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jueves, marzo 30, 2017

Se inicia en Miami proceso judicial contra socio de miembro clave del Cártel de los Soles

Por: Maibort Petit
Fuente: Miami Diario
Wilter Neptalí Blanco Ruiz

Esta semana fue presentado en la Corte del Distrito Sur de la Florida Wilter Neptalí Blanco Ruíz, líder del cártel del Atlántico, una organización de narcotraficantes hondureños que tiene relación con Roberto de Jesús Soto García, supuesto miembro del Cártel de los Soles y socio de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, hallados culpable de delitos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York.

Blanco Ruíz fue extraditado desde Costa Rica a Miami el 15 de marzo de 2017 y es acusado de conspirar para traficar 5 o más kilogramos de cocaína desde Honduras a los Estados Unidos entre los años de 1999 hasta 2016. Fue presentado en la corte el 17 en una audiencia que apenas duró 3 minutos.

La acusación contra Blanco Ruíz fue presentada por el fiscal del Distrito Sur de la Florida, Wilfredo A.Ferrer.De acuerdo al documento de la fiscalía de Miami, las acusación contra Blanco Ruíz está soportada por una serie de evidencias provenientes de una investigación que incluye entrevistas de testigos y conspiradores, e información obtenida de informes y exámenes de pruebas incautadas desde 1999. 

La acusación señala que Blanco Ruíz violó el título 21 de los Estados Unidos, en las Secciones 959 y 963.Asimismo, dice que en 2015, las autoridades norteamericanas capturaron a un conspirador (CC1) que estuvo asociado al acusado en Honduras y quien decidió entrar en un acuerdo de cooperación con el gobierno norteamericano para asegurar una sentencia menos severa.

De acuerdo al documento, el conspirador cooperante (CC1) declaró que a principios de 2015 ayudó en el transporte y distribución de más de 2.000 kilogramos de cocaína y que Blanco Ruíz le pagó por su participación en los embarques. 

CC1 declaró que él y otros conspiradores se reunían en Colombia, y preparaban buques colombianos propiedad de Blanco Ruíz con cargamentos de cocaína que enviaban a Honduras.

El conspirador cooperante afirmó que participó en actividades de narcotráfico bajo las órdenes de Blanco y que el acusado estuvo presente en Honduras cuando sacaban la cocaína de los buques. Informó que Blanco tenía armado el equipo de supervisión del proceso de desembarque de la cocaína y que después de haber sido exportada, la droga era transportada a una propiedad que Blanco controlaba para continuar el camino hacia los EEUU.

Se hace mención en el documento que en la primavera de 2016, las autoridades allanaron un laboratorio de cocaína oculto en Honduras donde se procesaban unos 235 kilogramos de cocaína. Las autoridades encontraron químicos, escalas e instrumentos para presar la sustancia y empacarla.

Señala que alrededor de 2016, sabiendo que las autoridades de los Estados Unidos lo estaban buscando para arrestado, Blanco estableció una línea de comunicación con los agentes de la DEA localizados en Centroamérica a través de mensajería de texto de Blackberry. Las comunicaciones entre Blanco y los agentes DEA se registraron y almacenaron.

Desde el día 14 de abril de 2016, Blanco discutió temas relacionados con la droga y señaló que dos navíos de su propiedad fueron capturados por la marina de guerra hondureña.

En una conversación por BBM, alrededor del 3 de mayo de 2006, Blanco declaró que participaba en la distribución de los alcoholes que utilizaba para preparar la droga, y que la cocaína se manufacturaba en un inmueble de su propiedad en Honduras.

También discutieron con un segundo testigo cooperando de la DEA, infiltrado en al organización, que estaba confirmando el recibo de los envíos de droga en Costa Rica provenientes de Colombia y cuyo destino final era los Estados Unidos.

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miércoles, marzo 29, 2017

Demanda contra los "Bolichicos" continuará siendo discutida en la corte de apelaciones de NY

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Fuente: Venezuela Política
La posibilidad que la demanda contra los dos empresarios dueños de Derwick Associates Corp., interpuesta por el exembajador Otto Reich, regrese al tribunal neoyorquino quedó pendiente en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, tras haberse iniciado la primera audiencia tuvo lugar el 10 de marzo, y donde la parte demandante pidió al panel de jueces aceptar la querella que inicialmente fue desestimada porque no correspondía a la jurisdicción de la ciudad de Nueva York. La próxima se realizará en el mes de mayo de 2017.

El panel, conformado por los jueces de Circuito, Christopher F. Droney, Dennis Jacobs y Timothy Stanceu, escuchó los argumentos del nuevo abogado de Otto Reich, Jeffrey Ernest Grell, quien intentó convencerlos que los supuestos delitos cometidos por los demandados, Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López tenían suficiente vinculación con Nueva York.

La parte demandante explicó que los acusados tienen propiedades y conducen negocios en la ciudad de Nueva York desde hace varios años, lo que al parecer será considerado por los jueces.

La demanda afirma que Reich resultó perjudicado desde el punto de vista financiero y en su reputación, por los empresarios como resultado de versiones falsas difundidas por ellos, según las cuales, el ex embajador trabajaba para Derwick, una firma conocida por sus conducta dolosa y fraudulenta. Según alegaciones, dos clientes de Otto Reich Associates LLC (Banco Venezolano de Crédito y el y el banquero venezolano Eligio Cedeño) cancelaron los contratos de asesoría por las afirmaciones de los empresarios demandados, lo que trajo como resultado la pérdida de dos clientes de dicha empresa, y por ende una pérdida patrimonial importante.

Reich asegura en la demanda que Betancourt López y Trebbau hacen negocios fraudulentos en Nueva York y que la empresa de ambos, Derwick Associates Corp, paga sobornos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurarse contratos millonarios sin licitación.

Grell explicó que los demandados ​​intentaron sobornar a su cliente para que hiciera servicios de consultoría para Derwick. Cuando el ex diplomático rechazó la oferta, los acusados suministraron al representante de un banco -que era cliente de la firma de Reich- falsa información que conllevó a la pérdida del contrato de dicha empresa. 

En respuesta a la acción criminal, Reich y su compañía demandaron a Betancourt y Trebbau en 2013 bajo la provisión de la Ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, o RICO por sus siglas en inglés. Dicha demanda fue desestimada luego que el tribunal neoyorquino concluyera que no tenía jurisdicción sobre los dos acusados.

De acuerdo al nuevo abogado de Reich, Jeffrey Ernest Grell el tribunal de distrito tomó una decisión equivocada sobre los cargos de los que son acusados los dueños de Derwick. Explicó que los demandados intentaron cometer soborno, lo cual es penado por la ley de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Asimismo, Grell dijo que las comunicaciones hechas supuestamente por los acusados, donde suministraron información falsa y difamatoria contra Reich, viola la ley RICO. 

Grell aseguró que los dos demandados cometieron el crimen en la ciudad de Nueva York y por tanto el tribunal sí tiene jurisdicción sobre el caso. 

Uno de los aspectos que llamó la atención del juez Christopher F. Droney fue el hecho del tiempo que transcurrió entre los intentos de soborno por parte de los empresarios y las llamadas hechas por ambos al banco, que era cliente de Reich. Destacó el magistrado que entre ambos hechos había transcurrido dos años.

Por su parte el juez Dennis Jacobs no consideró que los cargos en la demanda coincidían, ya que no tenían un propósito común, ni víctimas comunes. A pesar de la poca aceptación que mostraron los jueces a los argumentos de la parte demandante, admitieron que estaban dispuestos a escuchar los argumentos con los cuales Grell buscaba dejar claro la relación de los cargos contra los dueños de Derwick y que es Nueva York la jurisdicción para ser juzgados. 


Los acusados, Leopoldo Alejandro Betancourt López estuvo representado por los abogados Frank H. Wohl y Jonathan D. Lamberti del escritorio jurídico Lankler Siffert & Wohl LLP, mientras que Pedro Trebbau López fue asistido por Joseph A. DeMaria de la firma Fox Rothschild LLP.


El abogado de Betancourt López hizo un esfuerzo para desestimar los argumentos presentados por la parte acusadora, inclusive se atrevió a decir que Reich no tenía autoridad para acusar a su cliente en la corte. Dijo que el caso no tenía lugar en el tribunal porque no había nada que reclamar.


Por su parte el defensor de Trebbau López aseguró que el caso no debía ser considerado porque no hay nada que defender, ya que no hay delito alguno.


Joseph DeMaria, que representaba a Trebbau, dijo que los argumentos en contra de su cliente en la apelación eran tan escasos que no había "nada que defender". El tribunal de distrito dio derecho a la idea de que tenía jurisdicción sobre Trebbau, T poseer cualquier propiedad en Nueva York, dijo.

