ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

viernes, diciembre 30, 2016

Alertan sobre estafa contra el Estado por empresa Two Way y Seguros Pirámide

Fuente: Noticias Candela
El viernes 16 DE DICIEMBRE DEL 2016, GILBERTO DAZA, hizo del conocimiento de Nicolás Maduro, de la estafa en contra del IFE (Instituto de Ferrocarriles del Estado) por parte de la empresa TWO WAY ENTERPRISES INC., con colaboración de Seguros Pirámide C.A. Se les responsabiliza de incumplir el contrato suscrito con el Estado para construir la planta de fabricación de durmientes, tramo Puerto Cabello- La Encrucijada del Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora, según informó Ángel Monagas en "Juicio a la Noticia"

La mencionada empresa representada por Jorge Alberto Rodríguez Morón y Alam Alberto Rodríguez Camacho recibió por parte del IFE, la cantidad de 2.820.974, 50 de Euros de un total de 5.641.949,00 de la misma moneda, para cumplir con la primera etapa de tres, por un lapso de ocho semanas. La segunda de 15 a 30 días y la última de dos meses.

A la fecha, luego de casi un año y medio de haberse suscrito los compromisos, no han ingresado al país los equipos de la empresa en cuestión, quien se comprometió a importar e instalarlos, no obstante que fueron cancelados oportunamente por parte del IFE.

En los registros empresariales se obtuvo la siguiente información de la compañía Two Way Enterprises Inc: 

Company number P01000000204. 
Status Active. 
FEI number 593722011. 
Company Type Domestic for Profit. 
Home State FL. 
Last activity date 6/5/2014. 
Date Of Incorporation 12/22/2000. 
Principal Address 1400 N. Semoran Blvd., ORLANDO, FL, 32807. 
Mailing Address 1400 N SEMORAN BLVD., SUITE G, ORLANDO, FL, 32807. 
TWO WAY ENTERPRISES, INC. Principals. 
Chairman, E, O Rodriguez Jorge. 
Address 8229 NW 68TH STREET, MIAMI, FL, 33166 
President Rodriguez Alam. 
Address 8229 NW 68TH STREET, MIAMI, FL, 33166. 
Vice President, President Parra Luis. 
Address 8229 NW 68TH STREET, MIAMI, FL, 33166. 

El denunciante señala que “mafias corruptas y desviadas de la línea de las autoridades del Ejecutivo Nacional enquistadas en el Instituto de Ferrocarriles del Estado, quienes operan a espaldas del ciudadano Ministro y del Presidente del Instituto para el momento ciudadano Francisco Torrealba”, que además fueron apoyadas por Marco Zarikian y Antoun Bakhos Bechara, representantes de Inversiones Baluzar C.A. (principal accionista de Seguros Pirámide C.A.).

Esta compañía financiera fue localizada como afianzadora de la contratación entre IFE y Two Way Enterprises Inc., a pesar de que Seguros Pirámide C.A. declaró que la firma norteamericana no tenía la capacidad para hacer frente a la responsabilidad suscrita y que su capital era insuficiente.

Daza agrega “Estos hechos que hoy denunciamos, fueron indicados oportunamente ante el Ministerio Público, donde fue designado el ciudadano Fiscal Vigésimo Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, sin embargo, el mismo no ha realizado ninguna actividad investigativa”. Pidió al Presidente Maduro una profunda investigación.

EL SEBIN, LA FISCALIA, EL CICPC, LA CONTRALORIA GENERAL Y LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS RECIBIERON LA DENUNCIA

Gilberto DAZA formuló toda esta denuncia y sus pruebas, el miércoles 21 de diciembre ante el M/G Gustavo González López. También lo hizo un día antes, en el Ministerio Público en escrito similar con toda la narración y los elementos probatorios. El miercoles 21 de diciembre lo presentó, al comisario general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico. Iguales documentos fueron entregados en la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Seguros.

INSÓLITO: 

“Manos oscuras” falsificaron oficios del Director General del Despacho del Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Manuel Fragozo León, donde giraba instrucciones al Director del IFE, a la fecha Daniel Alejandro Davis para que entregara la diferencia de dinero que se le adeuda a la empresa Two Way Enterprises Inc. Todo esto también es del conocimiento de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Presidida por Freddy Guevara, quien también ha guardado silencio sepulcral sobre el tema. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

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Ex primera dama “chavista” se muda de Cabudare para emprender una nueva vida en Miami (EEUU)

Por: Redaccion NB
La ex primera dama del municipio Palavecino del estado Lara, Rosangel Granado de Coroba, publicó en su cuenta de “Instagram” la compra de una lujosa casa en Kendall, Miami, y anuncia que comenzará una nueva vida en los Estados Unidos, después de ejercer la política dentro del proceso revolucionario al lado del ex alcalde del Psuv Richard Coroba.

“Gracias a Dios y a personas muy especiales, hoy tengo mi casa!!! Gracias a José Naranjo y Arianna Monteza por ayudarme a encontrar una base como balance perfecto para comenzar a seguir emprendiendo en este país (EEUU) lejos de mi casa, mis costumbre, mi familia…”, escribió la es directora de Desarrollo Social cuando su esposo era alcalde de Cabudare, Municipio Palavecino, y connotado dirigente revolucionario.

La ex primera Dama de Cabudare, quien además fue Reina de las Ferias de Barquisimeto y modelo profesional, incursionó en el chavismo cuando conoció importantes líderes en el estado Barinas, y luego cuando se unió sentimentalmente a el dirigente del Psuv, Richard Coroba, quien luego fue electo alcalde de Palavecino en el año 2008.

“Espero con salud, paz, y los mas importante a esperar recibir a mi familia. Me vine sola pero falta muy poco para abrazarlos a todos y recibir Dios mediante el año juntos”, comentó en sus redes sociales Rosangel de Coroba, quien también hizo alarde de su nueva adquisición, un carro último modelo comprado en la zona de Kendall, Miami.

“Lo logreeeeee… Hoy tengo mi carro, poco a poco. Saludos a todos los trabajadores, soñadores y guerreros, arriba que si se puede! Creer en ti y en Dios mas nada”, exclamó la barquisimetana Rosangel Granado.


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Ladrón Arias Cardenas Se Roba Dinero De Obras No Ejecutadas!

POR: EMILI J. BLASCO
Fuente: ABC España

Un hospital oncológico que supuestamente está a punto de abrir en Venezuela, pero cuyas obras están paradas hace tiempo; un museo y un aula magna universitaria, prometidos en actos electorales, pero cuya construcción no ha pasado de unos pocos pilares y vigas; un importante cruce viario que iba a ser remodelado, según anunciaba un gran cartel, pero que, tras ser cerrado seis meses al tráfico, sigue en el mismo estado de siempre... Son obras que no han sido completadas o ni siquiera comenzadas, pero cuya cuantía ya ha sido pagada, de manera que el dinero ha ido a parar al bolsillo de autoridades e intermediarios.

«Hay mucho dirigente chavista que se queda los reales de las obras. Hay una corrupción enorme», afirma Lester Toledo, diputado opositor regional del estado Zulia, que centra sus acusaciones en aquello que él mismo ha podido probar. Sus denuncias contra el gobernador del estado, Francisco Arias Cárdenas, un histórico del chavismo y alguien muy cercano al considerado número dos del régimen, Diosdado Cabello, le han valido la persecución política.

A finales de agosto, cuando Toledo iba a forzar la comparecencia de Cárdenas ante la Asamblea Nacional, agentes del Sebin (policía política) fueron a por él, sin atender a su condición de aforado y sin orden de captura. Toledo pudo escapar y solo reapareció 85 días después, cuando él y su familia habían logrado salir de Venezuela. Las autoridades le acusan de financiación del terrorismo y asociación para delinquir, cargos que podrían suponer 28 años de prisión, más incluso que los adjudicados al encarcelado Leopoldo López, de Voluntad Popular, partido del que también Toledo fue fundador y en el que milita.

«Lo más grave es el oscurantismo en cuanto a las cifras y el manejo de los recursos» Lester Toledo

El político denuncia que Cárdenas no ha justificado los 129.753 millones de bolívares (casi 16.000 millones de dólares al cambio oficial), la mayoría procedentes de créditos adicionales, presupuestados en los cuatro años de su gestión. Se trata de una cifra seis veces mayor que el presupuesto gestionado por su antecesor en el cargo, que pertenecía a la oposición. Además, la prórroga presupuestaria para 2017 (en 2016 no se han celebrado las elecciones a gobernadores) es de 138.652 millones de bolívares, más que los cuatro años anteriores juntos.

«Lo más grave es el oscurantismo en cuanto a las cifras y el manejo de los recursos», comenta Toledo, que destaca que ni siquiera él, que es diputado del Consejo Legislativo del Zulia, ha tenido acceso a los presupuestos. Solo su labor de investigación le hizo llegar a los expedientes administrativos de los pagos realizados; con esos datos fue luego a ver las obras, en algunos casos saltando vallas y grabando imágenes con su móvil, y comprobó que muchas no se habían completado o comenzado.

