Simeón García señalado por defraudar a Cadivi y acusado por lavado de dinero en República Dominicana

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

Fuente: Venezuela Politica


El propietario de las aerolíneas Aserca, Santa Bárbara Airlines, LTA y PAWA, Simeón García, supuestamente habría estructurado un refinado esquema de corrupción que le habría permitido defraudar millones de dólares a través del sistema de control de cambio imperante en Venezuela y, al mismo tiempo, presuntamente llevar actividades de manera irregular en República Dominicana donde enfrenta cargos por cesar operaciones, fraude fiscal, lavado de activos, conspiración para fraude y corrupción.


Documentos muestran el mecanismo utilizado por las empresas de García para obtener dólares preferenciales en Venezuela a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas, Cadivi.

Según el esquema denunciado, se presentaban facturas emitidas por la empresa Alpha Turbine Aviation Technology LLC —la cual estaría relacionada con García de acuerdo a información suministrada por nuestras fuentes— cuyo concepto eran los servicios de reparación de las turbinas de las aeronaves de Aserca.

La empresa Alpha Turbine Aviation Technology LLC[1], una compañía registrada en el estado de la Florida, Estados Unidos, bajo el número L04000037341 y FEI/EIN 26-1503729, en fecha 18 de mayo de 2004, con estatus actual activo, que señaló como domicilio el 8050 NW 31 Street, Miami, FL 33122. La dirección postal suministrada fue el 8081 NW 31 Street, Miami, FL 33122. El agente registrador fue Ricardo E. Pines (3301 Ponce de León Blvd., Suite 200, Coral Gables, FL 33134. Como directivos figuran Marlene Morillla y Ledys Rodríguez, ambas con la misma dirección que se ofreció como dirección postal[2].

Esta empresa — Alpha Turbine— certificada para tal fin, reparaba los motores de los aviones de las aerolíneas propiedad de Simeón García agrupadas como Alianza o Grupo Condor.

Dichas facturas presentaban las tablas de costos en las que se pueden observar, en una columna los montos relativos a los precios de los componentes suministrados los cuales variaban de acuerdo a los requerimientos de las partes.


Se pueden ver, además, el costo de la mano de obra o servicio prestado, así como los gastos generales.




En las facturas es posible constatar los costos de los motores de acuerdo al número de orden de trabajo del taller (WO-Work Order), los cuales reflejan el monto real gastado en componentes y al mismo tiempo puede observarse el monto total facturado.

La diferencia entre el monto de las partes podía ser, en algunos casos, hasta un tercio menor del monto total facturado, es decir hasta un 250 por ciento por encima del valor de las partes reparadas.

Por ejemplo, la orden de trabajo (WO) N° 1103 presentaba que la reparación había sido realizada por USD 293.491,01 pero con los costos adicionales el precio se elevaba a USD 776.731,01 que era el monto facturado a la compañía, Aserca en este caso, empresa que, posteriormente solicitaba a Cadivi estos recursos con lo que Simeón García supuestamente lograba beneficiarse con los elevados sobreprecios.

Nuestras fuentes refieren que en un año la diferencia pudo alcanzar los USD 5 millones en sobrefacturación.



Los informantes refieren que los cálculos indican que solamente Aserca, por concepto de reparación de turbinas, en un periodo de ocho años, podría haber acumulado en sobreprecios unos USD 40 millones, sin que en esta estimación se incluya otros conceptos, tales como reparaciones varias y piezas en general, seguros de las aeronaves y otros componentes.

La investigación en República Dominicana

En República Dominicana, Simeón García y sus empresas —Aserca, Santa Brábara Airlines y PAWA— enfrentan averiguaciones por estar incurso, presuntamente, en operaciones de fraude fiscal, lavado de activos, conspiración para fraude y corrupción, según lo da a conocer una nota de Primicias 24[3].

Se conoció que sobre PAWA Dominicana y García hay denuncias que los señalan de abuso de confianza y presunto lavado de activos, por lo que se solicitó a las autoridades competentes una averiguación al respecto. La acusación fue presentada por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y por la Junta de Aviación Civil (JAC), los cuales aseguran que PAWA y García se apropiaron de recursos públicos, los ocultaron y posteriormente los transfirieron y administraron en provecho propio.

Explicaron que el IDAC debe recibir, de acuerdo a lo dicta la norma, la liquidación quincenal de las tasas y derechos de la actividad aeronáutica recabados por los operadores aéreos, pero la aerolínea PAWA Dominicana inició una práctica desde marzo de 2017 dirigida a evadir esta obligación, lo cual ocurrió hasta que fue suspendido su Certificado de Autorización Económica el pasado 26 de enero de 2018.

La deuda de PAWA a las autoridades dominicanas al 30 de enero de 2018 ya se elevaba a USD 1.820.669,35 más RD$ 72.742.50 (pesos dominicanos). Habrían llegado a un acuerdo de pago, pero nuevamente la empresa de la Simeón García evadió su responsabilidad e incumplió con dichas cancelaciones.

El representante legal del IDAC y la JAD, Julio Cury, informó que fue entregada la denuncia respectiva ante la Procuraduría General encabezada por Jean Alain Rodríguez, quien a su vez la remitió a la Fiscalía de Santo Domingo, órgano judicial que deberá establecer la veracidad de las acusaciones y proceder en consecuencia en caso de comprobarse los hechos.

Entretanto, la representación legal de PAWA, en manos del abogado Alberto Reyes, manifestó su inconformidad con el cese de operaciones de la aerolínea dictaminado. La medida habría afectado a 18 mil 724 pasajeros que adquirieron boletos desde el 20 de octubre de 2017 hasta el 25 de enero de 2018. En Venezuela, Santa Bárbara Airlines fue suspendida por 90 días por incumplimiento de itinerario.

Igualmente, Aserca fue objeto de suspensión por asuntos relacionados a su póliza de seguro.

Sobre Simeón García

Simeón Rafael García Rodríguez es titular de la Cédula de Identidad N° En RESERVA y se le ubica en la parroquia San José, municipio Valencia, estado Carabobo[4].

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, indica que ingresó al sistema el 2 de noviembre de 1992, siendo su estatus actual cesante al haber egresado el 31 de octubre de 2018 de la empresa Aserca Airlines C.A. cuyo número patronal es C13802292. Su fecha de contingencia es el 22 de octubre de 2021. Acumula 1331 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 18.856,41.

Ejerce su derecho al voto en el Instituto María Montesori, parroquia San José, municipio Valencia, estado Carabobo.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) lo reseña con inversiones en paraísos fiscales con empresas en las que figura como oficial desde 1986 y 1998, a saber, tres compañías registradas en Aruba: Air Aruba N.V., Assa Capital Services N.V. y Assaca Investments N.V.[6]

Disclaimer

Si alguien de las empresas o personas mencionadas desea contar su punto de vista sobre los detalles aquí expresado, les solicitamos que se comuniquen a nuestro correo electrónico blogvenezuelapolitica@tuta.io. En este blog el derecho a réplica está garantizado.

Citas


[1] Alpha Turbine Aviation Technology LLC. http://alphaturbine.com/


[2] Sunbiz. Division of Corporations. Alpha Turbine Aviation Technology LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=ALPHATURBINEAVIATIONTECHNOLOGY%20L040000373411&aggregateId=flal-l04000037341-e0f64540-45c9-4a20-a22f-6d53338b18f7&searchTerm=Alpha%20Turbine&listNameOrder=ALPHATURBINEAVIATIONTECHNOLOGY%20L040000373411


[3] Primicias 24. “Simeón García dueño de Aserca Airlines investigado por lavado de activos en la República Dominicana”. 8 de mayo de 2018.


[4] Dateas. García Rodríguez, Simeón Rafael. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-rodriguez-simeon-rafael-5813467


[5] IVSS. Cuenta individual. Simeón Rafael García Rodríguez. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[6] Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).García Rodríguez, Simeón Rafael. https://offshoreleaks.icij.org/nodes/86012814

Trump mira la Triple Frontera­

El presidente de los Estados Unidos buscará el apoyo de Macri en una estrategia global contra Irán. La bilateral que mantendrán ambos mandatarios servirá para que el norteamericano inste a que la Argentina sea su aliada regional.­ El jefe de la Casa Blanca canceló su reunión con Putin debido a la tensión por Ucrania. 

 Fuente: La Prensa

El presidente estadounidense Donald Trump tiene previsto mantener este viernes una breve reunión con el presidente Mauricio Macri, ante quien presentará su estrategia global contra Irán. Se trata de un intento del norteamericano por sumar al jefe del Estado nacional y anfitrión del G20 como aliado regional.­

El norteamericano canceló el encuentro previsto con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Mientras que aseguró que no tiene claro si quiere cerrar un acuerdo comercial con China, cuando se reúna el sábado con Xi Jinping en el marco de la Cumbre del G20.­

Fuentes citadas por medios de prensa estadounidenses dijeron que Macri ya está al tanto de la estrategia de la Casa Blanca. Plantearon que el Presidente envió, inclusive, señales de acercamiento en relación a la posición geopolítica de la Argentina, contemplando el riesgo de que la Triple Frontera -con Brasil y Paraguay- pueda ser campo de batalla.­

Trump, quien llegó en la noche del jueves a la Argentina, le propuso a Macri que califique a Hezbollah como "una organización terrorista'' y que incorpore su aparato de inteligencia civil a un sistema mundial instalado en Washington para controlar y reprimir todas las operaciones ilegales planificadas por el gobierno de Irán.­

Durante la reunión, ambos mandatarios tienen previsto acordar la participación de la Argentina en una cumbre de lucha contra el terrorismo que organizará los Estados Unidos en su capital a mediados de diciembre próximo.­

En esa cumbre que abrirá Trump, la Argentina estaría representada por Gustavo Arribas, en calidad de titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Trump considera al primer mandatario nacional como su aliado natural y quiere que la AFI coordine acciones con la CIA, el Departamento del Tesoro y el FBI.­

Desde el arribo de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017, los Estados Unidos inició una cruzada contra Teherán. Al tiempo que su primera medida fue poner fin al acuerdo nuclear impulsado por el ex presidente Barack Obama y la mandataria alemana Angela Merkel.­

La estrategia de Trump contra el gobierno de Teherán no termina sólo en anular los acuerdos nucleares con Irán, sino que se extiende también a las células de Hezbollah que operan en la Triple Frontera.­

En 2006, el Departamento del Tesoro puso en el radar a Assad Ahmad Barakat, un libanés acusado de liderar una operación de Hezbolá dedicada al contrabando y a lavar dinero en casinos para financiar ataques terroristas. Barakat operaba en territorio paraguayo y era intocable hasta que Trump derrotó a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016.­

La Office of Foreign Assets Control (`OFAC', por su sigla en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto a la Unidad de Información Financiera de la Argentina (UIF), realizaron un trabajo de investigación que permitió emitir alertas de operaciones sospechosas a 50 bancos, casinos, casas de cambios y financieras alrededor del mundo.­

De esa forma, lograron exhibir un entramado de "lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo''.­

En este contexto, cayó detenido Barakat y se pudo desmantelar una organización terrorista dedicada a los delitos de contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiamiento de actos terroristas.­

EEUU condena por lavado de dinero a banquero venezolano

Por: GISELA SALOMON
Fuente: Associated Press

Un empresario venezolano que abrió un banco en República Dominicana para pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios de su país fue sentenciado el jueves a tres años de prisión en un tribunal federal de Estados Unidos.

