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viernes, septiembre 30, 2016

Venezuela - Narcotraficante Designado Viceministro Policial

Exdirector de ONA acusado por EEUU de narcotráfico nuevo viceministro del Sistema Integrado de Policía

Fuente: La Patilla
El exdirector de la ONA acusado por el departamento de Justicia de EEUUpor narcotráfico será nuevo viceministro del Sistema Integrado de Policía.

Así se pudo conocer a través de un mensaje en la cuenta en la red social Twitter del actual ministro de Interior, Justicia y Paz (también incluido en la acusación), Néstor Reverol.

Se trata de Edylberto José Molina Molina, quien fungió como exsubdirector de la Organización Nacional Antidrogas (ONA), cuando Reverol encabezaba el ente (2008 – 2010).

De acuerdo con el tuit de Reverol, Molina, sustituirá a Giuseppe Cacioppo en el viceministerio del Sistema Integrado de Policía.

La acusación

Fiscales de Estados Unidos anunciaron el lunes 1 de agosto que acusaron a dos ex altos funcionarios de la agencia antinarcóticos de Venezuela, incluyendo a quien se convertiría en comandante de la Guardia Nacional, por participar en una trama de distribución de cocaína, reseñó Reuters.

La acusación en una corte federal de Brooklyn identificó a Néstor Reverol, ex director general de la agencia antinarcóticos, y al ex subdirector Edylberto Molina, quien es ahora agregado militar en Alemania.

De acuerdo con información publicada por el Departamento de Justicia de EEUUla acusación fue revelada este lunes en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York y responsabiliza a Néstor Luis Reverol Torres, el ex director general de de Venezuela La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela, y Edylberto José Molina Molina, la ex Sub-director de la ONA y agregado militar actual de Venezuela en Alemania, con la participación en una “conspiración de distribución internacional de cocaína”.

Un día después, fueron incluidos en la lista de fugitivos de la justicia estadounidense, de acuerdo con un documento que fue entregado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

No obstante, el día 3 de agosto se conoció que la acusación también informaba que las propiedades de ambos acusados son objeto de confiscación de acuerdo con lo establecido en el código de Estados Unidos. El gobierno podrá confiscar toda propiedad que proceda y haya sido obtenida como resultado de la actividad criminal por la cual están siendo acusados.

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Empresario petrolero Wilmer Ruperti es quien paga la defensa de los sobrinos de Cilia Flores

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Fuente: Venezuela Politica

Tal como se venía especulando desde hace unos meses, es el empresario petrolero venezolanoWilmer Ruperti quien ha corrido con los costosos honorarios de la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. La información fue admitida por el mismo empresario en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal.
La pasada semana Ruperti se hizo acreedor de un contrato de $138 millones de dólares entregado por Petróleos de Venezuela Pdvsa para remover una gran cantidad de coque de petróleo en terminales de Pdvsa, a través de su empresa Maroil Trading Inc.

El fiscal Preet Bharara conoció la información el pasado mes de abril, cuando se encontraba investigando el expediente de los sobrinos de la primera dama venezolana y en conversación con los abogados privados encontró que era el mismo benefactor el que pagaba las dos firmas de los acusados. Es por ello que planteó una audiencia Curcio para que los Flores entendieran las consecuencias que podría traer consigo el hecho que una sola persona pague por los dos escritorios jurídicos. Dicha audiencia tuvo lugar el 12 de mayo de 2016.

Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, familiares de la primera dama de Venezuela Cilia Flores, se han declarado inocentes de las acusaciones que hizo la fiscalía del distrito sur de Nueva York de supuesta conspiración para importar 5 o más kilos de cocaína a Estados Unidos.

Desde el pasado 10 de noviembre de 2015 se encuentran encarcelados en una prisión federal en Manhattan y su juicio está previsto para el 7 de noviembre de 2016.

La fiscalía es el ente encargado de investigar si los fondos utilizados por Wilmer Ruperti para el pago de la defensa de los sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores son de origen legítimo o, si por el contrario, son proveniente de una organización criminal, lavado de dinero o corrupción.

En una entrevista con The Wall Street Journal, Ruperti dijo que estaba pagando la defensa de los sobrinos del presidente por razones patrióticas, como una manera de aliviar la carga del Sr. Maduro.

"Esto perturba la tranquilidad de la familia presidencial. Es necesario que el presidente esté tranquilo ", dijo Ruperti al periódico neoyorquino. "Estoy ayudando a preservar el gobierno constitucional."

Haciendo eco de la posición oficial del Gobierno de Venezuela, Ruperti dijo que los cargos impuestos por los EE.UU. contra sobrinos la pareja presidencial son parte de un plan para desestabilizar a Venezuela. En los últimos años, los EE.UU. ha acusado a más de media docena de altos funcionarios venezolanos por presunto tráfico de drogas.
"Es una gran conspiración para ayudar a la oposición", dijo Ruperti. "Hay un intento de etiquetar a Venezuela como un narcoestado" comentó el empresario chavista al WSJ en entrevista exclusiva.

Ruperti dijo que el nuevo contrato de PdVSA no tenía nada que ver con el pago de los gastos legales de los sobrinos de Maduro. "Diez empresas pujaron por el contrato", dijo. "Me ofrecieron el precio más bajo y le ahorro al país $ 10 millones."comentó.

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jueves, septiembre 29, 2016

Auvert Vetencourt y la Estafa en ABA Mercado de Capitales

ABA MERCADO DE CAPITALES.

Fuente: QuePasaVenezuela/NoticiasCandela
Cuando ya se cumplieron cinco años de la estafa realizada por los directivos de ABA Mercado de Capitales, a entender Enrique Auvert Vetencourt, en calidad de presidente, pero también de quienes fueron sus socios González Rubio, Belloso y Abudei. Estos aristócratas zulianos de las finanzas y las inversiones, siguen haciendo sus vidas tranquilos, mientras sus víctimas continúan esperando que les sea cancelado el dinero invertido y los intereses devengados.

Pero el que se burla de todos, incluyendo de las autoridades, es Enrique Auvert, porque a pesar que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia fue clara y determinante cuando el 18 de febrero de 2014 se pronunció de la siguiente manera: 

«Declara procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano Enrique Auvert Vetencourt, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad V- 5.067.407, al gobierno de los Estados Unidos de América, asume el firme compromiso ante el gobierno de los Estados Unidos de América, que el mencionado ciudadano será juzgado con las debidas garantías constitucionales y procesales penales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estipuladas en los artículos 19° (principio de no discriminación), 45° (prohibición a la desaparición forzada de personas) y 46° numeral 1 (derecho a la integridad física, psíquica, moral y a la prohibición de ser sometido a tortura o trato cruel e inhumano) por el delito de estafa continuada» Según el relato de la sentencia, el interpuesto se mantiene haciendo vida pública y notoría en la ciudad de Miami. 

En esa ciudad, el presunto implicado en delito de estafa continuada en contra de familias zulianas que perdieron los ahorros de toda su vida, tiene una empresa llamada SouthernTouch Appliances LLC, ubicada en 1716 NW 82 Ave Doral, FL 33126 —por lo menos eso decía Auvert en su perfil de la red social Twitter @EnriqueAuvert2 y cuyo último tuit fue el 18 de diciembre de 2014—, y que según la página web de la propia firma, se encarga de «atender las necesidades de los propietarios y administradores de propiedades multifamiliares que buscan por un precio -oferta competitiva- los electrodomésticos y aparatos de aire acondicionado». 

La pregunta es ¿Por qué si contra Enrique Auvert Vetencouor existe una orden de extradición solicitada por el Ministerio Público no es detenido y enviado a Venezuela para que pague por sus delitos?

Ya en 2014 la Policía Internacional (Interpol) en Estados Unidos, advirtió que Auvert no tiene estatus de asilado político en ese país, por lo que podía y debería ser extraditado a Venezuela.

EL HECHO.

El 21 de octubre de 2010 fueron intervenidas, por la Superintendencia Nacional de Valores, ABA Mercado de Capitales, ABA Servicios Financieros y ABA Titularizadora de Valores, todas propiedad de Auvert. Fueron cientos de familias los que se quedaron sin sus ahorros. 

La intervención liquidadora recibió un total de 250 informes de reclamos de acreedores, sin embargo, solo fueron reconocidos 85, ya que los otros 165 corresponden a aquellos afectados que ABA Capital Market, también propiedad de Enrique Auvert, captó para que depositaran su dinero en inversiones de alto riesgo fuera de Venezuela.

