En siete años, 60 chavistas investigados en EU por narco, terrorismo…

Fuente: La Razón -Mx

Diosdado cabello, número dos del régimen, es el funcionario de mayor rango involucrado en actividades delictivas; las causas iniciadas por autoridades estadounidenses incluyen también violaciones de derechos humanos

Vínculos con el narcotráfico y con grupos terroristas, cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), violación a los derechos humanos… son algunas de las investigaciones abiertas desde hace siete años por Estados Unidos contra al menos 60 funcionarios chavistas, incluidos militares y civiles.

El caso más reciente es el revelado por el diario español ABC, que difundió la investigación que pesa sobre Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, por vínculos con el cártel Los Soles. De hecho Leamsy Salazar, ex guardia de seguridad de Hugo Chávez y de Cabello, lo señala como el líder de la organización criminal.

Al conocerse la información el presidente Nicolás Maduro mostró su rechazo a lo que denominó una “campaña de la derecha internacional” contra el presidente del Parlamento.

No obstante, el ex funcionario del servicio exterior Carlos Bivero declaró al diario El Nacional que, a pesar de los señalamientos del gobierno bolivariano, el narcotráfico “es un tema de alta prioridad para el gobierno de Estados Unidos y su política de seguridad”, por lo cual no debe tomarse como una ofensiva contra Venezuela.

De acuerdo con el funcionario en varias fiscalías de ese país hay investigaciones abiertas sobre drogas, a las cuales se suman las violaciones a los derechos humanos, al ser un tema fundamental en su política exterior.

En 2008 se realizó la primera acusación sobre Ghazi Nasr al-Din, ex representante diplomático de Venezuela en Damasco, acusado por ayudar en una red de financiamiento del grupo Hezbolá, considerado por Washington como una organización terrorista.

De hecho Al-Din fue incluido el viernes pasado en la lista de terroristas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

También en 2008 fueron incluidos en la “lista negra” del buró los generales Hugo Carvajal y Henry Rangel Silva, por presunto narcotráfico y nexos con la guerrilla de Colombia, además del capitán Ramón Rodríguez Chacín.

Tres años después, en 2011, se sumaron al listado el general Clíver Alcalá Cordones, señalado por crear una ruta de armas por droga; además se incluyó a los diputados Freddy Bernal y Amílcar Figuero, acusados de vender armas a la guerrilla colombiana. Por esta medida los fondos de los chavistas en territorio estadounidense fueron congelados.

“El gobierno de Nicolás Maduro maneja la versión del ataque al pueblo porque no hay manera de contrastar la información que llega”, aseguró al rotativo venezolano Bivero, quien consideró que si en Venezuela funcionaran los poderes públicos de manera correcta, “se abrirían investigaciones imparciales ante los señalamientos”.

Pero además de los nexos con el crimen organizado, el Departamento de Estado ha tomado medidas por abusos contra los manifestantes opositores ocurridos en las protestas de febrero de 2014.

En diciembre pasado Barack Obama firmó la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, en la cual se sancionaba a 56 funcionarios del chavismo acusados de reprimir con extrema violencia las movilizaciones .

Según la lista difundida por el senador republicano, Marco Rubio, en el grupo estarían incluidos la fiscal Luisa Ortega, el ex ministro del Interior Mguel Rodríguez Torres; el ministro Elías Jaua, y los gobernadores José Vielma Mora, Henry Rangel Silva, Francisco Rangel Gómez y Alexis Ramírez, entre otros.

De acuerdo con InSight Crime, fundación dedicada al estudio del crimen organizado, la nación gobernada por Maduro es el país de América Latina con mayor riesgo de un aumento de la delincuencia organizada y mayores amenazas a la seguridad ciudadana en el año 2015.

Venezuela ya es uno de los principales países para el tránsito de la cocaína colombiana, con cerca de 200 toneladas pasando por allí cada año.

“Ya no cabe duda de que elementos del régimen chavista, particularmente del ejército, se encuentran involucrados en el tráfico de drogas. Y su papel ha ido más allá del de simples facilitadores”, señala la organización.

En medio de los señalamientos el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), hizo un llamado a los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Marco Rubio para que califiquen como “narcoestado” al gobierno venezolano por patrocinar y estimular el narcotráfico en la región.

A través de un comunicado, la ONG criticó la “defensa a ultranza” realizada por el presidente Maduro de funcionarios vinculados con actividades delictivas que, dijeron, se han convertido en una “política de Estado”.

Veppex consideró urgente y necesario que la administración de Barack Obama llame de manera correcta a quienes “tienen secuestrados los poderes del país y estimulan y protegen las actividades ilícitas y crean leyes para defender su negocio, el tráfico de drogas”.