Violencia y criminalidad: realidad oculta

Por: José Rafael López Padrino

Los índices extraoficiales de homicidios en nuestro país se han incrementado en un 134% en estos últimos once años (el régimen se niega a proporcionar las estadísticas oficiales al respecto). Es muy cierto que la violencia y la criminalidad como fenómenos sociales guardan una estrecha relación con los niveles de pobreza, desigualdad y de exclusión social que se viven en cualquier sociedad. Otros factores no menos importantes son: el desempleo, el analfabetismo, la falta de educación, la deserción escolar, la permisividad y la impunidad judicial, el tráfico ilegal de armas, la militarización de las policías, la infiltración de la delincuencia común en los cuerpos policiales, la drogadicción, etc.. Sin embargo, dos factores adicionales que han jugado un papel determinante en nuestra realidad social son el desmantelamiento institucional del poder judicial y la imposición de un discurso oficial que promueve la violencia como forma para resolver los conflictos políticos.

Frente a este drama que azota a toda la ciudadanía, el régimen del tte coronel, en lugar de afrontar a este flagelo social, ha optado por ocultar la gravedad de la misma, manipularla o simplemente ignorarla. Desde afirmar, como lo hizo la mal llamada Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, que la inseguridad más que una realidad social, era “solo un sensación”, hasta el extremo de que “hay un manejo politiquero y pornográfico del tema de la violencia y la criminalidad”, y “que la denuncia de la criminalidad es con la finalidad de frenar y sabotear la revolución bolivariana” como lo declaró recientemente el felón de Miraflores .

Pero ¿Cómo ha sido posible llegar a estos extremos, cuando el régimen dice haber erradicado la desigualdad y la exclusión, asegura haber elevado el nivel de educación y acabado con el analfabetismo, y asevera haber disminuido la pobreza en el país? La respuesta, todas estas afirmaciones son parte de las falsificaciones goebbelianas del gobierno, a fin de seguir manipulando a los venezolanos. Pero además, esta violencia delincuencial es el producto de un discurso oficial que ha hecho de la violencia algo necesario, legítimo y adecuado, borrando del imaginario social las alternativas basadas en el dialogo y la confrontación de ideas. El proyecto cívico-militar ha promovido una política basada en una violencia simbólica (discursiva) que busca negativizar al individuo, negarlo como semejante, denigrar de su condición social, a fin de construirle una identidad social despreciable que pudiere justificar su aniquilación. Discursiva oficial que se centra en una continua apología de la guerra (estrategia, movimiento, combate, enemigo, victoria, lucha armada, táctica, comando, línea de batalla, choque de fuerzas, conflicto, guerra asimétrica, batallones, misiones, objetivos, blancos, derrota, ofensiva, aliados, frente, emboscada, muerte, etc.). Además, el facho-chavismo ha impuesto una violencia real a través de sus grupos paramilitares, a fin de establecer un clima de terror y miedo entre la población. La combinación de un violencia simbólica con la real ha contribuido sin duda al agravamiento de la violencia social que se vive en Venezuela.

La publicación de las imágenes de cadáveres apilados en la morgue de Bello Monte por El Nacional y reproducido por otros medios de circulación nacional ha irritado la sensible piel de cocodrilo del régimen. La imagen por demás desgarradora representa la realidad de un país que en los últimos once años ha tenido un incremento dramático de la delincuencia social. Son imágenes tan repulsivas como aquellas fotos conmovedoras que mostraban la ruma de cadáveres en los campos de extermino de Auschwitz y Treblinka, producto de la aniquilación llevada a cabo por el régimen nazi y sus colaboradores, o la foto de aquella niña, Kim Phuc de 8 años, que huye aterrorizada, desnuda y quemada por el Napalm lanzado por los aviones del Tío Sam durante la guerra de Vietnam. Fueron documentos gráficos que permitieron develar la crueldad del exterminio ideológico-étnico que llevaba a cabo las hordas nazis bajo la dirección de Hitler, así como la crudeza de una guerra negada por la Casa Blanca y el mentiroso de Richard Nixon. Podríamos igualmente señalar la foto del capellán Luis María Padilla, quien sostiene en sus manos a un soldado agonizante mientras rebeldes le disparan en el alzamiento militar del Porteñazo (1962), o las dantescas imágenes a raíz de la represión militar durante el Caracazo (27F-1989). Todas estas denuncias gráficas han contribuido, en sus respectivos periodos históricos, a poner al descubierto estas atrocidades y sensibilizar a la opinión pública en su contra al develar la verdad.

