Venezuela: Los dictadores no tienen palabra

Por Claudio Paolillo
Fuente: La Naciòn - Paraguay

Los dictadores no tienen palabra. Esa es una máxima aplicable a cualquier sujeto que, a lo largo de la historia, se haya calzado semejante sayo. ¿Por qué no tienen, ni pueden tener, palabra? Porque ellos, en su pretensión de infalibilidad, jamás reconocerán un error y siempre verán en la acción del “enemigo” las causas de todos sus desaguisados. Los dictadores nunca respetarán los hechos, tal como son. Los hechos, piensan, tienen la obligación de “respetarlos” a ellos. Y, por tanto, acomodan sus discursos y sus conductas a las circunstancias, sin importarles que puedan ser flagrantemente contradictorios o completamente opuestos.

Eso le pasa en estas horas al dictador venezolano, el comandante Hugo Chávez. Todas las marchas y contramarchas, discusiones, debates, declaraciones, reuniones, “mediaciones” y cavilaciones respecto a su respaldo a los narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ese país, han provocado una confusión fogoneada por el propio Chávez para distraer la atención sobre la fundadísima acusación del saliente gobierno del presidente Álvaro Uribe en cuanto a que el régimen cívico-militar venezolano da refugio en su territorio a los guerrilleros que se proponen, en combinación con los narcotraficantes, derrocar a la democracia colombiana.

Merced a esta confusión preparada deliberadamente por Chávez y sus asesores cubanos, personas de bien ya empezaron a dudar. Y, entonces, hablan de la “presunta” ayuda que la dictadura venezolana “estaría” proporcionando a los narcoterroristas, alojándolos dentro de fronteras para que, desde allí, lancen sus ataques contra Colombia.

Algunos –socios de Chávez, como el diputado argentino Néstor Kirchner, los presidentes Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Daniel Ortega (Nicaragua), y los partidarios de las FARC y el ELN en Colombia– no padecen confusión alguna, por supuesto. Son partícipes conscientes del plan del comandante para hacerle creer al mundo que en el Palacio de Miraflores sólo trabajan “santos inocentes”. Otros, no socios de Chávez y su troupe, son, por decir lo menos, olvidadizos.

Recordemos, pues.

En noviembre de 2004, cuando Chávez precisaba hacerse el conciliador porque, por razones estrictamente de política interna, no le convenía fungir como un presidente que respaldaba a narcoterroristas, declaró lo que sigue en una visita a Cartagena (Colombia):

“Yo soy un hombre de honor. Si yo apoyara a la guerrilla colombiana, tengan la seguridad que lo diría; no lo escondería. (Pero) no apoyo ni he apoyado jamás ni apoyaré jamás a la guerrilla colombiana ni a movimiento subversivo alguno contra gobierno democrático alguno. Miren: les juro por Dios y mi madre santa, como decimos en el llano, que si yo apoyara a la guerrilla no tendría cara para venir aquí, a Cartagena”.

Sin embargo, en enero de 2008, con la banda presidencial cruzada sobre su pecho y hablando ante la Asamblea General parlamentaria de Venezuela, Chávez dijo, en un tono enfático y solemne, lo que sigue:

“Señor presidente de Colombia: quisiera retomar, como usted, el diálogo pero en un nuevo nivel. Le pido que comencemos reconociendo a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas (los asambleístas –todos chavistas, faltaba más– se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir sin parar, en medio de “bravos” gritados desde sus poltronas). Las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas. Son ejércitos, verdaderos ejércitos que ocupan un espacio. Hay que darles reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Yo solicito a los gobiernos del continente que retiren a las FARC y al ELN (…) de la lista de grupos terroristas. Pido a Europa que retire a las FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo, porque eso tiene una sola causa: la presión de los Estados Unidos”.

Cualquiera puede ver al mismísimo Chávez diciendo estas cosas con sólo ingresar en Youtube y escribir, por ejemplo, las palabras “Chávez” y “FARC”. O puede llegar a esos documentos irrefutables mediante otras búsquedas. Están allí, a disposición de quien quiera saber en serio cómo es la cosa y no dejarse llevar de las narices por lo que dicen los interesados.

Colombia presentó más evidencias incontrovertibles sobre la presencia de campamentos de guerrilleros de las FARC y del ELN en territorio venezolano durante una asamblea convocada especialmente por la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington hace dos semanas. Allí, Colombia mostró que las FARC se mueven en Venezuela “como Pedro por su casa”, al decir del periódico colombiano “El Espectador”. El gobierno de Uribe detectó 87 campamentos, 1.500 guerrilleros y a, por lo menos, uno de los principales jefes de las FARC, Luciano Marín (alias “Iván Márquez”) “trabajando” en territorio venezolano con toda comodidad. El gobierno colombiano pidió que una comisión especial de la OEA corroborara sus denuncias, pero, como era de esperar, Chávez se negó. Durante la asamblea de la OEA, el embajador de Venezuela no pudo, por cierto, levantar las terminantes acusaciones de su homólogo colombiano y se limitó a repetir, como un loro, lo que su jefe le recitaba desde Caracas: que todo es una operación del “imperio”,
que esas pruebas no prueban nada, que Uribe es un “lacayo” y otras estupideces. Antes, Chávez había resuelto romper relaciones diplomáticas con Colombia, en un intento por desviar la atención sobre la paliza que su régimen recibiría –como ocurrió– en Washington ante todos los gobiernos de América.

Como consecuencia de todo esto, un abogado apoderado del presidente Uribe denunció el viernes 6 de agosto a Chávez ante la Corte Penal Internacional de La Haya por su indudable apoyo a los narcoterroristas. Jaime Granados, que así se llama el abogado, declaró que la demanda, remitida al fiscal general de la Corte de La Haya, el argentino Luis Moreno Ocampo, está fundamentada en el Tratado de Roma y está dirigida contra Chávez, como persona natural, y contra Venezuela, como Estado. Granados también envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA un pedido para que Venezuela “responda por graves violaciones de derechos humanos”.

“Es una denuncia ante la Corte Penal que yo presento, con poderes de víctimas, por las acciones que son conocidas públicamente de protección que se ha hecho de las FARC y el ELN en territorio de Venezuela con el consentimiento de funcionarios de ese hermano país”, dijo Granados. Tanto la demanda ante la Corte de La Haya como la solicitud a la Comisión Interamericana contienen las pruebas que demuestran la presencia de narcoterroristas operando tranquilamente desde Venezuela. “Es un reclamo amparado en los derechos de las víctimas, en evidentes y abundantes pruebas y con la esperanza de que en estas instituciones internacionales se pueda obtener una solución definitiva a la situación”, precisó el abogado.

La misión que el Tratado de Roma asignó a la Corte de La Haya es juzgar a las personas que hayan cometido crímenes tales como genocidio, guerra y delitos de lesa humanidad (asesinatos, secuestros o terrorismo, entre otros).

Algún día, Chávez, el mayor desestabilizador de la democracia y de la libertad en América Latina, tendrá que enfrentarse a sus responsabilidades.