Así, demuestra que los 62 millones de bolívares de dinero público entregados para la construcción del Museo de los Niños se han esfumado sin que hayan avanzado las obras. Lo mismo ocurre con la partida destinada a completar el aula magna de la Universidad del Zulia, en la que tampoco se ha trabajado. Se han gastado otros 160 millones de bolívares para una remodelación del complejo deportivo en el municipio de Lagunillas, pero la cancha de baloncesto y el gimnasio están cerrados porque no hay electricidad y lo que iba a ser la piscina olímpica es solo un enorme hueco excavado en el suelo.

«El gobernador dijo en rueda de prensa que culminaría este complejo, pero lo que hicieron fue cerrarnos los portones y sacarnos», lamentó Wilmer Barrios, uno de los entrenadores de los deportistas, durante la visita que Toledo hizo al lugar.

Lo que iba a ser una obra emblemática para superar los atascos de tráfico en el kilómetro 4 de acceso a Maracaibo, la capital del estado, ni siquiera despegó.

Disimulo

Durante seis meses se cortó el tráfico, como indicando que iban a comenzar los trabajos, pero luego se abrió de nuevo, sin que nada se hubiera tocado, y durante tiempo ha seguido allí un cartel con la foto de Cárdenas anunciando la obra y los 62 millones de bolívares de su cuantía. Las denuncias de Toledo llevaron a las autoridades a retirar el cartel y a poner otro, ahora anunciando una obra de drenaje por valor de 41 millones de bolívares, que tampoco han comenzado.

A pesar de la supuesta inminencia de apertura del Oncológico de Occidente, en Maracaibo, el diputado logró colarse en el edificio y publicó fotos del estado inacabado en que se habían dejado salas y pasillos. Además de los 70 millones de bolívares pagados para la construcción, la gobernación entregó 12 millones de dólares para equipos de radioterapia, que iban a ser comprados a través de la Fundación Fundasalud, una entidad sin control público a la que se puso como presidenta a Javiera Arias, la hija del gobernador. Ese monto en dólares podría traducirse en 13.000 millones en caso de acudir el mercado negro cambiario.

Por otra parte, Toledo ya denunció en su actividad política en el Zulia, estado fronterizo con Colombia, que con la firma del gobernador se estuvieron importando cargamentos de ciertos productos cuando la frontera estuvo cerrada por orden del Gobierno, con la aquiescencia de la Guardia Nacional. Los productos eran vendidos luego entre cinco y diez veces más caros. El paquete de harina de maíz, que el Gobierno obligaba a vender a 190 bolívares, era comercializado por esa red en 1.500 bolívares.

También con la aparente participación de Arias Cárdenas, hubo en 2015 un caso de contrabando de gasolina, llevada a Colombia en 1.800 camiones de la petrolera estatal Pdvsa. La denuncia pública de la trama llevó al despido de la gerente de mercados de la compañía, Gladys Parada.

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jueves, diciembre 29, 2016

Asesinan Al Gral (R) Alberto Silva Bohórquez!

Por: Agencias
Alberto Siva Bohórquez

El cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición del general retirado Alberto Silva Bohórquez fue localizado en horas de la mañana de este miércoles 28//2016, en el interior de un apartamento.

El cadáver se encontraba envuelto en un edredón en el apartamento donde residía alquilado el militar, ubicado en el edificio Coribaita en la calle Los Apamates entre la urbanización Florida y Sabana Grande en Caracas.

De acuerdo a los datos publicados por la empresa Trascainfrisa.com, Silva Bohórquez se desempeñaba como presidente ejecutivo de una empresa dedicada al ramo de la refrigeración y climatización.

El cadáver de Silva fue localizado luego de que vecinos denunciaran la presencia de malos olores provenientes del inmueble, por lo que se comunicaron con los bomberos, quienes al abrir la puerta, localizaron el cadáver a pocos metros de la sala, sobre un charco de líquidos corporales.

Desde el pasado jueves Silva Bohórquez se encontraba desaparecido; en esa fecha fue escoltado hasta el apartamento por un adolescente que le acompañaba y desde entonces no se sabía de su paradero, Silva no respondía el teléfono y su vehículo BMW había desaparecido del estacionamiento.

El general retirado habría alquilado el apartamento el pasado 19 de diciembre. Según testimonio de los vecinos, presuntamente, una de las últimas personas que podría haberlo visto con vida sería un joven que trabajaba para él.

Silva Bohórquez fue comandante del Comando Regional Nº 7 de la Guardia Nacional, director de Seguridad de las instalaciones petroleras y mineras del país.

Su cargo más polémico fue en el juicio contra los militares que participaron en el intento de golpe de estado encabezado por Hugo Chávez, en esa oportunidad fue fiscal militar ante la Corte Marcial de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Además fue fiscal en el caso denominado La Masacre del Amparo, en el que formuló cargos por homicidio intencional con responsabilidad correspectiva contra 14 militares y policías, a los que responsabilizó de la muerte de 14 campesinos el 26 de octubre de 1988 en la zona conocida como Caño la Colorada, en el estado Apure.

Silva fue señalado en su oportunidad de haber participado en el asesinato del esposo de su cónyuge, por motivaciones económicas, pero el caso fue supuestamente echado al olvido, mediante argucias legales!

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Empresarios venezolanos acusados de lavar dinero en EEUU salieron bajo fianza

Fuente: 2001.com.ve
Luis Javier Diaz

Según la periodista Maibort Petit en su blog, los dos empresarios que fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de lavar 100 millones de dólares a miembros del Estado venezolano, fueron liberados luego de que pagaran una fianza de 250 mil dólares. 

Luis Díaz (74 años) y Luis Javier Díaz (49 años) se encuentran en libertad, después de que el magistrado Jonathan Goodman firmara la boleta de libertad. El pago de la fianza lo realizaron Elena B. Díaz y Alejandro Pablo Díaz. En documentos que fueron facilitador a Petit, se pudo observar que del total de 250 mil dólares a cancelar, 25 mil provienen de propiedades de los Díaz en la Florida, EEUU.

De acuerdo a los requerimientos del magistrado, los Díaz deberán comparecer ante el tribunal cada vez que se les ordene. 

Una denuncia penal presentada en la corte federal de Nueva York por "conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia", fue el inicio del viaje a la cárcel de los empresarios, quienes manejan el Miami Equiqment & Export Co y que habrían realizado un sistema de transferencias de moneda fraudulenta e ilegal para lavar 100 millones de dólares. 

Al parecer, la empresa especializada en exportación de equipos, desde el año 2010, realizó transferencias por altas sumas de dinero a EEUU en nombre de una sociedad, sin nombre, de compañías de construcción en Venezuela. 

Desde Venezuela el dinero era transferido a la empresa de la familia Díaz en la ciudad Doral (Miami), desde allí enviaron plata a cuentas de empleados alrededor del mundo, incluyendo a funcionarios del gobierno venezolano. | Para leer más haga click aquí 

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miércoles, diciembre 28, 2016

Asesinado banquero Celso Serna Branger!

Celso Alejandro Serna Branger falleció a consecuencia de múltiples heridas en la región craneoencefálica.

Por: Leyda Vásquez
InfoCifras.Org


Los restos del banquero Celso Alejandro Elfego Serna Branger serán velados esta tarde en la iglesia de la funeraria Monumental del Cementerio del Este, luego de haber perdido la vida el pasado viernes 23 de diciembre, según fuentes de salud.

Serna Branger de 65 años de edad, en vida fue gran amigo y colaborador del presidente de la Junta Directiva del BOD, Víctor Vargas Irausquin, permaneció recluido seis días en Terapia Intensiva del Urológico San Román, tras haber sido ingresado por presentar múltiples heridas producidas por objetos punzo penetrantes en la la cara región craneoencefálica, mientras que su hija, quien se encontraba en el inmueble al momento del ataque, sufrió graves lesiones que la mantienen recluida en un centro de salud.

Según versión policial, el economista se encontraba en su residencia en la urbanización San Román del municipio Baruta el pasado 17 de diciembre, cuando delincuentes armados tocaron el timbre de su apartamento e irrumpieron en su vivienda para perpetrar un presunto robo.

La víctima fue amordazada y lesionada, y los criminales sustrajeron varios objetos de valor como laptops, relojes, dinero en efectivo venezolano y extranjero, de acuerdo al reporte.

Funcionarios policiales llegaron al sitio el día en qué ocurrió el suceso, pero se desconoce si el Cicpc inició la averiguación. Extraoficialmente se conoció que la víctima habría laborado en la Cartera de Inversiones Venezolanas.

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Familiares de masacrados de Cariaco piden detención de alcalde Ángel Ortiz

Por: MIRIAM RIVERO
Fuente: El Universal

Este martes, muy temprano, los pobladores de Cariaco procedieron a instalarse frente a la sede municipal, pidiendo justicia y solicitando que se haga realidad la aprehensión del burgomaestre, pues según sus versiones, hay una orden de captura contra el alto funcionario local.

