Las ex-FARC mafia, Venezuela y el actual clima internacional

Por: Observatorio Colombiano del Crimen Organizado

Fuente: INSIGHTCRIME

Después del 2002, bajo una fuerte presión de las fuerzas de seguridad, las FARC movieron gran parte de su liderazgo, su logística y financiamiento hacia el exterior de Colombia, específicamente hacia Venezuela. Para las ex–FARC mafia funciona igual, y el destino del régimen de Nicolás Maduro y de los disidentes de las FARC tal vez están inextricablemente vinculados.

Venezuela: un viejo conocido de los grupos ex-FARC

Más allá de un refugio, las ex-FARC mafia encontraron en la República Bolivariana de Venezuela un centro de operaciones. Esta estructura ha conseguido una influencia transnacional desde donde administra las riendas del narcotráfico y la minería ilegal, cuyo funcionamiento cuenta con el beneplácito de los altos mandos del gobierno venezolano.

La llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 marcó un antes y un después en el devenir de los grupos irregulares en este país. La cercanía ideológica y las abiertas declaraciones de apoyo que recibían los miembros de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fueron convirtiendo a Venezuela en un territorio de puertas abiertas que, en un principio, les ofrecía resguardo de las autoridades colombianas.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

Dicha relación fue el origen de varias acusaciones que señalaban a Venezuela como una plataforma criminal que albergaba grupos terroristas en su territorio. El punto álgido de estas comprometedoras revelaciones que involucraban al gobierno chavista con la entonces guerrilla de las FARC, se dio en 2008 con los célebres computadores de Luis Devia Silva, alias “Raúl Reyes”.

Reyes era considerado el “canciller” de esa guerrilla, asesinado en un bombardeo aéreo a uno de los campamentos de las FARC en Ecuador. Los documentos encontrados dejaron en evidencia una relación de larga data entre los rebeldes y el Palacio de Miraflores, el hogar de Chávez.

Con el precedente de una histórica presencia, era inevitable que los grupos ex-FARC mafia tuvieran un terreno ganado en Venezuela y vínculos con miembros del régimen de Maduro. En ese sentido, encontraron una oportunidad propicia en el estado fronterizo de Amazonas, al sur de Venezuela, donde reposa el corazón de los elementos disidentes en ese país, liderados por Miguel Botache Santillana, mejor conocido como “Gentil Duarte”.

Primeros brotes: Frente Acacio Medina y Jhon 40

El estado de Amazonas, como su nombre lo sugiere, hace parte de la cuenca amazónica, una densa y extensa selva en la que los ríos hacen las veces de autopistas. Comparte frontera con los departamentos de Guainía y Vichada en Colombia, cuyo paso está separado exclusivamente por el caudal del Río Orinoco. En esta región, hace presencia la disidencia del Frente Acacio Medina, encabezada por Géner García Molina, alias “Jhon 40”.

Su posición en territorio venezolano respondía, en un inicio, a las estrategias de expansión territorial que hacían parte de la extinta guerrilla de las FARC. Luego de una reunión en la que participaron antiguos jefes del Bloque Oriental como Gentil Duarte y Jhon 40, entre otros comandantes, se acordó la creación del Frente Acacio Medina con el objetivo de robustecer el trabajo fronterizo que venía desarrollando el Frente 16 en ese sector.

Según explicó a InSight Crime el antiguo gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla Garrido, desde el 2012 se viene registrando actividad de esta estructura en una población próxima al Río San Miguel en el municipio de Maroa. Allí levantaron un campamento a las orillas del río y edificaron pistas de aterrizaje modernas que recibían y despachaban aviones cargados de droga.

Una vez iniciada la desmovilización de las antiguas FARC, Jhon 40 convenció a sus hombres para que no se acogieran al proceso de paz. De acuerdo con fuentes de inteligencia, las atractivas rentas ilícitas producto de la minería ilegal y el narcotráfico, fueron el motivo principal para continuar en la ilegalidad.

