente cincuenta días de protestas bajo la represión salvaje, brutal y ruin de los organismos de seguridad del estado, específicamente de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional de Venezuela", señaló Veppex.

"Es imperante que los funcionarios policiales y militares recuerden que haber recibido órdenes superiores para asesinar, golpear y violar derechos humanos no los exime de tener responsabilidad", advierte la organización.

Esos funcionarios "tendrán que responder ante la justicia nacional e internacional si logran salvaguardar su integridad de la ira de un pueblo que ha sido humillado por las fuerzas militares, que violaron su juramento de defender al pueblo y ser policía de la constitución nacional, para defender una tiranía que representa un amenaza para los ciudadanos", agrega.

El comunicado lo firman José Antonio Colina y Henry Clement, presidente y vicepresidente de Veppex, respectivamente.

La lista enviada hoy contiene 19 nombres, empezando con el del mayor general Antonio Benavidez Torres, comandante general de la Guardia Nacional (GN), y el general de división Giuseppe Cacioppo Oliveri, segundo comandante de la GN.

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Escándalos y denuncias marcan a los magistrados venezolanos sancionados por EEUU

El presidente del máximo tribunal de Venezuela y los miembros de la Sala Constitucional entraron a la lista negra del Departamento del Tesoro por las decisiones que han tomado en contra del Parlamento y la democracia. El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado esto como otro ataque del imperio, pero la lupa comienza a posarse nuevamente sobre estos jueces. ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Son confiables o se trata de actores políticos?

Por: Pedro Pablo Peñaloza 
Fuente: Vertice

Luego de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunciara la ruptura del orden constitucional en Venezuela, el vicepresidente Tareck El Aissami y el jefe del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, se reunieron en la sede del Poder Judicial y comparecieron ante los medios para defender al presidente Nicolás Maduro.

Ahora, El Aissami y Moreno vuelven a coincidir en un mismo espacio. Ya no movidos por Maduro, sino por la administración de Donald Trump. Ese lugar que comparten es la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde ambos han ido a parar aunque por diferentes razones: el primero en febrero por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, el segundo este jueves 18 de mayo por sus ataques contra la Asamblea Nacional y la democracia venezolana.

El líder del TSJ no entró solo en ese aciago registro. Washington sancionó a los siete magistrados de la Sala Constitucional, conocida como la “todopoderosa” y verdadero azote de la mayoría opositora del Parlamento. De esta manera, los jueces que han dictado más de cincuenta sentencias contra la Cámara terminaron sentados en el banquillo de los acusados por la Casa Blanca.

Con prontuario

Moreno y sus colegas Juan José Mendoza, Arcadio Delgado Rosales, Gladys Gutiérrez, Carmen Zuleta de Merchán, Luis Damiani Bustillos, Lourdes Suárez Anderson y Calixto Ortega han acumulado suficientes méritos políticos para ser reprendidos por el gobierno norteamericano. Pero el principal señalado también ofrece algunas razones adicionales que van mucho más allá del conflicto por el poder en el país.
Lista de los Magistrados sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

“En Venezuela hay 98% de impunidad y el año pasado asesinaron a 28.000 venezolanos. La respuesta de Nicolás Maduro frente a esta tragedia es nombrar como presidente del TSJ a Maikel Moreno, quien fue encontrado culpable de la muerte de Rubén Gil Márquez en 1989. ¿En manos de quién está la justicia en Venezuela?”, cuestionó el diputado opositor Juan Miguel Matheus, después de que se hiciera oficial en febrero la designación del máximo representante del sistema judicial bolivariano.

Mucho antes de enfundarse la toga, Moreno fungió como oficial en la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, policía política), cuerpo que el difunto presidente Hugo Chávez reformó en 2009 bajo el argumento de que estaba “infiltrado por mafias”. Su paso por aquel organismo está manchado de sangre. Además de cargar en sus espaldas con el caso de Gil Márquez, por el que enfrentó menos de dos años de prisión gracias al otorgamiento de beneficios procesales, también se le relacionó en 1987 con el asesinato de una joven en Ciudad Bolívar, al sur del país.

En sus tiempos de litigante, asumió la defensa de los llamados “pistoleros de Puente Llaguno”, un grupo de militantes del oficialismo que disparó con armas de fuego en pleno centro de Caracas el 11 de abril de 2002, mientras decenas de miles de personas marchaban hacia el palacio de Miraflores en una jornada que concluyó con un golpe de Estado que sacó del poder a Chávez durante unas horas.

