Líbano protege el comercio de cocaína de Hezbollah en América Latina

Fuente: Itonadol/AJN

Luego de que la administración Trump se retirara del acuerdo nuclear con Irán, Washington aumentó las sanciones contra Hezbollah como parte de su ofensiva contra Teherán y sus representantes.

Pero la política de Estados Unidos contra el grupo terrorista libanés sigue siendo incoherente. Se opone a Hezbollah mientras apoya a las instituciones del estado libanés que controla, anulando su búsqueda de fuentes de financiación ilícitas.

Esta contradicción se está desarrollando en Paraguay, la Embajada del Líbano está intentando bloquear la extradición del financista de Hezbollah, Nader Mohamad Farhat.

El armamento y los combatientes de Hezbollah se concentran en Líbano y Siria, pero América Latina es un lugar de operaciones indispensable para las redes criminales que generan gran parte de los ingresos de Hezbollah.

Paraguay alberga una creciente operación de lavado de dinero conectada con Hezbollah en la Triple Frontera, donde Paraguay se cruza con Argentina y Brasil.

Cada vez más, los agentes locales de Hezbollah están involucrados en el auge local del tráfico de cocaína, hay evidencia de que Hezbollah envió altos funcionarios a la Triple Frontera para coordinar estas actividades.

El 17 de mayo las autoridades paraguayas allanaron una casa de cambio en Ciudad del Este y arrestaron a Farhat por su papel en el esquema de lavado de dinero de drogas por 1.3 millones de dólares.

Farhat es un miembro del Componente de Asuntos Comerciales, la rama de la Organización de Seguridad Externa de Hezbollah a cargo de dirigir operaciones de tráfico ilícito y finanzas ilícitas en el extranjero.

Las autoridades de norteamericanas quieren extraditar a Farhat, demostrando que el lavado de dinero afectó el sistema financiero estadounidense. El gobierno libanés quiere evitar que eso suceda.

Washington no debe permitir el curso de acción incorrecto sobre el narcotráfico, tampoco Paraguay.

Los Estados Unidos deberían dar garantías a Paraguay de que castigaran y extraditaran a los culpables de corrupción y narcotráfico.

El plan de lavado de dinero de Farhat es la punta del iceberg criminal de Hezbollah en la Triple Frontera. Los investigadores que allanaron el negocio de Farhat encontraron cheques en blanco valuados por millones de dólares.

Quién es Jesús Alfredo Vergara Betancourt?

Por: Romulo Veroes

Fuente: Frente Libertad

Vergara es un empresario del estado Bolívar en Venezuela. Pero es mejor conocido en los círculos sociales de la zona de Guayana con los alias de el “Rey de la Cabilla” o el “Lalo”

Vergara ha sido acusado múltiples veces, por los trabajadores de las industrias básicas del Estado venezolano por supuestamente conformar y liderar las mafias que controlan el comercio ilícito de materiales y minerales estratégicos en complicidad con las altas nomenclaturas del corrupto estamento militar venezolano, la cúpula de la corrupción chavista integrada por el General Rangel Gómez, Ángel Marcano, Juan Arias y grupos terroristas de Hezbollah liderados por Tareck El Aissami.

Las mafias de Vergara controlan bajo las sombras de la corrupción el comercio del hierro, cabillas, aluminio, oro, coltan, entre otros. Empresas como CVG, SIDOR, VENALUM, ALCASA, BAUXILUM, ALUNASA han sucumbido en las redes de Vergara, mediante el soborno y la extorsión. Ninguna transacción que involucra a las empresas de Vergara Group esta exenta de supuestas sub-facturaciones, triangulaciones, uso de empresas fantasmas o licitaciones fraudulentas. Vergara también aparece como cabeza visible de la Fundación Lala y Vergara Group, los cuales son ejes centrales del esquema de defraudación generalizada imperante en las empresas de Guayana.

En Diciembre del año 2011 una nota publicada con el titulo: Las Verdaderas Mafias del Aluminio en Venezuela” de la autoría de Harrison Ashman, acusaba a Vergara de dirigir supuestamente un cartel denominado los “Narcos Alumineros” del Cartel del Orinoco. Este cartel utilizaría como mampara el Aluminio para legitimar capitales. Ashman indicó en su nota que Jesús Vergara usaba las barras de aluminio para camuflar y trasegar drogas fuera de Venezuela. Ashman agregó en aquella oportunidad que Vergara se ufanaba de operar desde Guayana para ejercer el total control de sus actividades ilícitas en la zona. Además lo acusó de poseer una flota de embarcaciones que supuestamente usaría para transportar drogas. Las cuentas bancarias de Vergara según Ashman alcanzarían más de 200 millones de dolares depositados en paraísos fiscales. Estas graves denuncias jamás fueron investigadas.

Cuando estalló el escándalo de los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro trascendió que Jesús Vergara habría sido el personaje misterioso que, supuestamente proporcionó el yate usado por estos para exportar cocaína hacia los Estados Unidos.

Atrapara la justicia a Jesús Vergara? Dicen que el crimen no paga! Sera? Amanecerá y veremos!

Fiscal Bensouda de la Corte Penal Internacional Involucrada en Estafa Internacional

Por: Carlos Ramírez López – @carlosramirezl
Fuente: El Nacional

La estafa de la fiscal

La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bom Bensouda, sigue impertérrita ante los reclamos venezolanos para que ordene la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que vienen ejecutando Nicolás Maduro y su pandilla. Mucho se especula respecto a tan insólita actitud. Las sospechas recaen sobre sus relaciones con Haifa el Aissami, la embajadora que Maduro tiene destacada en aquel tribunal, pero ahora se sabe de otra posible razón, la fiscal está muy ocupada en asuntos personales, y es que la tienen acusada de una estafa.

Fatou Bom Bensouda es nativa de Gambia, está casada con Philip Bensouda, medio gambiano y medio marroquí, y con quien tiene tres hijos; ella desarrolló su carrera al lado del feroz tirano de Gambia Yaya Jammeh, quien la tuvo a su lado en varios altos cargos del gobierno hasta que la propuso como fiscal adjunto en la CPI en un momento en que varios países de África ejecutaban fuertes protestas en la ONU porque la corte era la “justicia de blancos”, y entonces apuradamente la admitieron en el cargo recomendada, además, por el fiscal el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, quien la conoció de manos del dictador Yaya.

El esposo de Fatou Bensouda, Philip Bensouda, aparece reseñado como empresario; sin embargo, no tiene empresa alguna, es más bien un gestor de alto nivel que gracias a la fiscal se mueve por el mundo con el pasaporte diplomático D0001999, dado por su condición de cónyuge de la fiscal, lo cual también utilizó para que le adjudicaran un contrato de gestión de recuperar la suma de 51,7 millones de dólares que estaban congelados en el NBD Bank de Dubái. El dinero pertenecía a un policía de nombre Yaya Barrow, ciudadano de Gambia, donde Fatou Bom Bensouda derivó todo su poder a la vera del feroz dictador del que era mano derecha, y aunque la versión que han dado es que esa fortuna era una herencia a favor del policía, corre la versión de que en realidad es producto de la corrupción del régimen del cual ella era parte, pero esa es otra historia.

Fatou Bom Bensouda, estando en ejercicio del cargo de fiscal de la Corte Penal Internacional, redactó el contrato de honorarios que firmaron su marido y el ex policía para la recuperación del dinero, y una vez firmado ese documento se trasladó a la oficina del banco en Dubái donde hizo que levantaran el congelamiento de los fondos (¿cómo negarse ante un reclamo nada menos que de la fiscal de la Corte Penal Internacional?), pero seguidamente se presentó un conflicto entre las partes porque el policía se negó a pagar los honorarios contratados alegando que era demasiado dinero, 16 millones de dólares, y está acusando a Fatou Bensouda y al marido de haberle ejecutado una estafa al hacerle firmar dicho contrato.

El pleito entre las partes generó un escándalo y la señora fiscal negó haber intervenido en el caso. Asustada negó a la prensa haber realizado las gestiones en el banco ni redactado el contrato, pues esas actuaciones no le estaban permitidas dado su cargo, dijo; pero el policía entregó a la prensa copia de los numerosos e-mails que se cruzaron entre ellos y donde consta toda la historia, correos que están siendo publicados en varios medios de comunicación social, con lo que Fatou Bensouda quedó como una farsante negando la verdad y, además, al descubierto en la actividad delictiva del ejercicio ilegal de la profesión de abogado.

Todo lo anterior consta en los medios Freedom Newspaper (Gambia), donde incluso se publicaron los citados correos electrónicos, que son numerosos. También en el sitio http://www.abidjantalk.com.

Tanta actividad no le deja mucho tiempo libre a la señora fiscal Fatou Bom Bensouda para ocuparse de los crímenes que ejecuta Maduro en Venezuela.

LAS ACTIVIDADES CRIMINALES DE LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA LIBANESA HEZBOLLAH SIGUEN PRESENTES EN AMÉRICA LATINA

Por: LEVI BEN DAVID
Fuente: Radio Jai

Enlace Judío México.- A poco de cumplirse veinticuatro años del atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, en la comunidad de inteligencia vuelve a mencionarse el nombre de Samuel Salman El Reda. En relación al trágico evento de 1994, mucho se ha nombrado a personajes siniestros como Mohsen Rabbani o Imad Mujniyed, entre otros, pero poco a Salman El Reda, ¿quién es?

