MÁS ESCÁNDALO CON CASO BANDAGRO

Por:  Patricia Poleo

Fuente: 6tp Poder

 

El pasado lunes 23 de enero la Suprema Corte de los Estados Unidos sacudió titulares de periódicos impresos y digitales, así como de noticieros de radio, televisión y demás: Rechazó un recurso interpuesto por el bufete norteamericano que representa al gobierno venezolano en la disputa que se ventila por el caso Bandagro.

El recurso del Gobierno venezolano pretendía que el juicio se celebrara en Venezuela. La Suprema Corte primero le pidió la opinión al Procurador de los Estados Unidos, quien determinó que los tribunales de aquel país son los competentes. Seguidamente, la Corte sentenció en ese sentido. Cuatro millones de dólares le costó a Venezuela el inútil escrito elevado al Alto Tribunal.

Como se recordará, el 8 de agosto del 2003, el Ministerio de Finanzas -entonces a cargo de Tobías Nóbrega- emitió un dictamen reconociendo la validez de unos papeles que se le reclamaron como emitidos por banco estatal Bandagro y que se denominan “Notas Promisorias”. Para este pronunciamiento, el Ministro envió a Estados Unidos y a Suiza sendas misiones para verificar la certeza de dichos títulos, e incluso a Suiza, que es donde estaba el mayor número de dichos papeles, y ofició a la embajada venezolana en Berna para que prestaran auxilio a dicha misión, lo cual ocurrió.

Siguiendo los procedimientos legales, MinFinanzas remitió el expediente a la Procuraduría General de la República, que estaba a cargo de la abogada Marisol Plaza Yrigoyen para que ejerciera sus funciones de segunda instancia administrativa, y ella, 50 días después, como lo permite la ley, emitió su propio dictamen, que también estableció la validez y legalidad de las Notas Promisorias. Por ley, este pronunciamiento tiene los efectos de sentencia definitiva y firme en lo administrativo, lo cual significa que el Estado se constituyó en deudor del paquete de Notas Promisorias bajo reclamo de pago: 1.075 millones de dólares.

Después de tales pronunciamientos el mismo gobierno que reconoció adeudar dichos títulos, se negó a pagarlos aduciendo que son falsos. Los tenedores demandaron el pago en Estados Unidos y en Suiza. Los juicios llevan ya más de siete años en curso con el alto costo que esto implica. Grandes bufetes han sido contratados por el gobierno, para lo cual se han erogado cientos de millones de dólares sin que se conozca sistema de control alguno al respecto, y sobre lo cual se tejen fuertes sospechas de negociados que enriquecen ilegalmente a algunos funcionarios públicos.

Los litigios que transcurren tienen como común denominador la defensa de que los bonos son falsos, pero a eso se opone el reconocimiento que se hizo, según antes se explicó.

Los más altos tribunales de Estados Unidos y de Suiza han dictaminado en contra del gobierno venezolano en el sentido de la jurisdicción, pues mientras éste la reclama para sí, la Suprema Corte de los Estados Unidos y el Tribunal Federal Suizo han ratificado la competencia de sus propios tribunales.

El gobierno venezolano ha tratado de apagar esos fuegos apelando al terrorismo judicial, metiendo a la cárcel a quienes reclamen el pago de lo que les fue legalmente reconocido, pero esas medidas no impedirán que los tribunales extranjeros sentencien, y todo indica que sobrevendrán sentencias condenatorias por abultados montos, y con ello quedará expuesto ante el mundo el abuso de la persecución penal que, por cierto, no toca ni con el pétalo de una rosa a los funcionarios gubernamentales que intervinieron en el reconocimiento.

Por otra parte, según entendidos en la materia, el gobierno venezolano tiene comprometida su responsabilidad por haber mentido en aquellos tribunales sobre la supuesta revocatoria del dictamen en una fecha falsa y sin atenerse a ningún procedimiento legal, eso es un intento de fraude a la justicia de los Estados Unidos y de Suiza donde hay poderes judiciales independientes, capaces y honestos.