Gabriel Arturo Jiménez Aray, quien en marzo de 2017 se había declarado culpable de asociación ilícita para lavar dinero, fue condenado por la jueza Robin Rosenberg en los tribunales federales de West Palm Beach, unos 100 kilómetros al noroeste de Miami.

La sentencia de Jiménez fue revelada por la fiscalía federal del sur de la Florida dos días después de que Alejandro Andrade Cedeño, un extesorero del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, fuera condenado por la misma jueza a diez años de prisión en el mismo caso de lavado de dinero.

Como parte de un acuerdo que selló con el gobierno de Estados Unidos para recibir una condena leva, Jiménez, quien vive en Chicago y tiene 50 años, se comprometió a colaborar con las autoridades. Además, aceptó entregar todas sus propiedades y bienes.

En ese acuerdo admitió que junto con el propietario de la cadena de televisión venezolana Globovisión, Raúl Gorrín Belisario, y otras personas utilizó al Banco Peravia de República Dominicana para pagar sobornos a funcionarios venezolanos. Su objetivo era realizar negocios ilegales y lavar dinero de esos negocios, según documentos judiciales.

Gorrín también está acusado, pero se encuentra prófugo.

En la conspiración se malversaron más de 550 millones de dólares y Jiménez admitió que el total de dinero en propiedades involucradas en la acusación con el Banco Peravia y otras instituciones fue de aproximadamente 38 millones de dólares.

Algunos de los pagos de sobornos fueron realizados en el sur de la Florida, según documentos de la fiscalía.

Jiménez fungió como propietario y presidente del banco, y abrió una empresa llamada Peravia Group LLC en la Florida para hacer negocios en Miami.

Entre 2010 y 2014, cuando colapsaron el banco y Peravia Group, Jiménez facilitó transacciones ilegales y pagos de sobornos a funcionarios extranjeros a través de tarjetas de créditos emitidas por la institución, dinero en efectivo, transferencias electrónicas y de otro tipo, según documentos judiciales.

Senadores Van Hollen y Marco Rubio Piden A Donald Trump Investigar A ZTE en Venezuela

Dos senadores de EEUU piden a la Casa Blanca investigar trabajo de ZTE en Venezuela

Por Angus Berwick
Fuente: REUTERS

 

Dos senadores de Estados Unidos pidieron el miércoles al gobierno del presidente Donald Trump que investigue si ZTE Corp, la compañía de telecomunicaciones china, violó sanciones al ayudar a Venezuela a establecer una base de datos que supervisa el comportamiento de sus ciudadanos.

En una carta, los senadores Chris Van Hollen y Marco Rubio solicitaron a los secretarios de Estado, del Tesoro y Comercio determinar si ZTE trabajó con individuos sancionados por los Estados Unidos, usó ilegalmente componentes norteamericanos o ayudó al Gobierno de Venezuela a burlar procesos democráticos o los derechos humanos.

La carta surge tras una investigación de Reuters sobre la base de datos y un programa asociado al documento de identidad venezolano, publicada el 14 de noviembre. El miércoles temprano Reuters informó sobre los planes de los funcionarios de escribir a los miembros del gabinete, citando a asesores de los dos congresistas.

ZTE, que a principios de este año pagó 1.000 millones de dólares a Estados Unidos por violar sanciones contra Irán y Corea del Norte, no respondió a una solicitud de comentario.

El Ministerio de Información venezolano tampoco respondió un pedido de comentarios.

El presidente Nicolás Maduro, que lidia con la hiperinflación y una economía en caída libre, ha dicho que las sanciones estadounidenses son parte de una “guerra económica” para derrocar a su gobierno.

Un portavoz del Departamento del Tesoro dijo que la oficina no comenta sobre la “posible o pendiente investigación”. Funcionarios de los Departamentos de Estado y Comercio no respondieron el miércoles temprano a solicitudes de comentarios.

El miembro del Partido Demócrata Van Hollen, y Rubio, un republicano, han impulsado en el pasado medidas contra ZTE.

La empresa, de la que una compañía estatal china es el mayor accionista, es señalada por funcionarios occidentales de ayudar a China a exportar tácticas de vigilancia y equipamiento para gobiernos autoritarios de todo el mundo.

ZTE trabaja cada vez más con el gobierno de Venezuela en varios proyectos, principalmente en asociaciones con la estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Varios funcionarios venezolanos de alto rango, incluido el presidente Maduro y el presidente de Cantv, Manuel Fernández, han sido sancionados por Washington debido a lo que sucesivos gobiernos estadounidenses consideran un comportamiento autoritario y violatorio de los derechos humanos por parte del gobierno en Caracas.

Ni Fernández ni portavoces de Cantv respondieron a pedidos de comentarios.

En su investigación, Reuters encontró que ZTE ayudó a Venezuela a construir una base de datos que pueda rastrear el comportamiento de los ciudadanos a través de un documento de identificación nacional.

La identificación, conocida como “carnet de la patria”, puede compilar datos incluyendo historias financieras y médicas, uso de las redes sociales y si una persona votó o no.

Un área de preocupación para los senadores es si ZTE utilizó componentes fabricados por Dell Technologies Inc. en la base de datos. Un documento revisado por Reuters indicó que ZTE usó unidades de almacenamiento construidas por la empresa con sede en Estados Unidos.

En su carta del miércoles, los senadores preguntaron “si ZTE violó los controles de exportación de Estados Unidos con respecto a la instalación de unidades de almacenamiento de datos construidas por Dell”.

Una portavoz de Dell dijo a Reuters que no tenía constancia de una venta para ese propósito.

Los senadores también pidieron a la administración estadounidense que determine si el trabajo de ZTE en Venezuela rompe los términos del acuerdo al que llegó a principios de este año con el Departamento de Comercio sobre infracciones anteriores.


Reporte de Angus Berwick, Editado en español por Vivian Sequera y Juana Casas

"Merino es el aliado de las FARC, Ortega y Venezuela"

Con las recientes sanciones de Washington al régimen de Daniel Ortega, sus socios más cercanos podrían seguir una suerte similar y terminar con restricciones.

Por Luis Laínez 

Fuente: La Prensa Grafica - El Salvador

Impacto. Muchas de las investigaciones de Douglas Farah han servido como insumos en el Congreso y el Senado de Estados Unidos, y han tenido repercusión internacional.

El Salvador no pasa desapercibido para Estados Unidos. Eso lo sabe muy bien Douglas Farah, un investigador y experiodista que se ha convertido en consultor de seguridad nacional. Se ha especializado en darle seguimiento al crimen organizado, pero también a los movimientos que sectores políticos realizan para garantizar impunidad a actos de corrupción.

Recientemente, las autoridades de El Salvador anunciaron importantes decomisos de droga incautados a naves semisumergibles. ¿Cuánta de esa droga llega a Estados Unidos?

Obviamente, el flujo de drogas, dado la expansión del cultivo de la coca en Colombia y las facilidades que han desarrollado las FARC o grupos disidentes que eran de las FARC con sus aliados de Centroamérica es una zona muy transitada por el narcotráfico. Lo que estamos viendo es que mucho, la mayoría, termina en Estados Unidos, pero mucho ahora va desviado ahora a Europa y Asia. En El Salvador, específicamente, por el lado Pacífico, usando los puertos pequeños. Se desvía mucha droga hacia Asia. Ya no es tanto Estados Unidos, pero me imagino que Estados Unidos sería el mercado más grande.

¿Cómo ha favorecido el aumento de la producción de cocaína la legalización de las FARC?

El proceso de paz en Colombia fue diseñado para que las FARC mantuvieran sus ingresos ilícitos, controlando, aun con el proceso que yo diría que ha sido casi un fracaso sino un fracaso total. Los grupos que ellos llaman disidentes son muy cercanos con el Secretariado, mantienen el control del cultivo de la coca, de la producción de cocaína, de la extracción del oro ilícito y de una serie de empresas que les han permitido seguir con sus actividades ilícitas. Es una gran ventaja para ellos, pues ellos tienen muchos amigos en Centroamérica, tienen muchos aliados históricos: en el Frente Farabundo Martí (FMLN), en el Frente Sandinista (FSLN, de Nicaragua). Eso les ha dado una infraestructura ya existente donde ellos pueden aprovechar para hacer cosas ilícitas.

En el pasado, hemos escuchado que el contacto en El Salvador de las FARC ha sido José Luis Merino. ¿Se mantiene?

Sí, creo que, sin duda, José Luis Merino ha sido un aliado desde los años noventa, sino antes, de las FARC. Eso lo dice él mismo en una entrevista en Telesur cuando firmaron el acuerdo de paz en Colombia, de sus relaciones históricas y de cuánto ha hecho por las FARC. Hay una simpatía, una cosa ideológica mezclada con cosas de la guerra fría, mezclado con intereses económicos, que ahora se ve en el conjunto de los grupos de izquierda de aquellos años y que siguen existiendo. Creo que el grupo del Partido Comunista histórico en El Salvador que controla José Luis Merino; el grupo más duro de los sandinistas, que controla Daniel Ortega. Son los grupos que más incidencia han tenido históricamente con las FARC y que se mantienen estas relaciones todavía.

Estos grupos, poco a poco, traspasan lo político y llegan al plano empresarial. Hace unos años le escuchamos a usted hablar de ALBA Petróleos, de cómo esta empresa ha pasado a financiar también partidos políticos.