Para ir respondiendo a esta pregunta, hay que retroceder algo más de una veintena de años, cuando se conformaba el núcleo del Hezbollah en la Triple Frontera, cuyos principales miembros eran: Mohammad Youssef Abdallah, Farouk Abdul Omairi y Samuel Salman El Reda. El primero, era considerado como el líder principal de Hezbollah en aquella región, como lo confirmaría un memorando del FBI de 1999, mientras que Omairi era el contacto regular con la embajada de Irán en Buenos Aires y con la mezquita Al Tauhid del porteño barrio de Floresta, donde se reunía con Rabbani. Asimismo, Abdallah y Omairi tenían una empresa, Piloto Turismo, pantalla de Hezbollah y abierta con fondos de esa organización terrorista.

Agencias de turismo o de viajes ayudaban, entre otras cosas, a obtener documentación falsa para operativos de la organización y también servían como casas de cambio clandestinas y proveían servicio de envío de dinero.

Qué fue de las vidas de Abdallah y Omairi?, pues bien, en el 2006 la Policía Federal del Brasil llevó a cabo el operativo “Operación Camello” y fueron detenidos ambos por falsificación de documentos y lavado de activos del narcotráfico, aunque previamente, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. ya los había identificado como agentes de Hezbollah y que eran piezas claves de una red más grande, el Clan Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, el delegado o representante personal de Hassan Nasrallah, líder del Hezbollah.

Barakat fue arrestado en el 2002 por las autoridades federales brasileñas cuando se disponía a viajar a Angola, bajo los cargos de evasión impositiva. Un año después, la Justicia argentina vinculó a Barakat con los atentados terroristas de 1992 a la embajada de Israel en Buenos Aires y al de la AMIA en 1994, sin embargo, en 1993, Brasil lo extraditó al Paraguay a fin de cumplir una condena por evasión de impuestos.

Ahora bien, para otoño de 1993, Barakat se contactaba con el contacto del Hezbollah, Samuel Salman El Reda, quién había vivido un tiempo en Foz Iguazú, para luego residir en Buenos Aires por más de siete años antes del atentado a la AMIA.

El Reda fue el operativo de Hezbollah que coordinó las actividades para el atentado y fue enlace con los líderes de la organización en el Líbano y con el comando de operaciones con base en la Triple Frontera. Coordinó las células dormidas en Buenos Aires y en la región tripartita, mientras que Imad Mujniyed asumió la ejecución del ataque y formó parte del grupo operativo terrorista, sin olvidar a Rabbani como encargado de la logística local.

Salman El Reda coordinó tanto desde Foz como desde Buenos Aires la operación, organizó la llegada de los operativos del Hezbollah al país y supervisó personalmente la partida del grupo terrorista en vuelo hacia la Triple Frontera, estimativamente, horas antes de producirse el atentado.

En el 2009, la Justicia argentina solicitó la detención de El Reda, imputado de coordinador principal del operativo que llevó a cabo el atentado a la sede de la AMIA, mientras que el rol de Mujniyed, fue supervisar la operación, proveer el material explosivo y actuó bajo órdenes directas de Teherán.

Pero volviendo a El Reda, su esposa, Silvina Sain, cuya hermana Karina fue la secretaria del ex agregado cultural iraní en Argentina, Mohsen Rabbani, partió hacia el Líbano un mes antes del atentado, mientras que el nombrado recibió al grupo operativo que había arribado al aeropuerto de Ezeiza, tras lo cual informó de tal circunstancia al coordinador de la organización en Foz y luego hizo lo propio a un teléfono en Beirut que correspondía a la Central del Hezbollah, y finalmente se comunicó con un teléfono particular en Alemania, correspondiente a familiares de El Reda.

El mismo El Reda recibió la llamada de Rabbani desde la zona donde está ubicado Jet Parking, aproximadamente a las 18:00 hrs. donde le comunicaba que la camioneta ya estaba en el estacionamiento, y el mismo 18 de Julio de 1994, es quién acompaña al grupo operativo al Aeroparque y asegurarse que abordaran el vuelo hacia Puerto Iguazú.

Como vemos, Abdallah, Omairi, Barakat y El Reda no sólo son piezas claves de operaciones terroristas, sino también en la vasta red de narcotráfico, contrabando, lavado de activos, piratería informática y tráfico de armas, utilizando todo tipo de medios, en especial agencias de turismo y compañías de importación y exportación.

La participación del Hezbollah en el narcotráfico data de mediados de 1980, cuando se dio el auge de la producción del cannabis en el Valle del Becca, Líbano, y para esa misma década un alto clérigo chiita iraní emitió una fatwa que brindaba una “dispensa religiosa” a aquella actividad ilícita, y con el transcurso del tiempo y en especial, con la complicidad por omisión o comisión de los regímenes populistas de la región, el narcoterrorismo se ha fortalecido y expandido.

En el 2008, en Colombia, fuerzas antinarcóticos y agentes de la DEA llevaron a cabo la Operación Titán, deteniendo a un miembro del Hezbollah, Chekry Harb, junto a él 130 arrestos más, se decomisaron cerca de u$s. 23 millones, se secuestraron 370 celulares, se registraron más de 700 mil conversaciones donde quedó probado el giro de Harb a Hezbollah de aproximadamente el 12% de lo recaudado por el tráfico de drogas, que eran enviadas desde Curacao a Holanda, Bélgica, España y Jordania, mientras otros cargamentos partían de la Venezuela chavista hacia África Occidental y de allí a España, Holanda y Líbano.

Esta actividad criminal de larga data volvió a ser noticia el año pasado cuando autoridades colombianas detuvieron al ciudadano venezolano libanés, Abdala Rada Ramel, responsable del tráfico de cocaína del Caribe al Líbano, y que había montado una estructura de comercios para el lavado de activos, y que realizó viajes a Panamá, Paraguay, Venezuela, Brasil, Argentina, EE.UU., Suiza y Alemania, y que finalmente fue expulsado al Líbano en Octubre del 2017.

Rada Ramel, reconoció que respondía a Salman El Reda, a quién calificó de alto jerarca del Hezbollah en el Líbano, quién es conocido por el alias de Sami entre las células operativas y dormidas, y responsable de coordinar a las mismas en América Latina.

También se determinó que Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman, es un ciudadano con doble nacionalidad, colombiano libanés, nacido el 6 de Julio de 1965 en San Andrés, Colombia y que vivió varios años en la Guajira, que se casó con la ciudadana argentina antes nombrada y que viajo a Buenos Aires, donde fijo residencia aproximadamente en 1988, el resto ya fue narrado, su actual paradero sería el Líbano.

Como conclusión, más allá de los reveses sufridos por los regímenes populistas en la región, la presencia de la organización terrorista Hezbollah, apoyada y financiada por la República Islámica de Irán, sigue siendo una amenaza que demanda que la comunidad de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantengan sus esfuerzos para neutralizar las actividades criminales de la nefasta red terrorista.

El Petro, la criptomoneda de Maduro, es un fracaso

A cuatro meses de su lanzamiento, con un pésimo emisor y una pobre estrategia, la iniciativa no funciona

Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de Petro hace cuatro meses (Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela)

Por: Colaboración de Pedro García Otero

Mal momento, pésimo emisor, peor estrategia: Las razones por las que el Petro (la sedicente "criptomoneda" del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro) puede considerarse un fracaso, a los cuatro meses de su lanzamiento, son variadas, indican expertos.

Lo cierto es que el impulso de propaganda que Maduro y sus ministros le dieron a este "token", como lo define Gerardo Sandoval, a.k.a. "Profesor Bitcoin" en las redes sociales, se ha desvanecido, y el Petro "no ha servido ni siquiera para que Maduro le 'pase el cepillo' a sus corruptos", señaló Luis Oliveros, un economista venezolano crítico de la "revolución bolivariana".

"Con el Petro se juntaron varios problemas", afirma Sandoval; el primero de ellos es que el Petro no es una criptomoneda, porque no cuenta con el elemento esencial de esta: una base de datos distribuida en una cadena de bloques. En todo caso, es un token, respaldado por la cadena de bloques de Ethereum, según el manual del comprador, aunque el libro blanco afirmaba que funcionaría sobre el blockchain de NEM; además, sale en un momento en el que todas las criptomonedas están bajo ataque, y especialmente la referencia de ellas, que es bitcoin".

"En tercer lugar, están todos los elementos asociados a la falta de credibilidad del Gobierno de Maduro. Y el golpe final se lo da la prohibición de Estados Unidos a comerciar con Petros, dentro de su política de sanciones a funcionarios venezolanos, por considerarlo, primero, como un mecanismo para la corrupción, y luego como un título de deuda ilegítimo, que podría en el futuro no ser respaldado por un Gobierno venezolano que sustituya al de Maduro", afirma "Profesor Bitcoin", experto en criptomonedas con mucha popularidad en Instagram y venezolano residente en Estados Unidos.

El cóctel ha asestado un golpe mortal al Petro. Aunque Nicolás Maduro afirmaba, en febrero, cuando salió la oferta del token, que "hemos recibido 3.300 millones en ofertas para la compra de Petros", y posteriormente, en abril, que "en los próximos días ingresarán a las reservas internacionales 5.000 millones de dólares de la venta del Petro", lo cierto es que las reservas (uno de los pocos indicadores que aún sigue publicando regularmente el Banco Central de Venezuela) no han reflejado tales ingresos, y los activos externos del emisor venezolano se encuentran en 8.450 millones de dólares, la cifra más baja en 28 años.

En principio, cada "Petro" estaba respaldado por un barril de petróleo venezolano, unos 60 dólares en promedio, pero con la producción de crudo declinando a niveles de la década de 1950, tal promesa no es sostenible, señala el periodista venezolano William Peña, especializado en tecnología blockchain. "Es como que tú digas que vas a sostener una criptomoneda con los peces del mar". Para más, señala este experto, "la simple idea de una criptomoneda estatal es un absurdo; las criptomonedas surgieron como alternativas al control estatal".

