De cómo mataron al Banco Central de Venezuela

Por: Carlos Ramírez López

Fuente: El Carabobeño

El Banco Central de Venezuela actúa en la mas oscura clandestinidad.La otrora institución que velaba por nuestra estabilidad monetaria ha sido convertida por la revolución en una pobre bodega sin función real.La persona que actualmente aparece como su presidente, Calixto Ortega Sánchez, es hijo del antes diputado por el PSUV Calixto Ortega Rios y luego vice ministro de Maduro, sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU y por Panamá por blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, quien trastocado en magistrado fungió de ponente en la sentencia por la que anularon la potestad constitucional que estaba atribuida a la Asamblea Nacional para nombrar a dos de los directivos de la institución.

El saqueo

Solo extraoficialmente se sabe que puertas adentro hay una frenética actividad de saqueo de los dólares y del oro que allí se resguardaban. De las instalaciones entran y salen camiones que van y vienen directamente a los hangares del aeropuerto, donde aviones rusos, turcos y de otros lugares igualmente entran y salen completando la actividad delictiva.

El Banco Central según la Constitución

Hugo Chávez hizo la Constitución a su gusto y antojo, en ella hizo colocar una idílica normativa que al poco tiempo él mismo y su sucesor destruyeron. En unos larguísimos artículos –318, 319 y 320– se hizo un diseño sobre ese banco asignándole funciones vitales para la economía del país bajo mecanismos de control parlamentario para asegurar su buen manejo. Hasta expresamente se prohibió la subordinación al Poder Ejecutivo y la convalidación o financiamiento de políticas fiscales deficitarias

Chávez comenzó pidiendo “un millardito”

Todos recordamos aquella exigencia cuando en 2004, en su programa, dijo: “No es justo, de 21.000 millones de dólares que hay de reservas en el Banco Central solo estoy pidiendo 1 millardito”. El directorio del BCV se negaba rotundamente.

El Banco Central según la ley

Antes de Chávez el banco se regía por ley publicada en Gaceta Oficial 35106 del 4 de diciembre de 1992, según la cual la dirección estaría a cargo de una directiva compuesta por un presidente y seis directores. El presidente sería nombrado por el presidente de la república con la autorización del Senado, mediante voto calificado de las dos terceras partes. Esto obligaba a la concertación de distintas fuerzas políticas. Cuatro de los directores también serían de libre nombramiento del presidente de la república y dos por el Congreso, lo que también requeriría acuerdos en su seno.

Lo que hicieron con esa ley

El 4 de septiembre de 2001 esa ley fue derogada y sustituida por la Asamblea Nacional dominada por el partido de Chávez, el MVR. Posteriormente, estando Diosdado Cabello en la presidencia de la Asamblea Nacional hizo aprobar una ley habilitante “antiimperialista” cediéndole a Maduro la facultad de legislar. Seguidamente, el 30 de diciembre de 2015 este emitió el Decreto ley 2179 en cuyo artículo 16 se autoatribuyó la facultad para nombrar al presidente y a todos los directores del banco, revocando así la potestad de la Asamblea Nacional de nombrar a dos de ellos. Es decir, desde entonces Nicolás Maduro en un acto de usurpación de funciones se hizo conferir –bajo apariencia legal– la máxima autoridad del Banco Central de Venezuela. En otras palabras, desde entonces Maduro personifica al Banco Central.

Qué hizo la Asamblea Nacional actual

El 3 de marzo de 2016 la AN dictó la Ley de reforma parcial del antes explicado Decreto ley y modificó el artículo 16 reinstaurando la facultad del Poder Legislativo de nombrar a dos de los directores del BCV, pero inmediatamente, el 17 de marzo, Maduro fue a su Sala Constitucional y demandó la nulidad de dicha reforma. A los 10 días hábiles siguientes Calixto Ortega como ponente y sus magistrados dictaron una sentencia de 60 páginas declarando la nulidad de la mencionada reforma “por inconstitucional” (expediente 16-0279). El argumento base de la demanda y de la sentencia es que la Asamblea Nacional lo que pretendía era infectar políticamente el manejo del banco para obstruir la labor patriótica de Maduro en su conducción. Maduro siguió siendo el dueño y señor del Banco Central de Venezuela ahora cerrado por saqueo.