Familiares de masacrados de Cariaco piden detención de alcalde Ángel Ortiz

Puerto La Cruz.- El caso de las nueve personas asesinadas en la población de Cariaco, municipio Ribero del estado Sucre, siguió llamando la atención de la población, cuando este martes los familiares de las víctimas acudieron a la sede de la alcaldía, a buscar al jefe local Ángel Ortiz, para que las autoridades policiales lo detuvieran, ya que presuntamente estaría involucrado en la llamada masacre y sería el autor intelectual del hecho.

El pasado 11 de noviembre nueve trabajadores se hallaban en el sector El Porvenir, esperando que la empresa donde laboraban les pagara, cuando fueron asesinados por cinco sujetos encapuchados. Otras tres resultaron heridas. Luis Rodríguez, Miguel Angel Acosta García, Javier Rodríguez, Jesús Ramón Rodríguez, Eduardo Jiménez, Carlos Cabello, Jesús Rodríguez, Yairinson Rodríguez García y Elvinson Arias Cabello, perdieron la vida esa noche y ahora sus familiares piden la detención del alcalde Angel Ortiz, por supuestamente ordenar los crímenes.

Este martes, muy temprano, los pobladores de Cariaco procedieron a instalarse frente a la sede municipal, pidiendo justicia y solicitando que se haga realidad la aprehensión del burgomaestre, pues según sus versiones, hay una orden de captura contra el alto funcionario local.

Aurora Rodríguez, familiar de varios de los fallecidos, conversó telefónicamente con algunos periodistas y mencionó que en el puente de Cariaco, trancaron el tráfico y pintaron las paredes de la alcaldía como medida de presión para exigir que se cumpla la captura de Ortiz, quien al parecer huyó de la zona.

Las manifestaciones cesaron luego de varias horas, por cuanto las autoridades les aseguraron que serían recibidos por el Juez Segundo de Control Gilberto Figueroa, quien lleva el caso y tiene la orden de detención contra el alcalde, pero no la ha ejecutado. Les afirmaron además que a Cariaco arribará un fiscal del Ministerio Público de Caracas, para que se aclare la situación.

Indicó que le corresponde al gobierno nacional resolver el problema, pues aún no ha habido justicia total en esta masacre y sostuvo que todo el pueblo está pendiente del curso que lleva el caso y no descansarán hasta que se aplique la justicia a los culpables.

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lunes, diciembre 26, 2016

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE USA OBLIGA A EMPRESA A DEVOLVER DINERO MÁL HABIDO EN VENEZUELA

Por: Gustavo Coronel 

puede leerse como el departamento de Justicia de los Estados Unidos obligó a la empresa HTM, de Midland Texas, a devolver el dinero mál habido en Venezuela, debido a sobornos hechos por el agente de esa empresa a funcionarios del gobierno de Venezuela y de PDVSA.

La suma de $2.8 millones tuvo que ser regresada al gobierno de los Estados Unidos, pero, lamentablemente, no se mencionan los funcionarios venezolanos sobornados. Le he escrito una petición a la empresa a fin de que informen los nombres de esas personas pero dudo que me respondan.

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viernes, diciembre 23, 2016

Escándalo de Odebrecht: funcionarios venezolanos recibieron 98 millones de dólares en sobornos

FUENTE: DIARIO LAS AMERICAS
El documento, dado a conocer tras la firma del acuerdo de indulgencia de la empresa con Estados Unidos, arroja una luz sobre una antigua sospecha de que Odebrecht participó no solo en la trama de corrupción de Brasil, sino también de otros países donde tenía proyectos

Odebrecht movilizó USD 349 millones en sobornos en Brasil, que le generaron USD 1.900 millones de beneficios, y USD 439 millones entre los otros 11 países involucrados, que le rindieron USD 1.400 millones

Unos 788 millones de dólares pagó la empresa constructora brasileña Odebrecht en sobornos que realizó con “complices” de 11 naciones diferentes para la ejecución de obras, entre los que destaca Venezuela, donde el pago fue de "aproximadamente 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales y los intermediarios con el fin de obtener y mantener los contratos de obras públicas".

En un documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se reveló que “Odebrecht está involucrada en un esquema de sobornos integral y sin igual, un fraude que duró más de una década” publico por varias agencias.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los sobornos estaban relacionados con más de 100 proyectos en 12 países. Otras naciones cinvolucradas son Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá y Perú.

El documento, dado a conocer tras la firma del acuerdo de indulgencia de la empresa con Estados Unidos, arroja una luz sobre una antigua sospecha de que Odebrecht participó no solo en la trama de corrupción de Brasil, sino también de otros países donde tenía proyectos.

El documento está firmado por dos investigadores del gobierno de Estados Unidos: Robert L. Alcaparras, procurador de Justicia, y Andrew Weissmann, jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia. En él se destaca el desempeño de la Structured Finance Sector Odebrecht, que de acuerdo con Estados Unidos funcionaba solo para pagar la matrícula a cambio de obtener contratos públicos.

Odebrecht, situada en el corazón del escándalo de Petrobras, y su filial Braskem acordaron pagar multas récord de 3,5 millardos de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por sobornos a funcionarios y políticos de esos tres países, reportó Efe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la constructora aceptó pagar al menos 2,6 millardos de dólares y Braskem 957 millones. Asimismo, señaló que se trata del mayor caso de sobornos pagados por empresas extranjeras que es presentado ante la justicia de esa nación norteamericana.

Odebrecht "se empeñó en un esquema gigantesco y sin paralelo" de sobornos para influenciar contratos y licitaciones por más de una década, afirmó el Departamento de Justicia. Empleando el esquema de la contratista, Braskemambién hizo pagos millonarios para lograr el mismo objetivo. Las dos empresas, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, utilizaron el sistema financiero y bancario de Estados Unidos para pagar "centenas de millones de dólares en sobornos". De esa forma, Odebrecht y Braskem fueron acusadas de "conspiración para violar" la legislación estadounidense contra sobornos.

Según la investigación Odebrecht movilizó USD 349 millones en sobornos en Brasil, que le generaron USD 1.900 millones de beneficios, y USD 439 millones entre los otros 11 países involucrados, que le rindieron USD 1.400 millones.

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ESCANDALO, DANIELA LARREAL ACUSA A HECTOR RODRIGUEZ DE CORRUPTO!

Ciclista venezolana: Ministerio del Deporte fue caja chica para funcionarios de Maduro

La representante del ciclismo venezolano en cinco Juegos Olímpicos, Daniela Larreal, vive hoy en Miami, donde conduce un Uber. ¿La razón? Tuvo que emigrar, tras ser víctima de hostigamiento, producto de sus denuncias contra la corrupción en organismos deportivos adscritos al Gobierno de Nicolás Maduro. 

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Daniela Larreal: ciclista hostigada por denunciar corrupción en entes deportivos de Venezuela 

POR: LEÓN HERNÁNDEZ
lhernandez1@elnuevoherald.com
Fuente: El Nuevo Herald
Cuando usted pida un Uber en el sur de la Florida, preste atención, pues podría ser llevado a su destino por personas de mucho talento y preparación.

Una podría ser la venezolana Daniela Larreal, que llegó a representar a su país en cinco Juegos Olímpicos y que, de hecho, tal vez hubiera podido llevar el tricolor de su patria en un sexto certamen atlético, de no ser por la intolerancia del régimen de Nicolás Maduro a las denuncias de corrupción.

Hoy, Larreal está forzada a vivir lejos de la tierra que la considera una de sus heroínas del deporte. Su pecado fue haber denunciado corruptelas en los organismos y dependencias deportivas adscritas al Gobierno de Maduro, por lo que fue hostigada por la Federación de Ciclismo y el Ministerio del Deporte de Venezuela.

“El Ministerio del Deporte fue caja chica para este grupo político”, declaró a el Nuevo Herald. Larreal señaló en repetidas ocasiones que los recursos que recibían y distribuían las autoridades deportivas nunca llegaron al atleta completamente.

La representante del ciclismo venezolano en cinco Juegos Olímpicos, Daniela Larreal, vive hoy en Miami, donde conduce un Uber. ¿La razón? Tuvo que emigrar, tras ser víctima de hostigamiento, producto de sus denuncias contra la corrupción en organismos depJosé Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com 

La célebre pedalista con palmarés relevante en Barcelona 1992, Atlanta 1996, Síndey 2000, Atenas 2004 y Londres 2012, incluso se preparaba para ir a Río 2016, pero el régimen se opuso. La hija de Daniel Larreal, uno de los mejores ciclistas en la historia de Venezuela, padece en tiempo reciente el precio de denunciar corrupción en Venezuela, especialmente señalando al hoy jefe de la fracción del partido de Gobierno en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez.