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Ministerio Público acusó al exgerente general de Mantenimiento de Conviasa por hecho de corrupción

Fuente: Ministerio Público
El_hombre permanece detenido en el Internado Judicial Región Capital Rodeo III 

El Ministerio Público acusó al exgerente general de Mantenimiento del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa), Andrés Díaz Moreno (40), por su presunta responsabilidad en contrataciones irregulares para el mantenimiento de aeronaves en el estado Vargas.

Los fiscales 93° nacional y auxiliar, Dayiso Rodríguez e Ivanna González, respectivamente, acusaron al exgerente por los delitos de peculado doloso impropio, evasión de los procedimientos de licitación u otros controles y concierto de funcionario público con contratistas, previstos en la Ley contra la Corrupción.

En el escrito presentado ante el Tribunal 4° de Control de esa jurisdicción, los representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del exfuncionario de Conviasa y que se mantenga la privación de libertad. El hombre está recluido en el Internado Judicial Región Capital Rodeo III, en el estado Miranda.

Adicionalmente, los fiscales solicitaron la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y la inmovilización de las cuentas bancarias.

En mayo de 2016, directivos de la empresa estatal de aviación civil denunciaron ante la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público una serie de hechos irregulares relacionados con contrataciones irregulares para el mantenimiento de aeronaves.

Como resultado de la investigación, se requirió ante la citada instancia judicial una orden de aprehensión.

En consecuencia, el 6 de febrero de este año funcionarios del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas aprehendieron a Díaz Moreno, en la sede administrativa de la empresa Aeropostal Alas de Venezuela C.A., en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar".

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Cuatro exempleados petroleros de Venezuela señalados por corrupción

Fuente: EL UNIVERSO
La Fiscalía General de Venezuela acusó a cuatro exempleados petroleros de varios delitos por las supuestas irregularidades cometidas en el manejo y compra de materiales.

El exgerente de la terminal de almacenamiento y embarque de crudo del mayor complejo del oriente del país, Jesús Osorio Virguez, fue acusado de peculado doloso, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir, por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la compra e instalación de "monoboyas" para la carga de buques petroleros, anunció el martes la Fiscalía General en un comunicado.

Los procesos se dan en medio de una campaña que emprendió el gobierno para combatir la corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Osorio Virguez fue arrestado a inicios del mes pasado tras una investigación que se abrió en 2015 por una denuncia que hicieron funcionarios de PDVSA, quienes reportaron la existencia de presuntas irregularidades en la adquisición, desinstalación e instalación de dos "monoboyas" con un sobreprecio de 76,2 millones de dólares.

Asimismo, el Ministerio Público acusó al operador de protección industrial del Centro de Refinación Paraguaná, Carlos Castillo, y dos empleados de una empresa de servicio, Eduyn Castro Ulacio y Nelson Marquina Briceño, de los delitos de tráfico y comercio ilícito de material estratégico, peculado doloso y asociación para delinquir.

Los tres hombres fueron arrestados a inicios de febrero luego que miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar localizaran en una avenida de la ciudad costera de Punto Fijo un vehículo de carga pesada, que salía de una instalación petrolera, que tenía en su interior 15 secciones de tuberías que pertenecían a PDVSA.

El presidente Nicolás Maduro anunció a finales de enero una nueva junta directiva en PDVSA que, aseguró, buscaría sanear a la empresa petrolera de corrupción, un flagelo que azota desde hace varias décadas al sector público venezolano.

Por otra parte, la Fiscalía General acusó al exgerente general de mantenimiento del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa), Andrés Díaz Moreno, por los delitos de peculado doloso, evasión de los procedimientos de licitación y concierto de funcionario público con contratistas.

Díaz Moreno, quien fue arrestado el mes pasado por la policía judicial, es procesado por supuestas contrataciones irregulares para el mantenimiento de aeronaves. (I)

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Venezuela: detienen a gerente de PDVSA

Fuente: The Associated Press

Las autoridades venezolanas detuvieron a un gerente de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. por su presunta vinculación con irregularidades en las contrataciones para el abastecimiento de combustible, informó el miércoles la Fiscalía General.

El gerente de Comercio Internacional de PDVSA, Marco Antonio Malavé, fue arrestado e imputado por los delitos de boicot y concierto de funcionario con contratistas, indicó la Fiscalía General en un comunicado que difundió en su página de internet.

El arresto de Malavé, de 47 años, se produjo el 23 de marzo en el este de Caracas y coincidió con un severo desabastecimiento de gasolina en la capital y otras ciudades del centro y oeste del país que generó por dos días largas filas de vehículos en los alrededores las estaciones de servicio.

El gerente fue denunciado por funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral de PDVSA que reportaron una serie de irregularidades en el protocolo de contrataciones de empresas con buques para el suministro del hidrocarburo al mercado venezolano.

Un tribunal ordenó mantener detenido a Malavé en la sede capitalina de la Dirección General de Contrainteligencia Militar mientras esté bajo proceso y bloqueó sus cuentas bancarias.

El mes pasado las autoridades detuvieron a otros cuatro empleados de la petrolera por presuntas irregularidades en el manejo y compra de materiales.

Entre los detenidos está el exgerente de la terminal de almacenamiento y embarque de crudo del mayor complejo del oriente del país, Jesús Osorio Virguez, quien fue acusado de los delitos de peculado doloso, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir.

Los arrestos se dan en medio de una campaña que emprendió el gobierno para combatir la corrupción en PDVSA.

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lunes, marzo 27, 2017

Las andanzas del “boliladrón” que se hizo millonario a expensas de los apagones

Por: Fiorella Perfetto
Fuente: Caraota Digital
Inmune a investigación alguna por parte de los órganos competentes, la inmensa fortuna que Alejandro Betancourt López obtuvo a costa de la emergencia eléctrica decretada en 2010 en Venezuela, le permitió colarse en las altas esferas europeas, recibir un galardón internacional por un proyecto que aún no opera y convertirse en un magnate petrolero. Su empresa, Derwick Associates, la contratista consentida de Pdvsa acusada de desfalcar a la Nación, vuelve al ruedo y reinscribe su nombre como proveedora del Estado venezolano.

Una ovación encabezada por empresarios españoles, latinoamericanos y hasta por los embajadores de Bulgaria, México y Luxemburgo precedió la entrega del premio “Mejor Iniciativa Empresarial Latinoamericana” a Derwick Associates que otorga la prestigiosa revista española Capital, especializada en temas de economía y negocios.

Ataviado en un impecable traje de gala, el cabello sometido a la tiranía de la gomina y lentes correctivos, Leopoldo Alejandro Betancourt López, subió al estrado en aquel diciembre de 2013 para recibir el galardón que le mereció por el proyecto “Centro Tecnológico de Turbinas, CTT” ubicado en la zona industrial de Guacara, estado Carabobo.

Y es que es España el nuevo centro de operaciones de este “bolichico”. Allá contrajo nupcias y echa raíces como exitoso empresario, o al menos así quiere que le vean. Las escandalosas denuncias que sobre Derwick Associates pesan por la supuesta adjudicación directa de billonarios contratos por parte de Pdvsa y otras instituciones del Estado, facturas con sobreprecios, la venta de equipos defectuosos y re manufacturados, además de señalamientos por operaciones financieras dolosas, parece han quedado en el olvido tanto para Betancourt y sus socios como para el Gobierno venezolano.

Un sueño de proyecto, ¿o sólo un sueño?

Una nota publicada en el blog de la empresa de este joven de apenas 37 años fechada en marzo de 2014 y que se titula “Derwick ultima la construcción del Centro Tecnológico de Turbinas”, anuncia lo que ocho meses antes recogía el portal Petroguía.com: “El primer Centro Tecnológico de Turbinas (CTT) de Venezuela costará 40 millones de dólares y estará listo en su totalidad en 2014, aunque la primera fase comenzará a operar a finales de este mismo año (2013)”. Así lo hizo saber en esa oportunidad el Director de Operaciones de Derwick Associates, Edgar Romero Lazo.

Romero Lazo es desde el “vamos” una pieza fundamental en la estructura operativa de Derwick. Se lee en su perfil de Linkedin que a partir de la constitución de la firma acompaña en el proyecto a Betancourt, Trebbau y al resto de la plantilla. Antes trabajó en Petrolago, la compañía de su padre, el ex presidente de Fedecámaras Edgar Romero Nava y en 2004 supervisó las obras de construcción del puente Orinoquia ubicado al sur del país realizadas por Odebrecht, empresa reconocida a nivel mundial por los gigantescos casos de corrupción y sobornos en diversas latitudes del orbe.