ABA Capital Market fue constituida por Enrique Auvert y cuatro de sus socios en las Islas Vírgenes Británicas el día tres de diciembre del año 1993. En total, son alrededor de 350 afectados, quienes reclaman al supuesto autor intelectual de este «gran banquete» —como tituló su libro sobre cómo hacer quebrar un banco— alrededor de 80 millones de dólares.

Entre las personas, cajas de ahorro y fundaciones más destacadas que aparecen en listado de afectados de ABA Capital Market se encuentra Pablo Segundo Pérez Herrera, padre del anterior gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez; la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, la caja de ahorros del Colegio de Abogados, el colectivo de profesores de LUZ —con alrededor de 3,5 millones de dólares depositados en ABA Capital Market— o 30 cajas de ahorro que, por ley, tenían prohibido invertir en ABA.

«Inclusive llegaron hasta, una vez ya tenían la conversión en moneda extranjera, a través de ABA Capital Markets, de vender bonos de la deuda pública que estaban en su poder sin la autorización de los clientes tenedores de esos bonos», indicó Cesar Badel, miembro de la directivo del Comité de Acreedores. 

La Superintendencia Nacional de Valores no tiene jurisdicción sobre esa sociedad, ya que no se regula por la legislación venezolana, sino por la existente en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

¿CASO PRESCRITO? 

En este caso hay quienes piensan que Auvert está esperando que prescriba su delito y volver «por la puerta grande» a Maracaibo. Pero qué dice la ley al respecto:

Respecto a la prescripción de la acción penal, nos encontramos que el delito de ESTAFA CONTINUADA, tipificado en el artículo 462 del Código Penal, tiene asignada una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión, siendo su término medio cuatro (4) años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Código Penal.

La Sala de Casación Penal, ha establecido que:

«(…) en cuanto al cálculo de la prescripción por extinción del transcurso del tiempo del ius puniendi del Estado, que a tales efectos debe tomarse en cuenta el término medio de la pena aplicable al delito, o sea, la normalmente aplicable, según el artículo 37 del Código Penal (…)» (Sentencia Nº 385, del 21 de junio de 2005).

Aunado a ello, el artículo 108, numeral 4 del Código Penal, establece que la acción penal para estos delitos, prescribe, «(…) Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años (…)». Y el artículo 109, del mencionado Código Penal, agrega que la prescripción ordinaria de la acción penal, se debe comenzar a contar, «(…) para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho (…)». 

En el caso que nos ocupa, el hecho enjuiciado (al ser delito continuado), cesó sus efectos a partir del mes de octubre del año 2010, cuando cada una de las víctimas interpuso la respectiva denuncia ante las autoridades competentes, por lo que no ha transcurrido el lapso de cinco años que la ley establece para que opere la prescripción ordinaria de la acción penal y el proceso penal se encuentra actualmente paralizado debido a que el ciudadano ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, se evadió del proceso, quedando interrumpido el lapso para que opere la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código Penal, de acuerdo el cual:

«(…) Artículo 110. Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si este se fugare».

Cabe advertir que, el proceso seguido contra el ciudadano ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, actualmente se encuentra pendiente para finalizar la fase preparatoria, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Será en esa oportunidad que dicho ciudadano sea presentado, cuando se le impondrá del hecho, los fundamentos y los elementos de convicción que motivan su enjuiciamiento, lo que junto con otros actos procesales determinará o no la realización de un juicio oral y público, por lo que resulta necesaria la comparecencia del solicitado en extradición para que se someta a la jurisdicción de los tribunales ordinarios venezolanos, que son sus jueces naturales.

Al respecto, la Sala de Casación Penal ratifica el criterio relativo a la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia del imputado, como garantía establecida a su favor, en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya finalidad es evitar que se juzgue a un ciudadano sin su presencia ante sus jueces naturales y sin haber sido previamente escuchado. 

LA PRIMERA DENUNCIA.

Enrique Auvert fue detenido el día ocho de ese mes cuando se disponía a huir del país después de que Yuranni Villasmil formalizara una denuncia contra él porque se negaba a entregarle los 39 mil dólares que le facilitó para la adquisición de diversos bonos.

Tras un acuerdo extrajudicial, la primera denunciante del denominado caso ABA recobró su dinero y Enrique Auvert quedó en libertad. Contra él no se puso ninguna medida cautelar y regresó al Aeropuerto Internacional La Chinita, donde pernoctó y al día siguiente voló a Miami, lugar en el que permanece. El fiscal que inicialmente investigó el caso, Carlos Chourio, el día anterior lo bajó de otro avión que tenía el mismo destino.

EXTRADICIÓN EN ESPERA. 
Enrique Auvert Vetencourt

Esta fue la respuesta de Interpol Estados Unidos a la oficina en Venezuela:

«(…) en fecha 15 de agosto de 2013, fue recibido por la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la República, oficio N° 9700-190-1550, proveniente de la División de Investigaciones INTERPOL Caracas, mediante el cual informa que a través de comunicación N° 20130620553/DEK de fecha 15-08-2013, emanada de la Oficina Central de Información INTERPOL WASHINGTON- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante el cual notifica que el ciudadano ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, titular de la cédula de identidad N° V-5.067.407, ha sido encontrado por las autoridades policiales de los Estados Unidos, solicitando se les proporcionen los detalles de sus cargos actuales, antecedentes penales, e información de identificación actual, fotografías e impresiones dactilares, con el objeto de proceder a la detención provisional y la extradición del ciudadano mencionado (…)» - 

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Los 'morteros hechizo': el gran 'acuerdo' de ETA y las FARC firmado en la selva

La guerrilla colombiana, que ahora ha puesto fin a medio siglo de violencia, fue adiestrada por la banda terrorista por medio de una compleja conexión con el IRA y los servicios secretos venezolanos

Por: ÓSCAR B. DE OTÁLORA
Fuente: El Diario Vasco


Arriba, miembros del IRA detenidos en Colombia en 2001.James Monaghan, en el centro, ayudaría a huir a De Juana Chaos. Abajo a la derecha, un policía examina un lanzagradas improvisado de ETA colocado en Vitoria. Al lado, un 'mortero hechizo' incautado a las FARC.

Hubo un tiempo en el que las FARC, el grupo terrorista colombiano que acaba de poner fin a medio siglo de violencia tras firmar un acuerdo con el Gobierno de Bogotá, era uno de las guerrillas más salvajes de América Latina. Una de las tácticas que empleaba para provocar el terror era rodear un cuartel policial, en las zonas más profundas de la selva, y -tras asegurarse de que los soldados y los policías se habían atrincherado entre las cuatro paredes- bombardearlo con los denominados 'morteros hechizo', un artefacto casero que lanzaba proyectiles pesados. Cientos de miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron en este tipo de ataques, que fueron posibles porque ETA les enseñó a fabricar y utilizar estos dispositivos letales. El propio líder de la guerrilla que ahora ha firmado la paz, Rodrigo Londoño Echeverri, 'Timochenko', está considerado como uno de los terroristas que se reunió en la frontera venezolana con etarras para estudiar la utilización de arfetactos explosivos. En principio se trató sólo de un intercambio tecnológico, aunque la intención final de los terroristas colombianos era asesinar en España a dirigentes de su país, algo para lo que necesitaban la ayuda de ETA. El plan no llegó a prosperar.

El termino 'hechizo' que se aplica a estos morteros procede de la palabra 'hecho', que en el argot colombiana significa que ha sido sido fabricado de forma casera. La particularidad de estos artefactos consistía en que permitían lanzar proyectiles pesados con un elevado volumen de explosivos. En algunos de los modelos, la carga que se proyectaba era un cilindro de metal de los que se utiliza para las bombonas industriales de oxígeno. Los etarras denominaron a este cañón casero 'zartagailu' y lo diseñaron para arrojar 40 kilos de explosivo a 600 metros.