Algunas tiendas, especialmente las ligadas a la "boliburguesía", comenzaron a recibir "Petros" como forma de pago, pero rápidamente se retractaron por una razón muy sencilla: en el fondo, así como nadie sabe cuánto cuesta realmente un dólar en Venezuela, tampoco sabe nadie cuánto cuesta un petro.

Cuando Maduro vio que no podía seguir usando la propaganda, simplemente cambió de estrategia: comenzó a ofrecer Petros a las gobernaciones, para supuestamente sostener el gasto que ya no puede financiar la colapsada industria petrolera venezolana.

Sigilosamente, el Gobierno venezolano ha dejado de hablar del Petro: Es la crónica de un fracaso que los economistas anunciaron en febrero. "Maduro le prometió al país que con el petro iban a entrar muchas divisas y se iba a contrarrestar la crisis económica" (Venezuela es el único país del mundo en hiperinflación desde hace una década), señala Asdrubal Oliveros.

"No hemos visto la primera operación de petros luego de cuatro meses", dijo. Aparte de los problemas de ilegalidad de lo que el economista considera "una emisión ilegal de deuda, no respaldada por el Parlamento venezolano, y no una criptomoneda", Oliveros señala que el Gobierno venezolano "está actualmente en default, y un Gobierno en default no puede considerar siquiera que el mercado internacional puede querer comprarle un activo de dudosa legalidad".

"Si el activo subyacente son los yacimientos petroleros, nada hace pensar que haya producción petrolera que garantice el título de deuda en los próximos años. Es por eso que el Petro haya nacido muerto: Es una trampa cazabobos, una estafa", enfatiza el economista, quien indica que "ni siquiera sirvió para pasarle el cepillo a los corruptos del Gobierno". Según la oposición, la corrupción se ha tragado más de 250 mil millones de dólares de los fantásticos ingresos petroleros que tuvo el chavismo la década pasada.

Del fracaso del Petro habla que este lunes 18 de junio se conoció de la destitución, el pasado lunes, de Carlos Vargas, "superintendente nacional de criptomonedas", un pomposo cargo creado tras el lanzamiento del Petro. Algunos medios destacaban que la destitución se produjo sin que Vargas "lograra vender un solo criptoactivo". Otros denunciaban que el cese obedecía a supuestos malos manejos de Petros, e incluso dijeron que contra Vargas se libró una orden de detención.

Como en otros tantos aspectos del chavismo, el Petro se inició en medio de la propaganda y terminó en un silencio avergonzado –y en un escándalo de corrupción.

La UE sanciona a vicepresidentes venezolanos y otras 9 personas por represión

Fuente: EFE

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy sancionar a otras once personas con cargos oficiales en Venezuela, entre ellos los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami, al considerar que han “violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de derecho”.

La UE amplía así la lista de responsables del Gobierno de Nicolás Maduro a los que ha impuesto la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes que puedan tener en la Unión.

En total, desde la creación de la lista negra en enero, se han añadido 18 personas.

En esta ocasión, han sido incluidos los vicepresidentes El Aissami, también ministro de Industrias y Producción Nacional, y Rodríguez.

También figuran Sergio José Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o Elías José Jaua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación.

Completan la lista Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción; Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y la Junta Nacional Electoral, y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE.

En su reunión de finales de mayo, los ministros ya acordaron tomar nuevas medidas restrictivas “selectivas” y “reversibles” que no perjudicaran al pueblo venezolano en respuesta a las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Venezuela, que la UE no consideró “ni libres ni justas”.

En su opinión, el proceso electoral no ofreció las garantías necesarias para resultar inclusivo y democrático, por lo que llamaron a celebrar nuevos comicios “de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano”.

La UE también reiteró entonces la necesidad de respetar a todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la Asamblea Nacional, liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Los Veintiocho han dejado claro que sus sanciones van enfocadas a promover “soluciones democráticas capaces de garantizar la estabilidad política del país y que permitan a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población”.

España entregará a EE.UU. a un antiguo directivo de la petrolera venezolana Pdvsa

Fuente: ABC España

Rafael Ernesto Reiter, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Pdvsa – ABCEl Consejo de Ministros aprueba poner a Rafael Ernesto Reiter en manos del país norteamericano, donde es reclamado por organización criminal y blanqueo de capitales

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado la entrega a Estados Unidos del venezolano Rafael Ernesto Reiter, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de la compañía pública estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) para su enjuiciamiento por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Los hechos por los que Rafael Reiter es reclamado por Estados Unidos para su enjuiciamiento se produjeron entre 2011 y 2013. Según la acusación que pesa sobre él, en esos años se asoció con un grupo de funcionarios de alto nivel de la petrolera para solicitar sobornos a vendedores y empresas que hacían negocio con ésta a cambio de condiciones ventajosas en las licitaciones y cobro en las facturas durante la crisis de liquidez venezolana.

Blanqueo inmobiliario

Las ganancias obtenidas fueron blanqueadas mediante una serie de complejas transacciones financieras internacionales y, en algunos casos, con inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Entre las empresas afectadas por esta práctica delictiva figuran algunas radicadas en el estado de Texas.

El reclamado fue detenido en Madrid el 27 de octubre de 2017 junto a un ex alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez y tres antiguos directivos de empresas públicas venezolanas y está actualmente en prisión provisional.

Reiter forma parte de un grupo de ciudadanos venezolanos detenidos a comienzos por la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial acusados de blanquear grandes cantidades de dinero en España procedentes de la petrolera Pdvsa, que fue quien denunció los hechos. Entre los arrestados se encontraba también José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, envuelto en ese país en un proceso judicial relacionado con las mismas actividades delictivas.

Ex yerno de Raúl Castro estaría coordinando tráfico de drogas desde Venezuela

Fuente: Cuba Comunica

Citando a un oficial militar venezolano en activo, el Embajador Roger Noriega aseguró el miércoles a congresistas de EE.UU. que quien está coordinando el tráfico internacional de cocaína a través del aeropuerto venezolano de La Guaira es nada menos que el general de Brigada y presidente del grupo militar-empresarial cubano GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.

Citando a un oficial militar venezolano en activo, el veterano diplomático estadounidense Roger Noriega informó el miércoles a congresistas de EE.UU. que quien está coordinando el tráfico internacional de cocaína a través del puerto venezolano de La Guaira es nada menos que el General de Brigada y presidente del grupo cubano GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Callejas.

La comprometedora referencia al exyerno de Raúl Castro y ejecutivo principal del citado pulpo militar-empresarial fue presentada en un segmento de la intervención del Embajador Noriega ante el panel “Exigiendo responsabilidades a los dirigentes cubanos”, convocado por el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

El analista especializado en asuntos interamericanos precisó que el militar venezolano a quien no identifica) informó el mes pasado sobre el asunto a funcionarios de organismos policiales de EE.UU. Rodríguez López-Callejas, quien estuvo casado con la segunda hija del exgobernante cubano, Deborah Castro Espín, estaría al mando del personal militar cubano (no venezolano) asignado al despacho del estupefaciente principalmente hacia Europa y África occidental.

(Hasta ahora la denuncia más contundente sobre la conexión cubana en el tráfico de drogas desde Venezuela habría sido la de Leamsy Salazar.

Nicolás Maduro con los jefes de las fuerzas armadas de Venezuela.

Salazar fue por diez años jefe de seguridad y asistente personal de Hugo Chávez y tras la muerte de este, de Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional y sindicado de ser el jefe del llamado Cartel de los Soles que involucra a altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En 2015 Salazar llegó a Estados Unidos. Entre sus denuncias Salazar vinculó a Cuba con esas prácticas delictivas, en concreto de dar protección y asistencia en algunas de las rutas que permiten llevar la droga desde Venezuela hasta Estados Unidos).

Otro oficial venezolano, citado ante el Congreso por el ex secretario de Estado Adjunto para las Américas del gobierno de George W. Bush, describió la presencia de campamentos de las narcoguerrillas colombianas ubicados en las profundidades del territorio venezolano, y que son responsables del tránsito de cocaína con destino a Estados Unidos y otros mercados a través de puertos del Caribe.

Esta fuente explicó a un agente estadounidense que los oficiales militares cubanos destacados en Venezuela han ordenado a las fuerzas de seguridad interna que no se acerquen a estos campamentos guerrilleros ni interfieran con sus operaciones.

En su exposición titulada “Hora de confrontar la cadena de crímenes internacionales de Cuba”, Noriega cita un reciente ensayo del experimentado periodista y escritor Christopher Dickey, actual editor de noticias Internacionales del diario The Daily Beast.

Dickey señala que después de que Cuba se hiciera indispensable para Hugo Chávez, poniendo a su disposición su contrainteligencia para eliminar a los opositores, La Habana cimentó una alianza entre el gobierno de Chávez y las organizaciones guerrilleras colombianas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), convertidas en exitosas empresas de tráfico de cocaína hasta el día de hoy, cuando dicen querer poner fin a su lucha armada. Así nació el Cartel de los Soles, llamado así por las insignias solares en los uniformes de los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, y que involucra a por lo menos .

Así, agentes cubanos que han desempeñado un papel sin paralelo en el aparato de seguridad interno de Venezuela se han involucrado naturalmente en las actividades de contrabando de drogas de la familia Maduro y sus secuaces del régimen, Cabello y el vicepresidente Tareck El-Aissami, ya sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en el tráfico de narcóticos.