Derwick vendió el proyecto del CTT como “una iniciativa sin precedentes en Latinoamérica, que permitirá reforzar e independizar el sector termoeléctrico de Venezuela a través de un servicio de asistencia y reparación rápido y eficiente”, decía, galardón en mano. “Hasta ahora, las empresas tenían que recurrir a compañías de otros países en estos casos, pero el CTT evitará este paso que supondrá, a la vez, un ahorro económico para las empresas del país”. Los hechos señalan un panorama muy diferente.

Betancourt no sólo tiene un blog http://alejandrobetancourtlopez.blogspot.co.id/ sino también una página personal http://www.alejandrobetancourt.es/ que le sirven, a juzgar por lo que allí se lee, para presentarse como un exitoso empresario preocupado por el bienestar de Venezuela, la preservación del ambiente y claro, vender la imagen de Derwick como uno de los negocios más prósperos del mundo, méritos logrados bajo su gerencia, según relata, porque a su decir “todo se trata de percepción”.

Una fachada que vale millones

Tras el escándalo, poco o nada se supo sobre su paradero. No perdió tiempo y echó mano de plataformas digitales para limpiar su deteriorada imagen y la de sus empresas. Usa estos medios para reseñar al detalle las actividades de sus empresas y encuentros con diferentes personalidades españolas, como el que tuvo en 2013 con el jefe de la patronal eléctrica Eduardo Montes. Allí afirmó sin tapujos que “Derwick está presente en España desde 2010 y su salto internacional se ha producido tras cinco años de trabajo en Venezuela. En este periodo, la compañía se ha encargado de reforzar el sector energético del país con la construcción de once plantas termoeléctricas, que han reducido la dependencia en la energía hidroeléctrica”.

Llama la atención que el acta constitutiva de Derwick Associates de Venezuela data del 28 de octubre de 2009 y cursa en el Registro Primero del Distrito Capital y estado Miranda, en el tomo N°232-A, por lo que es poco probable que en apenas unos meses esta empresa pueda exportar la experiencia que dice haber ganado con sus actividades en Venezuela.

Una buena manera de lograr mejorar esa “percepción” que se tiene de él y sus negocios son los gestos de filantropía o beneficencia. Es así como por medio de la Fundación Derwick estableció convenios, por ejemplo, con la Universidad Simón Bolívar para financiar cursos de diplomado en “fundamentos de operación y mantenimiento de plantas térmicas de generación”, o bien la participación de Derwick en el Día Mundial de las Playas, entre otras.

Una nota de prensa de la casa de estudios de Sartenejas que habla sobre estos cursos profesionales en alianza con Derwick, también hace mención al Centro de Tecnología de Turbinas (CTT). La información que allí aparece y que corresponde a marzo del año pasado confirma que, más allá de la “percepción” y los galardones, el CTT es sólo hasta ahora, una “iniciativa empresarial” sin operación comercial conocida.

Caraota Digital envió comunicaciones a esta casa de estudios para conocer qué información manejan las autoridades sobre el estatus actual del CTT, “único en su estilo en Latinoamérica y del mundo” el mismo cuyos directores afirmaron estar operativo en 2013.

El profesor de la Universidad Simón Bolívar, Juan Francisco Bermúdez, respondió a nuestras inquietudes. Informó que los diplomados que patrocinaba la Fundación Derwick llegaron a su fin en diciembre. También precisó que el CTT estaba a la espera de la llegada de los equipos y que en el lugar sólo hay obras civiles.

La radiografía del CTT

Un examen a los datos legales del CTT confirman que al proyecto se le creó una identidad jurídica denominada “Centro Tecnológico de Turbinas CTT, C.A” bajo el RIF número J-402647255. Existe una inscripción incompleta realizada en diciembre de 2015 en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), requisito indispensable para operar si bien sus representantes prometieron que el CTT ofrecería los servicios de procura al sistema eléctrico nacional para el mantenimiento de los equipos.

El CTT tampoco está al día con las solvencias del Instituto de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y no están disponibles los datos sobre la actividad económica en el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Caraota Digital visitó las instalaciones del Centro Tecnológico de Turbinas, CTT ubicado en Yagua, estado Carabobo. Desde la entrada se observa un inmenso galpón blanco, con parcelas a cada costado de la estructura que, según los videos promocionales de Derwick, también pertenecen al proyecto que a decir de la empresa en este video estaría listo en 2013.

“Bueno, aquí estamos esperando que eso comience a funcionar; creo que con todo lo que le han metido debiera estar ya listo”, comentó un habitante del sector que habló en condición de anonimato. “No sé a quién pertenece eso, la verdad, ellos han contratado alguna gente de por aquí para trabajos”, completó.

La estructura evidencia el deterioro por el paso del tiempo y falta de mantenimiento. Al menos durante una media jornada laboral que duró la visita de este medio al lugar, no se observó ningún movimiento de personal dentro lugar.

El portón de entrada pasó el día cerrado con cadena y candado. Una valla desgastada por el paso del tiempo informa quiénes son los responsables de la obra y dice que el permiso de construcción data de 2015, fecha que contradice la historia contada por Derwick sobre el CTT “que estará en plena marcha para 2013”.

Planchas de latón oxidado sirven de garita a un vigilante que se aprestó a atendernos. “Para poder entrar aquí deben gestionar el permiso por Caracas”, responde. No quiso ofrecer detalles sobre el funcionamiento del Centro. “Deben hablar con Alejandro (Betancourt) para poder entrar”, alcanzó a decir. Un individuo a bordo de una moto vigiló los intentos del equipo de Caraota Digital para obtener gráficas del lugar. La “novedad” se la comunicó a un hombre que salió de las instalaciones.

Previo a esta visita, se enviaron comunicaciones electrónicas a los representantes de Derwick, sin obtener respuesta a estas inquietudes periodísticas.

También este medio quiso conocer la opinión de la revista española Capital, responsable del otorgamiento a Derwick de un galardón por un proyecto que no ha cumplido con la promesa original, pero no fue posible obtenerla hasta el momento de esta publicación.

También se enviaron correos y se realizaron llamadas telefónicas sin éxito a Iker Candina Rodríguez, quien figura como persona de contacto de Derwick Associates de Venezuela en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

De nuevo al ruedo de los negocios

Este último nombre, Iker Candina Rodríguez, o Yker, como figura en sus registros electorales, funge como secretario de la Junta Directiva de Derwick Associates de Venezuela, S.A, integrada por Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, Presidente y Vicepresidente respectivamente.

El 99% de las acciones de Derwick Venezuela son propiedad de Derwick Associates Corporation, una sociedad con jurisdicción en Barbados. Esta empresa constituida en un paraíso fiscal no está al día con el RNC. El otro 1% de los papeles lo representa Pedro Trebbau.

Esta sería una renovación de la inscripción original de Derwick Associates de Venezuela, S.A. en el Registro Nacional de Contratistas. El primer registro fue en 2010, a poco tiempo de que la empresa fue constituida. Sólo algunos meses transcurrieron y Derwick se convirtió en la favorita de los procesos de adjudicación de contratos de procura con diversas instituciones del Estado.

Esta preferencia es evidente si nos acercamos a los registros de montos adjudicados correspondientes al año 2013 de Bariven, la filial de procura de la estatal petrolera venezolana. Derwick Associates aparece inscrita con el código 3500 que corresponde a empresas de tipo “OTV” (One Time Vendor), una nomenclatura que se le asigna a los nuevos proveedores que por razones de alguna contingencia podrían ser beneficiados con la adjudicación de una orden de procura, pero que deberán posteriormente consignar documentos que demuestren su experticia y solidez financiera para optar a convertirse en un proveedor seguro de la industria petrolera, de superar todas las etapas de evaluación.

Pero nada de esto se cumplió en el caso de Derwick. A pesar de su calificación de empresa sin aval, se convirtió en la favorita en la lista de montos adjudicados según los registros de Bariven. La cifra supera los 1.000 millones de dólares para abril de 2013.

A raíz de las investigaciones periodísticas que destaparon este caso, el registro de Derwick como proveedor fue bloqueado y la inscripción de la empresa en el RNC quedó en el olvido, hasta el pasado enero de 2017 que volvió al ruedo nuevamente como candidata a ser contratada por el Estado venezolano.