Divisas para atletas que no existen

En 2012, Larreal denunció irregularidades en el patrocinio del Estado venezolano en materia de ciclismo y automovilismo, bajo la mirada cómplice de Rodríguez. “Sacaban las divisas de nuestro país financiando algo que no existía”, dijo alegando que en un oportunidad se habían preparado remesas de divisas para un automovilista ficticio.

Larreal llevó su denuncia hasta representantes de alto rango del gobierno como el parlamentario Elías Jaua, quien fue ex vicepresidente durante el gobierno de Hugo Chávez.

“Cuando se empieza a destapar la olla empezaron a tomar represalias hacia mi persona y por eso, constantemente, desde 2012 hasta ahora, siempre me trancaron los recursos para la preparación, me saboteaban,” dijo Larreal.

“No me ponían los boletos a tiempo. Tanto es así que la Federación no me inscribió en los eventos clasificatorios a Río y es cuando yo fui al frente, comencé a denunciar y comenzaron las amenazas y llegó un momento que yo tuve que tomar una decisión. Dije: No puedo regresar (a Venezuela)”, indicó Larreal, quien hoy comparte renta con otros venezolanos en Pembroke Pines, en el Condado Broward, al norte de Miami.

“Luego de mi última presentación la Federación, conjuntamente con Alejandro Terán, actualmente viceministro de Alto Rendimiento Deportivo, me quisieron llevar forzadamente a Venezuela... y cuando digo llevar forzada es que me querían quitar el pasaporte”, dijo.

“En ese momento ellos (los funcionarios) hablaron con todos los atletas de ciclismo para hacerme una suspensión. Mis compañeros no se prestaron, me dijeron: ‘Nosotros... sabemos quién eres tú y que siempre has sido defensora del ciclismo venezolano y del deporte en general’ ”.

Un incidente de dudosa naturaleza y amenazas a su teléfono, impulsaron la decisión familiar.

“Me llamaban por teléfono, que no regresara porque me iban a matar. En una ocasión me fui con mi camioneta a Barquisimeto, porque mi papá vivía allí, me iban a secuestrar. Si no hubiese tenido el valor suficiente y la fuerza que uno como atleta tiene, simplemente me hubiesen matado o me hubiesen secuestrado”, dijo.

“El carro quedó totalmente chocado, porque se me puso un vehículo adelante y otro al lado y me estaban bloqueando. Yo tuve que tirar el carro hacia el otro lado y salí en ese momento. Cuando llego a mi casa, le comento a mi papá la situación y me dice ‘te tienes que ir, porque aquí te van a matar’ ”.

Desmiente versiones en medios, según las cuales habría recibido $2 millones producto de corruptelas.

“Si hubiese sido así, no estuviera denunciando hechos de corrupción y estuviera como más de uno calladita. Porque así son muchos venezolanos que se han beneficiado y que han robado a la nación y tú los ves aquí en los Estados Unidos comprando propiedades, comprando centros comerciales en Doral. Yo los he visto”.

La también profesora de Educación Física, justifica haber sido próspera, gracias a su esfuerzo como deportista y a los patrocinios que recibió, y a una educación centrada en valores familiares, “y valores significa respeto, no robar lo que no es tuyo, de amor por tu país. Eso es lo que yo aprendí en mi casa y por eso soy lo que soy”.

Cuando decidió irse de de su país, Larreal tuvo claro que te tenía que empezar de cero. En este momento está en el proceso de hacer la equivalencia de su carrera en EEUU, que dura dos años.

“Tenía que buscar la manera de producir para pagarme la carrera para ejercer en lo que yo me formé y me preparé y pues tuve que tomar la decisión de trabajar para Uber”, comentó.

Romper el silencio

El temor y el silencio cómplice existe en muchos de sus colegas.

“He sido la única atleta que he denunciado hechos de corrupción, he llamado a otros atletas a incorporarse, pero ellos me dicen: ‘No Daniela, yo no me puedo meter allí, porque yo tengo lo mío pues’ ”.

“Dije: ‘Vamos a hacer una auditoría todos, incluyendo a los atletas’, porque hay muchos atletas que los han metido en selección nacional para sacar divisas del país. Y esto es grave lo que yo he visto y cuando tú le tocas el tema de investigación y hacer auditoría, todo el mundo tiembla. Todo el mundo lo sabe y eso no es desde ahorita, esa desde hace muchos años.”

Indicó que empresas llegaron a plantear patrocinio a favor de los deportistas venezolanos que hubieran implicado ahorro a la nación, pero las autoridades y federaciones se negaban a la alternativa.

“Todo lo que era ahorrar recursos para el país a ellos no les interesaba, porque ellos todo se beneficiaron con los alojamientos, los boletos aéreos, eran impresionantes los precios. Yo decía, ‘¿cómo un boleto que no es de primera clase podía valer 10 veces más que un boleto de primera clase?’ Denuncié todas esas cosas”.

Señala que cuando cambie el Gobierno, no dudará en volver a Venezuela, para impulsar proyectos tales como una universidad del deporte. Ya ha recibido llamadas y mensajes por las redes sociales ofreciéndole trabajo para que deje de ser taxista.

“Me dieron hasta ganar de llorar, porque no son venezolanos, son gente de Bolivia, de Colombia, que me dan la oportunidad para crecer en Estados Unidos, pero mi corazón y mi meta ha estado con Venezuela”, dijo.

“El trabajo va a ser muy duro, porque hay que trabajar en base a las nuevas generaciones, que están acostumbradas a todo fácil, a que todo se lo den”.

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jueves, diciembre 22, 2016

(Bolívar) Alcalde del municipio Caroní recibió medida de arresto domiciliario

Fuente: Noticias Candela

Lo que en principio fue desmentido por el alcalde José Ramón López, terminó siendo una realidad. A pesar de que la boleta firmada por el juez Hernán Bogarín data de fecha 20 de diciembre de 2016, fue este miércoles 21 en horas de la tarde cuando esta llegó hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Tigre, estado Anzoátegui, donde permanecía recluido desde el 29 de septiembre de 2015, cuando se le dictó privativa de libertad.

De acuerdo con la boleta, el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Penal Judicial del estado Bolívar sustituyó la medida de privativa judicial preventiva de libertad por la de arresto domiciliario con residencia en Juanico Country, en Maturín, estado Monagas, con recorrido policial cada 48 horas.

Cabe destacar que esta no es una sentencia firme del tribunal, sino una medida sustitutiva de libertad, razón por la cual legalmente se mantiene su ausencia como una falta temporal, según lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Por otra parte, son reiteradas las veces que López ha manejado la posibilidad de una renuncia. Esto llevaría a que la Cámara Municipal nombre entre sus integrantes al alcalde que completaría el período, descartándose elecciones adelantadas por haber transcurrido más de la mitad del mandato.

Tres alcaldes en un año

Desde antes de la detención de López, cuando se ausentó con un permiso de salud, el Partido Socialista Unido de

Venezuela (PSUV) daba muestras de las fisuras internas por la disputa entre el alcalde y el gobernador Francisco Rangel Gómez.

Todo estalló cuando el 25 de septiembre de 2015, López se reincorporó a su cargo antes de culminar el segundo permiso de salud que solicitó -sin cumplir el primero-, evitando una presunta designación del general Justo Noguera como coordinador general de la Alcaldía, hecho que posteriormente se consumaría.

El 27 de septiembre recibió orden de captura y se puso a derecho, entregándose ante la sede del Sebin en San Félix.

Dos días después, en audiencia de presentación recibió la privativa de libertad con reclusión en el Sebin de El Tigre, Anzoátegui, siendo acusado de los delitos de peculado doloso, concierto de funcionario público con contratista y evasión de procesos licitatorios.

Eriberto Aguilera fue quien asumió como alcalde encargado, ratificado en el cargo bajo protesta de las bases del PSUV que lo acusaban de traidor.

Para completar las irregularidades en la alcaldía de Caroní, en una reunión con la alta directiva nacional del PSUV en el hangar de la Gobernación, se planeó una nueva estrategia para colocar a fichas de Rangel Gómez en la Magistratura municipal.

El exdiputado a la Asamblea Nacional y excandidato a la reelección por los municipios Heres, Cedeño y Sucre fue designado como coordinador general de la Alcaldía el 11 de octubre, misma fecha en la que Eriberto Aguilera renunció a su cargo, según consta en la carta presentada en Cámara. Así el PSUV logró el nombramiento de Tito Oviedo como alcalde encargado de Caroní.

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EE.UU. arresta y formula cargos contra dos hombres por lavar dinero de negocios en Venezuela

Dos empresarios de Miami acusados de lavar dinero vinculado con corrupción en Venezuela

POR: ANTONIO MARIA DELGADO
adelgado@elnuevoherald.com
Fuente: El Nuevo Herald
LUIS JAVIER DIAZ DUEÑO DE MIAMI EQUIPMENT & EXPORT CO.
Dos empresarios de Miami fueron arrestados está semana bajo cargos de lavado de dinero en conexión con la transferencia de $100 millones desde Venezuela a cuentas en Estados Unidos, anunció la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, quienes operaban una empresa de exportación de equipos de construcción ubicada en Doral, una ciudad en el Condado Miami-Dade, fueron arrestados en Miami.