La hoja de vida de Moreno está llena de escándalos. El ex magistrado chavista Luis Velásquez Alvaray lo acusó de formar parte de la banda de “Los Enanos”, supuestamente conformada por jueces, fiscales y abogados con vinculaciones políticas que corrompían a la justicia venezolana. En 2007, su carrera judicial se cortó de forma abrupta cuando la Sala Constitucional del TSJ lo removió del cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Caracas, al considerar que había incurrido en un “error inexcusable” por dejar en libertad a los asesinos de la abogada Consuelo Ramírez Brandt.

Desterrado de los tribunales, encontró refugio en la Cancillería de Nicolás Maduro. En su nuevo rol de diplomático, ejerció como cónsul en Roma y ministro consejero en la embajada de Trinidad y Tobago. Sin embargo, pronto volvería al Poder Judicial y por la puerta grande. Contando con el aval de la mayoría chavista del Parlamento en 2014, el execrado limpió sus culpas y no solo alcanzó una silla en el TSJ, sino que alcanzó la presidencia de la Sala Penal y la primera vicepresidencia del organismo que un día lo arrojó por la ventana.

Instalado en las alturas del Poder Judicial, Moreno continuó sumando a la polémica. Rechazó extraditar a España al terrorista de ETA, José Ignacio De Juana Chaos. Ordenó la liberación del presunto narcotraficante Kassem Mohamed Hussein, solicitado por Estados Unidos. Avaló la determinación del Ministerio Público de archivar las denuncias de corrupción contra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. Y confirmó la condena a casi 14 años de prisión que pesa sobre el fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014 por convocar las protestas que exigían la salida de Maduro.

Su vida privada ha estado en el ojo del huracán. El diario El Nuevo Herald de Miami publicó hace un año que Moreno se casó en abril de 2012 en Miami con la ciudadana cubano-americana Belkis Coralito Gachassin-Lafite, nueve años mayor que él. El divorcio llegó en junio de 2014. “El matrimonio entre Gachassin-Lafite y Moreno fue denunciado ante las autoridades de Estados Unidos bajo sospecha de que el magistrado venezolano cometió fraude migratorio”, reveló el periódico.

En la actualidad, el juez de 51 años disfruta de su tercer matrimonio con la modelo de 25 años Débora Menicucci, quien representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo 2014. En diciembre pasado, Menicucci publicó en su cuenta de Instagram una foto besando a su marido despidiendo el año en un lujoso hotel de París.

Todos rojos

Maduro convirtió a la Sala Constitucional en un pelotón de fusilamiento para liquidar a la Asamblea Nacional. Las sentencias 155 y 156 firmadas por sus siete magistrados, que eliminaban la inmunidad parlamentaria, permitían procesar a los diputados por “traición a la patria” y en la práctica inhabilitaban al Parlamento, desataron las protestas que comenzaron a principios de abril.

De esos siete jueces, cuatro militaron en las filas del chavismo. La expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, aspiró a la gobernación del estado Nueva Esparta y fue diputada suplente por esa entidad con el extinto Movimiento Quinta República (MVR, ahora PSUV). Además, fue directora-jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros, embajadora ante el reino de España y procuradora general de la República con Chávez.

Antes de convertirse en un magistrado “imparcial”, Juan José Mendoza se desempeñó como parlamentario del PSUV y llegó a encabezar la Comisión de Defensa del Poder Legislativo. El flamante jefe de la Sala Constitucional es el autor de un fallo que autoriza a los militares a participar en actos políticos y gritar consignas como “¡Chávez vive, la lucha sigue!” y “¡Patria socialista o muerte!”.

Calixto Ortega recorrió el mismo camino de Mendoza: se mudó de la Asamblea Nacional al TSJ. Al igual que Moreno, tuvo una pasantía por el servicio exterior de la mano de Maduro, quien lo nombró encargado de negocios en la embajada de Estados Unidos -de donde fue expulsado en octubre de 2013 en respuesta a la decisión de Caracas de echar a tres diplomáticos norteamericanos- y posteriormente vicecanciller para Europa.