Hasta la asamblea constituyente metió las manos en el BCV

El 3 de agosto de 2018 la fachada constituyente presidida por Diosdado Cabello procedió a derogar el artículo 138 de la comentada Ley del BCV, el cual castigaba la transferencia o traslado de fondos, la importación y exportación de oro. Obvio que estaba en fase de preparación el plan del saqueo que hoy se ejecuta con el cierre de nuestro Banco Central.

La secuencia del plan delictivo

Es evidente que el saqueo del Banco Central de Venezuela se planificó con mucha antelación, fue un crimen contra la patria ejecutado con premeditación y alevosía que incluyó darle apariencia legal. Veamos los detalles: 1) Cabello desde la presidencia de la Asamblea Nacional emite Ley habilitante “antiimperialista” cediendo a Maduro la facultad de legislar. 2) En uso de tal atribución Maduro emitió Decreto ley de reforma de la Ley del BCV y con ella A) Se autoasignó la facultad de nombrar toda la directiva. B) Anuló la facultad de la AN de nombrar a dos de los directores del BCV. 3) La AN reformó ese Decreto ley para restaurar la atribución de designar a dos miembros del directorio del BCV. 4) Maduro demandó la nulidad de la reforma y su Sala Constitucional sentenció a favor. 5) Cabello en la asamblea constituyente dictó nulidad de la prohibición de la ley de sacar el oro. 6) Cierran el banco y sacan el oro para esconderlo en lugar seguro.

Serán juzgados

Todos quienes de una u otra forma participan en este crimen deberán afrontar una justicia tipo la que se dio en Núremberg contra los genocidas nazis. Y el oro venezolano deberá rescatarse de cualquier manera, una opción será demandar en la Corte Internacional de Justicia a Rusia, a Turquía o al país donde sea que se lo han llevado para que lo devuelva. ¡La impunidad no es una opción!

Las conexiones de Hezbolá en América Latina

El tres de enero de 2020, mientras el mundo seguía atento a una posible escalada de tensión en Medio Oriente, tras la la muerte del general Iraní Qassem Soleimani por un ataque aéreo de Estados Unidos, a miles de kilómetros de distancia, en Venezuela, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro se reafirmaba en su apoyo a Irán.

En un comunicado, el mandatario condenaba el operativo con el que Estados Unidos terminó con la vida del hombre más poderoso de la estructura militar iraní, a la vez que transmitía sus condolencias al gobierno de Hassan Rohaní.

Las conexiones políticas entre ambos países quedaban selladas una vez más ante los ojos de la comunidad internacional. Pero si ante la luz del mundo ambos países no han dudado en mostrar su afecto mutuo, no sucede lo mismo con las posibles conexiones má allá de lo político o económico, y que el departamento de Estado de Estados Unidos lleva denunciando insistentemente desde hace años.

Según reveló la portavoz del secretario de Estado Mike Pompeo a Venezuela 360, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro le estaría dando refugio a integrantes de Hezbolá en Venezuela.

A mediados de este mes, era el propio jefe de la diplomacia estadounidense quien aseguraba que el ejecutivo de Maduro tenía conexiones con el grupo islamista chiíta libanés, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos.

Hezbollah, en la lista Forbe de las más ricas

Conocido como “El Partido de Dios”, Hezbolá fue fundado en el Líbano en el año 1982 como respuesta a la incursión de Israel. Con un brazo armado, y otro político que cuenta con representación en el parlamento libanés, sus efectivos paramilitares fueron entrenados, organizados y fundados desde un principio por la Guardia Revolucionaria Iraní.

De acuerdo con el departamento del Tesoro de Estados Unidos, Irán es uno de los principales financiadores de Hezbolá con 700 millones de dólares al año, que incluyen una partida en armamento militar y apoyo político.