Es un fenómeno donde creo que hay mucho movimiento de dinero inexplicable e injustificable por vías normales y vías legales. Ha acaecido en ALBA Petróleos, en Albanisa (Nicaragua) a través de PDVSA de Venezuela. Ha dado origen a un imperio de empresas que es muy opaco, no tiene una contabilidad, ni visibilidad, ni control externo ni para público o para contadores para ver de dónde viene el dinero que se gasta. Creo que las FARC está en la misma cosa, de crear fondos de origen inexplicable que, de repente, les permite nacer un imperio aparentemente de negocios lícitos, pero que uno tiene que preguntarse de dónde viene tanto dinero tan rápido a gente que supuestamente no tenía nada.

¿Cuál es el estatus actual de la lista Magnitsky? Hay salvadoreños propuestos a ser incluidos, el prófugo Enrique Rais y José Luis Merino, actual viceministro de Inversiones.

Es una herramienta que tiene Estados Unidos en donde tiene gran influencia el Congreso de nombrar o proponer nombres para la lista, basado en la corrupción. En la Ley Magnitsky no hay que probar que el dinero viene del narcotráfico, sino que viene de alguna forma ilícita y que es parte de corrupción de oficiales públicos. Es un poco menos complicado nombrar gente así que probar específicamente que el dinero viene del narcotráfico. Eso es lo atractivo. Vemos a Honduras, Panamá con el expresidente Martinelli; el mismo Otto Pérez, en Guatemala, como fenómeno de corrupción a los más altos niveles. Es una manera de combatir eso o, por lo menos, que no sea utilizado el sistema bancario de Estados Unidos para mover esos dineros y pueda después gastarlos y vivir bien.

En el caso de estos dos salvadoreños, ¿hay suficientes datos para incluirlos en esa lista?

Yo no puedo tomar esa decisión. Pero se han aportado elementos importantes para evaluar. Y va a ser el Departamento de Estado el que tomará la decisión, pero creo que se basa en unas evidencias coherentes.

En la corrupción a alto nivel, al llegar a estos niveles de poder, busca perpetuarse. ¿Cómo pueden mantener la impunidad?

El modelo ya se ha dado en la transición de Tony Saca, que era de ARENA, al gobierno de Mauricio Funes, que era del Frente. Ahí se puede ver que se pueden hacer pactos para mantener las estructuras criminales sólidas de administración en administración. Dentro de ese paquete hay muchas alianzas económicas entre gente del Frente, entre areneros, los del PCN y de todo mundo que están metidos en negocios conjuntos que buscan alianzas para perpetuar ciertas estructuras que no dependen de la ideología de la administración, sino de la voluntad de ciertos individuos de mantener esas estructuras funcionando.

El candidato original de José Luis Merino no es Hugo Martínez, el excanciller, sino Nayib Bukele, que es el candidato de GANA, aliado del FMLN en la Asamblea. ¿Cree que puede mantener influencia en este otro partido?

Todo este ambiente que se ha creado en cuanto a cantidad enorme de dinero inexplicable, en esos ambientes se da el fenómeno que todo en la política se vuelve transaccional. O sea, uno negocia en términos económicos todas las políticas en vez de negociarlos en términos ideológicos o tener una coherencia filosófica. Lo que estamos viendo, no solo en El Salvador sino en toda la región es que ya la política es una transacción económica: quién está en el Congreso, quién va a ser fiscal, quién va a ser presidente, quiénes van a ser los candidatos son resultados de pactos que no son en el fondo políticos o ideológicos, sino pactos de protección mutua, de autodefensa y de protección a intereses más grandes que los propios partidos. Para una democracia es peligrosísimo. Estamos ya en un proceso, desde hace un rato ya, donde la democracia está muy amenazada.

Hace un par de años, usted mencionaba que las sociedades del conglomerado ALBA eran parte de la maquinaria de lavado de dinero de las FARC. Ahora vemos a estas empresas muy disminuidas y con un claro interés venezolano por repatriar lo más que puedan en divisas. ¿Perdieron el interés en ALBA Petróleos y demás compañías?

Ya se utilizó la estructura para lo que se quería, sin explicación de repente todo cae. No es normal en términos de comportamiento económico. Me imagino que ya pasaron a otra generación de empresas y de estructuras que no hemos entendido todavía. El problema es que nosotros estamos viendo la película muy atrasada. Vemos cuando cae todo, pero vamos a tardar tiempo en entender por qué cayó eso, qué pasó ahí. La investigación de algunos medios de los préstamos que hizo ALBA Petróleos a sus propias empresas en Panamá por $1,400 millones indica que son movimientos irregulares de dinero porque esas empresas en Panamá nunca hicieron nada, más que absorber el dinero y lo tiraron más lejos para que sea difícil de rastrear. Cada estructura tiene una vida útil que no es permanente. Cuando ya no es útil, tumban esas empresas y montan otras y van siguiendo. Lo que no sabemos es cuáles son las nuevas estructuras.

Rais y Merino fueron muy cercanos. Incluso se les vio juntos en operaciones fuera de El Salvador, como en Honduras, en puerto Cortés.

El gran factor que ha regionalizado todo es el dinero que nace o pasa por PDVSA en Venezuela. Van creando Albanisa (en Nicaragua), había ALBA en Honduras y Guatemala. Hay que mirar las estructuras económicas, pero con cierta óptica de ideología. ¿Quiénes son los socios de Daniel Ortega? Mel Zelaya, José Luis Merino, las FARC y Venezuela. ¿Y quiénes son los socios de José Luis Merino? Las FARC, Venezuela, Daniel Ortega. ¿Y quiénes son los socios de Mel Zelaya? Las FARC, Venezuela… Es un círculo que no ha crecido tanto, pero que ha permitido, en Panamá hay gente metida en lavado con bancos comprometidos. Ese uso de dinero ha permitido regionalizar bastante y cuando están metidos Estados, se complica mucho rastrear el dinero. Nos quedamos con la pregunta ‘¿de dónde viene y en qué se utilizó?’ Es difícil encontrar respuestas cuando el Estado no da información.

Alejandro "Tuerto" Andrade sentenciado a 10 años de prision por lavado de dinero en el sur de la Florida

Por: Jay Weaver - jweaver@miamiherald.com
Fuente: El Nuevo Herald

Un ex tesorero nacional del gobierno socialista del presidente venezolano Hugo Chávez fue sentenciado el martes a 10 años de prisión por un juez federal por aceptar $1,000 millones en sobornos y lavar las ganancia con la compra de bienes raíces en el sur de la Florida y otras inversiones.

Alejandro Andrade, de 54 años, vendía acceso a los lucrativos mercados cambiarios del gobierno venezolano antes y después de la muerte de Chávez en el 2013, enriqueciéndose él y un círculo de altos funcionarios y empresarios, según documentos del tribunal.

La sentencia de 10 años de prisión es la máxima contemplada en la ley por el cargo de lavado de dinero y confabulación.

Antes de ser sentenciado en West Palm Beach por el juez federal de distrito Robin Rosenberg, Andrade tenía varias propiedades en la acaudalada comunidad ecuestre de Wellington, en la zona oeste del Condado Palm Beach.

Andrade permanecerá libre con una fianza de $1 millón mientras sigue cooperando con las autoridades federales en la investigación, que no ha concluido. Debe presentarse en la prisión el 25 de febrero.

Andrade, quien en diciembre pasado se declaró culpable de un cargo de confabulación para lavar dinero, ha entregado información privilegiada a los fiscales Michael Nadler y Vanessa Snyder, así como a los agentes federales que los asisten en el caso contra algunas de las personas más acaudaladas de Venezuela, entre ellas, el magnate de la televisión Raúl Gorrín, de 50 años, quien fue encausado el lunes pasado, un día antes que el caso contra Andrade fuera revelado en un tribunal federal en West Palm Beach.

El encausamiento acusa a Gorrín, un empresario caraqueño con buenas relaciones políticas, de confabularse para sobornar a funcionarios venezolanos y lavar dinero mediante la ocultación de dinero público desviado, que se invirtió en bienes raíces en el sur de la Florida y Nueva York durante los últimos 10 años.

Todo esto ocurrió durante un período de fuerte escasez para todos los venezolanos, muchos de quienes no pueden comprar siquiera productos básicos y han huido a otros países latinoamericanos.

La investigación de Andrade en el sur de la Florida fue reportada inicialmente por el Miami Herald y el Nuevo Herald en marzo del 2018 Andrade, ex guardaespaldas de Chávez que fue tesorero nacional entre el 2007 y el 2010, enfrentaba un máximo de 10 años de prisión según su negociación de cargos, mucho menos de lo que enfrenta ahora Gorrín, quien está fugitivo y es solicitado por las autoridades federales en Miami.

Andrade estaba viviendo en su granja en Wellington mientras asistía a las autoridades federales en una amplia investigación de corrupción en el extranjero y lavado de dinero. A mediados de noviembre, agentes federales tomaron el control de sus propiedades en Wellington, incluidos 17 caballos purasangre, como parte de un decomiso de $1,000 millones.

Los caballos fueron importados de varias partes de Europa, muestran documentos del tribunal. Emanuel, hijo de Andrade, competía en ellos en eventos en el sur de la Florida y otras partes del mundo.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, también decomisaron numerosos autos de lujo de Andrade, incluidos un Mercedes-Benz GLS 550 del 2017 y un Bentley Continental descapotable del 2015, además de numerosas cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, y una amplia colección de relojes de lujo.

Andrade, Gorrín y otros aliados en el gobierno de Venezuela y los sectores de negocios y bancario de ese país están acusados de enriquecerse ilegalmente aprovechando tasas cambiarias favorables y ocultando enormes ganancias en bancos europeos y estadounidenses, así como en inversiones, según el encausamiento de Gorrín. Andrade usó su cargo para dar a Gorrín acceso a tasas cambiarias preferenciales para sacar el mayor provecho a transacciones en divisas.

Gorrín está acusado de pagar cientos de millones de dólares en sobornos a Andrade y a otro ex alto funcionario venezolano al canalizar fondos a ellos a través de un banquero venezolano en la República Dominicana. Ese banquero, Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 años, controlaba el banco dominicano con Gorrín.

Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA

Fuente: Miami Diario

Hay bastante charla en los círculos policiales y judiciales sobre Matthias Krull, Francisco Convit y otros conspiradores sin nombre. PDVSA es, como siempre, el centro de todo. Krull, quien ya se declaró culpable, sabe cosas sobre los “otros negocios” de Raúl Gorrín

Pero eso no es todo. Recordemos que PDVSA fue golpeado con un esquema idéntico, pero sustancialmente mayor ($ 4 mil millones), establecido por el conspirador identificado con el nçumero 2, en el caso de Krull (socio de Convit, Alejandro Betancourt) con Rafael Ramírez, Luis Oberto y su hermano Ignacio.