Talleres en la jungla

Según documentación incautada tanto a ETA como a las FARC, las relaciones entre ambos grupos comenzaron en los años 90, cuando expertos en explosivos vascos se trasladaron a la frontera entre Venezuela y Colombia para adiestrar a guerrilleros colombianos. ETA también empleó esa zona aislada para realizar ensayos con morteros caseros. Las distintas mediciones sobre alcances,cargas explosivas y materiales fueron encontradas más tarde en poder la cúpula etarra en París, aunque no se ha conseguido saber quién se encargó de ponerlas a prueba. Las fuerzas de seguridad creen que ETA intentó emplear estos materiales en España, pero no fue capaz de llegar a desarrollarlos como sí lo hicieron las FARC, que disponían de talleres en la jungla y una capacidad mayor para desarrollar sus propio armamento a gran escala. Tan solo en una ocasión, en octubre de 2003, los etarras emplearon un 'mortero hechizo' contra un cuartel del Ejército en la localidad navarra de Aizoain, un ataque que no causó heridos.

La conexión entre la FARC y el IRA fue posible gracias a la 'internacional terrorista' de extrema izquierda que funcionó en Latinoamérica en los años 80. La victoria de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979 llevó hasta el país caribeño a un número elevado de terroristas europeos patrocinados por el bloque comunista, sumergido en ese momento en la 'guerra fría' entre la URSS y el bloque occidental. ETA fue uno de los grupos que acabó en Managua y varios etarras se convirtieron en asesores y agentes de los servicios secretos del gobierno nicaragüense. De forma paralela, el IRA mantenía una oficina permanente en La Habana, desde la que los terroristas norirlandeses se mantenían en contacto con los movimientos insurgentes latinoamericanos, apoyados por Cuba. En ese magma, las relaciones entre los grupos terroristas eran fluidas.

Teléfonos móviles

En 2007, las relaciones FARC y ETA dieron un paso más allá. Según documentación incautada tanto a la cúpula de ETA como a responsables de la guerrilla colombiana, en ese año un grupo de etarras se desplazó a una finca del Estado de Apure, en la frontera con Venezuela, para dar un cursillo a los colombianos sobre, entre otras cosas, el uso de teléfonos móviles para detonar bombas a distancia. Las FARC, además, pidieron ayuda a ETA para atentar «en España u otros país europeo» contra dirigentes colombianos como los expresidentes Alvaro Uribe o Andrés Pastrana. Esta relación estuvo auspiciada, según un auto de la Audiencia Nacional en el que se comenzó a investigar estos contactos, por un miembro de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela. En ese momento, Hugo Chávez gobernaba ya el país.

Urano, el nombre clave

Las relaciones entre ETA y las FARC desarroladas a partir de 2007 se realizaban bajo en nombre clave de 'Urano'. Según la documentación incautada a la banda terrorista en Francia, el nombre en código que los activistas daban a Venezuela -donde tenían lugar los contactos entre vascos y colombianos- era el del planeta de sistema solar. En diversos archivos localizados en suelo galo se descubrieron referncia a gastos destinados a viajes a Urano, en ocasiones, con desembolsos superiores a los 4.000 euros. Según las conclusiones de los expertos, se trataba de cantidades dedicada a la compra de billetes de avión desde países europeos.

De los tres grupos terroristas, tanto el IRA como las FARC desarrollaron sus procesos de paz. ETA tuvo al IRA como referente y modelo a seguir hasta 2005, cuando los irlandeses anunciaron el fin de la lucha armada tras un proceso negociador con el Gobierno. Un año antes, la banda había volado por los aires la terminal T4 del aeropuerto de Barajas, rompiendo de manera unilateral y sin avisar la tregua con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ETA destrozó así cualquier posibilidad de que alguien creyese su voluntad negociadora y finalmente fue derrotada por las fuerzas de seguridad,lo que le conduciría a anunciar el fin de la lucha armada en 2011. El explosivo utilizado en el atentado de Madrid

Pero la conexión FARC-IRA-ETA volvería a aparecer un año más tarde. En 2008, cuando el expreso de la banda Ignacio de Juana Chaos se dio a la fuga al ser procesado en la Audiencia Nacional, huyó a Belfast. Allí se refugió en la casa de James Monaghan, quien en 2001 había sido detenido en un campamento de la guerrilla colombiana acusado de ser un asesor en la fabricación de explosivos. De Juana desaparecería y su rastro volvería a aparecer en Venezuela, donde su pista se ha esfumado.

De los tres grupos terroristas, tanto el IRA como las FARC desarrollaron sus procesos de paz. ETA tuvo al IRA como referente y modelo a seguir hasta 2005, cuando los irlandeses anunciaron el fin de la lucha armada tras un proceso negociador con el Gobierno. Un año antes, la banda había volado por los aires la terminal T4 del aeropuerto de Barajas, rompiendo de manera unilateral y sin avisar la tregua con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ETA destrozó así cualquier posibilidad de que alguien creyese su voluntad negociadora y finalmente fue derrotada por las fuerzas de seguridad,lo que le conduciría a anunciar el fin de la lucha armada en 2011. El explosivo utilizado en el atentado de Madrid había sido ensayado en la selva venezolana con las FARC.

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Familia Revive Esperanzas de Encontrar Viva a su Hija Secuestrada por las FARC

Por: Miriam Bustos
Fuente: La Nación

Los padres de María José durante más de ocho años han investigado por sus propios medios el paradero de su hija, quien está en poder de las FARC, logrando incluso obtener las dos últimas fotografías, donde se le aprecia uniformada y en plena selva.

Los padres de María José durante más de ocho años han investigado por sus propios medios el paradero de su hija, quien está en poder de las FARC, logrando incluso obtener las dos últimas fotografías, donde se le aprecia uniformada y en plena selva.

Con el acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano, a punto de consolidarse a través de un plebiscito que implicaría entre otras cosas liberar a personas secuestradas y a jóvenes reclutados, reviven las esperanzas en una familia tachirense de ver regresar a casa a la menor de su hijas.

Se trata de María José Molina, la joven que junto con su progenitora, Carmen Zulay Contreras, fueron secuestradas hace 8 años y tres meses, el 26 de junio de 2008, por cinco sujetos armados que irrumpieron en su casa de Cordero, municipio Andrés Bello, y se las llevaron con rumbo desconocido.

Unos pocos meses después la madre de la adolescente (que para esa fecha apenas tenía 15 años) fue rescatada durante un operativo encabezado por el CICPC. Con María José no lograron el mismo cometido, puesto que mucho antes los secuestradores las separaron, y a la quinceañera la mantenían en otro campamento.

Allí comenzó el viacrucis de la familia Molina Contreras. A partir de ese momento no han tenido descanso. Han declarado en distintas oportunidades que ninguna autoridad venezolana les ha apoyado en las investigaciones y que el caso de María José fue engavetado. De hecho para las autoridades regionales, en Táchira “hay cero secuestros”.

“Que la dejen en libertad, es lo que más deseamos; si de verdad hay un acuerdo de paz, María José tiene el pleno derecho de estar libre, volver a su casa con nosotros. Lamentablemente en la Fiscalía colombiana nunca se pudo formular una denuncia como tal, porque como el secuestro ocurrió aquí en Venezuela, el Gobierno venezolano nunca nos apoyó en hacer esa denuncia. Eso debió hacerlo la Cancillería en aquel momento, pero siempre nos mantuvieron engañados y no hicieron nada. Sin embargo en Colombia sí tienen pleno conocimiento de que ella fue secuestrada por las FARC. Ahora con este acuerdo pues se supone que todos los jóvenes que tienen, quedarán libres. Nosotros estamos esperando a ver qué pasa. Lo último que supimos de ella, es que continúa en Catatumbo”, afirmó Samuel Molina.

Ante esa eventualidad, el poco o nulo apoyo de las autoridades venezolanas ante la terrible situación que estaba viviendo la familia y negados a la posibilidad de perder a su hija, fueron los mismos padres de la adolescente los que comenzaron a indagar por su cuenta, tanto en Venezuela como en Colombia, país donde afirman haber conseguido más receptividad y apoyo que en el propio.

En 2010 lograron una fotografía tomada en un campamento guerrillero. Aparecía una chica de espaldas, que cargaba un morral, jovencita, que sus padres aseguran era María José. Dos años después, la prensa colombiana publicó una nota con la foto de una muchacha con uniforme camuflado y una gorra con las siglas PCE, titulada “Joven venezolana secuestrada, milita ahora en las FARC-Venezuela”.

El instinto de madre que no en vano alimenta su idea, además de estas y otras evidencias llevaron a Carmen Zulay a convencerse de que María José, tras ser secuestrada fue luego reclutada por las FARC. De hecho, esa última foto y otra, donde ella aparece vestida como una jovencita normal, las hallaron en el computador de un guerrillero aprehendido en Colombia, en 2012.