La falta de estadísticas y cifras oficiales ha obligado a las organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación hacer investigaciones que les permitan medir con datos la realidad de la violencia y la inseguridad. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2009 se cometieron 16.047 homicidios en el país, lo que equivale a una tasa de homicidios de 70 por cada 100.000 habitantes. De mantenerse esta tendencia, para el final del año 2010 en la región capital, la tasa será de 219 asesinatos por cada 100.000 habitantes y para el resto del país, la cifra será de 88,4 asesinatos por cada 100.000; lo que arrojaría un total de asesinatos igual o mayor a 24.851, es decir un asesinato cada 21 minutos. Otro dato preocupante es que en el 63% de los casos los homicidios son perpetrados con armas de fuego, el 72% de esas muertes están en el grupo etário comprendido entre los 15 y 29 años de edad y que el 60% de los cadáveres presentan más de 5 impactos de bala (evidencias de sicariato). Una verdadera tragedia social que esta acabando con nuestros jóvenes.

El fariseísmo del régimen no se hizo esperar. Primeramente, Wilmer Flores, jefe policial del CICPC, quien acuso a El Nacional de un vulgar montaje fotográfico. Ello fue seguido por las declaraciones de la inefable Fiscal de la República que aperturó una investigación en contra de los diarios que la publicaron por haber supuestamente vulnerado "el derecho a la integridad moral y psíquica de los niños, niñas y adolescentes”. La Defensoría del Pueblo, no se hizo esperar e interpuso una acción legal prohibiendo la difusión de imágenes con contenidos violentos, invocando la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La misma fue acogida, como era de esperarse, por el Tribunal 12° a cargo de William A. Páez Jiménez, quien ordenó a los medios de comunicación social impresos de todo el país abstenerse de publicar imágenes violentas por el lapso de un mes. Exabrupto jurídico que fue rechazada por todos los gremios de la prensa, por los organismos internacionales de periodistas y revocado parcialmente (El Nacional y Tal Cual ) el pasado 19-8-10. Los más serviles y degradados apelaron al viejo libreto de responsabilizar los males del presente a los gobiernos de la IV República (Héctor Navarro dixit) o recurrir a una sonrisa sardónica femenil como lo hizo el nefasto Andrés Izarra, mostrando con ello su mayor desprecio por el dolor de miles de venezolanos víctimas de esta violencia paroxística.

Lo irónico es que muchas de las focas que hoy piden sanciones en contra de los medios por haber denunciado gráficamente la terrible realidad de la Morgue de Caracas, son los mismos que han utilizado las gráficas del 27F para sus fines políticos, y que a través de los portales de AVN, VTV, y Telesur ilustran con crudas imágenes la represión del ejército israelí en la zonas ocupadas de Palestina o la violencia generada por el narcotráfico en México. A los abyectos del oficialismo NO les preocupa la violencia que impera en el país, sino que esta verdad sea divulgada por los medios de comunicación social.

El facho-chavismo aspira mediante la mentira y la censura de los medios de comunicación, ocultar una realidad que enluta a miles de familias venezolanas, pretende borrar la memoria de los venezolanos, algo muy propio de todos los regímenes totalitarios. Basta ya del silencio celestino del tte coronel, de la Fiscal, de la Defensora del Pueblo, de las carcajadas asexuadas de Izarra, y de la negativa de las focas de la Asamblea Nacional en discutir el problema de la seguridad en el país.