Los empresarios son acusados por la Fiscalía Federal de Manhattan de cometer delitos financieros, incluyendo la transferencia ilegal a cuentas en el exterior de dinero perteneciente a funcionarios venezolanos.

Según la acusación presentada en corte, los dos hombres presuntamente ganaron millones de dólares a través del esquema ilegal, bajo el cual empresas extranjeras, principalmente venezolanas, transferían dinero a Estados Unidos que esquivaban los instrumentos de antilavado de dólares.

“Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz presuntamente operaban en las sombras de un banco fuera del sistema financiero normal para mover más de $100 millones a los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara.

Agregó que los negocios ilegales de transferencia de dinero, especialmente aquellos que no cumplen con las normativas bancarias, generan canales “peligrosos” y no regulados para lavar dinero y para cometer otros delitos financieros.

Casos como estos pretenden cerrar las redes clandestinas que ayudan a los delincuentes transferir dinero alrededor del mundo, enfatizó Bharara.

La acusación señala que Luis Díaz Jr, 74 y Luis Javier Díaz, 49, utilizaron la compañía que ellos poseían entre el 2010 y el 2016 para “efectuar la transmisión” de millones de dólares desde entidades fuera de Estados Unidos, principalmente Venezuela, a bancos en Estados Unidos y en otros lugares, a cambio de una comisión.

Durante ese período, la compañía no se encontraba registrada con el estado de Florida o con la a Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), como es requerido por las leyes estatales y federales para compañías dedicadas a la transferencia de dinero.

En una de las operaciones detectadas, los acusados presuntamente utilizaron su compañía para transferir más de $100 millones a Estados Unidos a nombre de un consorcio de compañías de construcción.

Después de recibir esos fondos de la compañía venezolana, los acusados recibieron instrucciones que incluían el lugar donde el dinero debía ser enviado, de acuerdo con las autoridades.

“De esa manera, los acusados enviaron dinero a nombre de la compañía venezolana a cuentas bancarias en Estados Unidos y en el exterior pertenecientes a funcionarios del gobierno de Venezuela”, enfatizó la fiscalía en un comunicado.

Las autoridades también detectaron transferencia de fondos pertenecientes a empleados de la compañía venezolana y de otras personas que no tenían relación con esa empresa.

La fiscalía agregó que decenas de millones de dólares de estos pagos fueron a parar a “compañías de papel” abiertas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas.

Los acusados también trasfirieron fondos de otras compañías venezolanas y de empresas de otros países latinoamericanos y cobraban una comisión de dos por ciento de los montos que ellos procesaban.

Los acusados frecuentemente recibían facturas falsas de quienes tenían previsto recibir los fondos para dar la impresión de que se trataban de pagos de bienes y servicios adquiridos por la compañía de Doral, cuando en realidad el dinero era para beneficiarios en Estados Unidos y otros países que no tenían una verdadera relación comercial con esa empresa, explicó la fiscalía.

Las facturas falsas pretendían entorpecer el escrutinio de las transferencias al suministrar una explicación para pagos valorados en varios millones de dólares.

Luis Díaz Jr y Luis Javier Díaz enfrentan un cargo de conspiración y otro cargo de operar un negocio de trasferencia de dinero sin licencia, delitos que podrían acarrear sentencias de cinco años y 20 años, respectivamente.

Los acusados también enfrentan un cargo de conspiración y otro de lavado de dinero, los cuales también podrían acarrear otros 25 años de prisión.

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miércoles, diciembre 21, 2016

CANDELA! Pedro "Topocho" León, Corrupción Hasta La Muerte!

Fuente: VerdadesyRumores.Com
Por: Angel Monagas

“PUENTE AÉREO” EN PDVSA POR “ENTIERRO MILLONARIO”. 

¿Supiste del entierro millonario? Murió el papa de Pedro "Topocho" León (Director Ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco). Lo enterraron el martes 29/11 en Margarita. 

Desde San Tome, salieron más de once (11) aviones de PDVSA, además los helicópteros iban y venían, como una línea de taxis. 

ASOMBROSO: Lo que en ninguna de las tragedias naturales del país han hecho, aquí se lucieron con UN PUENTE AEREO (Así como lo lee) desde San Tome a Porlamar, trasladando por órdenes de Lorenzo Aguilera (Director Adjunto de la Faja), a todos los gerentes que quisieran dar el pésame a su “jefecito”. 

Hasta un vuelo VIP, salió de San Tomé cargado solo con coronas para el fallecido. 

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“El jihadismo usa a América Latina para financiarse”

Fuente: Aurora Israel



Aunque la amenaza del terrorismo islamista se mantiene “latente” en Latinoamérica, el objetivo actual del jihadismo en la región pasa más por encontrar financiación a través del crimen organizado que por cometer atentados, según un análisis publicado por un instituto español.

“La silenciosa presencia de miembros/grupos afines a la Jihad Global en el caso de América Latina puede estar más fundamentada en la impunidad que estos encuentran en la región para financiar actividades terroristas” en otros países, afirma el estudio, divulgado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), dependiente del Ministerio de Defensa de ese país.

El extremismo islámico en América Latina, apunta el informe, “guarda una estrecha relación con las actividades de crimen organizado que se desarrollan en la región”.

Según el documento, que lleva por título “El radicalismo islámico en América Latina. De Hezbollah al Daesh”, uno de los grupos terroristas que más utiliza la región para conseguir fondos es la organización libanesa Hezbollah.

El clan Barakat, con base en Paraguay, y la organización Joumma, radicada en Colombia, son un ejemplo de cómo grupos criminales locales financian a Hezbollah a través del tráfico de drogas y del blanqueo de capitales, de acuerdo con el texto.

El documento publicado por el IEEE también recuerda que el Departamento de Estado de EE.UU. aún estaba “preocupado” en 2015 por la presencia de Hezbollah en la región, a pesar de que los años fuertes de la organización terrorista en Latinoamérica fueron 1992 y 1994, cuando cometieron dos atentados contra la comunidad judía en Argentina, en los que fueron asesinadas más de un centenar de personas.

El grupo terrorista que también está avanzando en América Latina, según el instituto español, es Daesh o Estado Islámico, también conocido como ISIS.

“Se estima que más de 100 individuos de la región han viajado a Siria e Irak, algunos en compañía de familiares, para afiliarse a las filas de la organización terrorista. Además, el subcontinente ha servido como apoyo ideológico y financiero para la organización”, explica el texto.

El avance de Daesh es “especialmente preocupante” en Trinidad y Tobago, desde donde viajaron a Siria e Irak cerca de 70 personas, y en Brasil, donde el grupo jihadista Ansar al-Khilafah Brazil declaró lealtad al ISIS en vísperas de los pasados Juegos Olímpicos.

Aunque América Latina “representa una región importante para el radicalismo islámico”, el único país que “podría padecer una amenaza real y directa” es Panamá por haberse adherido en 2015 a la coalición internacional liderada por EE.UU.

El Gobierno de Panamá dijo en noviembre de 2015 que su apoyo a la coalición internacional se centra en evitar que el terrorismo use el “sólido” sistema bancario panameño para financiarse, sin intervenir en eventuales acciones armadas puesto que el país centroamericano no tiene fuerzas militares.

El análisis publicado por el IEEE considera que la presencia de grupos extremistas en Latinoamérica perjudica principalmente a Estados Unidos, “el enemigo declarado de las organizaciones jihadistas”.

El informe también deja claro que “los servicios de inteligencia de la región tienen poca capacidad para enfrentar la amenaza del terrorismo jihadista”.

Argentina y Brasil son, según datos del centro español, los países con el mayor número de musulmanes, un millón de practicantes cada uno. También hay una importante comunidad en Surinam, Venezuela, México, Perú y Chile.

A diferencia de Europa y Estados Unidos, la comunidad musulmana en Latinoamérica “no sufre exclusión social, sino que goza en su mayoría de un estatus social medio”, indica el texto.

Los musulmanes llegaron a la región en el siglo XVI, aunque no fue hasta el siglo XIX cuando el islam se asentó definitivamente en Latinoamérica con la llegada masiva procedente de Líbano, Cisjordania y Siria. 

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lunes, diciembre 19, 2016

Boliladrón Diego Salazar Compra Reaseguradora Delta

Diego Salazar, el “zar” del Gobierno que adquirió una firma de reaseguradora en compra millonaria

Fuente; El Cooperante
Reaseguradora Delta es una empresa de reaseguros de capital, fundado el 22 de marzo de 1963 en Caracas y que en días pasados fue vendida por una alta suma de dinero a un “Zar” del Gobierno.