Ahora el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) tiene más pruebas y un nuevo indiciado en los casos de corrupción con los dineros de PDVSA. Una montaña de evidencia señalan a Charles Henry de Beaumont, un “banquero” al estilo de Krull, encargado por varios “empresarios” venezolanos para lavar miles de millones de dólares. Al igual que en el caso Krull / Convit, se utilizaron bancos suizos (Compagnie Bancaire Helvetique, EFG), así como el Banco Meinl de Austria. Betancourt se niega a proporcionar comentarios sobre el registro de participación, debido a su supuesta colaboración en curso con DoJ.

Las fuentes también informan que el DoJ ha comenzado a citar a personas asociadas con el Fideicomiso de Litigios de PDVSA. Eso abrirá otra lata de gusanos, ya que tanto los acusados ​​como el demandante no son más que facilitadores de una gran corrupción. Al parecer, los funcionarios del DoJ visitaron Suiza recientemente, con el propósito de obtener toda la información relacionada con la denuncia penal de PDVSA, presentada por Gueric Canonica (el abogado de Wilmer Ruperti), con el ex-colega-fiscal Johan Droz. Ruperti también tiene problemas para responder a solicitudes de comentarios, debido a problemas médicos.

Que DoJ haya asumido el caso es una bendición, de verdad. Tal vez la acción de Conoco contra David Boies & co tuvo algo que ver con eso.

Con información de alekboyd.blogspot.com

Maduro y la “banda de los enanos”: la mafia judicial más grande de Venezuela

Por: Sabrina Martin
Fuente: PanAmpost

Luis Velásquez Alvaray, un exmagistrado chavista del Tribunal Supremo de Justicia venezolano fue quien reveló cómo se maneja la "banda los enanos" que estaría encabezada por Nicolás Maduro, pero que además salpica al Poder Judicial, empresarios y a la misma Fuerza Armada.
 

La plataforma delictiva que destruye al país involucra al empresario Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, quien presutamente estaría vinculado al narcotráfico junto con el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. (PanAm Post)

Nuevas informaciones revelan que el régimen de Nicolás Maduro y los Poderes Públicos del Estado se manejan a través de una gran mafia denominada “la banda los enanos”. Se trata del entramado de la mafia judicial más grande del mundo.

Luis Velásquez Alvaray, un exmagistrado chavista del Tribunal Supremo de Justicia venezolano fue quien reveló cómo se maneja la “banda los enanos” que estaría encabezada por Nicolás Maduro, pero que además salpica al Poder Judicial, empresarios y a la misma Fuerza Armada de ese país.

El exmagistrado, quien se encuentra refugiado en Costa Rica, relató que la plataforma delictiva que destruye al país involucra a los empresarios Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, dueños de la cadena televisiva Globovisión, quienes presutamente estarían vinculados al narcotráfico junto con el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Alvaray sostiene que Los Enanos son una banda compuesta por magistrados, jueces y fiscales que son manejados a su antojo por el ex vicepresidente para sobornar, extorsionar con los procesos y decisiones judiciales y que tienen ámbito nacional, ya que están sembrados en cada una de las jurisdicciones judiciales de los estados del país.

A los enanos se le atribuyen casos emblemáticos de libertad y beneficios para famosos guerrilleros y narcotraficantes que presuntamente pagaron multimillonarias sumas de dólares para ello y a su vez han condenado a numerosos enemigos del régimen con juicios amañados y montados para simular su culpabilidad.

Explica Velásquez Alvaray que “el negocio de los enanos se fue extendiendo al narcotráfico, al contrabando y al crimen organizado”.

Al parecer Gorrín, quien es prófugo de la justicia estadounidense y está acusado de lavado de dinero, también estaría involucrado en la muerte del exfiscal Danilo Anderson por una presunta disputa bancaria.

Según el exmagistrado, de la “banda los enanos” se deriva el saqueo a la estatal petrolera Pdvsa, el cartel de los Soles, vinculado al narcotrático, y la creación de los chavistas colectivos armados.

“Esta camorra gubernamental siempre la ha coordinado Nicolás Maduro; primero desde la Asamblea Nacional, después desde el ministerio de Relaciones Exteriores y ahora desde Miraflores (…). Chávez conocía todo el andamiaje y ordenaba los envíos a Cuba para necesidades apremiantes de la isla”, agregó Velásquez Alvaray.
 

Detrás de Globovisión

El exmagistrado, que hoy da a conocer los detalles de la “banda los enanos”, relató que detrás del canal de noticias Globovisión existe una mafia comunicacional que trabaja a favor del régimen de Nicolás Maduro con el fin de “comprar conciencias y difamar”.

“Constituye una gran maquinaria donde participan supuestos comunicadores independientes, artistas y conquistadores de almas, para que la tiranía acentúe su dominio y demuestre al mundo que existe un periodismo abierto y plural, cuando en realidad es una gigantesca manipulación de la opinión pública. Es una inmensa y perversa maquinaria que se esconde en los faroles y movimiento de las cámaras, diseñada con falsos independientes y disfrazados opositores para mediatizar las actividades contra el crimen organizado”, señala.

Según el exmagistrado, aunque Raúl Gorrín ” es la cara” de Globovisión, detrás del canal se esconden las principales figuras de la tiranía incluyendo a Nicolás Maduro, el periodista del chavismo, José Vicente Rangel, y banqueros que ocultan allí gran parte de su fortuna.
 

Los miembros de la banda

Relata Velásquez Alvaray que son “miles” los inolucrados en la “banda los enanos” que hoy destruye Venezuela; sin embargo hace mención a reconocidos personajes del chavismo que se mantienen en las diversas ramas del poder.

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela: Según revela Velásquez Alvaray, el gran “capo” de la banda los enanos es Nicolás Maduro, quien además estaría involucrado en el delito del narcotráfico internacional.

El dictador de Venezuela está muy vinculado al narcotráfico internacional, tanto así que dos de sus sobrinos fueron declarados culpables al intentar traficar cocaína a suelo norteamericano.

De hecho, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer un documento donde se revela que Maduro habría aprobado las acciones de narcotráfico emprendidas por sus sobrinos.

Además en Estados Unidos, Maduro estaría siendo investigado por lavado de dinero. El dictador de Venezuela está siendo investigado por presunto blanqueo de unos 160 millones de euros a través de una firma de inversión privada.

El portal digital Independent publicó un reportaje realizado por el periodista David Lindsay, el cual revela que los “hijastros” de Maduro ayudaron a blanquear USD $1,2 millones de fondos sustraídos de la petrolera estatal PDVSA entre 2014 y 2015, abultando su millonario patrimonio en Malta, un archipiélago del Mediterráneo central que se ubica entre Sicilia y la costa de África del Norte.

Según las investigaciones, la familia de Maduro habría empleado un esquema de inversión falso que incluía la emisión de bonos de forma fraudulenta.

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo: Maikel Moreno, actual presidente del chavista e ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, sería uno de los principales jefes de la “banda los enanos”.

Maikel Moreno, el nuevo presidente del TSJ, es un delincuente y expresidiario confeso.

Moreno ingresó a las páginas judiciales en 1989 cuando fue declarado culpable por la muerte de Rubén Gil Márquez, mientras cumplía labores como oficial de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).

Moreno solo estuvo un año en prisión luego de haberle sido concedido un beneficio procesal en 1990. Luego de tres meses ingresó al Poder Judicial con el cargo de secretario de un juzgado en Caracas, teniendo en su historial universitario solo el primer semestre de derecho en la Universidad Santa María, recinto académico en el que se graduó en 1995.

Reseña el portal web Caraota Digital, Moreno se casó el 11 de abril del 2012 con Belkis Coralito Gachassin-Lafite, una cubana residente de Miami que le lleva nueve años de edad, según documentos judiciales a los que accedió El Nuevo Herald.

El matrimonio culminó en divorcio en junio del 2014 y luego se casó con la modelo y presentadora de televisión, Debora Menicucci, quien en 2014 fue coronada Miss Venezuela Mundo. El mismo medio aseguró que Moreno aterrizó en más de 15 ocasiones en Punta Cana entre febrero de 2015 y febrero de 2016, destino por el que sustituyó sus habituales viajes a Miami.

Según investigaciones, Moreno también ha sido señalado de “forjar actas y documentos procesales”, hecho desestimado por la Sala Penal del máximo tribunal de país. Además aparece en las actas procesales del asesinato de Danilo Anderson, específicamente en las entrevistas realizadas a los amigos del fiscal fallecido, que aseguraron haberlo visto “la misma noche del asesinato repartiéndose el dinero de una caja fuerte que tenía Anderson”.

Raúl Gorrín: Gorrín habría iniciado su gran fortuna siendo parte de la “banda los enanos”.

Es el dueño y presidente del canal de noticias Globovisión, fue acusado en Estados Unidos de lavar cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela.

Al parecer Gorrín se habría apropiado de miles de millones de dólares y habría pagado sobornos de al menos 94 millones de dólares a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a cambio de que dichos oficiales gubernamentales no interfirieran en los negocios que hacía con dinero del Estado venezolano. El dinero habría sido enviado a cuentas en Suiza y luego a cuentas bancarias en el Sur de la Florida.

De acuerdo con Miami Diario, en el marco de las investigaciones, Estados Unidos confiscó al menos 24 propiedades de lujo.

Un reportaje del diario estadounidense El Nuevo Herald publicó en agosto que Gorrín sería “el gran arquitecto” de la operación de lavado de USD $1.200 millones que también involucra al gobernante venezolano Nicolás Maduro y a sus hijastros.

Gorrín fue la persona que habría contactado inicialmente al arrestado banquero alemán Matthias Krull —quien ya negoció un acuerdo de cooperación con la fiscalía— para pedirle que le ayudara a lavar los fondos malversados de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Según los documentos de la corte, Gorrín contactó a Krull en el 2016 para que le ayudara con dinero valorado en USD$ 600 millones, generado a través de contratos cambiarios.