Por ese mismo tiempo, los padres de la chica lograron averiguar que era el Frente 33 de las FARC la célula guerrillera que la tenía en su poder y que María José, ahora de 23 años, había adoptado el alias “Carla”. En este último aspecto, la familia fue enfática al afirmar que María José era una adolescente de 15 años, venezolana, vulnerable, sin voluntad ni poder de decisión que estaba en manos de criminales que muy seguramente la amenazaron y manipularon, sin que las autoridades venezolanas se ocuparan de rescatarla.

“Ojalá Dios que si van a entregar personas, nos la entreguen. Hemos pasado por mucho. Ella era una venezolana y menor de edad cuando fue secuestrada, era obligación del Estado venezolano procurar su liberación, pero no pasó así. Desde hace cuatro años no sabemos nada de ella, pero sabemos que está viva. Y con este acuerdo, por supuesto que reviven todas nuestras esperanzas de volverla a tener con nosotros, eso es lo que tenemos en mente desde hace más de ocho años. Con el favor de Dios, saldremos de esta pesadilla”, indicó Carmen Zulay.

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miércoles, septiembre 28, 2016

Así describen al Diputado Julio Montoya

Fuente: Fuera de Pauta
Julio Montoya y Sra
 
Pocos recuerdan o conocen los inicios políticos del diputado Julio Montoya. Empezando el gobierno de Rafael Caldera en los 90’s alcanzó la curul de diputado en las planchas del MAS. Fue presidente de la Comisión de Medios del extinto Congreso, en la que designa como asesor a Frasso Solórzano, hasta que la Comisión dejó un saldo de hechos dolosos que nunca se investigaron, pero que tenían en el ápice a la empleada administrativa Nina Melania. El año siguiente preside la Comisión el Diputado Alexis Rosas, pero Montoya ya había obtenido mucho con sus influencias. Estrecha relaciones con el director de la antigua DISIP Rafael Rivas Ostos, le asignan escoltas y se convierte en colaborador de Rivas. Crea una fundación en Maracaibo para supuestos fines benéficos, a la cual empresarios debían dar contribuciones sin que fuese su voluntad. Se hizo amigo íntimo del banquero Juan Carlos Escotet, con lo cual generosamente le expidieron tarjetas de crédito sin límites de gastos, logrando también que les emitieran tarjetas de crédito doradas a otros diputados. Los Capriles Cannizaro, Capriles López y otros prominentes millonarios figuraron en su lista de ‘contribuyentes’. Anunció que empezaría a estudiar periodismo en la Universidad del Zulia, pero no se graduó. Desde entonces y hasta ahora estuvo inscrito en varios partidos políticos y pasó por varios estados. Solo el señor puede saber si él y su esposa están libres de pecados y concusiones, a decir de las que el banquero Mauro Libi y otros más a los que presuntamente investigan por el uso de grandes sumas de dólares oficiales, fueron sometidos. Delinean que abarca una suite en el Hotel Eurobuilding, en el edificio anexo tiene una oficina y que ya pusieron lupa a sus cuentas en bancos de USA

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Venezuela, el país menos competitivo de Latinoamérica

Fuente: EL CARABOBEÑO

Chile es el país más competitivo de Latinoamérica, según el ránking del informe anual sobre competitividad que presentó este martes el Foro Económico Mundial (FEM) y que da a Venezuela la peor nota en la región.

Mientras el primer país se encuentra en el puesto 33, lo que supone una mejora de dos posiciones frente a su resultado de hace un año, Venezuela está en el extremo opuesto al ocupar el lugar 130, entre 138 países analizados.

De los indicadores estudiados se desprende que Chile lo hace particularmente bien en materia educativa y de formación.

Panamá es el segundo país latinoamericano que figura en el ránking y el que más ha progresado (puesto 42 y un avance de ocho posiciones) gracias a su entorno macroeconómico, a la eficiencia de su mercado y al desarrollo de su mercado financiero.

Por su parte, Costa Rica ha caído ligeramente -dos posiciones- al lugar 52, pero el informe resalta sus fortalezas en educación y salud primarias, así como en innovación.

México avanza seis lugares para posicionarse en el puesto 51, en una evaluación que indica que los factores más problemáticos para hacer negocios en este país son la corrupción, el crimen, una burocracia ineficiente y las tasas de impuestos.

La sorpresa la da Brasil -afectado por la recesión y una crisis política sin precedentes en las últimas décadas-, ya que pese a encontrarse en el puesto 81, obtiene resultados positivos en los factores relacionados con las instituciones.

"Esto implica un reconocimiento de parte de la comunidad empresarial de que Brasil está intentando afrontar y resolver los problemas relacionados con corrupción, desconfianza en la clase política y en las instituciones, lo que debe verse de forma positiva", señaló el jefe de investigación sobre competitividad del FEM, Daniel Gómez Gaviria, al presentar el informe.

En Latinoamérica, las diferencias de competitividad entre países son considerables, pero si hay una brecha regional que predomina, ésta tiene que ver con el entorno macroeconómico.

Este factor refleja el doble shock que implicó la disminución de la cotización de las materias primas y de las inversiones

Otro pilar de la competitividad que ha sido afectado considerablemente en la región es el que tiene que ver con la corrupción.

Sobre las perspectivas para Latinoamérica, el informe señala que pese a la relativa depreciación de las distintas divisas con respecto al dólar, las exportaciones no se han recuperado.

"Esto hace evidente la magnitud de los desafíos relacionados con la competitividad en la región, donde la media de productividad ha caído de forma sostenida en los últimos veinte años", explicó Gómez.

"Después de casi una década de fuerte crecimiento que siguió a la crisis financiera global, las tasas de crecimiento han caído y en varios países están dirigiéndose hacia la recesión", advirtió Gómez.

En este sentido, se afirma que el fin del ciclo de precios altos de las materias primas ha resultado en una caída en el valor de las exportaciones de Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil.

El resultado de todo esto ha sido un importante déficit comercial en la región, lo que a su vez genera reducciones en los presupuestos gubernamentales y déficit en cuenta corriente.

En general, los países exportadores de petróleo se comportan peor en términos de desempeño macroeconómico que aquellos que no lo son, sobre todo en los parámetros de instituciones, infraestructuras y eficiencia del mercado de bienes y laboral.

Según el informe, el "boom" de las materias primas escondió las necesidad de avanzar en la agenda de competitividad, lo que hubiese permitido la aparición de nuevos actores en las economías y la diversificación de las mismas.

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Capriles Radonsky Investigado por Corrupción!

Fuentes: UN

Contraloría de la República abrió procedimiento contra Capriles 

El ente contralor acordó el inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades con fundamento en el resultado obtenido de las actuaciones fiscales efectuadas por la Dirección de Control de la Admnistración Central de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda 

La Contraloría de la República informó este martes en una publicación impresa que abrió un procedimiento contra el gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles Radonski. El propio gobernador, a través de su cuenta de Twitter, confirmó la información y difundió el comunicado de la contraloría.

“Al ciudadano Henrique Capriles Radonski (…) que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por auto de fecha 07 de septiembre de 2016, se acordó el inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades signado con el N° 08 – 01 – 07 – 16 -020, con fundamento en el resultado obtenido de las actuaciones fiscales efectuadas por la Dirección de Control de la Admnistración Central de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda”, se lee en parte del texto.

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martes, septiembre 27, 2016

Narcotráfico - Imputados Dos Supuestos Financistas de Alijo de Air France

MP imputó a dos ciudadanos por supuesto financiamiento al narcotráfico en 2013

Fuente: Noticias24
El Ministerio Público acusó a Harry Augusto Romero Morales y su esposa Ginette del Valle Figueroa, quienes fueron extraditados al paíspor presuntamente financiar el tráfico de 1.382 kilos de cocaína incautados el 20 de septiembre de 2013 en París en un vuelo de Air France, procedente de Venezuela.

Ambos fueron entregados a las autoridades nacionales el pasado mes de agosto, tras ser capturados en Bogotá, Colombia, el 4 de septiembre de 2015, atendiendo a una notificación de alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), incorporada a solicitud del Ministerio Público venezolano.

Los fiscales 70º nacional, así como el 6º y auxiliar de Vargas, Gustavo González, Eduardo Inojosa y Elianny Orozco, respectivamente, acusaron a la pareja por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales.

En el escrito presentado ante el Tribunal 1º de Control del estado Vargas, los fiscales del caso solicitaron el enjuiciamiento de la pareja y que se mantenga la medida privativa de libertad para Romero Morales y Figueroa.