Según detalla el periodista Casto Ocando, los financistas Leopoldo Castillo Bozo y Luis Benshimol Chonchol cerraron la venta millonaria de la firma con Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela y embajador en Naciones Unidas.

La periodista Olga Wornat, en La Nación de Argentina, detalló que “Salazar Carreño pasó de vendedor de pólizas de seguro a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela, y todo gracias a su poderoso pariente, quien le otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela. Al “Rojo de Oro” le encanta la fiesta, el derroche y los lujos. Vacaciona en Dubai, donde se traslada en su avión, con mucamas, chefs y custodios. Tiene mansiones en EE.UU. y Europa. En Caracas, adquirió un lujoso apartamento en la urbanización Campo Alegre, pero como le resultaba poco, compró el edificio. Aficionado al canto, creó una orquesta de cien músicos de salsa -con salarios en dólares- con los que ensaya tres veces por semana en el hotel Marriott, cuya planta baja se cierra para él y su banda”. (Fuente: Poderopedia)

Este boliburgués está implicado en el famoso caso Andorra. Tras las investigaciones, su cuenta en la Banca Privada d’ Andorra (BPA) fue bloqueada por los cientos de millones de dólares que había movido en la misma.

ASI LO RESEÑO CASTO OCANDO:

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sábado, diciembre 17, 2016

Piloto Ardila Olivares Pagó Condena Por Narcotráfico

Piloto venezolano, dueño de la empresa Aeroquest LLC, pagó condena en EEUU por narcotráfico

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Fuente: Venezuela Politica

Una falsa información que corrió como pólvora en las redes sociales el pasado 12 de diciembre, daba cuenta de una supuesta picadura que habrían hecho en conjunto la DEA y la DNCD (Dirección Nacional Contra Drogas) en República Dominicana. La nota destacaba el uso de un avión perteneciente a la empresa Aeroquest LLC en el cual habrían encontrado 450 panelas de cocaína. Una llamada para confirmar los datos nos permitió conocer que la operación relatada en la prensa nunca se produjo. Igualmente, logramos obtener un informe donde se citan las actividades irregulares del piloto venezolano, Alberto Ignacio Ardila Olivares, dueño de la mencionada corporación, registrada en Weston, Florida el 22 de mayo de 2014 bajo el N-L14000083319. La vinculación del piloto con el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora no fue confirmada por ninguna de las fuentes, ni por los documentos a los tuvimos acceso. 

Ver información aquí.

Pudimos observar que Alberto Ignacio Ardila Olivares se presenta en el ciberespacio como piloto certificado por la FAA. El informe señala que es el protagonista de una exitosa campaña de lavado de imagen cibernética, cuyos asombrosos resultados pueden desviar cualquier investigación que se haga sobre su persona en la red.

Nuestra fuente en República Dominicana nos advirtió que necesitaría tiempo para investigar al sujeto, ya que en las búsquedas de Google aparecían unos 218 mil resultados que vinculan su nombre (como palabra clave) a dominios poderosos que van desde Google news hasta el mismísimo The New York Times. Cuando se hace click a esos más de doscientos mil links, nos lleva a más información falsa sobre Ardila Olivares, la cual está premeditadamente configurada para que el contenido positivo ,generado artificialmente, salga en los primeros lugares y la información real se pierda en el ciberespacio.

Descubrimos fue que Alberto Ignacio Ardila Olivares fue extraditado desde Colombia a los Estados Unidos, donde fue condenado por delitos de narcotráfico y luego deportado a Caracas en 2010. Igualmente, el ahora dueño de la empresa Aeroquest de Weston (Florida), fue acusado de tráfico de armas y de dólares en el caribe. Lo más escandaloso aún, es que Ardina Olivares se le negó uno de los entrenamientos para pilotear aviones grandes, ya que la agencia norteamericana TSA consideró que "es un hombre peligroso para la seguridad de los Estados Unidos".

El documento dice que Ardila Olivares se presenta como piloto certificado de la FAA norteamericana, y con una empresa registrada en los EEUU a pesar que su estatus migratorio no lo permite, motivado a que fue extraditado del país cuando concluyó su condena. En el informe se señala que Ardila Olivares vive en Caracas, Venezuela y tiene dirección fiscal en el estado de la Florida.

Un secreto que el piloto quiere borrar de la internet

En el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia aparece el caso 15-1001, a cargo del juez Harry T. Edward, en el cual se confirma que este hombre de 48 años, fue extraditado desde Medellín, Colombia a los Estados Unidos acusado por delitos de narcotráfico en el año 2006.

Con la firma de la abogada Jason Goldstein del bufete Richards Goldstein LLP, se explica que Alberto Ignacio Ardila Olivares, venezolano, se postuló para asistir a una escuela de aviación certificada por la Administración Federal de Aviación ("FAA") en Francia, para obtener una certificación piloto para volar aviones grandes registrados en Estados Unidos. 

Después de realizar una verificación de sus antecedentes, la Administración de Seguridad del Transporte ("TSA") determinó que Ardila Olivares era un riesgo para la aviación y la seguridad nacional de los Estados Unidos y se le negó su solicitud de entrenamiento. 

Cuando la TSA determina que un extranjero representa un "riesgo para la aviación o la seguridad nacional", entonces se prohíbe a los instructores de vuelo, escuelas de piloto y centros de entrenamiento de aviación entrenar a ese extranjero, evitando así que los sujetos considerados "peligrosos" puedan certificarse en el pilotaje de aeronaves grandes registradas en los Estados Unidos. 

En el documento se señala que Ardila Oliveros no es elegible para ser certificado por FAA para volar este tipo de aviones. Ante la negativa del gobierno estadounidense a darle permiso para obtener esa certificación, Ardila Oliveros contrató a un bufete de abogados que apeló en su nombre ante el tribunal, bajo el argumento que "la TSA no cumplió con los requisitos legales cuando inicialmente rechazó su solicitud de entrenamiento debido a que la agencia no dio motivos para denegar la petición". 

Ver apelación completa aqui.

Asimismo, los abogados aseguraron que la acción de TSA fue "arbitraria, caprichosa, y abusó de discrecionalidad no conforme a la ley". 

Obviamente, durante la querella, la agencia del gobierno norteamericano presentó al tribunal documentos internos, que incluyen las conclusiones de una investigación hecha por la TSA sobre los antecedentes de Ardila Oliveros, así como comunicaciones con respecto a la solicitud del piloto venezolano. 


Dentro de la documentación presentada aparece un reporte de la TSA en la que se señala lo siguiente:

1)Para volar aviones grandes, los pilotos deben obtener una certificación adicional conocida como Clasificación de Tipo 14 C.F.R. § 61.31 (a) (1). 

2) Los extranjeros que buscan capacitación y certificación para operar aviones grandes registrados en los Estados Unidos deben primero obtener autorización de la TSA. 

3) Si la TSA "determina que [un solicitante extranjero] representa un riesgo para la aviación o la seguridad nacional", entonces ese solicitante no es elegible para recibir la capacitación necesaria queasegure una clasificación de tipo de avión grande de la FAA. 

4) Alberto Ignacio Ardila Olivares es un piloto extranjero que anteriormente vivió y trabajó en los Estados Unidos. El 14 de febrero de 2007, fue condenado en un tribunal federal de conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas (cocaína) en violación de 21 U.S.C. § 846. Fue condenado a 80 meses de prisión, seguido de 60 meses de libertad vigilada. 
5) El 17 de diciembre de 2007, la FAA envió a Ardila Olivares una carta revocando su certificación de piloto, efectiva el 7 de enero de 2008. El peticionario fue posteriormente deportado el 3 de marzo de 2010.

6) Después de ser deportado, Ardila Olivares trabajó como piloto en Venezuela. En 2011, se le ofreció la oportunidad de volar un avión grande registrado en los Estados Unidos, lo que le obligó a recibir la capacitación para obtener la Calificación de Tipo apropiada y luego buscar la certificación apropiada de la FAA. Para lograr estos objetivos, Ardina Olivares solicitó su admisión en una escuela de aviación certificada por la FAA en Francia. La TSA entonces llevó a cabo una investigación de antecedentes del peticionario. 

7) A pesar de que TSA descubrió la condena por drogas de 2007 de Ardila Olivares, la TSA le concedió permiso para asistir a la escuela de vuelo. El solicitante completó con éxito la escuela de vuelo y obtuvo su Calificación de Tipo así como varias otras certificaciones de la FAA.

8) En 2012, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos ("GAO") publicó un informe criticando las investigaciones de fondo de los pilotos extranjeros de la TSA. 

9) Si un solicitante no es elegible para admisión en los Estados Unidos y está buscando permiso para asistir a un programa de entrenamiento de vuelo certificado por la FAA fuera de los Estados Unidos, la TSA lleva a cabo una investigación más detallada para determinar si el solicitante presenta un riesgo para la aviación o la seguridad nacional.