“Gorrín es el dueño del canal de noticias Globovisión y es presidente de la Aseguradora La Vitalicia. Es abogado especialista en derecho penal egresado de la Universidad Santa María de Caracas y fue representante legal del expresidente del Banco Canarias, Álvaro Gorrín. En esta entidad bancaria coincidió con Mariano Díaz Ramírez y Gustavo Perdomo, estos dos últimos mencionados en el expediente del caso del asesinato del fiscal asesinado Danilo Anderson. Además es fundador del escritorio Jurídico Rgdpj & Asociados”, de acuerdo con el portal web Poderopedia.

José Vicente Rangel: Es periodista y político venezolano. Según el exmagistrado Luis Velásquez Alvaray, José Vicente Rangel es otro capo de la “banda los enanos” quien mantiene influencia en el Poder Judicial.

Velásquez aseguró que recibió órdenes de José Vicente Rangel para que se acelerara la decisión de condenar a 30 años a los comisarios de la Policía Metropolitana acusados pro los hechos del 11 de abril de 2002.

Prohibido Olvidar Oposición venezolana pidió a Estados Unidos no sancionar a chavistas

Por: Antonio Maria Delgado

Fuente: El Nuevo Herald

Fecha Publicacion Orginal 09 de mayo de 2014

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que representa a parte de la oposición venezolana, le solicitó a Washington que no imponga sanciones contra funcionarios del chavismo involucrados en las violaciones de los derechos humanos, dijo el jueves la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, en testimonio ante una comisión del Senado.

Las declaraciones fueron emitidas en el marco de los esfuerzos de los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez por adelantar la aprobación de las sanciones que congelarían las cuentas y propiedades de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro involucrados en actos de corrupción y en la feroz represión de manifestantes que ha dejado un saldo de más de 40 muertos, cientos de heridos, miles de arrestos y decenas de torturados.

Fuentes cercanas al proceso dijeron a el Nuevo Herald que en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado está emergiendo un claro consenso a favor de la aprobación de las sanciones y que la iniciativa posiblemente será sometida a votación en el transcurso de las próximas dos semanas.

En la audiencia también comenzaron a emerger algunos nombres de los posibles sancionables, confirmando algunos de los nombres divulgados previamente por el Nuevo Herald.

Rubio dijo que entre las personas que próximamente podrían ser blanco de sanciones se encuentran: Luisa Ortega Díaz (Fiscal General), Gabriela Ramírez (Defensora del Pueblo), Henry Rangel Silva (gobernador del estado Trujillo) y el ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres.

El Senador también mencionó los nombres de varios altos oficiales de la Guardia Nacional que han estado involucrados directamente en la represión de los estudiantes, incluyendo los jefes de algunos de los Comandos Regionales.

Jacobson, quien durante la sesión trató de defender la decisión del Departamento de Estado de no hacer uso de las facultades que ya tiene para aplicar las sanciones por su propia cuenta, explicó que esto se debe en parte a una solicitud formulada por un sector de la propia oposición.

Argumentó que ese sector desea que Washington no aplique las sanciones porque podría alterar el proceso de diálogo que actualmente sostiene el régimen con dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática.

Al ser consultada por Rubio sobre quién exactamente hizo la solicitud, Jacobson respondió: “Senador, no me siento cómoda [con la idea de] estar aquí sentada dándole los nombres de individuos. [Pero] Miembros de la MUD que están participando en el diálogo, han discutido esto con nosotros”.

Sospechas entre opositores

La revelación se produce en medio de la creciente sospecha entre los opositores que respaldan las jornadas de protesta de los estudiantes de que la MUD, al sentarse a dialogar con el régimen que previamente había declarado ilegítimo, solo está fortaleciendo la posición de Maduro.

El subsecretario de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Tomasz P. Malinowski, corroboró que la decisión del gobierno de dejar de lado las sanciones por el momento está influenciada por la posición de ciertos líderes de la oposición.

“Hay muchos factores, pero el más importante para mí, en la medida que encaro estos problemas, es el juicio de la gente que estamos tratando de ayudar en el terreno, y eso tampoco está en blanco y negro, porque sabemos que hay diferencias en la oposición”, dijo.

“Pero puedo decir que las decisiones que hemos tomado y que estamos tomando, literalmente a diario, están informadas por consultas con gente muy valiente y dedicada en Venezuela, que han decidido por ahora que se le dé a este diálogo una oportunidad. Y que podrían decidir no darle una oportunidad la próxima semana, o una semana después de eso, si estos arrestos continúan”, agregó.

Las declaraciones de los funcionarios del Departamento de Estado fueron de inmediato rechazadas por la Mesa de la Unidad Democrática.
 
“Ningún vocero de la MUD ha solicitado a funcionario norteamericano alguno lo que hoy ha trascendido en los medios. Y si alguna organización o individuo de la sociedad civil lo ha hecho, es bajo su responsabilidad y debe asumirla”, manifestó la agrupación en un comunicado.

En la audiencia quedó en evidencia la percepción de que el diálogo convocado por Maduro es simultáneamente una cortina de humo y el mayor obstáculo a la aprobación de las sanciones y varios de los senadores expresaron sus dudas sobre la sinceridad del régimen de buscar una salida negociada a la crisis política que aflige al país.

“Mi paciencia se está agotando. No quiero mantenerme de brazos cruzados y ver cientos de arrestos, gente torturada”, expresó Menéndez, antes de recomendar a los miembros de la comisión que leyeran el informe publicado por Human Rights Watch que denuncia las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen.

“Si ustedes leen el informe, y ustedes creen que no hay que hacer nada, entonces algo está mal”, expresó.

Ataque a los estudiantes

La audiencia fue realizada horas después que el gobierno lanzara otra redada contra los campamentos de los estudiantes que se manifestaban en Caracas, acción que despertó múltiples denuncias de jóvenes desaparecidos y arrestados.

Rodríguez Torres anunció que al menos 243 personas fueron detenidas en la redada de cuatro campamentos y que muchos de ellos serán presentados ante los tribunales.

Las redadas fueron mencionadas en la audiencia como un ejemplo más del endurecimiento del régimen hacia los manifestantes.

Analistas consultados dijeron que la firmeza mostrada por los senadores en la audiencia también dejó en evidencia de que ya están dispuestos a actuar ante la renuncia del Departamento de Estado de aplicar las sanciones por su propia cuenta.

“El mensaje de la audiencia de hoy es claro: hay un consenso en la Comisión de Relaciones Exteriores porque quedó demostrado que la administración no tiene hoy una estrategia para enfrentar el estado policial que ha montado Maduro en Venezuela”, dijo Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends.

Fuentes cercanas al proceso dijeron que la intención de las oficinas de Rubio y Menéndez es someter las sanciones a votación en los próximos días.

“[El proyecto de ley] va a ser introducido la próxima semana, o a más tardar en la siguiente”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.

El fin de la doctrina Obama en América Latina

Por: Armando González
Fuente: El Nuevo Herald

En las últimas semanas, las elecciones congresuales han demandado toda nuestra atención. Ahora podemos volver a lo que se nos quedó en el tintero.

A finales de Octubre, el asesor nacional de seguridad John Bolton estuvo en Miami y, en un discurso importante en la Torre de la Libertad expuso la posición de la administración Trump ante la situación actual en tres países de Latinoamérica: Cuba, Venezuela y Nicaragua, a las que llamó “La Troika de Tiranías”. Bolton fue específico: “Bajo esta administración, nunca más apaciguaremos a dictadores y déspotas cerca de nuestras costas en este hemisferio”.

La administración Obama había tomado un curso opuesto. Cuando el entonces secretario de Estado, John Kerry, declaró en 2013 que “La era de la Doctrina Monroe ha terminado”, enunciaba una política exterior que su jefe había adoptado desde el principio de su administración: ofrecer recompensas financieras y diplomáticas a dictaduras con la esperanza que se convirtieran en más civilizadas y humanas. Esa filosofía falló en Irán, que usó el relajamiento de sanciones para continuar su imperialismo de terror con mayor vigor, y falló de la misma forma en Latinoamérica.

La doctrina Obama recompensó, pero no cambió, el régimen en Cuba, quien respondió a la intención de la administración Obama de normalizar relaciones continuando con la opresión de su empobrecida ciudadanía.

En Venezuela, el Departamento de Estado de Obama parece que esperaba que Brasil, entonces bajo Dilma Rousseff, pudiera jugar un papel más importante en resolver la crisis en Venezuela. Pero Rousseff fue expulsada de su posición por un escándalo de corrupción y perdió su capacidad de influenciar a los dictadores de Venezuela. Algo similar sucedió con la intención de Obama y Kerry en la naciente crisis en Nicaragua que, hasta hoy, ha encarcelado o asesinado a cientos de nicaragüenses.

Bolton cree que el líder de la troika es Cuba. Y está correcto. Caracas y Managua han aprendido de La Habana como aterrorizar a sus ciudadanos e incautarles su propiedad privada. Maduro y Ortega, sugirió Bolton, son inspirados por los tres pilares de la dictadura cubana: “opresión, socialismo y totalitarismo”.

Además de la política de tolerancia y relaciones seminormales, ¿cual será la nueva versión? Bolton anunció nuevas penalidades contra entidades asociadas al ejército y servicios de inteligencia cubanos, así como una nueva orden ejecutiva que autoriza sanciones al negocio de oro en Venezuela. La administración Trump ya ha sancionado a Maduro personalmente, a su esposa y a oficiales de su confianza. Y ha comenzado a invertir la política de Obama de apaciguamiento con Cuba restringiendo lazos económicos y viajes.

Lo que se necesita, más aún, es una forma de asegurar una política coherente y agresiva hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. La idea de que la administración Trump nombre a un oficial de la Casa Blanca para dirigir la política con los tres dictadores es atractiva. Los tres dictadores están interconectados entre ellos y con Rusia. Si los gobiernos de Venezuela y Nicaragua se desmembran, Rusia y Cuba tratarían de salvarlos. Un esfuerzo combinado de Estados Unidos puede evitar esa acción.

Al cierre de esta columna, todo parece indicar que Estados Unidos incluirá a Venezuela en la lista de países promotores de terrorismo. Esta lista pondría a Venezuela en una situación reservada para gobiernos que son, repetidamente, acusados de promover terrorismo como Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán. Cuba también pudiera estar ahí, pero la administración Obama sacó a Cuba de la lista como parte de su fracasada política latinoamericana.

No podemos esperar milagros de Bolton. Y nos preocupa que haya una razón para la especifidad geográfica de Bolton –“en este hemisferio”— cuando anunció el final de apaciguar a dictadores y déspotas. Pero su clara visión de las dictaduras de Latinoamérica y su entusiasmo de hablar a las claras es refrescante.