El hombre permanece recluido en la sede de la policía regional en Macuto y la mujer en el Retén Policial de Caraballeda.

Por este mismo caso fueron condenados a 22 años y 6 meses de prisión los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Gabriel Avendaño Puerta; el operador de la máquina de rayos X, Jhoan Olave Soler y el anotador de la GNB, Randymar Chirinos Álvarez.

Asimismo, fueron condenados a la misma pena Gabriel Reverón Rodríguez (operador de seguridad de la máquina de rayos X); Luis Guillermo Mayora (caporal de la empresa Servirampa); Argenis Escobar Machado (fiscal de seguridad aeroportuaria); Jimmy Jaimes Pernía (fiscal de seguridad aeroportuario); Mirian Burguillos (supervisora de seguridad de la empresa OWS que presta servicio a Air France en Venezuela); el trabajador aeroportuario Jesús Alvarado y María Gabriela Salcedo (supervisora de seguridad de la empresa OWS).

Entretanto, Marjorie Guimar González, quien es cónyuge de Escobar Machado, fue condenada a 10 años de prisión.

Por otra parte, el Tribunal 4º de Juicio de la referida jurisdicción dictó sentencia absolutoria con respecto a otras 16 personas que también están involucradas en el hecho delictivo, por lo que el Ministerio Público ejerció el recurso de apelación con efecto suspensivo, es decir, estas personas permanecen privadas de libertad hasta tanto se pronuncie la Corte de Apelaciones del estado Vargas.

Hay que recordar que la investigación del caso se inició el 21 de septiembre de 2013, a través de la información suministrada por la Unidad Antidrogas del Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar” en la cual se notificó el decomiso de los 1.382 kilogramos de cocaína por parte de las autoridades de Francia.

Con información de Nota de prensa MP

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Corrupción - Familia Oliveros Alcalá Toma A Dedo Lomito del Arco Minero!

Tía y sobrino firmaron contratos millonarios con el Gobierno para explotar Arco Minero

POR: JULETT PINEDA | @JULEPINEDA
Fuente: EFECTO COCUYO
El viejo refrán que reza “familia que crece unida, permanece unida” parece tener otra dimensión para los Oliveros Alcalá. La verdadera unidad familiar quedó sellada al momento de firmar contratos con el Gobierno y garantizar un cargo o negocio a algún hermano o padre. La firma de dos acuerdos para participar en el proceso de explotación del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar; y de minerales no metálicos en Nueva Esparta, cambiaron el dicho para los Oliveros Alcalá. Familia que explota unida, permanece unida.

Más memorandos de entendimiento y contratos con mineras llovieron del Gobierno el 7 de agosto pasado, cuando firmó acuerdos con empresas de este sector para explotar minerales metálicos y no metálicos. Ahí, el presidente Nicolás Maduro anunció que el Motor Minero se salía de la franja delineada por el fallecido Hugo Chávez y llegaría a la isla de Margarita, además de Guárico, Aragua y Yaracuy.

Empresas conocidas como la Gold Reserve, volvieron a sonar para decir que ahora sí, que la explotación minera iba en serio y que el juego de toma y dame de las concesiones había quedado en el pasado. Sin embargo, la lista de nombres de trasnacionales anglosajonas, italianas, americanas y canadienses resultó más familiar que los nombres de las venezolanas que serían incorporadas al faraónico proyecto minero que pretende desarrollar el Estado.

Se sabe más de las mineras internacionales que de las nacionales que fueron anunciadas en la alocución presidencial. En esa misma transmisión se pudo ver que dos empresas resultaron familiares, no por conocidas, sino por los apellidos. Faoz Corp y Ecomine no solo comparten haber firmado un contrato con el Estado en televisión el pasado 7 de agosto. También comparten una misma oficina en Caracas y un apellido: Alcalá.

Con bombos y platillos se informó que el Arco Minero estaba “empezandito” y que ya sumaba 10 mil millones de dólares en inversiones, tanto de empresas nacionales como de trasnacionales. También el mandatario nacional aseguró que 150 compañías de 135 países participarían en el desarrollo minero del país. Entre esos anuncios figuraron los Oliveros Alcalá con sus dos empresas dedicadas a la minería.

Por Faoz Corp apareció firmando en la alocución presidencial Luisa Herminia Alcalá Otero, una mujer de 66 años. A la empresa venezolana, que cuenta con poca trayectoria en el sector minero, le fue concedida la responsabilidad de tratar el mineral más importante para la era tecnológica: el coltán.

Este elemento es utilizado en teléfonos celulares, GPS, computadoras, cámaras y demás equipos electrónicos por su facultad de superconductor, lo que le permite conducir la energía con mayor eficiencia que otros minerales. Sin embargo, de sus reservas en el país solo se conoce que rondan los 100 mil millones de dólares, según un estudio realizado por el Ministerio para las Industrias Básicas y Minería en 2010. Desde entonces, no se ha sabido más nada del llamado “oro azul“.

En la transmisión nacional se dijo que el proyecto para trabajar el “oro azul” tenía unas ganancias estimadas en 330 millones de dólares y una duración de aproximadamente 13 años. La experiencia de Faoz Corp en minería, según fue informado en la alocución, se remonta a un proyecto de fosfato en Táchira en los años 2013 y 2014.
Sitios web de Faoz Corp y Ecomine

Más nada se sabe de la empresa que explotará el coltán. En su página web aparece únicamente un teléfono local y un correo electrónico. De resto, solo hay imágenes referentes a la minería y pestañas de información vacías.

Algo similar sucede con Ecomine, la otra compañía familiar. En la transmisión televisada, Félix Ángel Oliveros Alcalá aparece firmando por la Empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta (Ecomine), una compañía anónima que trabaja con minerales no metálicos que serían utilizados para la Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

En el banner principal del sitio web de Ecomine aparecen el rif de la empresa y el logo del Gobierno Bolivariano de Nueva Esparta. La poca información que arrojan los buscadores sobre la empresa aparecen en el portal del gobernador de la región insular, Carlos Mata Figueroa: www.carlosmatafigueroa.org.

Coloque el cursor sobre los puntos para ver más información sobre la familia
Al igual que Faoz Corp., Ecomine no está en el Registro Nacional de Contratista (RNC). Sin embargo, sí aparecen otras cuatro empresas vinculadas con los Oliveros Alcalá, tres de ellas cuyos registros quedaron incompletos y una que está inhabilitada para contratar con el Estado de acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Contrataciones Públicas. Este apartado establece que las compañías deben actualizar anualmente sus datos en el registro. Todas las empresas de la familia comparten la misma dirección y el mismo número de teléfono, incluyendo las mineras.

A pesar de no aparecer en el RNC, Ecomine sí está registrada en el Seniat. No obstante, el Rif de la empresa no coincide con la cédula de Félix Oliveros Alcalá, quien apareció firmando por la compañía en la cadena nacional del 7 de agosto, sino con la de su padre, Félix Oliveros Zerpa, un coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. La oficina de Faoz Corp y Ecomine no tenía ningún tipo de identificación ni salía en el directorio

Efecto Cocuyo contactó al número de Faoz Corp en dos ocasiones, pero la operadora aseguró en la primera llamada que la directiva no se encontraba en las oficinas para atender la consulta. La segunda vez dijo que la representante jurídica de la minera se encontraba fuera del país y no había nadie autorizado para dar información.

Tras visitar la sede de Faoz Corp y Ecomine en la Torre Exa, en El Rosal, se acordó fijar una reunión con Félix Oliveros Alcalá para el 1 de septiembre. Horas antes, llamó la secretaria de la empresa para cancelar el encuentro y agendarlo para otro día. Efecto Cocuyo llamó en dos ocasiones más para escuchar la versión de la familia; sin embargo, hasta la fecha de publicación de este trabajo ningún representante de las compañías se ha vuelto a poner en contacto con el medio.

Sin hoja de vida

Junto a Faoz Corp, dos empresas más van a trabajar las áreas uno y cuatro del Arco Minero del Orinoco, justo donde se encuentra la joya de la corona: El coltán. El mineral estratégico también puede ser encontrado fuera de la franja delineada por el presidente Chávez, en la zona de La Culebra, en Amazonas, al oeste del municipio Cedeño del estado Bolívar.