Según Hugo Achá, experto en contraterrorismo y crimen organizado internacional, “Hezbolá es posiblemente una de las organizaciones que mejor ha comprendido la nueva forma de hacer la guerra. En ese sentido Hezbolá ha logrado tal nivel de sofisticación y presencia a nivel mundial, que puede afirmarse, sin temor a equivocarnos, de que es hoy día a la inversa. En vez de ser Irán el valedor económico de Hezbolá, es Hezbolá y su gran capacidad financiera la que hoy en día sostiene en buena medida las actividades iraníes a escala global".

Según la revista Forbes, las arcas de Hezbolá gozarían de un estado de salud inmejorable, ubicando al grupo islamista extremista como el más rico del mundo, con una fortuna estimada de 1.100 millones de dólares en 2018, por delante del grupo afgano Talibán, que contaría con 800 millones de dólares en sus arcas, o de la organización palestina Hamás, que estaría en tercer lugar con 700 millones de dólares.

De acuerdo a la publicación, la razón por la cual la milicia-partido Hezbolá atesoraría tales cantidades de dinero sería la diversifición de sus fuentes de ingresos, que irían desde el sector inmobiliario a grupos que operarían como organizaciones no gubernamentales para recaudar fondos. Aunque la joya de la corona, asevera Forbes, sería la industria de la droga y el dinero que vendría de las operaciones de narcotráfico en América Latina.

“Venezuela el socio ideal”

En su libro de reciente publicación, Infinitive War, Hugo Achá, junto a otros expertos, explican los procesos mediante los cuales organizaciones como Hezbolá blanquean dinero gracias a lo que califican como “circuitos establecidos”. Según Achá, gracias a la corrupción en países como Bolivia o Venezuela las transferencias por la venta de droga se hacen de forma no convencional, mezclándose con contratos formales, lo cual permite que puedas mover dinero y cuentas que pocos sospecharían”.

En este sentido, prosigue en entrevista con Venezuela 360, “el sistema de blanqueo de capitales desde países del hemisferio occidental comienza con el envío de droga desde países como Venezuela o Bolivia a Estados Unidos y Europa. Los recursos generados se centralizan digitalmente a través de operadores financieros de Hezbolá, que tienen la capacidad de insertarlos en actividades legales a escala global” en forma de acciones en Macao, apartamentos en Brasil o envíos de marcancía desde Ucrania, asegura Achá.

Pero no solo se beneficiaría Hezbolá de los ingresos por narcotráfico con Venezuela y otros países de la región, sino también por la venta del petróleo que sale de Venezuela burlando las sanciones impuestas por Estados Unidos. De esta forma, y de acuerdo al autor de Infinitive War, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro se habría convertido en “el socio ideal de Hezbolá”, ayudando a engrosar aún más las cuentas de la organización chiíta.

¿Pero cómo funciona el esquema de venta de petróleo venezolano?. Según Achá, habrían sido banqueros libaneses los que habrían convencido a navieras irregulars a llevar a cabo el transporte. “Cuando tu ves los intermediarios de la gente que firma los contratos para el shipping (envío), pertenecen muchos a la élite libanesa, y es Hezbolá quien mueve los recursos donde quieras llevándose una participación en comisión por mover el petróleo”, asevera.

En agosto de 2019 Estados Unidos sancionó al banco con sede en el Líbano, Jammal Trust Bank SAL, y sus subsidiarias, por supuesta facilitación de actividades financieras de Hezbolá, según el departamento del Tesoro.

"Estados Unidos está determinado a cortar el apoyo en el Líbano al grupo terrorista", indicó el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, agregando que “la mala conducta de Jammal Trust socavaba la integridad del sistema financiero libanés”.

Por su parte, en 2016, el gobierno libanés, en un esfuerzo por cooperar con el departamento del Tesoro de Estados Unidos, implementó la ley conocida como Hezbolá International Financing Prevention Act que amenazaba con sanciones y cierre de cuentas de individuos sospechosos de financiar a la organización.

