Nervis Villalobos cobró millones dedólares triangulados por el Consorcio KCT a través de una empresa de Miami

En el segundo día del juicio del caso Díaz, que se celebra en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, salieron a relucir una serie de facturas firmadas por el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno del fallecido, Hugo Chávez, a través de las cuales logró cobrar millones de dólares pagados por el Consorcio KCT, que eran presentadas ante la empresa Miami Equipment & Export, que era usada para pagar comisiones y sobornos a sus propios empleados y a trabajadores claves de Cadafe, Corpoelec y Pdvsa.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

En el juicio que se le sigue a los empresarios cubanos-americanos, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, —acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber usado una empresa de venta de equipos de construcción como un banco sin licencia y, además, de haber lavado millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano, a cambio de un porcentaje por cada transacción— los fiscales federales presentaron una serie de evidencias que el juez aceptó y que dejan claro que varias empresas venezolanos triangularon por la compañía de Miami los pagos de comisiones y sobornos a personas ligadas a entes gubernamentales de Venezuela.

La sesión que duró más de 6 horas, se inició con la exposición del experto de la agencia del Departamento del Tesoro estadounidense, encargada de supervisar los delitos financieros (FinCen), John V.

El testigo llamado por la fiscalía dijo que el FinCen se dedica a almacenar y analizar información sobre transacciones financieras con el objetivo de luchar contra los delitos como el lavado de dinero.

Dijo que la misión del FinCEN es salvaguardar al sistema financiero de la utilización ilícita y el blanqueo de dinero y a la vez promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y diseminación de inteligencia financiera y la utilización estratégica de las autoridades de ese sector.

Explicó que el 1° de enero de 2016 hicieron una supervisión en la sede de Miami Equipment & Export Co. y contactaron que los dueños de esa empresa no tenían registrado su negocio en el FinCen como la ley ordena.

Comentó que no hay ningún registro que pruebe que la referida empresa estuviese en los registros oficiales, o que llevara récords de las transferencias que hacía o que hubiese presentado algún reporte para advertir sobre las irregularidades.

El segundo testigo en el estrado este martes fue un agente de la Unidad de Aduanas y Protección de Fronteras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, T. Castaña, cuyo trabajo está relacionado al chequeo de los contenedores de los bienes que se exportan desde los Estados Unidos al mundo entero.

Castaña explicó que diariamente se hacen reportes de los contenedores que salen de los puertos y se genera una data que incluye los problemas que se presenten con los exportadores. Afirmó que los responsables de las exportaciones deben llenar unas formas que deben remitir al gobierno federal para cumplir con las exigencias de la ley.

Los fiscales presentaron una copia de un reporte equivalente a las exportaciones hechas por Miami Equipment & Export Co. desde 01-08-2008 hasta 09-02-2016, donde aparecen todas los envíos hechos por la empresa, los costos y los montos que totalizan esas exportaciones, entre otros renglones. La totalidad en moneda de las exportaciones hecha por la mencionada empresa en ese período del 2010-2016 fue de 42 millones de dólares. Otra lamina mostraba que en el mismo período se exportaron unos 5 millones 410 mil 821 dólares a través de las siguientes empresas: KCT (Caracas y Valencia), KBT, Cielemca, entre otras.

La defensa intervino en este punto para aclarar que esos montos no reflejaban las exportaciones que se hacían con órdenes de compra directa con las empresas que manufacturaban los productos y que los clientes decidían hacer los envíos directos desde el lugar de la fábrica hasta el destino final. George Vila preguntó al testigo qué ocurre en las circunstancias excepcionales en que los montos no aparecen en las formas a las que se referían los fiscales, que muestra la data exclusivamente de las que se hacen rutinariamente por la empresa intermediaria, en este caso Miami Equipment & Export. El testigo dijo que en algunos casos eso era posible pero también se tenía que reflejar en la forma del gobierno que se había usado ese mecanismo.

Posteriormente, subió al estrado un agente encargado de realizar investigaciones federales relacionadas con lavado de dinero, quien fue el encargado de realizar la investigación sobre la empresa propiedad de los dos acusados. M D. R fue el agente que revisó las cuentas de Miami Equipment & Export y descubrió que los movimientos que se hacían desde las cuentas bancarias de dicha empresa no se correspondían con la naturaleza del negocio.

Explicó el agente que inició su averiguación con una revisión de la página web de la empresa, luego pasó a las cuentas bancarias, donde encontró transferencias bancarias detalladas y estados bancarios de los años 2010 hasta 2015. Se enfocó en mostrar algunas evidencias correspondientes a la cuenta de los acusados en el banco BB&T, y Colonial Bank, cuyas firmas autorizadas son Luis Díaz, Luis Javier Díaz y Annette M. Díaz Rojas.

Dijo que en esas cuentas se recibía dinero y luego se pasaba a otros bancos. Buena parte de las transferencias venían del Consorcio KCT. También revisó los correos electrónicos de los dos acusados y fue cuando supo que estos recibían instrucciones de la empresa venezolana para hacer las transferencias pero que, además, era ese cliente el que se encargaba de enviar las facturas de los supuestos servicios que prestaba Miami Equipment & Export a los que KCT enviaba el dinero.