Una empresa congolesa y una china también firmaron por el “oro azul“. La primera, Afridiam, tiene sede en el Congo, pero poco se sabe de sus operaciones en otros países, así como de su capital. Según pudo constatar Efecto Cocuyo, la compañía también cuenta con oficinas en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y Londres, en Reino Unido.
Datos correspondientes a Ecomine C.A. de acuerdo con la página del Seniat

China también se hizo con un pedazo de los yacimientos de “oro azul“, al menos en papel. El gigante CAMC Engineering Co. fue mencionado entre las empresas a cargo de la certificación y exploración de coltán, a pesar de que la minería no se encuentre entre sus especialidades. Con oficinas en el Centro Lido, en Caracas, está familiarizada con el comercio y contrataciones referentes al sector ingeniero.

Más conocida que la minera congolesa, ha operado en proyectos de desarrollo en el Río Guárico, en el Delta del Orinoco y en El Vigía, por mencionar algunos. Sin embargo, para el presidente de la Cámara Minera de Venezuela (Camiven), Luis Alejandro Rojas, no se conoce lo suficiente de ninguna de estas tres empresas como para darles las concesiones de las riquezas del país.

De acuerdo con especialistas en el área minera consultados por Efecto Cocuyo, el paso de Faoz Corp. en el sector ha sido corto, por lo que carece de la trayectoria y la experiencia necesaria para asumir un proyecto de esta dimensión. Menos aún del coltán, un mineral que no ha sido trabajado en el país anteriormente y cuyas reservas se desconocen.

“Ni Camc Engineering Co. ni Faoz Corp. tienen la experticia para trabajar con este mineral”, señaló Rojas. Sobre el caso de Ecomine, el especialista precisó que la explotación de canteras y minerales no metálicos no es tan difícil de trabajar como el oro, el coltán o los diamantes.

Como contratistas que están trabajando con el Estado, deberían estar registradas en el Seniat y en el Registro Nacional de Contratistas. Este último requisito podría tramitarse a la par de la realización de los proyectos. Sin embargo, Rojas explicó que para la explotación del Arco Minero del Orinoco no hubo un concurso abierto en el que participaron empresas interesadas en desarrollar las minas. Todo lo contrario.

“Todo ha sido a dedo, no ha ocurrido una oferta pública. Entran las empresas que hayan hecho lobbying o de aquellas personas con las que se tenga algún compromiso político. No existe ninguna documentación técnica sobre la explotación o cuáles son las necesidades en el sector”, dijo.

Falta algo clave en el caso de Ecomine y Faoz Corp.: qué ofrecen estas mineras y bajo qué condiciones. Se desconoce prácticamente todo de las dos contratistas que firmaron con el Estado y, en cadena nacional, su introducción fue tan breve que duró lo mismo que tardaron los representantes en firmar el contrato.

“Para ejecutar un proyecto minero hay que tener un capital mínimo de 2 millones de dólares. Eso si se trata de las canteras areneras, que no son difíciles de explotar”, afirmó el presidente de Camiven. Añadió que el currículo de la empresa lo es todo al momento de su contratación, una hoja de vida que no existe ni el caso de Faoz Corp. ni en el de Ecomine.

Qué proyectos ha trabajado, con qué personal cuenta, cuál es la experiencia de ese equipo de trabajo, dónde están ubicados, cuál es el tiempo de exploración. Todas estas preguntas no tienen una respuesta, ni siquiera en los sitios web en donde las dos empresas se presentan a potenciales clientes. Tampoco las contestaron los Oliveros Alcalá luego de tocar las puertas de su oficina.

“El Estado pone la mina y el empresario pone todo lo demás: personal, máquinas, capital y todo lo que el Estado no tiene. Vamos a ver si esas empresas tienen esos tres elementos”, finalizó Rojas.

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El comisionado José Humberto Tarullo Nieto es jefe de una red de corrupción en Poli Aragua

Por: JOSE RAFAEL RAMIREZ 
Periodista, CNP 3.141
Fuente: NoticiasJR

*** El Director de la Inspectoría para el Control de la actuación Policial (ICAP), a pesar de que en los registros penales aparece que luego de admitir los hechos, fue condenado a dos años ocho meses de prisión, por la comisión de delito de “homicidio…”

En la Inspectoría de Control de Actuación Policial (ICAP) del Cuerpo de Seguridad y Orden Público de la Policía del estado Aragua se instauró una peligrosa red de corrupción que involucra a altos jefes policiales, lo que le causa un daño moral sin precedentes a esa institución.

Este fin de semana fuimos citados a una especie de reunión clandestina, a la que asistió un grupo de funcionarios de Poli Aragua que denunciaron impresionantes hechos de corrupción dentro del Cuerpo de Seguridad y Orden Público, al cual prestan servicio.

Comenzaron señalando que el comisionado José Humberto Tarullo Nieto, cedula de identidad N° 10.886.237, jefe de la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial (ICAP) se ha convertido en el principal extorsionador de los funcionarios señalados por algún delito o falta.

Destacaron que Tarullo Nieto tiene una tarifa para resolverle los problemas a los policías que enfrentan investigaciones disciplinarias internas. Cuando la falta es “delicada”, pide que le depositen, en la cuenta de una abogada, nada más y nada menos que 120.000 bolívares, para solventar el problema. “De esa manera protege a polichoros, que son esos que andan en la calle extorsionando, robando y hasta atracando a los ciudadanos”, -dijeron los denunciantes, de quienes nos reservamos sus nombres, para evitarles persecuciones-.

“Los que como nosotros, nos hemos metido en problemas, por razones propias del cumplimiento del deber policial, también somos extorsionados, no con tarifas tan altas, pero sin muy significativas para lo que ganamos, pues nos ponen a parir, en la búsqueda del dinero”.

A esa actuación hamponil del comisionado (PA) José Humberto Tarullo Nieto, cedula de identidad N° 10.886.237, se le suma el hecho que en la actualidad ejerce el cargo de Director de la Inspectoría para el Control de la actuación Policial (ICAP), a pesar de que en los registros penales aparece que luego de admitir los hechos, fue condenado a dos años ocho meses de prisión, por la comisión de delito de “homicidio culposo”, donde figura como víctima, un adolescente según las causas signadas con las nomenclaturas, 7C-10584-08 (privativa de libertad) y 7C-7175-05 (sentencia y ejecución) respectivamente.

Hay que destacar que si a Tarullo Nieto hubiese sido aplicado el Artículo 45 de la Ley del Estatuto de la Función Policial ya no estuviera en el cargo que hoy obstenta. Ese artículo establece expresamente:

“El retiro de los cuerpos de policía procederá en los siguientes casos: numeral 4º. Condena penal definitivamente firme…. En el caso previsto en los numerales…y, 4º el retiro procede de pleno derecho y se declarará mediante decisión motivada del Director o Directora del cuerpo de policía nacional, estadal o municipal, según el caso.”

Hay que señalar, que en atención a la aplicación del principio de oportunidad, al comisionado (PA) José Humberto Tarullo Nieto, luego de la sentencia, se le otorgo una medida Cautelar Sustitutiva de Libertad la cual, consiste en presentaciones periódicas cada ocho (08) días por ante la Oficina del Alguacilazgo, que no ha cumplido, por lo que la misma va a ser revocada con su respectiva orden de aprehensión, debido a que nunca se preocupó por consignar ante el respectivo Tribunal de Ejecución, los soportes y requisitos, que le permitan cumplir en libertad la pena Impuesta.

DAMIAN MAS COMPLICE
Damián Mas

En este caso los denunciantes señalan al también comisionado Damián Mas, jefe de la Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía Bolivariana del estado Aragua, como cómplice en este caso, pues está al tanto de la irregular actuación de Tarullo Nieto y ni un informe ha elaborado para enfrentar esa situación. ¡Claro! No lo hace porque él también tiene “rabo’e paja”. Resulta en octubre de 2013 y en una acción relámpago ordenada por las autoridades nacionales de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) Damián Mas fue destituido como director de esa institución en el estado Anzoátegui. Mas fue acusado por manejos dolosos de los fondos de la UNES, según la información aportada por miembros de la comisión interventora que tomó la universidad.