ELN tiene influencia en 12 de los 24 estados venezolanos

Fuente: El Tiempo

Según una investigación realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicada en el diario El Tiempo, de Colombia, la presencia del ELN en Venezuela, aunque no es nueva, hoy no solo está resguardada sino que también ejerce actividades ilícitas que le traen jugosas rentas.

Desde hace 50 años, el ELN ha cruzado la frontera con Venezuela, teniendo a ese país como una de sus principales zonas de retaguardia, lo que complica aún más una derrota militar de esa guerrilla, menciona el diario colombiano.

Según el International Crisis Group y datos de Insight Crime, esta guerrilla tiene influencia en 12 de los 24 estados venezolanos en donde se dedicaría al contrabando de gasolina, la minería y la extorsión. Además, afirma la organización venezolana FundaRedes, el Eln realiza actividades de adoctrinamiento y reclutamiento en escuelas y controla emisoras avaladas por el gobierno de Nicolás Maduro en al menos seis estados.

En Arauca y Norte de Santander, la FIP encontró en salidas de campo los corredores controlados por el Eln a través de los cuales contrabandea hacia Venezuela gasolina, carbón, cigarrillos, autopartes, divisas y alimentos como la carne. De otro lado, la migración masiva de venezolanos y su vulnerabilidad económica han sido aprovechadas por esta guerrilla para reclutar a migrantes en sus filas.

Según el Crisis Group, el Eln ha aumentado en Venezuela su presencia en las zonas de minería ilegal, donde no solo les cobra impuestos a los mineros por sus operaciones y transporte de mercancías, sino que también controla un corredor de este a oeste a través de las principales zonas extractivas del sur de Venezuela. Allí, esta guerrilla, asegura la FIP, ha desplazado a facciones criminales venezolanas como ‘los Sindicatos’.

Pulse aquí para leer la nota completa en El Tiempo

José Vicente Amparan Cróquer: el lavador de dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA

Por: Maibort Petit

Fuente: Venezuela Politica

Vinculado a Mathias Krull, este abogado fue ficha fundamental en la trama que sirvió para esquilmar USD 1.200 millones a la estatal petrolera venezolana

JUDICIALES. Amparan Cróquer vivía alquilado con un estándar de vida modesto y, en pocos años, comenzó a hacer alarde de riquezas de dudoso origen. | Foto: cortesía Maibort Petit.

Desde un despacho de abogados en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), a saber, Croquer & Amparan Abogados, se habrían fraguado una serie de operaciones irregulares que sirvieron para el lavado de millones de dólares provenientes de la corrupción, especialmente de negociaciones fraudulentas ejecutadas en Petróleos de Venezuela (PDVSA), según lo determinaron investigaciones llevadas a cabo por organismos federales de Estados Unidos y de España: que conllevaron a la acusación federal que cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida.

Al frente del referido bufete se encontraba José Vicente Amparan Croquer, conocido entre sus allegados como “Chente”, un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), al cual las autoridades judiciales de los Estados Unidos han catalogado como "un profesional del lavado de dinero".

Amparan Cróquer figura como socio en empresas de inversión de bienes y raíces en España, relacionado con instituciones financieras en Malta, así como con entidades que han sido acusadas de ser instrumento para la legitimación de capitales irregulares.

Las compañías vinculadas a Amparan Cróquer en la península ibérica se desempeñan en el área de las inversiones inmobiliarias, la salud y el turismo, en las cuales se desempeña o se ha desempeñado como director o apoderado.

Asimismo, se refiere que José Vicente Amparan Cróquer habría adquirido una lujosa propiedad valorada en USD 5.300.000 a través de la empresa Paladium Real Estate Group LLC, la cual es dirigida por una pariente suya de nombre Carolina Cróquer de González. Esta compañía -refiere el portal Sunbiz- fue registrada en el estado de la Florida el 26 de mayo de 2016 bajo el número L16000103906, siendo su estatus actual activo. Su domicilio está ubicado en el C/O Juris Magister, 1221 Brickell Avenue, STE 900, Miami, FL 33131 que igualmente es la dirección postal y el domicilio declarado por el agente registrador Juris Magister. Como gerente figura Zenaida C. Urbano-Taylor Romero (misma dirección). Al acta constitutiva refleja que Carolina Cróquer fungía como gerente.