Una montaña de dinero en tiempo récord

Nadie más que Betancourt y sus cercanos conocen la dimensión de la fortuna que este joven amasa a partir de la constitución de Derwick Associates en 2009. Esta empresa sin experiencia firmó al menos una docena de contratos millonarios para la adquisición de plantas que atenderían la crisis eléctrica del país – se estima que el valor total de estos acuerdos superó los 2.000 millones de dólares, según investigaciones periodísticas que destaparon el caso en 2010 – para procuras a Pdvsa, CVG y Corpoelec con el padrinazgo de Javier Alvarado, ex presidente de Corpoelec y padre de Javier Alvarado Pardi, uno de los grandes amigos de Alejandro Betancourt y su socio Pedro Trebbau.

Los millonarios negocios de Betancourt van desde la reciente adquisición de la marca de lentes Hawkers en España, inmuebles regados por todo el orbe que incluyen una de las fincas más codiciadas en la nación europea llamada El Alamín, hasta milmillonarias inversiones en el sector energético y petrolero nacional e internacional.

Su nombre se le vincula con la compra de una de las propiedades más apreciadas del distrito de Manhattan en Nueva York. El 23 de agosto de 2012 adquirió nada más y nada menos que el condominio ubicado en la última planta del 641 de la Quinta Avenida, la emblemática Olympic Tower, inmueble que habría pertenecido al magnate griego Aristóteles Onassis, según información que en esas fechas ofreció el periodista Casto Ocando.

La compra se concretó en las fechas en las que Derwick se adjudicó los contratos de procura de plantas eléctricas para atender la declaratoria de emergencia económica en Venezuela hecha por el fallecido Presidente Hugo Chávez.

Caraota Digital encontró que esta propiedad fue adquirida en esa fecha por la empresa PH-641 Holding, LLC, pero se desconoce su propietario constituida en el estado de Delaware, apetecido territorio para esconder propiedades al escrutinio público. La venta fue por 14 millones de dólares. Tres meses después, WPN, Corp., una firma dedicada a asesorías financieras vendió la propiedad a un individuo llamado Gabriel Jaramillo por apenas 6,2 millones de dólares https://www.realdirect.com/e/641.5-AVENUE.10022.645/. Se requirió información sobre este particular a la empresa y sus representantes pero no hubo respuesta.

El intrincado caso de Pacific Rubiales, ¿pérdidas billonarias?

Derwick y Betancourt no perdieron tiempo en esta carrera millonaria y tras hacerse con un extraordinario capital como resultado de las contrataciones en Venezuela, amplió sus horizontes y apuntó a una empresa petrolera llamada Pacific Rubiales. Este nombre se remonta al proyecto energético más exitoso de capital privado que se haya conocido en Latinoamérica, con sello venezolano pero que nació en Colombia.

Tras el paro de los trabajadores de la industria petrolera venezolana en 2002 para solicitar la renuncia de Chávez y la purga que este realizó dejando en la calle a más de 18 mil trabajadores, el vecino país abrió sus puertas a los mejores cerebros venezolanos expertos en materia energética, minera y petrolera.

La producción de crudo colombiano se disparó a niveles sin precedentes pasando de unos 560 mil barriles por día a casi el millón, según la información que recoge la revista colombiana Semana en una edición de junio de 2011.

Es allí donde están los orígenes de Pacific Rubiales. Su creación fue de la mano de tres venezolanos execrados de Pdvsa: Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón Berti. “Ellos crearon las tres firmas que han sacudido el mundo de los hidrocarburos en Colombia: Pacific Rubiales, Alange y Vectra”, cuenta la publicación.

La línea de tiempo establece que en 2004 crearon Pacific Stratus, tres años después compraron una pequeña empresa llamada Petro Rubiales y al año siguiente la fusionaron y nació Pacific Rubiales, con jurisdicción canadiense al ser constituida en este país y sus acciones se cotizaron en la Bolsa de Valores de Toronto. El éxito gerencial fue tal que pronto fue considerada la más grande y exitosa petrolera de capital privado con operaciones en Latinoamérica.

A partir de 2014 y con la caída de los precios internacionales del petróleo, la historia llena de gloria de Pacific Rubiales giró dramáticamente. Llovieron críticas y rumores que desataron una crisis que ya no se pudo ocultar. Fue en ese momento cuando la compañía anunció su venta y que estudiaba una opción propuesta por la firma mexicana Alfa y la estadounidense Harbour Energy Ltd por el 100% del valor de las acciones. La venta no se da pero su nombre cambia a Pacific Exploration & Production Corp o Pacific E&P.

Las razones por las que la venta, una de las vías de salvación del proyecto no llegó a concretarse, fue responsabilidad del Grupo O´Hara, propiedad de Alejandro Betancourt quien según los reportes periodísticos y las declaraciones de los accionistas, este grupo venezolano intervino de manera poco ortodoxa para arruinar la operación.

Por esta situación Pacific Rubiales accionó legalmente en contra de O´Hara a mediados de 2015 “porque estos inversionistas violaron normas del mercado de valores de Canadá”, refiere el comunicado oficial de la empresa.

“Pacific Rubiales señala que este grupo opositor no ha hecho ninguna contraoferta al negocio propuesto por Alfa y Harbour Energy, que de malograrse afectaría de forma importante a la empresa. El Grupo O’Hara es un grupo de inversionistas oportunistas que tan solo adquirió sus acciones recientemente a través de estructuras corporativas fachada complejas y no representan los mejores intereses de los accionistas minoritarios”, reseña el diario bogotano El Tiempo del 19 de junio de 2015.

Según este diario, la dupla conformada por Alfa y Harbour Energy puso en la mesa 1,6 billones (miles de millones) de dólares para hacerse con Pacific Rubiales. No lo logró. Finalmente en agosto de ese 2015, la petrolera anunció un acuerdo en el que el grupo Alfa se adueñó del 18,95% del peso accionario y O´Hara con sus empresas socias consiguieron un curul en la Junta Directiva al adquirir el 19,95% de los papeles.

En un cálculo rápido, si el valor real de la empresa es la oferta que hizo originalmente Alfa y Harbour Energy de 1,6 billones de dólares, quiere decir que Betancourt y sus socios entregaron unos 3.200 millones de dólares (aproximadamente un 20%) en la puja.

Sin embargo, todo indica que Pacific E&R (antes Pacific Rubiales) aún no ha cobrado todas sus víctimas. En abril de 2016 se celebró un consejo de administración vista la grave situación de la otrora gigante petrolera ya que esta contemplaba la posibilidad de ser adquirida por el fondo de inversión canadiense Catalyst Capital Group quien propuso reestructurarla y sacarla a flote, pero la opción dejaría con pérdidas millonarias a O´Hara y el resto de los nuevos accionistas. Este plan recibió el apoyo de otros socios que mantienen el 10% del peso accionario de la petrolera, Serafino Iacono y Miguel de la Campa.

“Catalyst Capital está dispuesta a invertir un máximo de 500 millones de dólares para hacerse con el 50% de una entidad que acumula deudas por valor de 4.500 millones de dólares. Con estas condiciones los demás socios quedarían fuera del proyecto, lo que afecta principalmente al grupo mexicano Alfa y al propio Alejandro Betancourt. Ambos accionistas han unido sus fuerzas ante los tribunales para presentar una querella contra los actuales gestores de Pacific Rubiales a quienes acusan de ser los verdaderos responsables de la crisis financiera que atraviesa la compañía”, cita el diario colombiano El Confidencial.

La medida judicial emprendida por Betancourt no prosperó como sí la restructuración por parte de la canadiense Catalyst. “La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó a Pacific E&P la constitución de garantías con el objetivo de proteger a los acreedores colombianos en el marco del proceso de insolvencia que se adelanta en Canadá. El pacto establece una inversión de 500 millones de dólares, mientras que los acreedores que financian la transacción suministrarán otros 250 millones de dólares”, reseña la revista Semana. “Los actuales accionistas verán cómo se diluye el valor de sus papeles”.

No existen datos concretos ni registros públicos o referencias al valor de las inversiones que estas empresas vinculadas al nombre de Alejandro Betancourt han realizado en las citadas operaciones. Caraota Digital envió correos solicitando esta precisión pero no recibió respuesta.

Aquí no, pero allá…

Leopoldo Alejandro Betancourt y la empresa Derwick Associates son las mismas identidades señaladas en decenas de denuncias en Venezuela por corrupción. A pesar que en 2013 la Fiscalía 56 realizó indagatorias por este caso y acumuló pruebas sobre los hechos denunciados, la causa fue sobreseída en 2015 por el Tribunal Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas.

Tampoco hubo referencias sobre este caso por parte de las máximas autoridades venezolanas, más allá de las declaraciones que Freddy Bernal hiciera en 2013 y que recoge Alek Boyd en su blog Infodio.