Armando González: AGonzalez03@live.com.

El rol militar frente a las nuevas amenazas del narcotrafico y el terrorismo

Por: Daniel Santoro
Fuente: El Clarin

El fin de la doctrina K para las Fuerzas Armadas

Macri modificará un polémico decreto de la ex ministra de Defensa Garré y derogará una directiva militar del ex presidente Kirchner.

El Presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, en Campo de Mayo (imagen TV)

El presidente Mauricio Macri dio este lunes un importante paso al anunciar la modificación del decreto 727 reglamentario de la ley de Defensa que había firmado el ex presidente Néstor Kirchner, inspirado en la ex ministra de Defensa Nilda Garré y el CELS. Estas modificaciones crean las bases para una nueva doctrina que permite a los militares combatir el terrorismo internacional y dar más apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para luchar contra el narcotráfico.

El criterio de ese decreto K era ampliamente restrictivo del uso legal de las Fuerzas Armadas, al punto que solo podían intervenir en un combate contra otra fuerza armada respaldada por un Estado, como eran las hipótesis de conflicto en el siglo XX. Entonces, ante un hipotético ataque del grupo terrorista Al Qaeda de Ben Laden, por ejemplo, que no tenía el respaldo jurídico de una Nación por detrás, no podían combatir sin violar la ley de Defensa. Junto a los cambios al decreto 727, Macri anulará el decreto 1691 de Kirchner que estableció las directivas militares con esa doctrina militar K y la reemplazará para una nueva. 

El fondo de estos cambios tienen que ver con la discusión de fondo entre aquellos que se aferran a que los militares se preparen para hipótesis de conflicto tradicionales –aunque Brasil y Chile dejaron de serlo luego de una serie de acuerdos diplomáticos en los años 70 y 90- y quienes sostienen que deben colaborar en enfrentar nuevas amenazas, como el narcotráfico y el terrorismo. El conflicto por las Malvinas es un ítem aparte.

Este debate tiene una arista internacional. Desde la disolución de la Unión Soviética en los '90, el comando sur de los Estados Unidos alienta a las fuerzas armadas latinoamericanas a concentrarse en las "nuevas amenazas". Con excepción del aparato militar de los países de la costa del Pacífico donde EE.UU. visualiza a China como un potencial enemigo en términos tradicionales.

A diferencia del kirchnerismo, el nuevo decreto de Macri puntualizará, adelantaron fuentes militares, que “resulta menester entender como 'agresión de origen externo', en los términos previstos por la Ley de Defensa Nacional, el uso de la fuerza armada por parte de un agresor externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. Se habla solo de un agresor externo, no de un estado y está es la clave.

Como corolario de las palabras del Presidente de este lunes en Campo de Mayo, se publicará el miércoles un decreto que modificará el de Garré, aunque dejando en claro que se mantiene la división entre Defensa Nacional y Seguridad. Este cambio “no implica clausurar los límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamiento jurídico a la competencia de la Defensa Nacional y a la seguridad interior”, dirá la futura norma para respetar los consensos asumidos por todos los partidos tras el retorno de la democracia en 1983.

También amplía el rol del apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de Seguridad, en cuestiones como transporte, comunicaciones u otra necesidades, pero sin entrar en combate directo con el narcotráfico u otras formas del crimen organizado.

Dirá el nuevo decreto: “En el caso de las misiones establecidas en la Ley N° 24.059, el MINISTERIO DE DEFENSA considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FUERZAS ARMADAS, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las FUERZAS DE SEGURIDAD.” Es decir, que los militares deberán dar más apoyo logístico a la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria del que le daban durante el gobierno de Cristina Kirchner, sino que también entrenarse para ello. Será como un operativo "Escudo Norte" ampliado, comentaron las fuentes.

Por último, establecerá que “entiéndase que las FUERZAS ARMADAS y/o las FUERZAS DE SEGURIDAD podrán custodiar los objetivos estratégicos a los que hace referencia el artículo 31 de la Ley N° 23.554”. En este punto, se espera una reunión entre Aguad, su colega de Seguridad, Patricia Bullrich y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, para definir cuáles serán esos objetivos.

Es decir, como adelanto Clarín el viernes en exclusiva, las Fuerzas Armadas pasarán a custodiar represas hidroeléctricas y otros “objetivos estratégicos” que hasta ahora estaban protegidos por Gendarmería. No lo harán con las centrales nucleares porque debería movilizarse militares a EE.UU. a tomar un curso específico. Estos cambios, permitirán movilizar unos mil gendarmes desde la guardia, por ejemplo, de de esas represas al Gran Buenos Aires y otras zonas urbanas del país para combatir la seguridad interna.

Otra reunión importante es la que deberá tener Aguad con los jefes de Estado Mayor, sobre todo con el influyente jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari Sosa, para definir qué unidades se desactivarán y cuáles se convertirán "comandos conjuntos operativos permanentes" donde convivirán efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Bari Sosa propone dividir el país en tres  teatros de operaciones, norte, centro y sur, como el famoso Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) que funcionó durante la guerra de Malvinas. Una fuente militar dijo que existe una lista con las unidades que se cerrarán pero por la reacción de gobernadores e intendentes se la mantiene bajo siete llaves a fin de negociar cómo se desactivaran afectando lo mínimo posible el empleo y comercio de las ciudades aledañas.

Esta nueva doctrina militar abrirá un debate en el país que, por un lado, sacará chispas políticas y es esperable, por otro, que permita lograr un consenso para una reconversión moderna y consensuada del aparato militar argentino.

Las criptolavadoras de Jesús Veroes, compadre del presidente de CORPOELEC Motta Domínguez

Fuente: Lecturas Continentales

El ciudadano de avanzada edad Jesús Veroes, conocido en el bajo mundo venezolano como "El Negro Veroes", es uno de los mayores responsables, de una u otra manera, de la debacle de la Corporación Eléctrica estatal de Venezuela CORPOELEC. Es en resumidas cuentas uno de los culpables de la gravísima crisis eléctrica que padece Venezuela, donde distintas zonas de grandes ciudades como Caracas, Maracaibo, Puerto Cabello y otras con millones de habitantes, pasan hasta varios días enteros sin electricidad. Se trata de urbes con temperaturas promedio por encima de los 30 grados centígrados.

Pero hay lugares de otras urbes como Puerto La Cruz, Barcelona, Maturín y Puerto Ordaz, donde llevan meses sin electricidad de 220 voltios, la cual permite que funcionen los aires acondicionados, neveras y otros importantes equipos del hogar. Dicho sea de paso, es una energía por la que los suscriptores pagan, recibiendo a cambio el peor servicio.

"El Negro Veroes" es uno de los culpables del expolio del dinero para reparar y mantener la red de suministro eléctrico y pagarle a los técnicos de CORPOELEC, muchos de los cuales han emigrado a otros países de Sudamérica.

Gracias a millones de dólares mal habidos, la hija de Veroes reside en Miami como si perteneciera a la realeza saudita.

La casa de la familia Veroes en Doral, Miami-Florida, tiene un costo estimado en 1 millón de dólares. En su garaje guarda 5 vehículos de lujo, uno más costoso que otro.

"Jesús R. Veroes, testaferro del Pdte. Corpoelec, es margariteño, Tiene empresas en Miami, Panamá, Costa Rica. CADIVI le dio $270 millones. Es dueño de Crash, Restaurant Cinecitta, reside en El Paraiso 2, Pampatar. Jeshua Veroes, su hijo, le lava al papá. Tienen casa en el Doral Miami, estudiaba en FIU". Éste es uno de tantos comentarios que conocidos de los Veroes suelen hacer de ellos.

Red de supuestos testaferros y sus empresas

Entre los principales testaferros que se cuentan en los linderos de Luis Motta Domínguez se encuentra Jesús Ramón Veroes Casadiego, alias “Negro Veroes”, quien es propietario, directamente o por interpuestas personas (sus hijos Jesús A. Veroes y Valentina Veroes), de más de una veintena de empresas que se han visto beneficiadas con millones de dólares del estado venezolano, entre todas sus compañías. Un ejemplo de esto es su empresa Crash II.

Igualmente, Veroes es propietario del famoso Restaurant Cinecitta C.A, RIF J-31108202-6, ubicado en la Isla de Margarita con sucursales en otras ciudades de Venezuela.

Jesús Ramón Veroes Casadiego nació el 30 de julio de 1962 en Nueva Esparta, con domicilio en la Urbanización San Diego, Municipio San Diego, estado Carabobo.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, refiere que ingresó al sistema el 9 de septiembre de 2016 a través de la Asociación Civil Universidad José Antonio Páez. Figura con estatus activo y su fecha de contingencia es el 30 de julio de 2025. Su primera afiliación fue el 1° de septiembre de 1988.

Ejerce su derecho al sufragio en el Grupo Escolar Queipa en la Parroquia San Diego, Municipio San Diego, estado Carabobo.

Jesús Ramón Veroes Casadiego ha sido denunciado en múltiples oportunidades. En Margarita, un grupo de ciudadanos solicitó se abriera una investigación por legitimación de capitales.

Veroes Casadiego supuestamente posee 20 mil máquinas de minar bitcoins que fueron operadas de manera ilegal, produciendo miles de millones de dólares de manera irregular que no fueron declarados ni invertidos en el país. Según la denuncia, los equipos tienen aproximadamente cuatro años en el proceso de minería.

De acuerdo a la información suministrada por una fuente que conoce al investigado, Jesús Ramón Veroes Casadiego es compadre de Motta Domínguez y mantiene una estrecha relación desde que el actual presidente de Corpoelec exhibía el grado militar de teniente.

Entre las empresas de Veroes Casadiego se encuentran las siguientes:

7414 The Reserve LLC una empresa registrada el 8 de octubre de 2013 en el estado de la Florida, Estados Unidos) bajo el número L13000142250. En la actualidad mantiene un estatus activo y se encuentra domiciliada en el 3420 NW 84th Ave Doral, FL 33122 que igualmente figura como buzón de correo.

Como agente registrador de la compañía aparece Jesús Veroes, quien también registra la misma dirección de la empresa. Como titulares de la empresa Jesús Ramón Veroes y Jesús Alejandro Veroes, todos con la misma dirección antes descrita.

7414 The Reserve LLC figura como propietaria de un inmueble ubicado en 7414 NW 107TH CT, Doral, Fl 33178-6070, que en 2018 exhibe un valor de mercado de USD 335.000.