Entre sus recomendaciones a los formuladores de políticas en EE.UU. el analista incluye castigar con sanciones de la Ley Magnitski de 2012, diseñada contra narcotraficantes, corruptos y violadores de derechos humanos de todo el mundo, a funcionarios cubanos de toda la cadena de mando, incluidos los que operan en Venezuela.

Aunque la ley prevé negativas de visas y congelaciones de activos difíciles de aplicar en el caso de los cubanos, el diplomático apunta que algunos se verán afectados en sus tratos con otras entidades que entran en contacto con el sistema financiero estadounidense. Y por otra parte, dice Noriega, “el estigma de una sanción de los EE. UU.es una poderosa herramienta psicológica, especialmente cuando el culpable es llamado por su nombre y avergonzado ante la comunidad internacional”.

Roger Noriega, actualmente experto invitado del grupo de análisis American Enterprise Institute, subtitula su enfoque sobre la conexión cubano-venezolana “El ejército de ocupación cubano en Venezuela: el que la rompe la debe”.

(Redactado por Rolando Cartaya a partir de un testimonio en el Congeso del Embajador Roger Noriega)

Contratista Militarek señalada por violar los derechos de los trabajadores

Por: Maibort Petit

Fuente: Venezuela Politica

Aun cuando están plenamente comprobadas las graves irregularidades y delitos cometidos por Maly El Souki y sus empresas, las autoridades se mantienen inmutablesante las reiteradas denuncias que los trabajadores de Transporte Militarek C.A. han formulado acusando los atropellos y la violación de los más elementales de sus derechos laborales.

El nombre de Maly Hassib El Souki Lara y de su empresa Transporte Militarek C.A. contratista de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, es de ingrata recordación para los trabajadores de dicha empresa, toda vez que durante años han visto como se han violado todos sus derechos y cómo de nada han servido todas sus diligencias acusando y denunciando los atropellos de que son víctimas, de acuerdo con un artículo de la periodista Maibort Petit.

Todas las instancias a las que han acudido, gobierno, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y la propia PDVSA, se mantienen inconmovibles e inertes ante lo por ellos denunciado. Al parecer —refieren— el poder del empresario no tiene límites por lo que, incluso, se burla de las pocas autoridades que se han atrevido a hacerse eco de las denuncias de los trabajadores, llegando a amenazarlos con despido gracias a sus grandes influencias en las altas esferas de gobierno.

En las próximas líneas daremos a conocer, tanto los hechos como documentación que prueba lo afirmado por los trabajadores en contra de Maly Hassib El Souki Lara y su empresa Transporte Militarek C.A.

Solvencia laboral

En materia laboral son varias las denuncias que cursan contra Maly Hassib El Souki Lara por violación de la Ley de Contrataciones venezolana y violentar los derechos de los trabajadores de sus empresas, así como por haber presentado documentos falsos en instituciones del estado.

Pese a haber tenido un régimen de presentación ante las autoridades, Maly El Souki pudo evadirse a Panamá, siendo que ni lo referido, ni su fuga, hayan sido óbice para que continuara contratando con el estado, a saber, con Petróleos de Venezuela. S.A.

Para el año 2010 se comprobó que Transporte Militarek, C.A. presentó ante PDVSA Servicios S.A. unas solvencias laborales falsas. Igualmente se determinó que 52 avisos de pago no incluyeron las deducciones del aporte al Fondo de Desarrollo Social, además de que las auditorías de las contrataciones y pagos revelaron que los contratos de que se beneficiaría se otorgaron de manera directa sin que hubiera justificación alguna para obviar el proceso de licitación a que obliga la ley.

Pero esta no habría sido la primera vez, pues en las denuncias llegadas a nuestras manos los trabajadores de Militarek aseguran en 2008 la empresa de El Souki presentó a PDVSA Gas una solvencia laboral que el Ministerio del Trabajo determinó, luego de una auditoría, que era forjada.

Esta falsa solvencia respondía al número de solicitud 012-2008-10-00323 presentada ante el Ministerio del Trabajo por el representante de Transporte Militarek, C.A. y fue emitida, supuestamente, por Debora Espinoza, Inspector Jefe del trabajo en Distrito Capital Municipio Libertador el 18 de marzo de 2008. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

Fuente: Con información de http://maibortpetit.blogspot.com - (PULSE AQUÍ)

Dictan orden de aprehensión contra Walter Alexander del Nogal Márquez

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Fuente: Venezuela Politica

El tribunal décimo de control del área Metropolitana de Caracas dicta orden de aprehensión contra el ciudadano Walter Alexander del Nogal Márquez por presunta comisión de delito de legitimación de capitales y asociación para delinquir. Las gestiones se realizaron desde esta misma semana y se ejecutarían entre los días lunes y martes de esta misma semana.

La solicitud fue presentado por la fiscalía 70 Nacional basado en un informe financiero que reposa la carpeta de investigación que se inicio contra de Del Nogal Márquez en 2009.

Del Nogal Márquez fue incorporado a la lista del Departamento del Tesoro, OFAC en mayo de 2018. Debido a la designación, se revisó si existía una investigación en contra Del Nogal Márquez en los órganos fiscalizadores venezolanos.

La administración del presidente Donald Trump designó el 7 de mayo de 2018 al ex funcionario del servicio de inteligencia venezolano, Pedro Luis Marín Olivares dos de sus asesores y 20 compañías bajo su control como narcotraficantes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Martín fue acusado en 2015 por un gran jurado en Florida por conspirar intencionalmente para distribuir una sustancia controlada en los Estados Unidos y posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

En esa misma decisión, la OFAC designó a Walter Alexander Del Nogal Márquez y a Mario Antonio Rodríguez Espinoza por colaborar con Martin, además de 20 compañías en Venezuela y Panamá que son propiedad o están bajo el control de estas tres personas.

La acción del gobierno norteamericano congela cualquiera de sus activos que se encuentren en los EE. UU. O en manos de personas en los EE. UU.

Juez español congeló bienes de exjefe de seguridad de Pdvsa

Fuente: NTN24

Rafael Ernesto Reiter Muñoz estaría vinculado con el caso Antonini Wilson

VENEZUELA Cortesía

Un juzgado español decidió congelar los bienes del venezolano Rafael Ernesto Reiter Muñoz, ex jefe de seguridad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), como parte de las investigaciones que adelanta la nación europea sobre el blanqueo de capitales provenientes de la estatal petrolera.

El diario El País de España publicó un reportaje en el que se detalla las lujosas adquisiciones de Reiter. En julio de 2015, compró una casa valorada por casi 2 millones de euros en Sant Cugat de Vallés, una de las zonas más exclusivas de Barcelona.

El exfuncionario había sido detenido el pasado mes de octubre por formar parte de una trama que desvió 27 millones de dólares en sobornos de proveedores petroleros estadounidenses. Recientemente su esposa, Vanessa Yssea fue arrestada. Ambos estarían involucrados con el supuesto saqueo de 6 mil millones de dólares.

De acuerdo con el medio impreso español, Reiter era el responsable de la Gerencia Operativa de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa. Por sus manos pasaron los 800 mil dólares que el chavismo envió a Argentina para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, un hecho conocido como el caso Antonini Wilson.

La acusación detalla que el exjefe de seguridad de Pdvsa acumuló riquezas por mover sus influencias para favorecer a empresas contratistas. Compró un apartamento en Miami, realizó transferencias a su esposa por 1.5 millones de dólares y adquirió dos vehículos blindados valorados en 107 mil dólares cada uno.

Reiter viene de una familia marxista. Su madre ocupó cargos en la Asamblea Nacional donde manejó buenos contactos con Rafael Ramírez quien fue el que llevó al joven a la alta gerencia de la petrolera.

El Líbano protege el tráfico de cocaína de Hezbollah en América Latina

Por Emanuele Ottolenghi

Fuente: Infobae

Las instituciones del país no son un contrapeso para Hezbollah, sino sus habilitadores 

(MARWAN NAAMANI/AFP/Getty Images)

Días después de que la administración Trump se retirara del acuerdo nuclear con Irán, Washington aumentó las sanciones contra Hezbollah como parte de su ofensiva contra Teherán y sus representantes. Sin embargo, la política de Estados Unidos hacia el grupo militante libanés sigue siendo incoherente. Al iniciar operaciones contra Hezbollah al tiempo que apoya a las instituciones del estado libanés, la Casa Blanca termina por iniciar su propia búsqueda sobre las fuentes de financiación ilícitas del grupo.

Esta contradicción en el corazón de la política de Estados Unidos se está desarrollando ahora en Paraguay, donde la Embajada del Líbano está intentando bloquear la extradición del supuesto financista de Hezbollah, Nader Mohamad Farhat. Mientras que el arsenal y los combatientes de Hezbollah se concentran en el Líbano y Síria, América Latina es el centro de operaciones indispensable para las redes criminales que generan gran parte de los ingresos de Hezbollah .

Paraguay alberga una importante y creciente operación de lavado de dinero conectada con Hezbollah en la Triple Frontera, donde Paraguay se cruza con Argentina y Brasil. Cada vez más, los agentes locales de Hezbollah están involucrados en el auge local del tráfico de cocaína, y hay evidencia de que esta organización islámica está enviando altos funcionarios a la Triple Frontera para coordinar esas actividades.

Tras más de una década, cuando los legisladores estadounidenses descuidaron la Triple Frontera, ahora las investigaciones federales finalmente están desenterrando esquemas criminales multimillonarios dirigidos por Hezbollah. No fue una sorpresa que este grupo retrocediera aprovechando la influencia local. Era menos obvio que lo haría a través de la Embajada del Líbano, que es, técnicamente, un brazo de las instituciones estatales que Washington quiere fortalecer como contrapeso a Hezbollah.