Luis Damiani Bustillos aterrizó en el Poder Judicial tras cumplir una etapa como viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria y vicerrector de la Universidad Bolivariana.

Lourdes Suárez Anderson es conocida por su parentesco con el fiscal Danilo Anderson, asesinado en un atento con explosivos ocurrido el 18 de noviembre de 2004. La revolución chavista siempre culpó a la oposición por la muerte de Anderson, quien tenía un alto perfil político y adelantaba investigaciones relacionadas con el golpe de Estado de 2002.

Los otros dos sancionados por el Departamento del Tesoro son Arcadio Delgado Rosales y Carmen Zuleta de Merchán. Pese a ser quienes cuentan con más años de experiencia en la Sala Constitucional, se distinguen por su bajo perfil. En una de sus pocas intervenciones públicas destacadas, en el acto de apertura judicial de 2012, Delgado Rosales levantó una polvareda al aseverar que la construcción del socialismo “no choca” con la Constitución venezolana, sustentando su tesis en los postulados expuestos por el jurista alemán Carl Schmitt, quien apoyó al régimen nazi.

Maikel Moreno respondió al anuncio del Departamento del Tesoro –que congela sus bienes en Estados Unidos- con un previsible tono político: “intentan coaccionar e intimidar la conciencia de los magistrados”. Maduro, por su parte, expresó su apoyo ante el “ataque imperial” y la canciller Delcy Rodríguez quiso interpretar el hecho como la imposición de sanciones contra un “Poder Público soberano e independiente” y una violación de leyes nacionales e internacionales.

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Corrupción acaba con PDVSA: La Faja del Orinoco es un nido de manejos irregulares

Por: Maibort Petit 
Fuente: Miami Diario

La corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA ha llegado a niveles alarmantes, a tales extremos que el mismo Nicolás Maduro reconoció la existencia de una red de corrupción en la compañía aunque no tomó ninguna medida para acabar con el flagelo que ha socavado las bases financieras de la principal empresa del país y de los entes asociados a ella. 

Tras una evaluación hecha por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República sobre la situación en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, se supo que existen numerosas irregularidades que comprometen la salud financiera y productiva de ese ente.

Las únicas acciones que se conocen fueron los auto de detención de algunos funcionarios y contratistas ligados a la faja petrolífera. El mayor responsable del esquema de corrupción, gerente ejecutivo, Pedro León Rodríguez, tiene una orden de aprehensión en contra desde mediados del mes de febrero, pero hasta la fecha se encuentra "desaparecido". 

Un informe realizado en 2015 por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República y que fue remitido para la consideración del Ministro del Poder Popular para el Petróleo y la Minería, Asdrúbal Chávez, recoge una serie de irregularidades que describen el estado en que se encontraba la Faja Petrolífera para aquel momento.
Los inspectores trabajaron la división Junín de la Faja Petrolífera ubicada en Anzoátegui y Guárico. La inspección abarcó 6 empresas mixtas que operan en la División Junín: Petrocedeño (60 % Pdvsa, 9,6% Statoil Noruega, 30,4% Total Oil Francia). Petrojunín (60 % Pdvsa, 40% ENI Italia), Petrourica (60% Pdvsa, 40% CNPC China), PetroMiranda (60% Pdvsa, 32% Rosneft, 8% Gasprom), Indovenezolana (60%Pdvsa, 40 % ONGC), PetroMacareo (60 % Pdvsa, 40% Petrovietnan), Petroanzoátegui y Distrito Junín Sur (100% Pdvsa).Asimismo se hizo una inspección en las prestadoras de servicio: Pdvsa Servicios Petroleros, Pdvsa Servicios logísticos Orinoco, y la División Junín, donde convergen las gerencias de todas las empresas, al igual que el Terminal de almacenamiento y Embarque de Crudo Jose y los mejoradores de Petrocedeño y Petroanzoátegui.

El informe entregado al gobierno en 2015, dice que el área de la faja de 15.136,22 Km2, y tienen una reserva de 98 mil millones de barriles. 