Stereomobile Corporation registrada en la Florida el 30 de mayo de 2002 bajo el número P02000060055. Refiere que su sede es en el 3301 Ponce de León Blvd. Ste 200 Coral Gables, FL 33134, que funciona también como la dirección postal.

El agente registrador fue Elizabeth C. Pines y como titulares aparecen Jesús A. Veroes y Jesús A Veroes. Todos con la citada dirección.

NV Oriental Trading Corp empresa con estatus activo registrada en la Florida el 7 de mayo de 2015 bajo el número P15000041663 y con domicilio en el 7414 NW 107TH Court Doral, FL 33178, que igualmente funciona como dirección postal.

El agente registrador fue Barkovic Group LLC, cuya dirección es 373 Poinciana DR Sunny Isles Beach, FL 33160 y como presidente titular figura Jesús A. Veroes, quien esta vez refiere como dirección el 6314 NW 104TH Path Medley, FL 33178.

Compumanía C.A., INC , es una empresa que actualmente tiene estatus inactivo que fue registrada en la Florida el 24 de septiembre de 2013 bajo el número F13000004105. Tiene su sede en el 8775 NW 114 Place Doral, FL 33178 que también se indica como dirección postal.

El agente registrador fue John Alex Pérez Suárez quien igualmente es el presidente titular junto a Jesús R, Veroes quien funge como vicepresidente, todos con la misma dirección registrada para la compañía.

Crash USA Corp es una empresa registrada el 22 de marzo de 2012 en el estado de la Florida bajo el número P12000028217 que a la fecha tiene estatus inactivo, con sede en el 5173 NW 105 CT, Doral, FL 33178.

El agente registrador fue el mismo Jesús Veroes quien igualmente figura como presidente titular de la empresa y ofrece como domicilio la misma dirección de la empresa.

Jesús Veroes es propietario de la Marca Crash, asociada a joyería, bisutería y relojes, instrumentación, máquinas y equipos. El registro se encuentra a nombre de Crash Holding y Jesús Ramón Veroes.

En Panamá es propietario de la empresa Go Home S.A., registrada el 25 de enero de 2007 bajo el número 553118, una compañía que se encuentra vigente a la fecha. Como agente figura Arosemena, Abrego & Asociados.

El directorio de la compañía está conformado por Jesús Ramón Veroes como presidente y director; Jesús Alejandro Veroes como secretario y director; John Alex Pérez Suárez como tesorero y director; Giovany Abrego Pérez como suscriptor y Arturo Arosemena Bonilla como suscriptor.

Jesús Veroes también es propietario de un lote de terreno ubicado en Miami, específicamente en el 1900 N Bayshore Dr Unit # 4803. El terreno tenía un valor inicial de USD 204.780 en 2013 que en avalúos sucesivos se ha incrementado en 2014 a USD 255.980 y en 2015 a USD 276.460.

Los hijos y socios de Jesús Veroes

Otra persona asociada a Jesús Ramón Veroes Casadiego es su hijo Jesús Alejandro San Martín Veroes D’Lima, quien nació el 29 de enero de 1981, con domicilio en la Parroquia Porlamar del municipio Mariño del estado Nueva Esparta.

Su cuenta individual en el IVSS refiere que ingresó al sistema el 1° de noviembre de 1998. Su estatus es activo al encontrarse afiliado a través de la empresa Crash Technology C.A. con el número patronal O21431234. Su fecha de contingencia es el 29 de enero de 2041. Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Instituto Educativo Arcoíris de Porlamar.

Jesús Alejandro Veroes D’Lima sería el ahijado del Mayor general, Motta Domínguez, añade una fuente. Tendría una estrecha relación con el presidente de Corpoelec.

Entretanto, los records del estado de la Florida muestran que la hija de Jesús Ramón Veroes Casadiego, Valentina Veroes, tiene empresas en Miami y en la ciudad de Doral que fueron registradas en 2013, 2015 y 2017.

Otras propiedades de los Veroes

Los registros de propiedad del estado de la Florida ofrecen información sobre una obligación de garantía especial emitida el 31 de octubre de 2017, entre Flordade LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Florida con dirección postal 730 NW 107 Avenue, 3er Piso, Miami, FL 33172. Da cuenta de que Valentina Veroes Lazo, cuya dirección postal es 7834 NW 105 Ct., Doral, FL 33178 tiene una propiedad en el Condado de Miami-Dade, estado de Florida, con la siguiente especificación: Lote 3, en el Bloque 16, de Grand Bay South Townhomes, según consta en el tomo 171, página 95, de los registros públicos del condado de Miami-Dade, Florida.

Igualmente, un Informe Tributario del Condado de Miami Dade hace contar la propiedad de Valentina Veroes Lazo ubicada en el 7834 NW 105TH CT, Miami, FL 33178-4647 cuyo fin es residencial. Se ofrece la misma ubicación como dirección postal.

Se trata de la misma descripción ofrecida anteriormente en Grand Bay South Townhomes PB, cuyo documento está insertado en el Tomo 171, página 95 T-23735 Lote 3 BLK 16 Lote. Tamaño 2125 SQ FT M/L FAU 35-3008-000-0010 0011 0015 y 0047.

Esta propiedad tenía un valor de mercado en 2017 de USD 60.562 y para 2018 se ubica en USD 320.000. El Valor imponible de la propiedad era en 2017 de USD 60.562, mientras que para 2018 alcanza los USD 270.000. El Importe total del impuesto en 2017 fue de USD 3.016,38.

Los registros de propiedad del estado de la Florida también ofrecen información de una propiedad ubicada en el 3420 NW 84TH Ave, Miami, FL 33122-1099. Se trata de un inmueble de uso residencial con un valor de construcción que para 2016 estaba valuado en UISD 676.970 y para 2017 se ubicaba en USD 617.290. Un precio del terreno que de USD 103.290 en 2013 pasó a USD 340.388 en 2018. Con un valor de mercado que en 2018 alcanza los USD 960.506.

Este inmueble es propiedad de la empresa Oasis 3420 LLC, cuya sede es 7725 W 26 Ave, Suite 01, Hialeah, Fl 33016. El agente registrador de esta empresa fue Hage Boutros (misma dirección) de la que María Fernanda Veroes es titular (igual dirección).

Del mismo modo, Jesús Alejandro Veroes D‘Lima figura como propietario de un inmueble en el 6314 NW 104TH Path, Miami, Fl 33178-3054. Es una casa de uso residencial con un valor de mercado que creció de USD 55.000 en 2015 a USD 360.001 en 2018.

Una obligación de garantía especial emitida el 16 de junio de 2008 refiere que Jesús Veroes tiene una propiedad en el Condado de Miami-Dade, Florida, a saber la parcela de condominio N° 4803 en Quantum on the Bay, Condominio N° uno registrado el 21 de diciembre de 2007 en el Libro de Registros Oficiales 26121, en la página 4375 de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida.

Del mismo modo, Jesús Veroes es dueño de un inmueble en 1900 N Bayshore DR APT 4803, Miami, Fl 33132-3026, un condominio de tipo residencial cuyo valor de mercado en 2018 es de USD 214.000.

Los registros de propiedad de la Florida permiten certificar la existencia de otra obligación de garantía emitida el 23 de enero de 2015 de los esposos entre Jannette Montalvo y Oniel E. Toledo, cuya dirección postal es 18489 NW 88 Place, Hialeah, FL 33018 y Nautica Water Sport, Inc., empresa registrada en el estado de la Florida con el número P00000009263. En este acto la corporación ofrece como dirección 2392 W 80 ST. # 5, Hialeah, FL 33016.

Sin embargo, en los registros empresariales indica que su sede es el 7725 W 26 Ave # 1, Hialeah, FlL 33016. El agente registrador es Hage Boutros, quien también es directivo titular. Es el mismo referido líneas arriba como agente registrador de otra de las empresas de los Veroes y relacionado con estos.

Criptolavadoras

Habitantes del Estado Nueva Esparta denunciaron que existen instalaciones donde se encuentran al menos 20 mil máquinas de minar bitcoins. Estos artefactos tienen aproximadamente cuatro años en el proceso de minería, cabe destacar que la legalidad de las mismas tiene apenas meses, es decir que la legislación venezolana no contemplaba el derecho a minar hasta hace poco, cuando ya y durante más de tres años estas máquinas de minería digital producían millones de dólares mensuales, causando un daño patrimonial al sistema eléctrico de Nueva Esparta.

Los neoespartanos se hacen estás preguntas:

¿Cómo en el Estado Nueva Esparta, existe una persona llamada Jesús Ramón Veroes, vinculado a la empresa Mundo Crash, que cuente con gran cantidad de máquinas de minería digital?

¿Cuál es el origen de fondo, porque esas máquinas hace cuatro años tenían un costo entre 3 mil o 4 mil dólares?

¿De dónde originó Veroes esa cantidad de dinero para instalar esa infraestructura, más la tecnología que se necesita para que puedan tener un buen funcionamiento?

Por otra parte se conoció que el consumo de electricidad de esas cantidades de máquinas supera el 26% de la energía eléctrica del estado Nueva Esparta.

¿Por qué el ministro de Energía Luis Motta Domínguez no ha clausurado esa empresa?

¿Por qué Motta Domínguez no ha tomado cartas en el asunto en regular el descaro de esa cantidad de máquinas de minería digital?

¿Qué vinculación tiene el ministro con esa empresa, la cual tiene un alto consumo de energía eléctrica?

¿Qué relación tiene Motta Domínguez con Jesús Ramón Veroes, dueño de esa empresa?

Por otro lado, surgen otra serie de interrogantes, tales como:

¿Dónde están esos millones de dólares que durante tres años ha originado esa producción de bitcoins?

¿Cuál es la triangulación que Veroes está haciendo?

¿Se ha invertido en Venezuela parte de la ganancia obtenida de esas máquinas de minería digital?

¿Se está legitimando capital de una manera vulgar y descarada mientras el pueblo se muere de hambre?

Es bueno resaltar que una cosa es la minería digital, y de pequeños empresarios, otra cosa es el abuso y robo de la energía eléctrica, el descaro que tienen para volverse multimillonarios, no invertir en el país y legitimar dólares fuera de Venezuela.

En la Isla de Margarita la minería de emprendedores legales es la que el estado debe apoyar, no esta actividad de Veroes, que durante cuatro años se encuentra causándole un daño al sistema eléctrico de la isla.