El 17 de mayo, mientras el Tesoro de Estados Unidos anunciaba nuevas designaciones de Hezbollah, las autoridades paraguayas allanaron Unique SA, una casa de cambio en Ciudad del Este, en el lado paraguayo de la Triple Frontera, y arrestaron a Farhat, su propietario, por su papel en un presunto esquema de lavado de dinero de drogas por valor USD 1.30 millones. Se alega que Farhat es un miembro del Componente de Asuntos Comerciales, la rama de la Organización de Seguridad Externa de Hezbollah a cargo de dirigir operaciones de tráfico ilícito y finanzas ilegales en el extranjero.

Las autoridades de Estados Unidos quieren extraditar a Farhat, y esa es la indicación más clara de que sus actividades de lavado de dinero afectaron al sistema financiero del país norteamericano. Pero el gobierno libanés quiere evitar que eso suceda. El 28 de mayo, el encargado de asuntos libaneses en Asunción, Hassan Hijazi, envió una carta al fiscal general de Paraguay para informarle que debería rechazar la solicitud de Estados Unidos de extraditar a Farhat.

Hijazi tiene el derecho de velar por los intereses de un ciudadano libanés. Podría ofrecer a los fiscales la cooperación de la embajada y poner a disposición de las instituciones libanesas cualquier solicitud que pueden tener. Interferir en el proceso legal de su país anfitrión, por otro lado, es una violación del protocolo diplomático y una señal segura de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beirut está priorizando los intereses de Hezbollah sobre los del Líbano.

Washington no debería permitir que esto se deslice silenciosamente, y tampoco Paraguay. Asunción debería declarar a Hijazi como persona non grata y despacharlo sin ceremonias al Líbano. Un paso así enviaría un mensaje claro al jefe de Hijazi, el ministro libanés de Asuntos Exteriores, Gebran Bassil: usted puede obtener ayuda de Estados Unidos o puede hacer la oferta de Hezbollah. Pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo y salirte con la tuya.

Estados Unidos debería dar garantías a Paraguay de que castigar al enviado y extraditar al culpable es el curso de acción correcto. El plan de lavado de dinero de Farhat es la punta del iceberg criminal de Hezbollah en la Triple Frontera. Los investigadores que allanaron el negocio de Farhat encontraron cheques aplazados por millones de dólares emitidos por compañías con los nombres del beneficiario deliberadamente en blanco. Algunas de las compañías son importadores mayoristas de productos de marca, una indicación de que la casa de cambio de dinero bien pudo haber sido parte de una red comercial de lavado de dinero para el narcotráfico. Para funcionar sin problemas, tales esquemas dependen de la complicidad de las autoridades locales, que rara vez controlan las mercancías entrantes y salientes que atraviesan la Triple Frontera semanalmente a través del Aeropuerto Internacional Guaraní de Ciudad del Este en un avión de carga desde Dubai y Estados Unidos.

Los casos pasados y en curso son una prueba de que el aeropuerto es una puerta de entrada para el tráfico ilícito, gran parte del cual pasa por los Estados Unidos. Un caso reciente en Miami, investigado por el Joint Terrorism Task Force Local del FBI, menciona específicamente un vuelo de carga semanal entre Miami y Ciudad del Este como la vía para la entrega de productos electrónicos falsificados. El año pasado, Paraguay extraditó a Miami a un narcotraficante libanés con vínculos con Hezbollah luego de que fuera descubierto transportando cocaína a través del mismo aeropuerto. Cuando lo arrestaron, las autoridades descubrieron que estaba conspirando para enviar 100 kilos de cocaína al mes a un socio comercial en Houston por carga aérea. Las visitas recientes de las autoridades de los Estados Unidos al aeropuerto solo han resaltado las flagrantes deficiencias en los controles locales.

Las autoridades paraguayas han cooperado, pero son susceptibles a la presión local. Es posible que nunca condenen a Farhat si lo juzgan a nivel nacional. Hay una historia de oportunidades perdidas para perseguir a Hezbollah en Paraguay. En diciembre pasado, el sistema penitenciario local permitió que dos presuntos traficantes de drogas de Hezbollah escaparan durante un traslado entre cárceles. Desde hace una década, Asunción no ha tomado medidas para imponer sanciones estadounidense contra los operativos de Hezbollah basados en la Triple Frontera, muchos de los cuales continúan viviendo y comerciando en el lado paraguayo de la frontera.

Diosdado Cabello USO A ALUNASA PARA LAVAR DINERO EN COSTA RICA

Hombre fuerte de Venezuela usó a Alunasa para lavar dinero en Costa Rica, dice EE. UU.

Investigación del Departamento del Tesoro señala que grupo dirigido por Diosdado Cabello utilizó barcos para mover minerales y lavar dinero de Panamá hacia Alunasa en Costa Rica, además de que ordenó al ejército designar empleados que supervisaran la operación

Por: Gerardo Ruiz R., Sofía Chinchilla

FUENTE: LANACION

Diosdado Cabello junto al presidente venezolano, Nicolás Maduro AFP PHOTO/JUAN BARRETO

Una investigación de Departamento del Tesoro de Estados Unidos concluyó que el hombre fuerte de Venezuela, el chavista Diosdado Cabello, lavó dinero en Costa Rica a través de la empresa Alunasa, ubicada en Juanilama de Esparza, Puntarenas.

Los hechos se remontan a diciembre del 2016, afirma un comunicado emitido el pasado 18 de mayo.

Según la investigación, Cabello ordenó al Ejército venezolano designar empleados en la fábrica Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa) para que supervisaran la operación de lavado de dinero, la cual se efectuó bajo la dirección del exgobernador del Estado de Bolívar, Francisco José Rangel Gómez.

El delito se cometió cuando la compañía estatal Venezolana de Aluminio (Venalum) usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia la sede de Alunasa en Costa Rica, sostiene el Departamento del Tesoro.

Alunasa también es propiedad del Estado venezolano y opera en el cantón de Esparza bajo el régimen de zona franca.

Las autoridades estadounidenses concluyeron que un grupo de funcionarios venezolanos han utilizado a Venalum y a Alunasa para lavar dinero hacia Costa Rica y Rusia.

La investigación determinó que el presidente de Venalum, de quien no se detalla el nombre en el comunicado, así como otro individuo que realmente dirigía la compañía, “traficaban droga, lavaban dinero y usaban la firma estatal como mampara para encubrir esas operaciones”.

El comunicado del Departamento del Tesoro explica que Diosdado Cabello, Francisco Rangel Gómez y sus asociados trabajaron juntos para acceder ilegalmente a la explotación de minas de hierro, mineral que extrajeron y exportaron a través de la firma Ferrominera del Orinoco (FdO), una subsidiaria del conglomerado venezolano estatal, Corporación Venezolana de Guyana, que también es dueña de Alunasa.

Aunque Ferrominera del Orinoco era una empresa legal, Cabello y sus socios tenían dirigentes dentro de la compañía que facilitaban la extracción ilegal del hierro y su exportación, según EE. UU.

Adicionalmente, Cabello lavó dinero a través de Venalum hacia Rusia, indicó el Departamento del Tesoro.

Por estos y otros hechos, el comunicado anunció sanciones y bloqueo de compañías ligadas a Diosdado Cabello y a personas allegadas a él, entre las cuales están su esposa, Marleny Josefina Contreras, y su hermano, José David Cabello, superintendente de la Agencia Aduanera y Tributaria de Venezuela, así como Rafael Sarría Díaz, otro militar a quien los estadounidenses señalan como el testaferro de Cabello.

Carta confirma congelamiento de cuentas

Este lunes 11 de junio, el Concejo de Esparza conoció una carta enviada por el presidente de Alunasa, el general de división Noel Rafael Martínez Rivero, en la que reconoce que la empresa sufre cierre de cuentas, bloqueos y otras sanciones que, en su opinión, “parecen tendientes a lograr que Alunasa cierre sus puertas”.

“Por elementos externos, ajenos al normal desempeño de nuestras actividades, nos hemos visto involucrados en señalamientos por parte del Gobierno de Estados Unidos que apuntan a la utilización de la empresa para el flujo de capitales al margen del lícito comercio”, dice la carta del general venezolano.

El documento lo recibió Karol Jiménez, presidenta municipal, de manos de un funcionario de Alunasa, según relató ella a La Nación.

Hace dos meses, en abril de este año, Alunasa solicitó al Ministerio de Trabajo autorización para suspender los contratos de trabajo con 230 de sus 267 empleados, alegando escasez de materia prima.

Esta compañía venezolana se dedica, en Costa Rica, a manufacturar productos, como hojas de aluminio, a partir de aluminio importado de Venezuela, para luego exportarlos.

Según los empleados, la firma afronta una fuerte caída en la producción desde finales del 2017, porque recibía a cuentagotas la materia prima desde diciembre pasado. Como consecuencia, muchos trabajadores fueron enviados a la casa.

Instalaciones de Alunasa en Esparza.

Esta situación se reflejó, a la vez, en una brusca caída en las importaciones de aluminio en bruto, producto del cual Venezuela es el principal proveedor. Y coincide con el decaimiento de la producción de la industria venezolana de este mineral.

La materia prima para la compañía son lingotes de aluminio importados desde Venezuela, a los cuales se les aplica procesos de fundición y colado continuo y laminación en frío.