Los recursos para realizar la compra del inmueble habrían provenido de negocios irregulares con PDVSA.

Según fuentes informativas, Amparan Cróquer era un profesional del derecho que se desempeñaba en un bufete familiar, sin propiedades de hecho vivía alquilado con un estándar de vida modesto que, en pocos años, comenzó a hacer alarde de riquezas de dudoso origen. Con él trabajaban el también abogado, Edison Sánchez y un primo llamado Manuel Amparan.

La explicación del súbito cambio de vida estaría en su vinculación con Mathias Krull, quien se declaró culpable en una Corte Federal de EE. UU. por el delito de lavado de USD 1.200 millones, razón por la cual se emitió una orden de captura en su contra de Amparan Cróquer, así como de Francisco Convit Guruceaga, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Vallera. Se trataría, pues, según las averiguaciones judiciales, de una red internacional de lavado de dinero proveniente de la principal empresa venezolana. En particular, Amparan Cróquer, es catalogado en el expediente como un abogado experto en lavado de dinero. Raúl Gorrín, propietario de Globovisión también formaría parte de esta conspiración (Conspirador 7). Asimismo, aparece un conspirador #2, que fuentes ligadas al caso han identificado que es el bolichico, Alejandro Betancourt López.

Así, al servicio de quienes se conocen en Venezuela como los “boliburgueses” y altos funcionarios gubernamentales y de la estatal petrolera, Amparan Cróquer se constituyó en ficha fundamental para legitimar millones de dólares provenientes de la corrupción, en razón de sus “habilidades” en la gestoría de bienes raíces y como supuesto experto falsificador.

Sus relaciones habrían servido para que el los USD 1.200 millones estafados a PDVSA circularan en la banca de España, Reino Unido y Malta. Un conglomerado de empresas registradas en el país ibérico por Amparan Cróquer y su grupo, fue un canal por el que se legitimó parte del dinero.

La trama

La acusación federal basada en investigaciones de organismos estadounidenses refieren que la utilización de bonos en default (suspensión de pago) habría sido el mecanismo para lavar el dinero proveniente de PDVSA que se inyectó en entidades financieras de Europa de las cuales se suministran nombres en la denuncia.

El asesor jurídico del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela para la fecha, Carmelo Urdaneta Aquí, y Amparan Cróquer diseñaron un esquema de corrupción mediante el cual se traspasó la propiedad del apartamento de la Torre Porshe Design con Paladium Real Estate Group LLC como instrumento para la operación.

Los documentos federales indican que el Departamento de Estado de Florida determinó que la esposa de José Amparan Cróquer ingresó a la directiva de Paladium como gerente en septiembre de 2917, cuando al mismo tiempo la cónyuge de Urdaneta Aquí dejaba dicho cargo. Transfiriendo el control de la firma de maletín se entregó al matrimonio de los Emparan la propiedad del apartamento.

La denuncia informa que José Vicente Amparan Cróquer se presentaba como trabajador de Solar Cargo (Aserca Airlines, en principio), una aerolínea que contaba con seis aviones operativos en 2016. PDVSA contrató los servicios del abogado.

La investigación del citado medio indica que Amparan Cróquer no aparece registrado en el Instituto de Previsión Social de Abogados (Inpreabogados), pero los registros gubernamentales lo presentan como economista. Prófugo de la justicia estadounidense, Amparan Cróquer se mantendría en Venezuela.

El lujoso apartamento como pago

Sobre el apartamento a que hicimos referencia líneas arriba, adquirido a través de la empresa Paladium Real Estate Group LLC en la que la prima del abogado, Carolina Cróquer de González, figura como directora, se conoció que está identificado con el número 2205 en la Torre Porshe Design, ubicada en el área metropolitana de Miami, específicamente en Sunny Isles, al noreste del condado de Miami-Dade en el sur de la Florida.