Es decir los venezolanos están subsidiando las máquinas de minería digital de Jesús Ramón Veroes para que este se haga millonario en dólares.

El gremio empresarial de la minería digital de criptoactivos debe rechazar y denunciar esta práctica mafiosa que perjudica esta iniciativa de una economía alternativa para Venezuela.

Capturan en EEUU a hermano del presidente hondureño por presuntos vínculos con narcotráfico

Fuente: AFP / El Nuevo Herald

Antonio “Tony” Hernández, hermano del mandatario Juan Orlando Hernández y diputado en el Congreso Nacional, viajó a Miami acompañado de su abogado, según publicó el diario hondureño El Heraldo. Archivo.
Juan Antonio Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue capturado este viernes en Miami, Estados Unidos, informó el gobierno en un comunicado, acusado de vínculos con el narcotráfico.

“El día de hoy fue detenido en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el ciudadano hondureño Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente de la República de Honduras”, dijo el gobierno en un comunicado.

Añadió que el 24 de octubre de 2016 el presidente Hernández, “ante crecientes rumores” de que su hermano estaba involucrado en tráfico de drogas hacia Estados Unidos, “dejó claramente establecida su posición de que nadie está por encima de la ley”.

El exjefe del cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró en marzo de 2017 en una Corte de Nueva York haber sobornado a Juan Antonio Hernández cuando era diputado a cambio de cooperación.

El cartel Los Cachiros traficó toneladas de cocaína a Estados Unidos antes de ser desmantelado por la DEA, la agencia antidroga estadounidense.

Rivera hizo la declaración en un testimonio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien fue condenado a 24 años de cárcel también por colaborar con el cartel.

El capo aseguró que la organización criminal prestaba servicios al Estado a través de la empresa Inrimar, utilizada para lavar dinero del narcotráfico.

En octubre de 2016 un militar hondureño, Santos Rodríguez, denunció haber sido capturado por la DEA, que lo vinculaba junto a Juan Antonio Hernández al narcotráfico y a un complot para matar al embajador de Washington en Tegucigalpa, James Nealon.

Juan Antonio Hernández rechazó las acusaciones y dijo que había constatado personalmente ante la justicia de Miami que no había cargos en su contra.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que la detención en Estados Unidos de su hermano Juan Antonio es “un golpe fuerte para la familia”. En una declaración a periodistas en la occidental ciudad de Gracias, de donde es originario, el gobernante subrayó que “siempre” ha dicho “que nadie está por encima de la ley”, y que “cada quien es responsable de sus actos”.

“Esa es mi posición de presidente, pero también es un hermano, es un familiar, a nosotros no nos criaron así, nos criaron para respetar a los demás, pero también no puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia, es un golpe fuerte para todos nosotros, es triste, es difícil, no se lo deseamos a nadie”, agregó.

El mandatario espera “que el sistema de justicia, como corresponde, le de el espacio -a su hermano- para defenderse”.

“Como familia estaremos, en lo que podamos, en lo que corresponda, para apoyarlo, y que la justicia permita esclarecer si esas acusaciones son ciertas o no”, señaló Hernández.

¡DESENMASCARADOS! Vea los trapitos sucios del diputado José Gregorio Correa

Fuente: Noticias Venezuela

Nota y Documentos AQUI



Aquí están todos los viajes y pruebas del sucio diputado suplente por Primero Justicia (PJ), José Gregorio Correa

La relación del diputado Correa y el empresario Gorrín, es de vieja data. El 07 de junio de 2015, el entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup recibió un informe que no salió a la luz pública y, que comprometía la actuación del parlamentario de Primero Justicia.

El informe da cuenta correos electrónicos de fecha 19 de enero de 2016, a las 13:14 horas, entre la secretaría de Raúl Gorrín, la señora Elizabeth Gouveia y el diputado Correa. Según se lee en los mensajes, Correa solicitó pagos de pasajes y hospedaje al Hotel Sanctuary Cap Cana y Paradisus Palma Real, con transporte para él y su familia, enviando hasta los pasaportes de todos.

El 25 de febrero de 2016, a las 9:30 de la noche, el diputado Correa le escribe un email a la secretaria de Raúl Gorrín, con el asunto “Boletos y hospedaje, donde se piden los boletos de hospedaje en Montevideo Uruguay del 12 al 16 de marzo de 2016. Le señala en el mismo correo, que se le asigne boletos y hotel para Yasmira Torres, su mujer, y su hijo José Correa Torres el 29 de marzo en Washington.

La respuesta fue afirmativa y ya para el 02 de marzo del año 2016, la agencia de viajes le confirma boletos al email de la secretaria de Raúl Gorrín con copia al señor diputado. Le envía adjunto en el mismo correo la confirmación del Hotel Four Season 5 estrellas, donde estarán alojados por un total de 10.183 dólares.

En los correos adjuntos se ve enviando las tarjetas de créditos, las cuales pagaron los boletos, una número 37458275811019532 de American Express Platinum, a cargo del señor Gorrín, y otra de número 37458830985204, también American Express, a nombre del señor Gustavo Perdomo, el otro dueño de Globovisión reunido en República Dominicana a finales de febrero.


Cabe destacar, que Correa no se ha pronunciado al respecto. La corrupción y los trabajos sucios que este diputado ha hecho, robándose los reales y reuniéndose para conseguir más financiamiento para dañar y traicionar a nuestra patria no tienen perdón.

Hezbollah no es un tema menor en la Argentina

Por: Bryan Acuña

Fuente: INFOBAE

 Completamente sorprendido con que un analista internacional argentino de apellido Sbarbi se dejara decir ante la cadena internacional CNN que el grupo Hezbollah no tiene vínculos en la Argentina, después de que fueron detenidos dos sospechosos de tener nexos con la agrupación chiita que opera principalmente en el sur del Líbano. A esto le agregó que en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), salvo un tema de contrabando, no hay una presencia de la organización, pese a la cantidad de operativos que se ha realizado el último año y el arresto de sospechosos de formar parte del brazo operativo en América Latina de dicho grupo.

En varios artículos publicados por Infobae se describen trabajos que demuestran la asociación de Hezbollah con el narcotráfico, lavado de dinero y armas, los cuales se transforman en sus fuentes de financiamiento. También el analista argentino George Chaya ha dejado en evidencia las actividades del crimen organizado por parte de dicha agrupación en esa zona interfronteriza, así como los millonarios tratos en el mercado negro que realizan. De igual forma esto lleva a pensar automáticamente en la posibilidad de que el grupo pueda perpetrar un tercer atentado dentro de la República Argentina como bien lo manifestó Román Lejtman en una nota del pasado mes de octubre, sumándose a los dolorosos ataques de 1992 y 1994, uno contra la Embajada israelí en la Argentina y el otro contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Se contradice el analista al mencionar que el grupo chiita libanés no tiene atentados endosados en su lista de actos extra territorio libanés, con actos de terror en la década de los 80 en ciudades de Francia, Tailandia, Kuwait, Alemania, entre otros, más la serie de ataques efectuados a finales del siglo XX y comienzos del XXI, por lo que sí hay varios atentados endosados a Hezbollah, además de participación en otras regiones, incluyendo presencia en Siria y en regiones latinoamericanas como la región citada anteriormente, más Venezuela, lo que el analista omite por diversas razones (válidas o no).

Sin duda se debe decir que tan peligroso es el reclutamiento o el trabajo terrorista de grupos como Hezbollah, financiado desde Teherán, en medio de las denominadas guerras de nueva generación (que él debe conocer bien), a como lo es el terrorismo financiado desde Qatar o el Reino de Arabia Saudita. En cualquiera de los casos es nefasto para los países que reciben los ataques por parte de estas agrupaciones que también hacen parte del trabajo sucio de enfrentamientos entre Estados que no luchan directamente sino que utilizan este tipo de organizaciones como parte de las guerras híbridas del siglo XXI. Dicho sea de paso, de Hezbollah es que se fortalecen los conceptos relacionados con este tipo de guerra mencionado previamente.

Es llamativo también este tipo de aclaraciones pensando que los argentinos han sido directamente víctimas de dos atentados, pero es de suponerse que el analista considera que estos no fueron ejecutados por el Hezbollah, como lo ha determinado insistentemente la Justicia de la República Argentina, y probablemente endosen la responsabilidad a las teorías alternas que señalan un trabajo interno de grupos relacionados con Mossad, o criterios similares, desmentidos varias veces. Quizás incurra en una equivocación y el señor Sbarbi sí considere responsables a Hezbollah y Teherán en estos actos en la Argentina, contra ciudadanos argentinos en su mayoría.

Omite en su análisis ir más allá de decir que solamente Estados Unidos e Israel catalogan al grupo islamista como terrorista. Debe quedar en claro que también varios países de la Unión Europea catalogan al brazo armado o a su coalición partidaria libanesa como terrorista. El caso de Australia, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Bahréin, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo desde el año 2013 y los egipcios desde el 2011.

Es cierto que Hezbollah es también un partido político en el gobierno, el cual ha crecido mucho en los últimos años y que además cuenta con un brazo armado, que en ocasiones trabaja de la mano del ejército formal libanés, aunque a veces trabaja de modo paramilitar, al margen del Gobierno y con una agenda extra a la libanesa; sujeta al mandato de Teherán (su principal benefactor) y aprovechándose que su poderío supera en cuanto a depósitos de armas, tipos y estrategias al propio ejército del Líbano. Por este motivo las acciones para contrarrestarlo son mínimas y, por el contrario, hay un silencio cómplice que al final involucrará al país en las acciones que este grupo realice al margen de la ley.

Finalmente, no está de más decir que el hecho de que dos individuos porten fotografías del jeque Hassan Nasrallah no indica que eso los convierta en terroristas en potencia, como el tener fotografías de cualquier otro criminal o personaje nefasto de la historia no los hace automáticamente parte o simpatizante de su grupo, pero omite lastimosamente que el propio tío de los dos imputados, Galeb Moussa Hamad, admitió que ambos sujetos son simpatizantes del grupo, lo que, sumado a las supuestas fotografías, da señales de vinculación para que, como mínimo, se abra un expediente que descarte cualquier asociación ilícita como lo establece el propio Código Penal argentino en su artículo n° 210, y se debe tener claro que, después de los atentados en territorio argentino, el Hezbollah no es cualquier agrupación que puede tener simpatías a lo interno del país de manera laxa o sin los cuidados del caso.

El autor es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de las Américas, especializado en la temática de Oriente Medio.