Como el Ministerio de Trabajo le rechazó la suspensión de los contratos laborales y obligó a la firma a pagar sus obligaciones con los empleados, el general alegó en la carta leída en el Concejo de Esparza, la cual iba dirigida al presidente Carlos Alvarado:

“Estos señalamientos obedecen a una acción sobre Venezuela, de tal manera que estamos en la obligación, como administradores, de además elevar nuestra protesta por el atropello, aportar elementos de juicio que permitan aclarar el papel empresarial de Alunasa, para lo cual estamos dispuestos a aportar cualquier tipo de prueba, análisis, auditorías, investigación o averiguación de parte del gobierno que usted dignamente representa”.

En una carta con fecha del 9 de junio y dirigida al presidente de la República, el general venezolano Noel Rafael Martínez Rivero, presidente de Alunasa y encargado de las operaciones en Costa Rica, reconoce que a la empresa se le impusieron sanciones que incluyen bloqueos y cierres de cuentas bancarias, y piden la ayuda del gobierno para solucionar la situación.

Desde que el chavismo asumió las riendas de Venezuela, la empresa ha estado envuelta en la polémica.

En el 2007, durante el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), los 400 empleados que tenía la empresa en ese momento también temieron que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (ya fallecido), cerrara la empresa como represalia por declaraciones de Arias sobre su gobierno.

Alunasa fue una empresa estatal creada en 1976 que fue privatizada en 1990. En el 2000, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) adquirió el 100% de las acciones y, en el 2015, pasó a formar parte de la Corporación Nacional de Aluminio de Venezuela.

¿Quién es Diosdado Cabello?

Actualmente, Cabello es diputado constituyente y es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual tiene en el poder a Nicolás Maduro desde el 2013.

Tuvo una carrera militar y ocupó varios altos puestos en los gobiernos chavistas. Posteriormente fue presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela hasta que Maduro reemplazó ese órgano legislativo por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto del 2017.

En el pasado reciente, el presidente Nicolás Maduro acusó que un excomisario venezolano, Henry López, exjefe de la policía política venezolana, refugiado en Costa Rica, estaba conspirando desde suelo nacional para asesinarlos a él y a Diosdado Cabello.

Dos días antes de las cuestionadas elecciones presidenciales venezolanas, en mayo, Estados Unidos anunció la incautación de bienes a Cabello por el orden de los $800 millones, por presumir que estos son producto de actividades ilícitas como el lavado de dinero, corrupcción y narcotráfico.

Estados Unidos afirmó que esas actividades las ha desarrollado Cabello en asociación con Nicolás Maduro y el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami.

La caída de la industria venezolana de aluminio

Según las centrales sindicales más grandes de Venezuela, las empresas dedicadas a la extracción de minerales en la Guayana venezolana, región rica en ese tipo de materias primas, cayeron en desgracia con el chavismo y queda poco de la bonanza que logró la industria metalúrgica estatal entre 1960 y la primera mitad de la década de los años 90 del Siglo XX.

Uno de los problemas fundamentales que afronta la industria, según los gremios de trabajadores, es que no hay repuestos para volver a poner a trabajar a varias plantas.

En declaraciones al diario El Nacional de Caracas, en el 2017, el dirigente Henry Arias, del Sindicato de Aluminios del Caroní, señaló que “debido a la desidia del gobierno durante los últimos 17 años”, las plantas metalúrgicas operaban a esa fecha entre un 10% y un 30% de su capacidad instalada.

En contraposición a las afirmaciones del Ministerio de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas del gobierno de Nicolás Maduro, de que el año pasado se dio un “franco crecimiento y recuperación” de la industria metalúrgica venezolana, Arias dijo al mismo medio que hasta que no se sanee la administración de las empresas y se realicen las inversiones necesaria, no se recuperará la producción según la capacidad instalada de las plantas.

Venezuela fue por varias décadas el primer productor de aluminio en Latinoamérica. Ahora lo supera Brasil que, en el 2017, produjo 800 mil toneladas métricas de ese tipo de metal.

Según El Nacional, el año pasado la empresa Aluminios del Caroní produjo 21.000 toneladas que correspondió a un 10% de su capacidad instalada de 210.000 toneladas. La Empresa Venezolana de Aluminio (Venalum), en tanto, produjo 129.000 toneladas, un 30% de su capacidad instalada que asciende a las 430.000 toneladas.

Un juez de Madrid envía a prisión al hijo del millonario venezolano Roberto Rincón por riesgo de fuga

Por: MARISA RECUERO

Fuente: El Mundo – ESPAÑA

Detalle de una gasolinera propiedad de la petrolera venezolana PDVSA. REUTERS 

El venezolano José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate bolivariano Roberto Enrique Rincón Fernández, ingresó este viernes en una cárcel española después de que el magistrado Enrique Berges, del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, decretara prisión provisional por riesgo de fuga, según confirmaron a este diario fuentes jurídicas.

Rincón Bravo fue detenido hace dos días en Madrid por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y por orden judicial. El hijo de Roberto Rincón fue arrestado en el marco de un operación contra el blanqueo de capitales, dentro de una investigación de lavado de dinero procedente de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El magistrado también decretó prisión provisional para el que fuera director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, investigado también en este procedimiento. Conviene advertir de que esta persona fue detenida el pasado 25 de octubre tras una orden de detención emitida por Estados Unidos pidiendo su extradición por delitos de corrupción.

Reiter es investigado en Houston (Texas) por su presunta participación en una trama de funcionarios de PDVSA, entre 2011 y 2013, que pedían sobornos a vendedores y empresas a cambio de dar condiciones ventajosas en las licitaciones y en las facturas.

La instrucción de este procedimiento arrancó en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central de Instrucción número 3, a cargo de la juez Carmen Lamela. Sin embargo, la magistrada se inhibió a favor del juzgado madrileño, donde se investigan transferencias de fondos desde terceros países a cuentas españolas.

El padre de José Roberto Rincón Bravo, que tuvo un procedimiento abierto en Estados Unidos tras ser detenido en 2015, ya reconoció a la Justicia estadounidense que sobornó a funcionarios de la petrolera para conseguir contratos públicos para sus compañías, que proveían de servicios a PDVSA.

Denunciaron “Clan de Pérez Abad” ante el Ministerio Público

La Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (Fundeproredive) consignó este miércoles ante el Ministerio Público (MP) una denuncia contra el “Clan Pérez Abad”, constituido por familiares del actual presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángel Pérez Abad.

“Se le consignó al MP una solicitud para que averigüe las empresas que tiene la familia de Pérez Abad, en donde se puede destacar varias compañías constituidas en el extranjero en el mismo periodo en que el funcionario ejercía el cargo público de ministro”, informó la fundación.

La institución detalló que los ciudadanos Juan Carlos Pérez Abad, Teodoro Santiago Pérez Abad, Manoly Giunonna Ramírez Navarro y Nelson Rafael Bustamante Abidar, todos relacionados con el exministro Miguel Ángel Pérez Abad, constituyen las empresas Global Oleos C.A. y Mayor Integral de Procuras C.A.

Igualmente, señaló que estos ciudadanos son socios de las compañías JMC International, LLC, BIG BUS Construtions, LLC, TPY USA, LLC, Aventuras OPH LLC, Bynton OPH LLC, Delray OPH LLC, FT.Lauderdale OPH Jensen OPH LLC, OPH Global LLC, PH Gardens OPHLLC, Royal Palm OPH, LLC, todas con sede en Florida, Estados Unidos. Y de las empresas Metals Businness Corporation INC, International Harvester Tractors INC, Strong Investment House INC, con sede en Panamá.

“Cómo es que este clan, siendo su hermano el Presidente del Banco Bicentenario que lo vemos en televisión diciendo que es ‘antiimperialista’, ‘que es chavista’ y que ‘hay que invertir en Venezuela’. Él fue Presidente de Fedeindustria y esos dólares lo dieron aquí para que se invirtiera en el país, pero hoy vemos cómo la familia Pérez Abad no invierte en Venezuela sino que invierte en Estados Unidos. Entonces, es una doble moral porque aparece este flamante exministro, presidente del Banco Bicentenario teniendo un discurso de día contra el imperio y contra la injerencia extranjera, pero hoy su familia es la gran inversora en EE.UU“, aseveró.

Por lo antes expuesto, Fudeproredive exigió al MP que aperture una investigación de manera imparcial y que no exista un “manto de impunidad” porque estas personas sean familia de un exministro venezolano. “Al contrario, estas personas deben ser las primeras en investigar porque están ligadas a funcionarios y se debe dar el ejemplo”, agregó.

Por otra parte, la fundación indicó que acudirá ante la Embajada de Estados Unidos en Caracas con el fin de solicitar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al Buró Federal de Investigaciones​ (FBI) y a todos los organismo internacionales que estén relacionados con la legitimación de capitales para que aperture una investigación a estas personas que son familia del presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángel Pérez Abad, a fin de que se determine el origen de los dólares invertidos en las empresas que poseen en EE.UU.

“¿De dónde sacaron los dólares si en Venezuela hay control de cambio? ¿Dónde están las cuentas en bolívares de los Pérez Abad? ¡Todas las cuentas están en dólares!”, enfatizó. 

Además, Fundeproredive hizo un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que conozca “cómo es que muchos de sus ministros en lugar de invertir en Venezuela invierten en los Estados Unidos”.

Y añadió que posteriormente acudirán al Ministerio Público a presentar una denuncia sobre el otorgamiento de créditos que utiliza el Banco Bicentenario a “muchas personas” para que supuestamente refloten seguros, “como es el caso de Seguros Atrio”.

“También consignaremos otras denuncias con nombre de personas que el Presidente de la República debería mandar a investigar”, sentenció.

Para leer la denuncia consignada contra el “Clan Pérez Abad” por la Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana haga clic aquí.