El caso es que Damián Mas es hoy día el jefe de la Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía Bolivariana del estado Aragua…Es decir, el funcionario que se encarga de sancionar la desviación de los funcionarios policiales. El está llamado a investigar denuncias de policías cometiendo delitos, pero ¿con qué moral? Hay quienes sostienen que con Damián Mas al frente de Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía Bolivariana del estado Aragua, es como si ese cargo lo ejerciera cualquier pran carcelario.

jefe de la Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía Bolivariana del estado Aragua

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Acusan a Jorge Rodríguez de malversación de fondos en el Parque Los Caobos

Por: Vanessa Rivas
Fuente: Caraota Digital

Collage Caraota Digital: Jorge Rodriguez- Parque Los Caobos

Habitantes adyacentes al Parque Los Caobos acusaron al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, de presuntos hechos de corrupción vinculados con el manejo de los recursos para el mantenimiento del lugar, por lo que solicitaron se investigue a fondo cuál ha sido el destino de este dinero.

El parque, ícono natural y de esparcimiento en la ciudad capital, actualmente se encuentra “por el piso” y en medio de un caos, así lo expresó Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas.

Destacó que esta situación no responde a la falta de recursos, porque según indicó, en menos de tres años a la Alcaldía de Caracas le han aprobado más de 118 millones de bolívares en créditos adicionales para el mantenimiento del Parque Los Caobos, sin embargo esto no se ve reflejado en la realidad del lugar.

“Por ejemplo solo para la remodelación del sistema de alumbrado se aprobaron más de 24 millones de bolívares y cuando vas al sitio es una cueva de lobos, le exigimos a Jorge Rodríguez que le explique a los caraqueños dónde están estos recursos”, manifestó.

Entre los factores que se suman a la decadencia del parque, mencionó la inseguridad, venta de drogas, aceras rotas, mal alumbrado, y el mal estado en que se encuentra el gimnasio. “Es decir un patrimonio convertido en un total caos por la ineficiencia”, explicó el miembro de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria de acuerdo a una nota de prensa.

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viernes, septiembre 23, 2016

TSJ negó extradición de acusado por terrorismo

Robert Caring (62) es acusado por la India de proveer armas a grupos extremistas. Desde el año 1995 vive en la urbanización El Marques

Por: Eligio Rojas 
Fuente: Ultimas Noticias
Robert Caring
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia negó la extradición de Robert Caring (62), una persona que requiere la India donde sería juzgado por tráfico de drogas, contrabando de armas, blanqueo de capitales y terrorismo, según se lee en la sentencia 329 de este año.

Los magistrados adujeron que el Código Penal venezolano prohíbe extraditar a personas a sabiendas que al ser puestas a la orden del Estado requirente, el delito comporta una cadena perpetua y hasta pena de muerte. Además, los hechos por los cuales es requerido en extradición Robert Caring, datan del año 1995; “evidenciándose que ha transcurrido un tiempo superior a quince años, lapso establecido por la ley para considerar la extinción de la acción penal por prescripción”.

Pese a ello, la Sala observa “una situación irregular” respecto a la condición en Venezuela de Robert Caring, con los cinco pasaportes de los Estados Unidos que esta persona posee. Por eso la Fiscalía le imputó el delito de uso de documento falso y el Tribunal 16° de Control de Caracas ordenó privarlo de libertad.

Los magistrados ordenaron que el mencionado Tribunal prosiguiera las investigaciones y de verificarse la situación irregular del ciudadano, se inicie el procedimiento de expulsión o deportación.

Detenido en Barquisimeto. Robert Caring fue detenido por una comisión de Interpol el 3 de febrero pasado en el aeropuerto internacional “Jacinto Lara” de Barquisimeto. Al ser interrogado dijo ser natural de Pennsylvania, Estados Unidos, de profesión profesor y escritor, residenciado en la quinta Prout, calle Terepaima con Mosén Sol, El Marqués, Caracas.

El expediente enviado a Venezuela por la India señala que durante la noche del 17 al 18 de diciembre de 1995, un avión dejó caer en uno de los pueblos de Bengala Occidental un enorme cargamento de armas modernas que iban a ser utilizadas para cometer actos terroristas. “Esa operación fue organizada por Nielsen (Robert Caring) que consiguió escapar sin dejar rastro”, acotan las autoridades indias. Desde entonces, se residenció en la capital venezolana.

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Escotet, propietario de Banesco y Abanca, también utilizaba firmas en Bahamas

Fuente: Noticias Candela
El actual propietario y vicepresidente de Abanca (antigua Novacaixagalicia), el hispanovenezolano Juan Carlos Escotet, aparece como consejero y secretario de las sociedades registradas en Bahamas Cens Corporation y Clichy Corporation entre 1992 y 2008, según la documentación del registro mercantil de ese centro 'offshore' a la que han tenido acceso El Confidencial y La Sexta. Escotet también figuraba en la lista Falciani, ya que tenía una cuenta secreta en el HSBC de Ginebra con 4,5 millones, como también reveló este medio en febrero de 2015.

Como se puede apreciar en un documento, sellado en abril de 2008, Escotet aparece como 'director' (consejero) y secretario de una de estas firmas (existe un documento idéntico para la otra) con fecha de nombramiento del 4 de marzo de 1996 y sin fecha de cese. Según el registro de Bahamas, ambas estructuras fueron creadas el 27 de noviembre de 1992 y disueltas el 28 de mayo de 2008.

Un portavoz de Banesco ha declarado a El Confidencial que "Clichy Corporation Ltd y Cens Corporation Ltd, fueron meras tenedoras de acciones de dos compañías venezolanas, ajustadas a la normativa fiscal de dicho país, sin giro comercial relevante en los 90 y desde el año 1998 no registran operaciones; por lo cual quedaron formalmente liquidadas, disueltas y dadas de baja".

No obstante, la firma del propio Escotet aparece en un documento de diciembre de 2007, en el que cambia el intermediario a través del que gestionaba Clichy de Ernst & Young a Icaza, González-Ruiz & Alemán (uno de los principales despachos de Panamá, competidor de Mossack Fonseca, el bufete de los famosos papeles). En cuanto a la actividad, estas sociedades se utilizan normalmente como pantalla para ocultar al verdadero titular de acciones, cuentas bancarias, fondos de inversión, obras de arte o cualquier otro tipo de inversiones.

Según expertos consultados, es normal que los ciudadanos venezolanos con alto patrimonio tengan sociedades en distintos centros 'offshore' en Latinoamérica, como Panamá o Bahamas, "por temor a que el régimen bolivariano les expropie sus bienes". De hecho, Banesco tiene sede en Panamá además de en Venezuela.

Según la documentación de la lista Falciani, Escotet poseía una cuenta personal en el HSBC abierta en 2005, donde alcanzó una cantidad máxima de 4,57 millones de dólares en el período 2006-2007, y otra a nombre de Banesco con otros 7,04 millones. Esta última fue abierta en 2004 y Escotet era también apoderado de la misma. En total, 11,6 millones de dólares, unos 10,3 millones de euros al cambio actual.

La guardia de corps de Escotet también aparece

Como se puede apreciar en el primer documento, en estas sociedades aparecen varios de los miembros de la guardia de corps del banquero: su cuñado Juan Carlos Alviárez y Luis Xavier Luján, miembro del equipo que negoció la compra de las antiguas cajas gallegas con el FROB y el Banco de España. En cambio, no figura Miguel Ángel Marcano, otro de sus más estrechos colaboradores cuyo nombre sí estaba en los papeles de Panamá, ya que abrió una sociedad a través de Mossack Fonseca a finales de 2015. Luján también tenía una cuenta a su nombre en el HSBC con otros 1,8 millones de dólares.

Alviárez es en la actualidad consejero de Abanca Holding Financiero (anteriormente Banesco Holding Hispania) y Luján lo fue hasta el año pasado. Este holding controla el 88,33% de la fusión de las antiguas cajas gallegas y es una especie de BFA para Bankia; la CECA considera que sus cuentas son las comparables con el resultado consolidado de las demás entidades procedentes de las cajas de ahorros. De hecho, este 'holding' se creó exlusivamente para poder apuntarse contablemente como beneficio el 'badwill' (fondo de comercio negativo) procedente de comprar Novagalicia muy por debajo de su valor real. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

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jueves, septiembre 22, 2016

Iris Varela y la Estafa en Construcción de Penal del Zulia

Se pagaron Bs 209.104.434,64 por un penal que no se construyó


Por: SANDRA GUERRERO
SGUERRERO@EL-NACIONAL.COM
Fuente: El Nacional 
Tres ONG hicieron constar que el trabajo comenzado en 2013 fue suspendido aunque se firmaron dos contratos con una empresa. La obra, en el sur de Maracaibo, debía terminarse en 2014

Con el titular de “Los papeles de una prisión inconclusa destapan escándalo de corrupción y violación de derechos humanos”. Tres ONG resumen la investigación que realizaron y que revela que en 2013 la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, prometió una nueva cárcel para el estado Zulia, y tres años después hay una obra inconclusa.