Desde entonces, la disidencia del Acacio Medina ha logrado consolidar una retaguardia fronteriza, cuyo control garantiza corredores fluviales y terrestres que permiten el tránsito constante de armas, drogas, minerales y dinero.

En Apure, estado al norte de Amazonas, se ha configurado un escenario con características similares.

Apure y la frontera araucana

Atravesando la frontera del departamento de Arauca se encuentra Apure. En este territorio opera una alianza entre las disidencias del Frente 1 y el Frente 10, cuya articulación es producto de la estrategia de Gentil Duarte en el Oriente de Colombia.

A la cabeza de estas actividades ilícitas se encuentra Noé Suárez Rojas, también conocido como “Germán Briceño Suárez” o “Grannobles”, quien no integró la lista de excombatientes que las extintas FARC entregaron al Gobierno colombiano en el proceso de desmovilización en 2016. De acuerdo con información publicada por la Cancillería de Colombia, Grannobles estaría a cargo del manejo financiero y las reuniones comunales en esta zona de la frontera colombo-venezolana.

Detrás de la comandancia de Grannobles se encuentra Jorge Eliécer Jiménez, alias “Jerónimo” o “Arturo”, señalado de ser el enlace directo con la disidencia del Frente 1, bajo las órdenes de Iván Mordisco. Esta alianza se encarga de coordinar la salida de cocaína por medio de las rutas y pasadizos controlados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera entre Venezuela y Arauca.

Aunque hasta el momento en ninguno de los territorios anteriormente mencionados se ha logrado establecer la consolidación de acciones armadas conjuntas, las rentas del narcotráfico, el contrabando y la extorsión están divididas entre los ex-FARC mafia y el ELN.

Su cooperación sería producto de un pacto de no agresión, que tiene como antecedente una reunión entre altos mandos de ambas organizaciones, llevado a cabo en un sector conocido como Tres Esquinas, estado de Apure, finalizando el año 2018. La reunión y lo acordado en ella, sería crucial para entender no solo la relación entre el ELN y las ex–FARC mafia, sino la relación de estos grupos con el estado venezolano.

Si bien este acuerdo parece mantenerse bajo los términos de una fraternidad criminal, existe una alta probabilidad de que las relaciones entre ambos bandos se rompan tras el historial bélico en esa área. Su volatilidad es más notoria en la región fronteriza del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, donde hasta el momento no se han registrado combates, pero cualquier gesto de beligerancia o intromisión territorial, podría detonar una confrontación entre ambos.

Propagación territorial en Venezuela

Lo que empezó siendo una penetración fronteriza que solo involucraba territorios limítrofes de ambas naciones, terminó convirtiéndose en una propagación criminal en varias regiones de Venezuela. De acuerdo con el trabajo de campo realizado por InSight Crime en Venezuela, las estructuras de las ex-FARC mafia se han expandido a ocho estados.

Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Guárico, Barinas, Amazonas y Mérida, se han configurado como los territorios donde los grupos disidentes lograron establecer una fuente de recursos ilícitos provenientes de la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y el contrabando. Asimismo, estas zonas han servido como campos de reclutamiento.

Ecuador

Uno de los grupos ex–FARC con mayor influencia a nivel transnacional en el sur de Colombia, es el Frente Oliver Sinisterra (FOS). Su alcance ha llegado a Ecuador, incluyendo las ciudades de Mataje y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Allí se encuentran las redes de apoyo que las extintas FARC habían establecido y que ahora están al servicio de las ex–FARC mafia. Ahora le ofrecen la misma plataforma al FOS: labores de inteligencia, movimiento de drogas, precursores químicos, y armas, al igual que el establecimiento de puntos de acopio y refugio.