El ingeniero Balmiro Villasmil (el mismo que figura en la valla del CTT como ingeniero residente) y la abogada Alejandra Hidalgo representaron a Derwick Associates en mayo de 2016 en la comparecencia ante la Asamblea Nacional para ser interpelados por estos hechos, pero no aportaron datos satisfactorios a la Comisión encargada de esta investigación.

“Ninguna empresa entregó copia de los contratos suscritos con el Estado venezolano a través de Corpoelec”, reseña el informe final de 2017 de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica y que preserva en sus archivos la organización Transparencia Internacional.

“Resumieron los proyectos desarrollados sin indicar desembolsos ni montos contratados alegando el cumplimiento de las condiciones de confidencialidad firmadas con el cliente (…) Derwick entregó información en forma parcial sin incluir los detalles contractuales de sus proyectos, excepto que el costo medio de contratación fue de 1.17 dólares por megavatio”.

Además, el informe recoge otra irregularidad: el “otorgamiento de contratos por adjudicación directa a empresas sin experiencia a la empresa Derwick en las centrales Guarenas, Raisa, Sidor, Furrial y Las Morochas”.

Los análisis técnicos y económicos realizados por esta Comisión demuestran la existencia de contratos con sobreprecios que en algunos casos triplicaron el valor de mercado estimado de las procuras que Derwick entregó, además de las condiciones de las plantas termoeléctricas en cuyos reportes se evidencia que no eran equipos nuevos sino re manufacturados.

Derwick se protegió bajo el paragua del acuerdo de confidencialidad que pactó con el cliente, para no ofrecer mayores detalles o los documentos que avalaran sus versiones. Caraota Digital solicitó esta información a Derwick, pero no obtuvo respuesta alguna.

En otras latitudes el panorama es distinto. El nombre de Betancourt, su socio Pedro Trebbau y Derwick tienen asignado un número de expediente en las cortes federales del estado de Nueva York, en EEUU, luego que Otto Reich, ex embajador de EEUU en Venezuela y funcionario clave del Departamento de Estado de este país por su experticia en temas vinculados a Latinoamérica y el Caribe, interpuso en julio de 2013 una demanda por crimen organizado, difamación personal y comercial, falsedad perjudicial y conspiración, entre otros.

El funcionario actuó legalmente por considerar que la difusión de versiones falsas de una supuesta vinculación de su bufete con la firma venezolana por parte de los representantes de Derwick habría perjudicado su reputación e incluso tuvo repercusiones financieras.

Sin embargo el juez J. Paul Oetken, adscrito a la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó la querella porque no era Nueva York la residencia permanente de Betancourt y los socios de este, señalados como co-conspiradores en la acción judicial. “Este tribunal carece de fundamento para ejercer su jurisdicción sobre los ciudadanos venezolanos”, echando por tierra los esfuerzos de Reich contra el grupo de los “bolichicos”, como reseñó El Universal el 8 de mayo de 2015.

Pero el también ex Secretario de Estado Adjunto Para Asuntos Hemisféricos volvió a la carga y apeló la decisión en junio de 2016. En esa ocasión declaró al portal Bloomberg que “Betancourt y Trebbau amasaron una enorme fortuna por medio del pago ilícito de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, que a cambio otorgaron a Derwick gigantescos contratos en el sector energético. El pueblo de Venezuela es una víctima indirecta de una sobrefacturación por parte de los demandados de al menos 2,9 billones de dólares”.

Desde el año 2011 existen denuncias sobre el abandono de las plantas eléctricas que la empresa de Betancourt trajo al país. Una de ellas la reseña El Universal y apunta a aquella ubicada en el sur del país. “No están en operaciones”, argumentó Jiménez. “La planta B presenta un adelanto de sus obras en un 95% y la A, tiene apenas un adelanto de 25 a 30%. Están abandonadas, llevando agua y sol”, dijo José Jiménez, director laboral de la Siderúrgica del Orinoco.

El saco de dinero con el que se hizo Derwick por este negocio palidece ante la denuncia que en marzo de 2016 hiciera el diputado Julio Montoya. “Producto de dos años de investigación de un equipo multidisciplinario presentamos graves denuncias: de los 30 mil millones de dólares, que según el Gobierno Nacional iban para la emergencia eléctrica, aproximadamente el 96% de lo que iba a ejecutarse no está inaugurado ni funcionando hoy”. A decir del parlamentario, existe una hoja de ruta en la investigación de estas presuntas irregularidades en la que cooperan organismos y agencias internacionales de aquellos países cuyos sistemas financieros se usaron para desviar el dinero que en vez de iluminar a Venezuela, hacen brillar las arcas de los responsables de estas operaciones.

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Corte de EEUU: Venezuela debe pagar 1.400 millones de dólares a Crystallex por expropiación de Las Cristinas

Fuente: EFE

Una corte de Estados Unidos confirmó un fallo emitido por un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) para que Venezuela indemnice con 1.400 millones de dólares a la minera canadiense Crystallex por la expropiación en 2008 de la mina “Las Cristinas”, reseña EFE.

El fallo, al que tuvo acceso hoy Efe, lo emitió este sábado la Corte del Distrito de Columbia, en Washington.

La orden se refiere al conflicto entre Venezuela y Crystallex, que obtuvo en 2002 los permisos para la explotación de la mina de oro “Las Cristinas”, una de las más importantes de Latinoamérica.

En 2008, el Gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, negó a la empresa canadiense un permiso medioambiental clave para iniciar sus labores de explotación y, acto seguido, anunció que la mina “Las Cristinas” pasaba a control estatal, aunque en 2012 concedió su explotación a una compañía china.

En respuesta, Crystallex acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), órgano dependiente del Banco Mundial y al que suelen acudir empresas de diferentes partes del mundo para buscar una compensación por la nacionalización de sus propiedades.

El año pasado, la Ciadi falló en contra de Venezuela y determinó que el Gobierno de Nicolás Maduro debía pagar una indemnización de 1.200 millones de dólares a Crystallex, una cifra a la que debían de añadirse 200 millones de intereses, con lo que el monto total ascendía a 1.400 millones de dólares.

El Gobierno de Venezuela recurrió esta decisión y acudió a la Corte del Distrito de Columbia, que el sábado falló en su contra y mantuvo la decisión de la Ciadi.

Venezuela abandonó la Ciadi en julio de 2012 por decisión de Hugo Chávez, quien afirmó que su país no reconocería los fallos de ese tribunal.

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Capturan en Colombia a antiguo miembro de Cartel de Cali

Por: Agence France Presse

José Orlando Sánchez Cristancho

Las_autoridades colombianas capturaron a José Orlando Sánchez Cristancho -alias “El hombre del overol”-, un ex miembro del extinto Cartel de Cali, solicitado en extradición por la justicia estadounidense, informó este domingo la policía.

Sánchez Cristancho “es solicitado por la Corte Sur del Distrito de la Florida de EEUU, por los delitos de conspiración para cometer fraude bancario y lavado de activos”, indicó la División de Investigación Criminal de la policía.

La captura se realizó en una “lujosa finca ubicada en la vereda San Rafael del municipio de Facatativá”, un municipio cercano a Bogotá, en el central departamento de Cundinamarca.

Sánchez ya había sido condenado en 2001 Florida “por conspiración en lavado de activos, con una pena de 63 meses en prisión y 3 años de libertad bajo fianza, los cuales ya cumplió en dicho país”, precisó la fuente.

El nombre de Sánchez comenzó a ser identificado por las autoridades colombianas en la década de 1990, en medio de la investigación por el asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria.

Montoya de Sarria se hizo conocida en Colombia por una conversación con el ex presidente Ernesto Samper en 1994, divulgada por los medios, en la que se insinuó que la mujer tendría aportes de desconocidos, presuntamente del Cartel de Cali, para la campaña que le permitió hacerse a la presidencia.

En 1996, Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los líderes de este cartel de tráfico de cocaína, en una entrevista a un medio colombiano identificó a Sánchez Cristancho como el ‘hombre del overol', desmintiendo a las autoridades que aseguraban que ese alias correspondía al capo Olando Henao Montoya.

Este último fue asesinado en 1998 y junto con sus hermanos Lorena, asesinada en 2012, Arcángel y Fernando, extraditados en 2004 a Estados Unidos, formaron parte del desaparecido cartel del Norte del Valle, también dedicado al tráfico de cocaína.

Gilberto Rodríguez Orejuela y su hermano Miguel cumplen desde 2006 una condena de 30 años en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero.

El Cartel de Cali, desmantelado a mediados de la década de 1990, llegó a ser considerado por Estados Unidos como la mayor organización narcotraficante en el mundo, que controlaba el 80% de los envíos de cocaína a este país.