Las tres organizaciones no gubernamentales denunciaron “con evidencias contundentes la opacidad de un caso que involucra violación de derechos de procesados, familiares y ciudadanos tras el abandono de la obra”.

En conferencia de prensa Mercedes de Freitas y Jesús Urbina, de Transparencia Venezuela; Daniela Guerra y Carlos González, de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, y Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, informaron que esas organizaciones, que en abril pasado hicieron una inspección en el terreno donde comenzó a construirse el centro penitenciario en el sur de Maracaibo, hay comunidades instaladas a 400 metros y que ha habido saqueos.

Los visitantes encontraron los restos de la obra y decenas de documentos de la contratista Cresmo, C. A. El primer contrato firmado entre esa compañía y el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias se suscribió 16 días después del anuncio efectuado por la ministra Varela. La obra debía arrancar el 2 de enero de 2013.

El 4 de diciembre de ese año el Fonep suscribió otro contrato. El monto de esos dos acuerdos asciende a 209.104.434,64 de bolívares, que concluirían el 31 de diciembre de 2014.

“Transcurrieron 46 meses desde que la ministra prometió que en un año estaría terminado ese centro penitenciario. Esa obra inconclusa está rodeada de la mayor opacidad y tanto el gobierno nacional como el regional deben explicar por qué se perdieron los recursos públicos invertidos en ella”, señala el informe.

Los denunciantes consignan hoy ante el Ministerio Público un informe sobre los hechos y luego, ante la Contraloría General de la República y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para que esos organismos abran las respectivas investigaciones. Prado hizo un llamado a la Fiscalía para que actúe de oficio.

En la reunión realizada por las ONG estuvo presente la diputada Mariela Magallanes, integrante de la Comisión de Contraloría de la AN.

La obra fue diseñada para albergar a 600 reclusos y se prometió terminarla en 2013 para combatir el hacinamiento que aumentó por el desalojo de la Cárcel Nacional de Sabaneta cuyos presos fueron distribuidos en diferentes penales.

El informe indica que a pesar del galopante hacinamiento de presos, la ministra Iris Varela clausuró el retén de La Planta y dejó a Caracas sin centro de reclusión, así como cerró Sabaneta y El Marite, en Zulia, el internado de Los Teques y la cárcel de San Antonio, en Nueva Esparta.

El informe presentado por el OVP indica que en la cárcel de Tocorón, en Aragua, el hacinamiento alcanza 928%. Fue construido para 750 personas y actualmente alberga a 7.634 individuos. Esa situación se repite en todo el territorio nacional.

En la mayoría de las comisarías hay detenidos que llevan hasta dos años en esas dependencias.

El OVP destacó que el traslado de reclusos fuera de la jurisdicción donde están los tribunales que tienen sus expedientes incrementa el retardo procesal.

El presupuesto más los créditos adicionales del Ministerio del Servicio Penitenciario están por el orden de los 35.470.000.000 de bolívares.

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Estafa En Remodelación de Teleférico de Mérida

Informe revela irregularidades en remodelación del Teleférico de Mérida

Fuente: Noticias Candela
En Mukumbarí -voz indígena que significa allá donde duerme el sol-, la Contraloría General de la República no pegó un ojo. Eso lo refleja el informe preliminar que este organismo le entregó a Venezolana de Teleférico, C.A. (Ventel, C.A.) en julio de 2016, tras la realización de una auditoría en la que evaluó las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras relacionadas con los procesos de contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de las obras de remodelación del teleférico de Mérida, entre el 1ero de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015.

Los hallazgos de la CGR se conocen casi seis años después de iniciadas las obras de remodelación del teleférico más largo, alto y moderno del mundo. De acuerdo con el documento, las cinco principales irregularidades identificadas tras la revisión de 14 contratos son la falta de soportes en los contratos, presunta duplicación de pagos, pago en exceso, incumplimiento en los tiempos de entrega y fallas en la calidad de las obras.

El informe preliminar de 24 páginas fue entregado en el despacho del presidente de Ventel, C.A., el general de división José Gregorio Rojas, un mes antes de la inauguración mediática del Sistema Teleférico Mukumbarí realizada el 29 de abril, fecha en la que se anunció la culminación de las obras más no se abrieron las instalaciones que aún están en fase precomercial.

La CGR tomó una muestra selectiva de 14 contrataciones suscritas por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (en ese momento a cargo de Alejandro Antonio Fleming Cabrera), Ventel, C.A. -empresa creada en 2008 mediante el decreto presidencial N. 6.031 para desarrollar actividades relacionadas con la administración de los sistemas teleféricos propiedad del Estado-, y otras empresas en las áreas de: componentes electromecánicos de la obra; componente de obra civil; servicio de asesoramiento; inspección y mantenimiento.

La Contraloría revisó no solamente aspectos administrativos sino que además realizó inspecciones in situ para verificar el estado de los bienes recibidos y el avance de las obras, después de todo, el propósito del proyecto era lograr que el teleférico de Mérida fuera el más moderno, seguro y confiable del mundo, en otras palabras, “una vitrina de promoción turística internacional (…), un ascensor de lujo que diera entrada a las más bellas montañas venezolanas”, según declara el documento. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

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miércoles, septiembre 21, 2016

Exigen investigar corrupción en la construcción de cárcel en Zulia

Advirtieron que el hacinamiento y el retardo procesal se han incrementado. (Foto Cortesía elpitazo.com)

Fuente: El Carabobeño
Las organizaciones Transparencia Venezuela, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) denunciaron el abandono de las obras del Centro de Reclusión de Procesados Judiciales de la entidad, a la cual el Ministerio para los Servicios Penitenciarios había destinado más de 200 millones de bolívares.

Durante la presentación de la investigación que llevaron las instituciones –denominada “Los papeles de la prisión”– la presidente de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, señaló que la estructura pretendía resolver el grave problema de hacinamiento que existe en las prisiones del país y en los calabozos policiales del Zulia, tras el desalojo de reclusos de la Cárcel Nacional de Sabaneta, en 2012, y el Centro Penitenciario El Marite, en 2016.

De Freitas explicó que la construcción del recinto penitenciario fue anunciada el 5 de diciembre de 2012 y comenzaría a levantarse el 2 de enero de 2013. Para los trabajos, el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (Fonep) -ente adscrito al Ministerio para los Servicios Penitenciarios- suscribió un contrato con la empresa Cremos, C.A. por Bs. 130.660.866,54. Meses después, el 4 de diciembre, se aprobó otro monto que engrosó el presupuesto de la obra en Bs. 209.104.434,64 para entregar la edificación a finales de 2014. El recinto carcelario, diseñado para alojar a 600 privados de libertad, se entregaría en 2013.

“El Ministerio para los Servicios Penitenciarios recibió desde 2012 hasta 2016 un presupuesto de Bs 36.470.000.000, que calculado a la tasa vigente de cambio de 2012 serían 5.183.715,09 dólares. De esos recursos, 2.401.176.821 bolívares se invirtieron en los proyectos de ampliación, recuperación y dotación de cárceles.

Si recordamos que la cárcel de Coro fue construida por el Banco Interamericano de Desarrollo por 60 millones de bolívares, con estos fondos que recibió el ministerio se hubiesen hecho casi 10 establecimientos penitenciarios”, puntualizo De Freitas, quien exigió a la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional abrir una averiguación que permita dar con los responsables de la corrupción cometida en la construcción del centro penitenciario del Zulia.

La construcción del centro de reclusión para procesados del Zulia se planteó cuando el Gobierno emprendió, a través del Ministerio de los Servicios Penitenciarios, el proyecto que planteaba edificar 24 centros carcelarios, en el marco de la emergencia carcelaria declarada en 2012. De esos centros, 8 serían destinados a personas detenidas que aún no tienen sentencia firme.

Los miembros de las organizaciones que participaron en la investigación realizaron una inspección en los terrenos del centro de reclusión el pasado mes de abril, donde constataron el abandono de los espacios y consiguieron documentos de la contratista a la que el Fonep le encargó el proyecto de construcción. Determinaron además, que parte del material empleado para los trabajos había sido robado debido a que el lugar no cuenta con vigilancia permanente.

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