Fuentes consultadas por InSight Crime en Ecuador, confirmaron acuerdos entre autoridades de este país y el ahora muerto fundador del FOS, Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, alimentados por el tráfico de drogas y el comercio ilegal de armas. Diversos rumores sobre incumplimientos en estos pactos por parte de la Fuerza Pública ecuatoriana, llevaron al FOS a una escalada de violencia en la zona fronteriza.

Un ejemplo de esto fue el ataque con explosivos en febrero de 2018, en el principal cuartel de policía en San Lorenzo, que dejó un saldo de 28 heridos. Estos hostigamientos han venido acompañados por varios desplazamientos de comunidades locales e incidentes con minas antipersona.

El anterior escenario destrozó la relación entre los elementos disidentes y las autoridades ecuatorianas al otro lado de la frontera. Esto aseguró la búsqueda de Guacho en ambos lados de la línea divisoria, y lo convirtió en el enemigo número uno para los dos países. El panorama criminal se restableció con su muerte a manos de las fuerzas de seguridad colombianas en diciembre de 2018.

El otro departamento limítrofe con Ecuador es Putumayo, antiguo bastión del Frente 48 de las desaparecidas FARC y el tercer mayor productor de coca actualmente. Posterior al proceso de desmovilización de esta guerrilla en el 2016, los primeros elementos disidentes del Frente 48, formaron una alianza con La Constru, una banda criminal temida en la región. Dicha alianza, conocida como “La Mafia”, es la encargada de coordinar el narcotráfico en la frontera.

Los disidentes del Frente 48 son los encargados de la protección y el control territorial en las zonas de producción de coca y de los cristalizaderos ubicados en las riberas de los ríos Putumayo y San Miguel. Mientras tanto, La Constru se encarga del enlace con los carteles mexicanos y la logística de las rutas para el envío de droga.

Sin embargo, no son los únicos disidentes en la zona. Desde finales de 2018, hombres del Frente 1 empezaron a hacer presencia en el municipio de Puerto Leguízamo para negociar con la disidencia del Frente 48. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y actualmente se disputan el control de los pasos fronterizos.

En medio de la crisis social y política que atraviesa Ecuador en la actualidad, las miradas del Gobierno se encuentran alejadas la frontera colombiana. En esa medida, el margen de maniobrabilidad de los grupos disidentes en esta región es mucho más amplia, lo que podría afianzar aún más su presencia en territorio ecuatoriano.

Frontera con Brasil

En un territorio dominado por la selva amazónica y rutas fluviales, Jhon 40 coordina las operaciones de narcotráfico. Allí se ha configurado uno de los corredores de droga más importantes de toda la región, el cual es testigo del paso de toneladas de cocaína que abastecen el mercado interno de Brasil y los puertos que conectan con Europa y África.

Hacia el sur, en el departamento de Vaupés, los hombres del Frente 1 e Iván Mordisco llegaron desde Guaviare a través de la conexión entre el Río Guayabero y el Río Apaporis. En este territorio, las ex-FARC mafia controlan la región de Taraira, limítrofe con Brasil, donde regulan la explotación de minerales y dominan un corredor de narcotráfico que conecta con el vecino país. El interés de Mordisco en este territorio es asegurar el corredor que viene desde Miraflores, Guaviare, y conecta a Vaupés con el vecino país.

Información obtenida por InSight Crime en el departamento de Amazonas, confirmó el descenso de los grupos disidentes hasta el paso fronterizo de Tarapacá a finales del 2017 con la intención de asegurar rutas de narcotráfico. En este sector, hombres armados se encargan de supervisar el transito del río Putumayo, cuyo cauce transporta los cargamentos de cocaína y marihuana, provenientes de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Cauca, que hacen conexión con Brasil.

Los negocios con los narcotraficantes de Brasil estaban bajo el control del antiguo zar de las drogas y miembro de las FARC, Tomás Molina Caracas, alias “Negro Acacio” (asesinado en 2007), y fueron heredados por Jhon 40. Tal vez el hecho más recordado de esta relación, fue la captura en 2001, del antiguo líder del Comando Rojo (Comando Vermelho), Luiz Fernando da Costa, más conocido como “Fernandinho”. El capo brasilero fue capturado en medio de las selvas del departamento del Guainía, como resultado de la “Operación Gato Negro”.