TARECK EL AISSAME Y EL NARCOTERRORISMO ISLAMICO

Por: Cnel. (Ej.) Rubén Dario Bustillos Rávago

Fuente: Frente Libertad

Hassan Nasrallah jefe de la organización terrorista Hezbollah, ha acumulado alrededor de 250 millones de dólares en sus cuentas personales debido a las operaciones globales de contrabando de drogas de su organización, según informó el pasado lunes Al-Ittihad, un periódico en árabe publicado en los Emiratos Árabes Unidos.

Según el informe, el alcance de su fortuna se descubrió en el marco del “Proyecto Cassandra” conducido por la DEA en contra de Hezbollah, quien además de operar como una organización terrorista internacional, lo hace también como uno de los carteles de drogas más grandes del mundo.

La DEA además informó, que debido a las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán y la reducción masiva del presupuesto de Teherán a Hezbollah, Nasrallahordenó una expansión del contrabando de drogas de su organización, que ha resultado en grandes ganancias financieras.

No tenemos la menor duda de que la mayor parte de la droga, contrabandeada por Hezbollah, y por ende por Nasrallah, proceda de Venezuela cuyo vicepresidente, de nacionalidad siria-venezolana, Tareck El Aissame, ha sido denunciado por mantener estrechos vínculos con ese grupo narco-terrorista y de utilizar el país como base de operaciones para su penetración en todo el Continente americano.

Tareck El Aissame, entre otros, es también mencionado en la lista de responsables de la violación de los derechos humanos en el informe del pasado 29 de mayo que expertos criminalistas presentaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, conclusivo de que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, y, por tanto, existen bases legales para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI). Aseguran que en Venezuela se han llevado a cabo 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados “colectivos”. El informe recoge denuncias de 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir “descargas eléctricas en sus genitales”.

En febrero de 2016, la DEA informó que una investigación internacional había revelado que Hezbollah utiliza las ganancias producto de la venta de cocaína, en los EEUU y Europa, para financiar la compra de armas que utiliza en Siria y en contra de Israel.

El “Proyecto Cassandra” fue cerrado por el presidente Barack Obama, como parte del fallido acuerdo nuclear con Irán, pero fue reabierto por la administración Trump.

Los expertos consideran que la crisis venezolana tiene un alto contenido del crimen internacional que afecta a la región entera y por lo tanta, su solución tiene que ser considerado bajo ese contexto. Caracas, 11 de junio de 2018. rdbustillos@gmail.com, @rdbustillos.

El informe que detalla el imperio de la droga y su relación con el poder en Venezuela

Una investigación del diario Las Américas revela un entramado que alcanza hasta Hugo Chávez. Infografía

Fuente: INFOBAE

Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela, junto al líder venezolano, Nicolás Maduro

El gobierno estadounidense ha desenredado una organización extensa dedicada al tráfico de drogas en Venezuela que podría llevarse por delante al vicepresidente del país, Tareck El Aissami, que lleva tres años en la agenda norteamericana.

La red de tráfico de drogas incluye a generales del ejército, jueces, funcionarios, empresarios y traficantes de cárteles en Colombia y Venezuela. Varios de los detenidos, ahora en suelo americano, pactaron con el gobierno estadounidense su libertad judicial a cambio de información. Una investigación conducida por el diario Las Américas logró acceso a testimonios de implicados y documentos oficiales que confirman a 24 cómplices que allanaron el terreno operativo, policial, militar y aéreo.

Ese mismo medio desveló que militares y políticos ligados al gobierno venezolano pretendían quedarse con todo el pastel. El mecanismo, maquiavélico: los oficiales ofrecieron a los narcotraficantes la seguridad de no ser extraditados si vinculaban a personajes de la oposición en el tráfico de drogas. Toda una maniobra para sacarlos del mapa. Y Hugo Chávez estuvo al corriente de todo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ya comunicó en febrero de 2017 que el vicepresidente El Aissami, al que nombró Nicolás Maduro, y el empresario Samarck José Lopez Bello estaban en su punto de mira por jugar "un papel fundamental en el tráfico internacional de narcóticos". La OFAC señaló a El Aissami como el eslabón principal que facilitó el transporte de cocaína, propiedad del traficante venezolano Walid Makled García.

Ahora, los hilos de la investigación comienzan a conectar. Jaime Alberto Martín Zamora, "Beto Marín", detenido y extraditado a Estados Unidos en 2010, contó con "pedidos muy especiales del propio Chávez para evitar que fuera entregado a EEUU". Así se lo contó el antiguo líder del Cártel del Norte del Valle de Colombia a los fiscales, tal y como informó Las Américas.

La misma pieza incluye un testimonio próximo a Beto Marín. "Chávez quería acusar a unas familias específicas relacionadas con la banca privada de estar vinculadas al Cártel del Norte del Valle y al narcotráfico como lavadores del dinero, pero como Beto Marín no accedió al chantaje, Chávez autorizó su extradición", reveló una fuente cercana a la defensa del narco colombiano. La extradición de Beto Marín se sumó a las otras 78 que hubo entre 2006 y 2015.

En el organigrama del tráfico de cocaína en Venezuela se incluyen jueces como Benny Palmeri Bacchi, que contribuyó para evitar posibles extradiciones, el ex director de la Interpol en Venezuela Rodolgo McTurk, el general Hugo Carvajal Barrios, el ex ministro de Defensa Henri Rangel Silva, el ministro del Interior Néstor Reverol y una lista larga que detalló Las Américas.

"Carvajal es una de las personas más polifacéticas que podemos encontrar en todo este entramado. Es una de las personas que más participó en actividades de tráfico de drogas e ingreso de dinero del narco a Venezuela", reza uno de los comunicados de una persona que conoció de cerca al militar y sirvió de testigo al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Carvajal, diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela, tiene una orden de arresto de Estados Unidos por contribuir al tráfico de cocaína desde su sillón de poder.

La oposición venezolana ya venía avisando de este tema. De hecho, tal y como recogió Infobae más de la mitad de la cocaína que llega a Europa sale de Venezuela.

Infografías de Tomás Orihuela

Triple Frontera: narcoterrorismo y la presencia de Hezbollah

Por: George Chaya

Fuente: INFOBAE

Oriente Medio se ha caracterizado por el surgimiento de movimientos revolucionarios y grupos fundamentalistas que desarrollan operaciones de gran alcance fuera de las fronteras de su región. Un ejemplo de esto es Hezbollah. El grupo surgió en Líbano a partir de una serie de hechos políticos y sociales a mediados de 1982 con la intención de motivar un sentimiento pro-iraní radical en la región y, fundamentalmente, con el fin de establecer en Líbano una República Islámica desde la cual hacer frente a toda influencia extranjera en la zona.

El ideario fundamentalista de la organización se basa en la preservación del islam chiíta en Oriente Medio y en la expulsión de todo aquello que ponga en riesgo su cultura y religión. Hezbollah emitió su manifiesto fundacional en 1985, donde juró lealtad al líder supremo de Irán, Ayatollah Ruhollah Khomeini, y comenzó a profundizar al establecimiento de un régimen islámico, demandó la expulsión de EEUU, Francia e Israel de territorio libanés, y propugnó abiertamente la destrucción del Estado israelí. En esta línea, los miembros del grupo han intentado cumplir su juramento por medios violentos que expandió a nivel internacional durante más de treinta y cinco años.

A través de su ideario político fundacional, Hezbollah ejecutó acciones terroristas en varios continentes. El grupo también desarrolló capacidades de combate y guerrilla en la década del ’90 convirtiéndose en un actor estratégico de Oriente Medio, capaz de influir en el curso de la paz y la guerra en la región.

A nivel organizativo, Hezbollah ha evolucionado significativamente. La capacidad de influencia del grupo fundamentalista se ha consolidado en su región de origen y se ha expandido por todo el globo estableciendo puntos de control por medio de factores como la financiación, el manejo de información y la propagación de su ideología, logrando conseguir gran cantidad de adeptos a sus ideales.

El grupo ha distribuido sus células por todo el mundo logrando ampliar la esfera de su actuación geográfica. Entre los continentes de sus principales puntos de establecimiento de redes, reclutamiento y actividades ilícitas se destaca América Latina. Hezbollah estableció una presencia significativa en la Triple Frontera (TF) entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde utiliza negocios locales, el tráfico de drogas y las redes de contrabando con el objetivo de recaudar y lavar fondos para operaciones terroristas en distintos puntos del globo. Gran parte de la población siria y libanesa habitante de la zona, así como nativos, se han incorporado al grupo o apoyan sus redes.

El crimen transnacional organizado y ejecutado por células de Hezbollah en la TF, así como los planes y la ejecución de ataques terroristas desde la zona, genera una mayor vulnerabilidad para la seguridad de Argentina, Brasil y Paraguay. Su amenaza es constante y latente, como lo evidenciaron los atentados de Buenos Aires en 1992 y 1994 donde la justicia argentina sindica al grupo terrorista como ejecutor de los mismos.

Hezbollah es la organización terrorista islámica con mayor implantación en Latinoamérica. En consecuencia, para hacer frente a un problema conjunto en la región se hace necesario conocer y poner en concordancia las perspectivas de los diferentes actores estatales sobre el fenómeno, como también la forma adecuada para combatir la amenaza en la importancia de establecer acuerdos de cooperación entre gobiernos.