Los fiscales expusieron ante el jurado fotos de las oficinas y de las cajas con documentos que el gobierno de los Estados Unidos tomó en la empresa con sede en Miami, y que luego se convirtieron en evidencias contra los dos acusados.

Seguidamente los fiscales empezaron a mostrar al jurado una serie de facturas, que habían sido pagadas por los acusados, conforme a las instrucciones que recibían de los dueños de KCT y otras empresas. El agente explicó que tras la evaluación de la documentación descubrió que una parte de las personas beneficiadas por las transferencias eran los mismos dueños del Consorcio KCT y otras empresas similares.

Mostraron unas hojas de apertura de cuenta en el banco HSBC a nombre del Consorcio KCT Cumaná Internacional, donde firmaban las siguientes personas: Antonio Martín, Antonio Padrín, Enrique Pradera, José Miguel García y Blas Herrera. La dirección que aparece es las islas Británicas y la dirección postal era la de la empresa de los acusados 7788 NW 71 St. Miami Fl. 33166. En esa misma hoja aparecían los nombres de Ariano Martín, Blas Herrera y Enrique Pradera con la información de sus teléfonos celulares.

Asimismo presentaron documentos de la empresa Cielemca, aunado a un correo electrónico enviado al acusado Luis Díaz Jr. por César Cardozo, con copia a Mario Herrera y José Garantón, donde daban instrucciones sobre envíos.

En una de las comunicaciones firmada por la secretaria de Blas Herrera, Elisbert Becerra Guzmán (KCT), informaban a Luis Díaz de un pago a favor de Miami Equipment por 4 millones 360 mil 912,50 dólares.

El 3 de marzo de 2012, había un balance en la cuenta de Miami Equipment a favor de KCT de 904 mil 417,73 y el 27 de marzo de 2012 transfirieron 4 millones 773 mil 694,24 dólares. De ese monto se ordenó el pago a dos empresas: Kingsway LDA por 1 millón 451 mil 763,93 dólares, cuyo beneficiario fue el exviceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos Cárdenas, y la segunda empresa fue Adimar, a la que le transfirieron 2 millones 546 mil dólares para un total de 4 millones 763,93 dólares.

Nervis Villalobos Cárdenas envió una factura a Miami Equipment identificada con el número #000208 por pago parcial de consejos de prueba previa y la puesta en marcha de San Lorenzo-Zulia Venezuela por 1 millón 454 mil 763,93. El pago fue hecho desde la cuenta de banco de la empresa de los acusados a una cuenta en el Banco de Madrid, España.

La fiscalía sostuvo que Miami Equipment pagó ese supuesto servicio sin haberlo recibido.

Los acusados también pagaron una factura a Adinar Internacional Limited por supuesto desarrollo de concepto de ingeniería por 546 mil dólares. No hubo ninguna relación entre la empresa de los Díaz y las empresas que recibieron los pagos, solo las instrucciones de KCT y las facturas que ellos mismos enviaban para justificar el pago a los beneficiarios. Adinar recibió los pagos a través del Banco New York Mellon.

La fiscalía informó al jurado que los dueños de la empresa Adinar son Blas Herrera, Enrique Pradella, Antonio Padrín, Mario Herrera, es decir, los mismos propietarios del Consorcio KCT, lo que indica que se enviaban dinero de una empresa a otra por intermedio de Miami Equipment, usando facturas de servicio que no se prestaban a la empresa ubicada en Miami.

Igualmente dijeron que Kingsway y Miami Equipment firmaron un acuerdo el 7 de noviembre de 2010. Por Kingsway firmó el exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Geraldo Villalobos Cárdenas y por ME, Luis Díaz.

Kingsway tiene sede en la Zona Franca Madeira de Portugal.

Desde las cuentas de los acusados también se pagó otra factura esta misma empresa por 873 mil 120 dólares.

La fiscalía también destacó que KCT no aparece en ninguna de las facturas que se investigaron en ese período.

Otra empresa a la que Miami Equipment transfirió dinero por orden de KCT es Levack Limited LTD con dirección en las Islas Británicas. La empresa de los acusados transfirió 1 millón 12 mil 500 dólares por una factura de supuestos servicios de consejería y asesoría profesional. Los envíos se hicieron a través del JP Morgan. El director de Levack es Antonio Padrín, el mismo director de KCT.

Otra de las empresas que participó el esquema de lavado de dinero es Posner International Inc con sede en Panamá. KCT instruyó a los acusados para que transfiriera más de un millón de dólares a la cuenta de la empresa a través de una cuenta del HSBC.

Cuando la fiscalía presentó los documentos de la empresa y de los firmantes en las cuentas aparecieron nuevamente Enrique Padrella y José Miguel García.

La fiscalía también mostró un pago hecho por KCT mediante Miami Eqhipment a favor de Cielemca por 350 mil dólares por consulta en proyecto de Planta Bajo Grande.

Esta historia apenas comienza, seguiremos informando....