9) En 2014, Ardila Olivares recibió otra oportunidad para pilotar un avión grande registrado en Estados Unidos. Aunque sus credenciales generales de la FAA siguieron siendo válidas, la Clasificación de Tipo del Solicitante había expirado. Como antes, Ardila Olivares solicitó permiso para asistir a una escuela de vuelo certificada FAA en Francia, y TSA llevó a cabo -nuevamente- una investigación de antecedentes. 

10) De acuerdo con los nuevos procedimientos de la TSA, la investigación de la agencia indicó que el peticionario era inadmisible para ingresar a los Estados Unidos debido a su condena por drogas de 2007. Como resultado, la solicitud fue remitida para investigación adicional. 

11) La investigación adicional reveló que, además de su condena por drogas de 2007, Ardila Olivares había sido acusado de tráfico de armas de fuego en 1998 en Aruba. La TSA también descubrió que, a pesar de que había sido deportado sin derecho a regresar a los Estados Unidos, el peticionario mantuvo una dirección local en Massachusetts por casi una década.

12) La TSA canceló la solicitud de capacitación, alegando el estado de inmigración de Ardila Olivares. El peticionario respondió de inmediato a la TSA, explicando que él trató de asistir a la escuela de vuelo en Francia y no en los Estados Unidos.

13) La TSA realizó una investigación adicional que concluyó que Ardila Olivares era una "Amenaza al Transporte / Seguridad Nacional". El 5 de noviembre de 2014, la agencia envió un correo electrónico negando su solicitud, basada en lo establecido en el Título 49 del Código de Reglamentos Federales [§] 1552.3 (e).

14) El 5 de enero de 2015, Ardila Olivares presentó su petición de revisión ante este tribunal. El 26 de marzo de 2015, la TSA respondió con todos los detalles de la investigación, incluyendo, entre otros elementos, que en octubre de 2014, Ardila Olivares presentó la Solicitud de Entrenamiento # 565192, buscando entrenar en Flight Safety International - Paris Learning Center del 10 de noviembre al 17 de noviembre de 2014.

15) La nueva investigación reveló que en 2007, Ardila Olivares se declaró culpable de conspiración de poseer con la intención de distribuir sustancias controladas y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois le condenó a ochenta (80) meses de prisión. La condena del peticionario lo hizo inadmisible a los Estados Unidos y llevó a la revocación de su Certificado de Piloto de FAA. Ardila fue deportado a Venezuela, en marzo de 2010.

16) Igualmente se supo que Ardila Olivares era un traficante internacional de armas de fuego. Hubo pruebas de que Ardila Olivares había participado anteriormente en la exportación de armas y de divisas estadounidenses desde Venezuela, usando para ello aviones privados. "Fue el segundo piloto de un avión que transportaba varias armas y 500.000 dólares que fueron incautados por las autoridades locales en Aruba. Uno de sus asociados fue arrestado en Aruba por el contrabando de armas de fuego", dice el informe.

17) La investigación federal también planteó la preocupación de que Ardila Olivares pueda utilizar su entrenamiento de vuelo para promover los intereses de una empresa criminal, que podría incluir una empresa que intente hacerle daño a los Estados Unidos.

18) LA TSA, a través del programa AFSP (Alien Flight Student Program) negó su solicitud de entrenamiento el 5 de noviembre de 2014 y el tribunal de apelaciones negó definitivamente la solicitud del piloto venezolano.

El informe dice además que cuando Alberto Ignacio Ardila Olivares estuvo ligado a otro piloto venezolano de nombre Henry Wood Alcalá. Asimismo, se hace referencia a un expediente de la justicia venezolana, sellado en el folio Nº 92 y 93 de la Oficina Nacional de Antidrogas (ONA), donde se reporta el caso del avión N-900SA, DC-9/15- que fue detenido con un cargamento de drogas y donde estaba involucrado un tercer piloto, Harry Wood Alcalá. El avión transportaba 5.5 toneladas de cocaína.

A continuación les dejo las imágenes de las búsquedas de Google donde aparece la estrategia de limpieza de imagen puesta en marcha por Alberto Ignacio Ardila Olivares para desviar investigaciones en su contra y esconder así su relación con el narcotráfico y sus intríngulis con su certificación de la FAA.








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Prohibido Olvidar: Extradición contra Alberto Ignacio Ardila Olivares

Así USA pidió a Colombia extradición contra Alberto Ignacio Ardila Olivares en el 2004

Fuente: FueradePausa

Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala de Casación Penal
Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Gómez Quintero
E. S. D.

REF.: Trámite de extradición del ciudadano venezolano Alberto Ignacio Ardila Olivares, solicitado por el gobierno de los Estados Unidos de América.
RAD. No.: 22.405

Con la función otorgada por la Constitución Política, que me permite actuar como delegado del Ministerio Público, pongo a consideración de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mi opinión sobre la posibilidad de que sea concedida la entrega del ciudadano venezolano Alberto Ignacio Ardila Olivares, quien es reclamado por el gobierno de los Estados Unidos de América para ser juzgado por delitos relacionados con el tráfico de narcóticos.

El artículo 514 de la Ley 600 de 2000 otorga al Ministerio de Relaciones Exteriores la competencia para decidir, en cada caso, si para el trámite de extradición ha de procederse con sujeción a convenciones o usos internacionales, o si procede de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal.

Respecto de esta solicitud de extradición, la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación de 17 de mayo de 2004 dirigida al Ministro del Interior y Justicia, expresó que no existe convenio internacional aplicable al presente evento, por lo que su trámite debe verificarse conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal.

En estas condiciones, la Corte Suprema de Justicia deberá emitir un concepto de conformidad con las instructivas del artículo 520 del citado Código, según el cual el concepto de la Corte debe contener un estudio sobre la validez formal de la documentación presentada; la plena demostración de la identidad del requerido; el principio de la doble incriminación, y la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

También considera el Ministerio Público que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por virtud de otras disposiciones constitucionales y legales, debe examinar si el delito que motiva la extradición está reprimido en Colombia con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años y no tiene carácter político. Una vez revisados los anteriores factores, de manera adicional, la Corte deberá pronunciarse sobre las garantías que le asisten al extradido, en la eventualidad de emitir un concepto favorable, pues deberá advertir que no podrá ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

1.- Copia o trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o de su equivalente.

El requerido fue acusado por el Gran Jurado de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, con la resolución de acusación No. 97 CR 789 dictada el 26 de octubre de 1999, acto que invoca el gobierno de los Estados Unidos de América como fundamento de la solicitud de extradición en contra de Alberto Ignacio Ardila Olivares, no obstante que los diversos documentos enviados citen el primer apellido del requerido como Ardilla en los textos originales y sus respectivas traducciones, imprecisión que fue aclarada con la aducción de los documentos referentes la identidad del solicitado.

El contenido del indictment, como varias veces lo ha manifestado el Procurador Delegado, se equipara a una resolución de acusación en el ordenamiento jurídico colombiano, aunque carezca de todos y cada uno de los requisitos previstos en los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Penal, pues desde el punto de vista material guarda la armonía suficiente para otorgar a dicha pieza procesal expedida en el extranjero la calidad de una acusación, en tanto que señala los comportamientos constitutivos de los diversos delitos; las fechas de su comisión; la forma comoconcurrió el imputado al hecho punible, así como las disposiciones violadas con la conducta objeto de la acusación, de manera que se cumplen en el indictment las reglas necesarias de protección degarantías constitucionales de nuestro país y le permite al inculpado ejercer su derecho a la defensa durante el juicio. Siendo ello así, en sentir de este representante del Ministerio Público queda satisfecho el requisito previsto en la ley para conceder la extradición del solicitado.

En este punto debe advertirse que con las Notas Verbales Nos. 685 de 19 de marzo de 2004 y 1119 de 17 de mayo de 2004, fueron allegados otros documentos que acompañaron la petición del gobierno extranjero:

1.- Indictment o acusación proferida por el Gran Jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Septentrional de Illinois División Oriental contra Alberto Ardilla, alias “Scotty”, alias “Julio”.

2.- Orden de captura contra Alberto Ardilla, alias “Scotty”, alias “Julio”, emitida por la Magistrada Juez de los Estados Unidos Donna Kuempel, el 17 de julio de 1998.

Sobre esta orden de arresto debe precisarse que aparece un error en la traducción, por cuanto en el documento original aparece Distrito Septentrional de Illinois División Oriental, mientras que en la traducción aparece citado Distrito Meridional de California; también se observa una inconsistencia respecto a la sección de la norma violada, pues mientras en el documento original son señaladas lassecciones 826 y 2, en la traducción aparecen las secciones 862 y 2, faltando así correspondencia entre los dos documentos. No obstante, el Procurador Delegado estima que estos errores no invalidan los documentos aportados, en la medida en que su texto en inglés permite identificar cabalmente tanto la autoridad emisora de la orden, como las disposiciones que fundamentan la acusación en contra del requerido.