La operatividad de Hezbollah en la TF se extendió rápidamente a través de todo el continente dadas las implicaciones de su establecimiento y el riesgo generado para los países de la región. Luego de los ataques terroristas en Buenos Aires, la TF comenzó a ser configurada desde lo discursivo “como un espacio sin ley”, donde la ilegalidad y la amenaza narco-terrorista son su rasgo esencial. Es así que la región queda incluida dentro de lo que se considera las nuevas amenazas a la seguridad por todos los delitos que allí se cometen, pero con especial atención a la amenaza terrorista que se supone está presente.

A partir de los atentados de 2001, EEUU comenzó a desarrollar estrategias de contención a las amenazas terroristas islamistas (incluyendo la región latinoamericana), es allí donde se visibiliza y focaliza la presencia de Hezbollah en la región. Debido a las modernas herramientas utilizadas por los terroristas para operar criminalmente, surgió el término “nuevas amenazas” donde los crímenes no tradicionales así como las amenazas cibernéticas, deben ser el blanco de combate.

Por medio de operaciones multilaterales por parte de los países involucrados, la zona es objeto de prevención y persecución de ilícitos en el marco conjunto de varios gobiernos. La percepción de los tres Estados afectados directamente por el grupo islámico coincide con la de EEUU, por lo cual, teóricamente, la lucha contra la amenaza sería más fácil de ganar. Sin embargo, no ha sido así y el riesgo es evidente y latente para los tres Estados debido a las operaciones que Hezbollah efectúa desde allí.

El principal enlace entre la red libanesa de Hezbollah y el dinero negro de la Triple Frontera lo configura el denominado “Clan Barakat”. Assad Ahmad Barakat era, hasta su detención en Brasil y posterior extradición a Paraguay, el jefe de finanzas de Hezbollah en Latinoamérica. Regentaba un centro comercial en Ciudad del Este, que usaba como cobertura para su participación en diversas actividades ilegales cuyos beneficios revertía hacia el grupo terrorista.

Las actividades ilegales en la región fueron descubiertas en varias oportunidades por los organismos estatales de la zona, sin embargo, la respuesta a estos crímenes no cumplió del todo con los requerimientos. No es suficiente coordinar acciones por medio de diálogos en la conformación de grupos conjuntos de trabajo entre los países afectados, se hace necesario contar con los recursos y capacidades, de lo contrario los resultados que se obtengan no serán perdurables ni efectivos realmente.

La amenaza militar implica un recurso a la capacidad material y efectiva de las fuerzas de una nación para garantizar la integridad del territorio frente a fuerzas que pretendan quebrar la unidad del Estado. Para alcanzar un objetivo duradero y establecer orden en la región es necesario tener planes y medidas consensuadas de acuerdo a las capacidades profesionales y a los recursos económicos y humanos necesarios. Los tres Estados de la Triple Frontera observan, por ejemplo, las políticas financieras y económicas desde perspectivas diferentes. Así, Paraguay no cuenta con una ley contra el terrorismo que castigue el envío de remesas destinadas al terrorismo. Los límites financieros y económicos para controlar el envío de remesas por parte de las personas que habitan la región, son débiles o inexistentes, esto facilita el flujo de grandes cantidades de dinero tanto lícito como ilícito a través de sus fronteras.

Al contrario, Brasil cuenta con políticas regulatorias más rígidas y estables. Con esto, se contrarresta en gran medida la salida de remesas por esa parte de la frontera. “El Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), órgano del Ministerio de Hacienda de Brasil controla el movimiento financiero e intenta rastrear las remesas vinculadas con el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y otras actividades ilícitas, y el control de los contenedores que desembarcan en el puerto de Santos.

La aplicación de tales medidas en una zona tan difícil de controlar físicamente genera un nivel de control más propicio para luchar contra la amenaza. Las diferentes percepciones sobre la amenaza o la forma de combatirla hace que el trabajo conjunto sea dificultoso o esté distorsionado por las actuaciones individuales. En este sentido, uno de los principales obstáculos para construir respuestas multilaterales y multisectoriales a los problemas de seguridad de la TF, ha sido la diversidad de intereses de los tres países de la región.

Los intereses comerciales y económicos de Paraguay se contraponen con los intereses de seguridad de Argentina, y esto genera niveles de voluntad y decisión política diferentes. Las percepciones están guiadas en gran medida por los intereses de los afectados con el riesgo, por lo que cada actor tiene diversas formas de evaluar y tomar medidas frente a la coordinación de acciones. Aunque la planeación de estructuras determinadas de forma conjunta y el consenso de percepciones y opiniones frente a una amenaza determinada son componentes claves para enfrentarla y neutralizarla, y eso es algo que no está siendo coordinado por parte de los tres Estados.

La aparición de un riesgo como factor de inestabilidad, así como los intereses divergentes son obstáculos para establecer políticas y métodos conjuntos. La presencia de Hezbollah en la TF generó inconvenientes para crear políticas de seguridad conjuntas en la zona. La complejidad del fenómeno, las características del actor criminal, la evasión sobre los escasos controles estatales y las operaciones innovadoras de los terroristas, han sido elementos desestabilizadores para los Estados, pero para Hezbollah son aspectos que garantizan la vigencia del grupo dentro del hemisferio.

La atención por parte de los Estados al problema y la amenaza allí presente efectivamente existe, hay preocupación compartida por el Grupo 3 + 1 (Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos) sobre financiamiento proveniente de fuentes licitas e ilícitas en la región de la TF a organizaciones terroristas estuvo bien abordado. No obstante, esta preocupación no ha generado grandes cambios dentro de las políticas de la región. En los últimos dos años se profundizaron los controles, los esfuerzos fueron coordinados, las reuniones resueltas, pero los resultados no fueron suficientes en la lucha contra este fenómeno. Un ejemplo del intento de coordinación de acciones llevada a cabo por los integrantes de la zona fronteriza es que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay acordaron reforzar la seguridad en la zona de la Triple Frontera y coordinar acciones para detectar posibles células terroristas que podrían operar en esa región, al igual y combatir el narcotráfico y el contrabando.

Así quedó establecido por las tres naciones, cuyos miembros de los gobiernos mantienen contactos fluidos con el fin de establecer un plexo de seguridad que permita contrarrestar los efectos de la presencia de Hezbollah en la región. En la zona se llevaron a cabo una serie de investigaciones, estudios, foros y seminarios que demostraron la inclemente problemática regional. Los funcionarios de seguridad de los tres gobiernos saben que es necesario e imprescindible el aumento del presupuesto y el mejoramiento de los mecanismos de cooperación transfronterizos y la estimulación del trabajo en conjunto por medio de canales de cooperación en un mismo sentido. Las políticas coordinadas en la Triple Frontera se realizaron, sin embargo, los resultados no fueron satisfactorios para neutralizar allí la presencia de Hezbollah.

El Departamento del Tesoro de los EEUU identificó a nueve personas y dos entidades que han proporcionado apoyo financiero y logístico a la organización terrorista Hezbollah. Los designados se localizan en el Área de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay y han provisto servicios financieros y de otro tipo a Assad Ahmad Barakat, el terrorista que había sido identificado en 2002, mucho antes de su detención.Allí se entienden las razones y el por que las actividades ilícitas de Hezbollah en la Triple Frontera por medio de sus células encargadas de la recaudación de fondos para financiación de acciones terroristas siguen vigentes después de varios años de su aparición en la zona y más allá de la implementación de medidas estrictas para combatirlos.

Las políticas temporales no han alcanzado, los objetivos para la neutralización deben ser claros, el trabajo debe ser constante y ejecutado por profesionales con los conocimientos específicos y los recursos económicos y legales necesarios. A falta de ello, y sin consensos estatales estables y duraderos frente a la amenaza, será muy difícil la neutralización final del problema. Los Estados, por más que lo intenten, en el siglo XXI no pueden trabajar aislados de los demás, especialmente de los Estados vecinos. Las políticas de seguridad y control fronterizo deben ser coordinadas, estipuladas con tiempo suficiente para su aplicabilidad y, deben ser consecuentes con los intereses de los actores para conformar un verdadero bloque que logre alcanzar el objetivo propuesto.

El fortalecimiento de las fronteras es imprescindible para poner en marcha estrategias de análisis e inteligencia que fortalezcan las políticas de seguridad y prevención contra el flagelo del terrorismo islamista. No basta con fortalecer una de las tres fronteras porque las restantes quedaran expuestas a todas las actividades ilícitas realizadas por los terroristas. En primer lugar, la coordinación de intereses debe pensarse en términos de ganancias para los Estados vulnerables. Por eso se debe concretar en orden jerárquico sobre cuáles son los intereses estatales -y la afectación para el resto de la nación- de la propuesta de un determinado plan o política a desarrollar.

Teniendo en cuenta esto y acudiendo a la teoría en términos estrictos para crear políticas de seguridad en la confrontación con el narco-terrorismo y los ilícitos que de él se desprenden, es necesario “identificar la amenaza y las consecuencias que esa amenaza trae para los actores que se ven afectados”. Después de eso, se debe establecer una hoja ruta para fijar el funcionamiento y curso a seguir en la confrontación con las organizaciones criminales.

Sin embargo, todo esto es observado por los gobiernos como un camino a seguir a través de la teoría, pero no en la realidad. Los esfuerzos por establecer un curso de acción en la práctica -y no solo en la teoría- que pueda controlar la penetración del terrorismo islamista en la frontera, a diferencia del combate contra el narcotráfico, que si ha mostrado aciertos y éxitos, no han sido completamente exitosos, en ningún momento se creó una estrategia estatal profesional y conjunta. Los intentos por hacerlo perdieron cabida en la realidad por varias razones, entre ellas, la falta de disposición de los actores estatales para concretar y llevar a la practica la estrategia que se necesita y por desconocer lo básico, es decir la esencia de la amenaza.