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Luis Almagro EE.UU. congeló cerca de US $3.000 millones de vicepresidente de Venezuela El Aissami por narcotráfico

EE.UU. congeló cerca de US $3.000 millones de vicepresidente de Venezuela El Aissami por narcotráfico: Luis Almagro

POR: STAFF DE PANAM POST

Almagro: “La cifra confiscada al vicepresidente El Aissami es equivalente “a la mitad del costo de las importaciones de alimentos del país en el 2012”. (Panorama)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló casi 3.000 millones de dólares al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami. Un mes después de haberse conocido que el alto funcionario venezolano fue designado como narcotraficante activo por parte de Estados Unidos, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, reveló el monto de los activos confiscados.

Almagro presentó un informe sobre Venezuela el pasado 21 de marzo en la OEA, en el cual detalló por qué es necesaria la aplicación de la Carta Democrática sobre el gobierno de ese país. En su alocución reveló que la cifra confiscada al vicepresidente El Aissami es equivalente “a la mitad del costo de las importaciones de alimentos del país en el 2012”.

Casi 3000 millones de dólares. Una cantidad equivalente a la mitad del costo de las importaciones de alimentos del país en el 2012 (…) Entre tanto, decenas de millones de personas en Venezuela padecen hambre porque el gobierno es incapaz de importar suficientes alimentos para satisfacer las necesidades del país.
El pasado 13 de febrero El Aissami fue incluido en una lista del Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntamente colaborar con el narcotráfico. La medida también involucró a Samark López Bello, quien es acusado de ser el principal testaferro del vicepresidente venezolano, y es señalado de poseer cerca de una docena de empresas vinculadas con el funcionario.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, El Aissami ejercía control sobre aviones que despegaban desde una base aérea venezolana, además de controlar las rutas de la droga que salía por puertos venezolanos.

El Aissami también está vinculado con la coordinación de envíos de droga a Los Zetas, el violento cartel de la droga mexicano, además de suministrar protección al capo de la droga colombiano Daniel Barrera y al narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco, quien también fue mencionado en el caso de los “narcosobrinos” de la familia presidencial de Venezuela.

“Hemos congelado activos, decenas de millones de dólares en activos que tendrán un impacto muy grande para El Aissami y su entorno”, declaró el secretario del Tesoro de EE.UU., Steve Mnuchin.

El Gobierno estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), prohibió a ciudadanos estadounidenses transacciones con ambos acusados.

Sin embargo, El Aissami aseguró que el Tesoro estadounidense miente, y afirmó : “No tengo ni visa ni cuentas bancarias en Estados Unidos”.

El Aissami aseguró que el Gobierno de Estados Unidos busca “denigrar la moral y minar a la revolución, relacionándolos con capos y narcotraficantes”. También mencionó el caso de los “narcosobrinos” de la familia presidencial venezolana: “Le han secuestrado a dos familiares injustamente, con un falso positivo construido desde la DEA“, subrayó.

Cabe destacar que en un informe elaborado por el Centro Para Una Sociedad Libre, Humire reportó que El Aissami ha utilizado su prominencia política para establecer canales de inteligencia y de finanzas con actores terroristas del Medio Oriente, particularmente en Siria, Líbano, Jordania, Irak e Irán.

“A lo largo de los años, Tarek El Aissami ha desarrollado una red financiera sofisticada y de múltiples niveles que funciona como una tubería criminal-terrorista para traer militantes islámicos a Venezuela y a países vecinos, así como para enviar fondos ilícitos desde América Latina hasta el Oriente Medio”, reporta el informe.

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Los oscuros negocios de Pedro León junto a los Kirchner en la faja del Orinoco

Por: Fiorella Perfetto
Fuente: Caraota Digital
Sarleaf Limited tomó control de operaciones millonarias en la Faja Petrolífera del Orinoco durante la gestión de Pedro León al frente de la Dirección Ejecutiva de Producción. Esta sociedad pertenece a un holdings investigado por corrupción y lavado de capitales vinculados con “la ruta del dinero K” en Argentina, el caso por el cual se señalan a Lázaro Báez, sus operadores y a los expresidentes de ese país Néstor y Cristina Kirchner como los presuntos conspiradores

En una entrega anterior, Caraota Digital contó cómo las operaciones en los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco han sido motivo de señalamientos de numerosas irregularidades que incluso fueron recogidas en un informe oficial realizado por “inspectores socialistas”, agrupados en una organización adscrita a la Presidencia de la República.

El expediente documenta las denuncias de estos funcionarios que desde el pasado 31 de julio de 2015 está en manos del Gobierno, pero a la fecha no se conoce investigación alguna al respecto. En la comisión de esas irregularidades se inserta una empresa británica de nombre Sarleaf Limited, la cual forma parte de una escalera de subcontrataciones cuyo origen es una empresa italiana, Energy Coal, SPA.

A decir de este informe, Sarleaf Limited fue subcontratada por Energy Coal SPA en una primera oportunidad, el 5 de octubre de 2012 para construir el desarrollo habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela Colinas de San Francisco de Yare, ejecución que le fue asignada a esta empresa italiana, a cambio de una operación de acarreo de coque. Incapaz de desarrollar el proyecto subcontrató a esta firma inglesa que según el expediente en los registros británicos, no acusó actividad comercial alguna, hasta que pacta su entrada en Venezuela.

Sarleaf Limited, que fue constituida sólo en papel en 2007 con un capital inicial de apenas 1000 libras esterlinas (unos 1300 dólares estadounidenses), subcontrató a su vez a la firma venezolana Inversiones Alfamaq C.A, apenas tres días después de la fecha en la que firmó el acuerdo con Energy Coal SPA, el 8 de octubre de 2012, reconociendo que no tenía capacidad para ejecutar la obra.

“La empresa (Sarleaf Limited) establece como premisas que no cuenta con capacidad y experiencia para ejecutar obras de urbanismo”, reza el informe. Es así como esta empresa pasó de cero actividad comercial a un capital de 6,5 millones de dólares en el año 2013.

La obra no se ejecutó en ese período. El 10 de marzo de 2014, Pdvsa cerró el contrato identificado con el N° 4600044463 suscrito con Energy Coal SPA por el cual el Estado venezolano ya había pagado más de 64 millones de dólares “por el suministro de 74 estructuras metálicas para edificios”, refiere el expediente.

El periodista argentino Andrés Ballesteros publicó en su blog detalles sobre la naturaleza de estas estructuras y cuál fue la empresa favorecida para la adquisición del material.

“Son los famosos paneles que en nuestro país (Argentina) utilizaron las empresas vinculadas a Sergio Schoklender para trabajar con las viviendas que estuvieron bajo la administración de la fundación Madres de Plaza de Mayo, que dirige Hebe de Bonafini”, la misma que ha expresado no en pocas ocasiones su lealtad a Fidel Castro y Hugo Chávez.

El 30 de mayo de 2014, Pdvsa suscribe un nuevo contrato ahora directamente con Sarleaf Limited para ejecutar el proyecto habitacional, sacando del negocio a Energy Coal SPA. Es el contrato N°4600056910. Nuevamente Sarleaf Limited subcontrata a Inversiones Alfamaq, C.A y es entonces cuando se lleva a cabo la obra de la Gran Misión Vivienda.

Sarleaf, la ruta del dinero K y el testaferro de Lázaro Báez

Aun cuando en Venezuela no existe alguna investigación abierta sobre las denuncias hechas por este cuerpo de inspectores que le reportan directamente a las máximas autoridades del país, sí es materia judicial en Argentina y EEUU la conexión de Sarleaf Limited nada más y nada menos que con el abogado Néstor Marcelo Ramos que a decir del fiscal argentino, José María Campagnoli, es el “enigmático testaferro de Lázaro Báez”.

Este “bautizo” lo reseña el periodista Juan Gasparini en su libro “Las Bóvedas Suizas del Kirchnerismo” al referirse a Ramos como el más importante operador financiero de Lázaro Báez, a quien la justicia argentina ordenó “avanzar en la investigación de los presuntos vínculos existentes entre el empresario Lázaro Báez y los expresidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner”. Báez permanece en prisión preventiva por el delito de lavado de dinero desde abril de 2016. Los contratos de obras públicas por medio de los cuales se convirtió en un potentado millonario los habría obtenido durante los mandatos de la pareja Kirchner.