3.- La declaración jurada de apoyo rendida por David H. Hoffman, Asistente Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Septentrional de Illinois, rendida con destino a la solicitud de extradición deAIberto Ignacio Ardila Olivares el 10 de mayo de 2004 ante el Magistrado Juez de los Estados Unidos del Distrito Septentrional de Illinois, Eduard A. Bobrick.

4.- Declaración jurada de Eduard Farell, Teniente Alguacil de los Estados Unidos, rendida el 10 de mayo de 2004 ante el Magistrado Juez de los Estados Unidos Eduard A. Bobrick.

5.- Certificado del Consulado de Colombia en Washington que autentica la firma del Oficial de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Sonya N. Johnson, y declara que para el día 13 de mayo de 2004 la oficial desempeñaba dichas funciones, documento suscritopor la Vicecónsul Jaquelin Espitia A.

6.- Certificado del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América Colin Powell sobre la fijación del sello oficial para dar plena fe y crédito al contenido de los documentos aportados con la solicitud de extradición, así como la autorización para que el funcionario auxiliar de autenticaciones lo suscriba a su nombre, documento expedido el 13 de mayo de 2004 y suscrito por el Secretario de Estado Colin Powell y el funcionario Auxiliar de Autenticaciones Sonya N. Johnson.

7.- Certificado del Procurador General de los Estados Unidos John Ashcroft, en el cual afirma que Mary D. Rodríguez es Directora Adjunta de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, documento expedido el 13 de mayo de 2004.

8.- Certificado de la Directora Asociada de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en el que señala que se encuentran anexas las declaraciones juradas del Fiscal Federal Adjunto David H. Hoffman y del teniente Alguacil de los Estados Unidos adscrito al Grupo Operativo Regional de los Lagos Grandes, Edgar Farell, cuyos originales se mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia en Washington, Estados Unidos de América.

9.- Copia del permiso de conducción número A634-009-72-270-0 expedido por el Departamento de Seguridad en Carreteras y de vehículos Motorizados del Estado de Florida, expedido a nombre Alberto Ignacio Ardila.

10.- Registro decadactilar del F.B.I. correspondiente al sujeto Alberto Ignacio Ardila.

Como la documentación enviada aparece formalmente válida, el Procurador Delegado encuentra cumplido el presente requisito.

2.- Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados.

La anterior exigencia materializa el principio de la doble incriminación, pues a partir de la confrontación de la conducta endilgada al acusado, se puede verificar si en nuestra legislación ellatambién constituye un hecho punible sancionado con pena privativa de la libertad, sin consideración a la denominación jurídica que se le de.

Para determinar el cumplimiento de esta exigencia, debe examinarse el contenido de la Nota Verbal1119 de 17 de mayo de 2004, en la cual el gobierno de los Estados Unidos de América formaliza la extradición de Alberto Ignacio Ardila Olivares así como los documentos que soportan dicha petición. Para el caso concreto, a Ardila Olivares el Gran Jurado de la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois lo acusó el 26 de octubre de 1999, mediante la segunda resolución de acusación sustitutiva No. 97 CR 789 en los siguientes términos:

Cargo Uno
El Gran Jurado Especializado de enero de 1999-2 acusa que:
1. Con inicio en el año 1993 o alrededor de esa época con continuación hasta el mes de febrero de 1998, en el Distrito Septentrional de Illinois, División Oriental, y en otras partes,
Hugo Cataño,
Alberto Ardilla,
Alberto Moreno y
Juan Almonacid,
los acusados en la presente, concertaron el uno con el otro y además con Blanca Rojas, Hagop Demirjian (alias Jack), Vladimir Lokotkin, Oleg Pulin y otros tanto conocidos comodesconocidos para el Gran Jurado, para con conocimiento de causa e intencionalmente distribuir y para poseer con intenciones de distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, una estupefaciente y sustancia controlada de la Tabla II, lo cual es una violación a la Sección 841(a) (1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.
2..
20. ... En violación a la Sección 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

De la anterior acusación se concluye que la conducta y las normas extranjeras que la prevén como delictiva, tienen en nuestra legislación su equivalente como tipo penal que prevé para su autor una sanción mínima superior a los cuatro años, en el tipo de concierto para realizar actividades de narcotráfico, tipificado en el artículo 340 del Código Penal, modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002, el cual se configura cuando varias personas se conciertan con el propósito de realizardelitos de narcotráfico o relacionados con ellos y está conminado con una pena de prisión de seis a doce años.

Sobre los anteriores presupuestos, considera el Ministerio Público que en el presente evento se cumple con el requisito de la doble incriminación y el mínimo de la pena exigida para emitir concepto favorable a la extradición de Alberto Ignacio Ardila Olivares.

3.- Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada.

Tanto en la Nota Verbal No. 0685 de 19 de marzo de 2004 como en la 1119 de 17 de mayo de 2004,al requerido lo distinguen con el nombre de Alberto Ignacio Ardila Olivares, también conocido como Alberto Ignacio Ardila, Hugo Cárdenas, Scotty, y Hugo, ciudadano venezolano, nacido en Maracaibo el 30 de julio de 1972, quien tiene una estatura aproximada de 5 pies 8 pulgadas (1.72 metros), pesa 150 libras (67.5 Kgs), tiene cabello castaño y ojos cafés, y es titular del pasaporte venezolano número V10798659 expedido el 3 de octubre de 1983 y de la licencia de conducción de Florida número A634009722700.

Alberto Ignacio Ardila Olivares fue capturado en Medellín el 19 de marzo de 2004 y en dicha diligencia se identificó como Alberto Ignacio Ardila Olivares, con la cédula venezolana No. 10798659 y el pasaporte venezolano No. 0696729 expedido a nombre de Alberto Ignacio Ardila Olivares el 4 de mayo de 1992.

De igual manera, al serle leídos sus derechos como capturado, no objetó el nombre impuesto en el acta elaborada el 19 de marzo de 2004 en las dependencias del D.A.S. de Medellín. De otro lado,durante la diligencia de notificación de la resolución del Fiscal General de la Nación que ordenó su captura, implantó su rúbrica sobre el pie de firma a nombre de Alberto Ignacio Ardila Olivares y,finalmente, mediante diligencia de cotejo técnico dactiloscópico se pudo establecer que las impresiones tomadas el 18 de marzo de 2004 al aprehendido, correspondían en su morfología general de ubicación y conformación de puntos característicos con las tomadas al señor Alberto Ignacio Ardila Olivares.

Debe señalarse que sobre este aspecto, ni el requerido, ni la defensa han mostrado desacuerdo sobre la identidad de la persona capturada, por lo que el Ministerio Público considera satisfecha la exigencia de la plena identidad del sujeto reclamado en extradición.

4.- Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso.

Para cumplir con la anterior exigencia el gobierno de los Estados Unidos de América, por medio de su embajada en Colombia, hizo llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia copia de las siguientes disposiciones:

Sección 812 referente a las tablas de sustancias controladas (a) (c) Tabla II (a) (4); 846 sobre tentativa y concierto para cometer delitos; 841 en donde se relacionan los actos prohibidos A (a) (1)y de la misma sección, las normas bajo la nomenclatura (b) (1) (A) (ii) (II) que establecen las penas para los citados actos prohibidos A; la regla 9 (b) (1) regla 9 (a) (b) (1) del Reglamento Federal de Enjuiciamiento Penal, y la Sección 3282 del Título 18 relacionado con los delitos no conminados con la pena de muerte.

Adicionalmente, a petición del Ministerio Público, se aportó al expediente la traducción de la sección 2 del Título 18 del Código Penal de los Estados Unidos, según la cual se puede concluir que en esa legislación se considera como autores principales a quienes cometan, ayuden, faciliten, aconsejen, ordenen, inciten o causen la perpetración de un delito, así como a quien voluntariamente haga que se cometa un acto constitutivo de delito.

En estas condiciones, el estudio de las normas aportadas por el gobierno de los Estados Unidos, así como de la acusación formulada, se puede concluir que a Ardila Olivares se le acusa en el indictment base de la solicitud de extradición, apenas del concierto para realizar actividades de narcotráfico.

Con la anterior relación de disposiciones enviadas, considera el Procurador Delegado que se satisface la exigencia contenida en el numeral 4 del artículo 513 del Código de Procedimiento Penal.

Conclusión.

De acuerdo a las anteriores consideraciones, el Procurador Tercero Delegado para la Casación en lo Penal, conceptúa que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia debe emitir concepto FAVORABLE a la extradición del ciudadano venezolano Alberto Ignacio Ardila Olivares, por el delito de concierto para realizar actividades de narcotráfico, indicado en los cargos formuladosen el indictment que sirve de sustento a la solicitud de extradición.

Señores Magistrados,

IVAN GONZALEZ AMADO
Procurador Tercero Delegado para la Casación Penal

Bogotá D. C. 30 de septiembre de 2004
EXTRADICION No. 22.405
ALBERTO IGNACIO ARDILA OLIVARES

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