La operación desmanteló un acuerdo en el cual el jefe brasilero entregaba armas a las FARC a cambio de cargamentos de droga, suministrados por el Bloque Oriental. Fueron cerca de 5.000 los soldados encargados de destruir e incautar centenares de laboratorios y toneladas de droga, acertando un fuerte golpe al músculo financiero de la desaparecida guerrilla.

En el listado de mafias brasileras asociadas con las ex-FARC mafia, se destacan principalmente tres:

La Familia del Norte (FDN), que mantiene negocios con la disidencia del Frente 1 de las FARC en el departamento del Amazonas, donde controlan la salida de droga hasta la ciudad de Manaos.

El Comando Rojo (Comando Vermelho)

El Primer Comando Capital (PCC), donde Jhon 40 y Gentil Duarte sirven como principales conexiones.

En su conjunto, la frontera colombo-brasilera es clave para al andamiaje internacional de los negocios de los ex-FARC. La configuración geográfica de este territorio ofrece una variada oferta de rutas aéreas, marítimas y terrestres, cuyo dominio es el acceso directo al segundo mercado interno más grande de cocaína en el mundo, después de Estados Unidos.

El caso de los Carteles Mexicanos

Cada vez existe más evidencia sobre la presencia de grupos criminales mexicanos en Colombia. Fuentes de la Fiscalía en Colombia han advertido sobre la presencia de emisarios en territorio nacional para comprar grandes cantidades de la cocaína más pura.

En ese sentido, el Cartel de Sinaloa y su rival más próximo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han tejido una serie de alianzas con los grupos disidentes que controlan el negocio del narcotráfico en regiones como el Pacífico, el Catatumbo y el sur del país, entre los casos más relevantes.

La alianza que más frutos ha generado es la existente entre el Frente 1 y el Cartel de Sinaloa para el envío de drogas que salen desde los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, hacia corredores fronterizos con Venezuela.

En Norte de Santander, la disidencia del Frente 33 también tendría acuerdos con mafias mexicanas para el envío de drogas hacia Venezuela. Sin embargo, fuentes en la región explicaron al equipo de InSight Crime que John 40 llegó a este territorio con negociantes de origen brasilero y no fue del agrado de los mexicanos. Este acercamiento tensó las relaciones y ocasionaron la salida de John 40 de la región.

Un criminal transnacional

Los puntos de apoyo en Venezuela, Brasil y Ecuador son cruciales para ciertas facciones de las ex–FARC mafia, y asegurarles a los grupos disidentes mayores ganancias provenientes del tráfico de drogas, la venta y el cobro de impuestos de la cocaína y marihuana que sale más allá de las fronteras colombianas.

Sin embargo, la importancia de Venezuela es difícil de desestimar, especialmente para las facciones disidentes comandadas por Gentil Duarte y aquellos que están vinculados con Luciano Marín, alias “Iván Márquez”.

El jefe de finanzas de Duarte, Jhon 40, tiene como base el estado venezolano de Amazonas, donde se estima que está haciendo millones de dólares explotando la minería aurífera y el tráfico de drogas. Márquez también se cree que podría estar en Venezuela. Él tiene fuertes lazos con altos miembros del régimen chavista y podría liderar su grupo desde ese país, ciertamente con la tolerancia o, incluso, con el apoyo del régimen de Maduro.

Fuera del alcance de las fuerzas de seguridad de Colombia y con una alta probabilidad de reclutamiento de venezolanos para llenar sus filas, Venezuela ofrece la perfecta base de operaciones para las ex–FARC mafia, su crecimiento y posterior expansión.

Mientras el régimen chavista siga en el poder, derrotar a las ex–FARC mafia será apenas un remoto prospecto.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.