La expresidenta niega los vínculos, pero las investigaciones la sitúan como socia en negocios y propiedades, muchos de estos manejados hábilmente por Néstor Marcelo Ramos, por mandato de Lázaro Báez. Es así como Ramos, un abogado residenciado en un cantón de habla italiana en Suiza sigue libre a pesar de un pedido de búsqueda y captura por parte de las autoridades argentinas tras la difusión de un video el pasado año en el que se ve a Báez y sus colaboradores contabilizando millones de dólares, después del cual se produjo la detención de este, en abril pasado.

Pero, ¿qué tiene que ver Ramos en la historia de Sarleaf Limited? Mucho. Andrés Ballesteros recoge en numerosos reportajes y documentos la madeja de empresas propiedad de este presunto operador de Báez. Serían unas 23 sociedades y cientos de conexiones que van desde América Latina hasta la lejana Nueva Zelanda. Y en ese grupo está Sarleaf Limited, empresa registrada el 16 de mayo de 2007 en Inglaterra con el número 06250207 y de la cual Ramos fue director desde noviembre de 2011 hasta junio de 2013, época en la que se insertó en los negocios con la estatal petrolera venezolana Pdvsa durante la gestión de Pedro León al frente de la Dirección Ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Si se pretende dar con los registros de esta sociedad en Inglaterra, sólo será posible hallarle bajo una nueva identidad jurídica, Steeleaf Trading International Limited, modificación hecha en abril de 2015, el mismo mes en que el cuerpo de inspectores socialistas realizó la fiscalización a las operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Steeleaf (antes Sarleaf) operó en Venezuela por intermedio de la compañía venezolana Inversiones Alfamaq, C.A la responsable de la ejecución de los edificios de la Gran Misión Vivienda Colinas de San Francisco de Yare y numerosas obras a escala nacional.

Como resultado de este presunto vínculo, el nombre de esta empresa venezolana aparece en el expediente judicial del caso contra los imputados en “la ruta del dinero K”. Las razones de su mención en este expediente se deben a que el Banco Columbia S.A de Argentina, habría solicitado a la firma SGI Argentina S.A, una explicación para una serie de transacciones financieras que generaron un “Reporte de Operación Sospechosa”.

El 96% de las acciones de SGI Argentina S.A – o “La Rosadita” como se le conoce por sus supuestos vínculos con los antiguos huéspedes de la casa Rosada Néstor y Cristina Kirchner-, pertenecen a Helvetic Service Group. El grupo justificó los movimientos financieros aludiendo a inversiones en diversos países por intermedio de otras sociedades, para aclarar la sospecha de la entidad financiera.

Es entonces cuando SGI Argentina S.A, declara que sus negocios en Venezuela fueron hechos por intermedio de Inversiones Alfamaq C.A. Este hecho se reseña en la página 84 del expediente de la Fiscalía argentina en el cual se solicita a la corte convocar a los imputados (entre ellos Néstor Martín Ramos) a rendir declaración indagatoria sobre las pruebas recogidas en el documento.
Helvetic Service Group, la madre de todas, también en Panamá Papers.
Se desconoce la forma como Sarleaf Limited llegó a ganar presencia en las operaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco. Lo que sí se sabe es que la misma es parte de una constelación de empresas todas agrupadas en ese gran holding llamado Helvetic Service Group, famoso por sus presuntos vínculos en casos de corrupción, que se sepa por ahora, en España, EEUU y Argentina y cuyo director también es Néstor Marcelo Ramos.

Lo de esta sociedad no es tontería. Según las acusaciones que cursan en contra de Lázaro Báez, este habría lavado al menos 65 millones de dólares mediante la adquisición de bonos de la República Argentina entre 2012 y 2013. El dinero provino de los fondos de Helvetic Service Group, bajo la dirección de Néstor Ramos, quien además cuenta con unas 200 firmas registradas con la anuencia del bufete de abogados panameño Mossack & Fonseca, información que fue filtrada por medio de los llamados Panamá Papers.

El portal Infobae recogió en 2014 la “arquitectura financiera” que el fiscal José María Campagnoli reconstruyó para desentrañar de las profundas capas de sociedades fantasmas todos los negocios producto de presuntos actos de corrupción. Helvetic Service Group estaría vinculada a 123 empresas que servirían para la “ruta del dinero”. Una sociedad llamada NML fue la impulsora de esta investigación criminal al solicitar a un juez del estado de Nevada en EEUU su apertura y formalizar un reclamo ante el Gobierno argentino por impagos de más de 1.700 millones de dólares en bonos.

“La presentación que hizo el fondo ante el juez Cam Ferenbach demostró que existen vínculos entre Helvetic y Aldyne Ldt., una empresa radicada en las Islas Seychelles, un paraíso fiscal del océano Índico. Aldyne Ldt., a su vez, comparte domicilio con el estudio de abogados panameño Mossack & Fonseca, que representa a las sociedades mencionadas”, dice el reporte de este medio digital.

“El magistrado de Las Vegas consideró que la prueba era suficiente como para avanzar en una investigación. Por eso exhortó a Mossack & Fonseca a brindar la información sobre los bienes y activos de esas firmas. La razón de por qué esas empresas tienen un potencial embargable se funda en la sospecha de que serían utilizadas por un “sórdido trío” (así lo definió el juez) que componen Báez, la presidente Cristina Kirchner y su difunto esposo, Néstor Kirchner”.

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Negocios con Venezuela: indagan a un empresario vinculado a De Vido

Se trata de Juan José Levy, sospechado de sobreprecios y lavado por exportaciones por más de 530 millones de dólares.

Por: Daniel Santoro
Fuente: El Clarín - Argentina
Carlos Cheppi

Un nuevo flanco judicial se le abrió al exministro de Planificación y actual diputado del Frente para la Victoria (FPV) Julio De Vido con el llamado a indagatoria del empresario Juan José Levy y ocho socios. Es en una causa por contrabando agravado y lavado con el fideicomiso armado con la Venezuela chavista por las ventas de gasoil. Además de la indagatoria a Levy y a los otros sospechosos, se les prohibió salir del país sin autorización judicial, mientras continúan embargados sus bienes preventivamente en $ 300 millones.

En la causa también quedaron vinculados a Levy el director de Ceremonial de Planificación y exagente de la AFI José María Olasagasti, así como el ex embajador en Venezuela Carlos Cheppi, quienes compartieron frecuentes viajes con el empresario investigado a Caracas. Levy cobró unos 530 millones de dólares del fideicomiso argentino-venezolano.

Por pedido de la fiscal María Luz Rivas Diez, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky indagará como sospechoso a Levy el 18 de abril en base a una investigación de 125 páginas basada en informes de la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y datos provenientes de Estados Unidos y las islas Seychelles. El caso fue revelado por Clarín en exclusiva el 29 de julio del año pasado.

En base a documentos secuestrados en varios allanamientos y de computadoras que se desintervinieron, se lograron nuevos datos de operaciones millonarias de Levy, a través del laboratorio ESME y de las empresas Corporación Gulfos y Blue Tel.

En la causa se investiga la venta de productos de higiene personal por casi 90 millones de dólares a Venezuela con sobreprecios, entre otras operaciones.

A la fiscal le llamó la atención que la empresa estatal venezolana SUVINCA haya pagado un 60 por ciento del contrato en forma anticipada a través de fondos del fideicomiso argentino-venezolano de PDVSA que administra el Banco de la Nación.

En su informe, la fiscal Rivas Diez subraya que faltan contraprestaciones millonarias del laboratorio ESME a Venezuela pese a los pagos por adelantado y que en algunos pagos se falseó la firma de Alejandro Levy, hermano de Juan José, quienes ahora están peleados.

En el capítulo de sobreprecios, se destacan una serie de precios que están por encima de los valores del mercado interno e incluso de algunas exportaciones de la misma ESMA.

Por ejemplo, las toallas femeninas las cotizó a 0,167 dólares por unidad cuando en otras ventas lo hacía por 0,038 dólares, es decir sobreprecios “de entre 145 y 165 por ciento”. Además, por la política de la firma SUVINCA de pagar por adelantado, asegura que hay una diferencia de “39 millones de dólares aún no cancelados” con mercaderías.

Otra parte de la causa tiene que ver con los precios “escandalosos” de los seguros contratados para hacer las operaciones e incluso sospechas con el cobro de los reintegros a las exportaciones a la AFIP.

Un capítulo aparte está dedicado a los giros al exteriores de ESME, empresa que durante la época K pasó de ser una PYME a una gran exportadora. Así se registran envíos por más de 200 mil dólares a una cuenta en la isla Gran Cayman -un paraíso fiscal- de la empresa Importadora Asiria CA en el Venecredit Bank & Trust.

Otros giros se hicieron a través de la Corporación Gulfos SA, con sede en las islas Seychelles, y por más de 87 millones de dólares en concepto de “gastos en el exterior por servicios técnicos y profesionales” a bancos en Estados Unidos.