Las irregularidades

Según el informe la inspección arrojó una serie de irregularidades, entre las cuales se destacan las siguientes:

1) Hay datos erróneos en las simulaciones realizadas en el proyecto de certificación de reservas llamadas "Magna Reservas", entregado a Patromacareo, donde se contemplaban que los pozos productores tenían un potencial de producción entre 700 y 1.000 barriles de petróleo diarios. Sin embargo, los 3 pozos que fueron alineados a producción por Petromacareo desde su inicio a su cierre, produjeron volúmenes entre 150 y 250 BPD. Del mismo modo, en Petrourica se esperaba una producción por pozo de 1.000 BPD, siendo que a la fecha del informe sólo se produce un promedio real de 250 BPD.

2) Se constató una demora en la firma de la decisión final de inversión por parte de los socios de las empresas mixtas, constituidas en el año 2010, las cuales debían tomar su decisión de invertir en el país en el año 2014. Este retraso ha ocasionado que la industria no cuente con los recursos económicos necesarios para construir la infraestructura necesaria para llevar a cabo la producción temprana y permanente.


3) Igualmente se evidencia una desarticulación entre PDVSA y los ministerios encargados de revisar y aprobar la factibilidad de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Territorial de la Faja, pues no existe un cruce de data de los proyectos que cada despacho del Ejecutivo Nacional ha proyectado desarrollar en faja, una situación que ha generado que la petrolera contraiga gran cantidad de contratos de servicios de honorarios profesionales para elaborar las ingenierías conceptuales, básicas y de detalles.

El estado de desinformación es tal que los cuadros gerenciales de los proyectos aprobados por el gobierno en el contexto del Plan de Desarrollo, manifestaron desconocer cuáles son los proyectos formulados, cuáles cuentan con presupuesto y cuántos están contratados. 

4. Los inspectores constataron retrasos significativos en el cumplimiento de los objetivos generales y estratégicos que para PDVSA se establecen en la Ley de la Patria. La razón de esto es que los proyectos mayores que tienen que ver con la construcción de refinerías, mejoradores, oleoductos, termoeléctricas, terminales de embarque, condominios industriales, entre otros, apenas se encuentran en fase de ingeniería conceptual o básica y, por tanto, no cuentan con los recursos económicos para la contratación de la ingeniería de detalle, procura y construcción.

5. También refieren los inspectores que existen retrasos en la totalidad de los contratos de Ingeniería, Procura y Construcción de los proyectos contemplados en el Plan de la Patria, que para le fecha del informe no se habían iniciado. 

6. Por otra parte, confirmó la existencia de deficiencias en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones de los procesos de contrataciones. 


7. Hay un retardo en los trámites de modificaciones a los contratos en ejecución en razón de que los administradores no se encuentran en las áreas donde se llevan a cabo las obras o servicios, lo cual entorpece los procesos y lleva en muchos casos a la paralización de los proyectos retrasando su culminación.

8. En el caso de BARIVEN los procesos de procura observan extensos tiempos por causa de excesivos trámites burocráticos, por lo que no se hace la oportuna adquisición de equipos, químicos, repuestos, materiales e insumos que requiere la ejecución de los proyectos que se ejecutan en las distintas empresas, afectando significativamente las operaciones de la empresa. 

Allí también los gerentes y trabajadores denunciaron gran cantidad de procesos de contratación declarados desiertos por la poca participación, así como especulación en las ofertas económicas presentadas por las empresas participantes y retraso en la ejecución por parte de las contratistas a cargo de obras o prestación de servicios y suministradoras de bienes, las cuales reiteradamente alegan retrasos en la cancelación de los pagos y las valuaciones.

9. En el Complejo de Jose los inspectores verificaron una disminución en la capacidad de mejoramiento de crudo. La división respectiva cuenta con una capacidad de diseño de 1.000 MBD de Crudo Diluido (DC0), operacional: 909 MB DCO, de procesamiento actual: 700 MBD DCO, por lo cual se comercializan 300 MBD de DC0. Este producto tiene un valor inferior al crudo mejorado y contiene 30 por ciento de Nafta, cuyo precio oscila entre 25-30 USD por encima del precio del crudo en el mercado internacional, lo que representa significativas pérdidas para el Estado venezolano.

10. Existe un deterioro generalizado de la estructura física de los mejoradores a causa de deficiencias en el mantenimiento. Así que, aparte de equipos inoperativos y vulneración de las medidas de seguridad de los trabajadores, paralización de diversas áreas de producción, entre otros, la calidad del crudo ha desmejorado al no cumplir con las especificaciones en cuanto al contenido de sales y agua.

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