El otro caso investigado por la fiscal Rivas Diez es por la compra directa de decodificadores de TV a Hong Kong para Venezuela, pese a que debían ser productos argentinos, por otros 20 millones de dólares más. Incluso, un reporte señala que, hasta ahora, no se pudo confirmar la autenticidad de una factura presentada por la empresa China Chai Wan Digital Limited.

En esta operatoria aparece la empresa Frolem Corporation LC, creada en Las Vegas, Estados Unidos, por el estudio panameño Mossack Fonseca, el mismo que fue usado para crear empresas offshore en la compra de SGI “La Rosadita” que usó Lázaro Báez para lavar dinero.

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viernes, marzo 24, 2017

Denuncian que Gobierno venezolano ahora es 'narcodictadura'

Director del diario 'El Nacional' dice que miembros del gabinete tienen vínculos con narcotráfico.

Por: Carlos Ortega 
Fuente: EL TIEMPO
Miguel Henrique Otero
Director El Nacional

El director del diario ‘El Nacional’ de Caracas, Miguel Henrique Otero, dijo que en Venezuela el gobierno que ejerce Nicolás Maduró pasó de una dictadura a una narcodictadura.

Otero, quien entre el lunes y el miércoles de la próxima semana participará en foros académicos y en una sesión de la Comisión de Política Exterior del Senado de la República en Bogotá, aseguró que los vínculos entre funcionarios del gobierno venezolano y el narcotráfico se gestaron desde cuando el fallecido presidente Hugo Chávez estableció una alianza geopolítica con las guerrillas de las Farc y el Eln y les permitió que ocuparan estados del sur y de la frontera común.

Para Otero, dicha alianza hizo que con el paso del tiempo altos funcionarios del gobierno chavista "se metieran en el negocio del narcotráfico, que es muy rentable". “Hoy en día los distintos carteles de la droga están en el gabinete ejecutivo. Está Maduro y su esposa Cilia Flórez, que tienen familiares en el negocio, Tarek el Aisami, el vicepresidente que le congelaron bienes en Estados Unidos y además es investigado por vínculos con grupos terroristas internacionales, el general Néstor Reverol, comandante de la Guardia Nacional y ministro de Relaciones Interiores y Justicia que también es investigado por narcotráfico en Estados Unidos y Diosdado Cabello, asambleísta que igualmente es investigado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos”.

De acuerdo con el director de ‘El Nacional’, el caso de Venezuela es único en una dictadura contemporánea, pues estas "se caracterizan por la violación de los derechos humanos, la libertad de expresión y las instituciones democráticas".

Otero aseguró que Venezuela le está cobrando a Colombia su participación en el grupo de 14 países que en el seno de la Organización de Estados Americanos les están pidiendo a Venezuela a que fije un calendario electoral y libere a los opositores presos y advirtió que a pesar de esta acción, Colombia ha sido “tibia” en otras acciones arbitrarias que ha ejecutado Venezuela.

Puso como ejemplo el caso del que consideró “provocación de Venezuela al enviar a 60 militares para que cruzaran la frontera con Colombia” pues a pesar de que se les obligó a retornar, se dejó que la situación tardara más de lo debido.

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Sobrinos de Nicolás Maduro serán sentenciados el 26 de junio de 2017

Por Maibort Petit
@maiborpetit
Fuente: Venezuela Politica

La Corte del Distrito Sur de Nueva York anunció este viernes que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas serán sentenciados el 26 de junio de 2017, a la vez que negó todas las solicitudes hechas por la defensa de los dos sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela.
Campo Flores y Flores de Freitas fueron arrestados en Puerto Príncipe el 15 de noviembre de 2015, acusados de conspirar para importar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los EEUU, usando para ello la rampa presidencial del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La droga alta pureza era provenientes del grupo terrorista colombiano Farc.

Los sobrinos presidenciales fueron hallados culpables de dos delitos por un jurado de Nueva York el 18 de noviembre de 2016, luego de nueve días de juicio en el que testificaron agentes de la DEA, testigos cooperantes y funcionarios que participaron en la operación que tuvo lugar en tres países, Venezuela, Honduras y Haití.

El juez Paul Crotty negó la solicitud hecha por la defensa de Campo y Flores de realizar un nuevo juicio o de emitir una sentencia absolutoria.

Se conoció que la defensa de los sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro se prepara para llevar el caso a la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito 15 días después que la sentencia sea leída.

Los acusados enfrentan una condena que va de 15 años a cadena perpetua.

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Derecho a réplica al abogado José Luis Centeno por parte de la familia Mier

Fuente: LaPatilla
Fecha Original: Marzo 22, 2017
La familia Mier, expresa su más profundo rechazo y repudio a las declaraciones emitidas por el abogado José Luis Centeno, quien a través de algunos medios de comunicación afirmó de forma inmoral, despectiva y grosera ante el dolor de quienes perdimos a un ser amado; que sus representados los ciudadanos MARCELO PRADO DEL CARPIO e INGRID CECILIA BALL GOUBAT, están siendo relacionados con el crimen abominable de nuestro deudo, por un supuesto “hostigamiento y una campaña de descrédito que en su contra ha promovido el Estado venezolano a raíz del asesinato del historiador chavista Jorge Mier Hoffman, en un alarde de terrorismo político”; hecho ocurrido en la ciudad de Porlamar, en el Estado Nueva Esparta el 17 de Julio del año 2015.

Para el conocimiento del público en general y del Dr. Centeno, los ciudadanos MARCELO PRADO DEL CARPIO e INGRID CECILIA BALL GOUBAT, se encuentran vinculados con este caso, de acuerdo a las pruebas obtenidas y consignadas ante el ministerio público. Al día de hoy, a un 1 año y 8 Meses de ocurrido los hechos, sus representados son prófugos de la justicia, y están solicitados bajo el “CODIGO DE ALERTA ROJA” emitida por la INTERPOL, por los delitos de “SICARIATO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR”.

Por lo tanto, no es ético abogado Centeno, y mucho menos moral de su parte, el intentar utilizar la estratagema de querer dar un TINTE POLÍTICO a un VIL y CRUEL ASESINATO, donde fue violado el principal derecho que protege la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que forma parte de los derechos humanos fundamentales garantizados no solo en “La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, sino también en “La Convención Americana de los Derechos Humanos” y en “La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU)”, como lo es: “EL DERECHO A LA VIDA”.

Le invito Abogado Centeno a que lea detenidamente las actas que forma parte integral del Expediente Principal, y solicite a sus representados (en fuga), el ponerse a derecho ante la justicia y dar frente a sus responsabilidades ante los hechos ocurridos que dejaron sin vida a un esposo, padre, abuelo, y ciudadano por demás ejemplar, como lo fue “Jorge Henrique Mier Hoffman”.

Atentamente,
Jorge A. Mier Medina
por la familia Mier Medina

Pedirán a la Cidh medida cautelar para el empresario Marcelo Prado en el marco del Caso de Jorge Mier
Fecha Original: Marzo 10, 2017
José Luis Centeno

El abogado José Luis Centeno solicitará la semana próxima a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para el empresario Marcelo Prado Del Carpio y su esposa, Ingrid Cecilia Ball Goubat, “quienes se encuentran en una situación de riesgo en vista de amenazas, hostigamiento y una campaña de descrédito que en su contra ha promovido el Estado venezolano a raíz del asesinato del historiador chavista Jorge Mier Hoffman, en un alarde de terrorismo político”, puntualizó.

En opinión de Centeno, “mis representados son perseguidos políticos en el marco de una causa penal con más dudas que certezas en torno al móvil y la autoría de ese asesinato, con un claro sesgo político que expone a Marcelo Prado y a su esposa a violaciones de sus derechos humanos en caso de someterse a ese proceso sin las debidas garantías, específicamente a torturas y tratos crueles, tanto físicos como psicológicos, de los cuales habría sido víctima Luis Portillo, que aparentemente bajo coacción involucró a la pareja en el crimen”.

“La organización judicial es una de las cosas que más deja que desear en Venezuela actualmente. En un Estado tirano como el de nuestro país, no es posible esperar justicia de los Tribunales en un proceso de cierta importancia, y mucho menos en un asunto penal como este, relacionado con el asesinato del historiador que investigaba la muerte de Hugo Chávez y el envenenamiento de Simón Bolívar, en cuya solución está directamente interesado el régimen, razón por la cual acudiremos a la CIDH”, destacó finalmente el Dr. Centeno.

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posted by Aserne Venezuela @ 7:25 p.m.  0 comments

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