El inmueble tomó protagonismo cuando en una acusación federal presentada el 23 de julio de 2018 ante el Tribunal federal Penal del Distrito Sur de Florida, en la que se daba cuenta de las investigaciones que por más de dos años llevó a cabo la División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida y la Oficina de Seguridad de Inmigración y Aduanas de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI) de Miami. Ante el tribunal se dieron a conocer los detalles de la “Operación Money Flight”, referida a la existencia de la red de lavado dinero sustraído irregularmente de PDVSA y puesto a circular en bancos de los Estados Unidos.

Los agentes del HSI determinaron que el mecanismo implementado era la instrumentación de acuerdos de connivencia entre ejecutivos de la petrolera y financistas venezolanos, mediante el cual se ofrecían préstamos en bolívares a PDVSA que era reembolsado en divisas (dólares y euros) cotizados al cambio oficial. El “diferencial cambiario arrojaba en cada transacción ganancias de hasta diez veces el capital invertido, de las cuales se pagaban las mordidas respectivas para las autoridades del holding estatal y de los intermediarios que concibieron y gestionaron fórmulas para incorporar esos fondos al torrente del sistema bancario”.

Los señalados en la trama elaboraron un contrato el 17 de diciembre de 2014 que se suscribió entre Petróleos de Venezuela S.A. y la empresa fantasma Rantor Capital C.A. en el que quedó asentado que la segunda hizo un préstamo por 7.200 millones de bolívares a la primera. Posteriormente, Rantor cedió sus derechos a Eaton Global Services Limited. Ahora la estatal venezolana debía pagar USD 600 millones en un plazo de 180 días[7]. El diferencial cambiario llevó a que, finalmente, la operación se duplicara y PDVSA fuera estafada con USD 1.200 millones.

El apartamento 2205 fue confiscado junto a otras 16 propiedades. Había sido negociado por quien para mayo de 2016 ejercía como asesor jurídico del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela, Carmelo Urdaneta Aquí, valiéndose de la intermediación de José Vicente Amparan Cróquer quien, se encargaría de conseguir el dinero de la compra. En medio de las negociaciones, Urdaneta Aquí “accedió a ceder el apartamento a Amparan Cróquer como parte de pago por sus servicios de gestión financiera”.

Los vínculos empresariales de Amparan Cróquer

En los registros del estado de la Florida, se semana que José Vicente Amparan Cróquer estaría supuestamente vinculado a la empresa aérea Solar Cargo INC, registrada en el estado de la Florida el 16 de marzo de 2016 bajo el número P99000023995 y FEI/EIN 65-0903090, cuyo estatus actual es activo, según refiere el portal Sunbiz. Esta compañía, ubicada en el 3650 NW 82 Avenue, Suite 407, Doral, Fl 33166 que igualmente es su dirección postal y el domicilio del agente registrador, Alberto Morris. El 24 de septiembre de 2018 la firma pasó a llamarse 21 Cargo INC.

Esta empresa era Aserca Airlines Cargo INC con Adolfo Moreno figuraba como único accionista[11]. Otra de las denominaciones que ha tenido la empresa es Santa Bárbara Airlines Cargo INC. Aserca y Santa Bárbara son homónimas de dos aerolíneas que operaron en Venezuela, aunque no hay coincidencia en sus registros, como lo advierte la nota de El Nacional citada anteriormente.

En Venezuela, Solar Cargo tiene sedes en la avenida La Estancia, Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), Pirámide Invertida, piso 1, oficina 106, Chuao, Caracas 1060. En Carabobo, la sede es en C.E. Aerocentro Internacional, avenida Luis E. Branger, Zona Industrial Sur, Edificio F, piso 1, oficinas 04/05, Valencia.

Entretanto, en España las relaciones de este abogado apuntan al ramo de las inversiones inmobiliarias, la salud y el turismo, en ellas José Vicente Amparan Cróquer figura, bien como director, bien como apoderado.

Así tenemos, en primer lugar, a Columbus One Properties Hotels S.L, que de acuerdo al portal Empresia, se constituyó el 22 de septiembre de 2016 en Madrid con un capital de 3.000 euros. Su dirección es en la Calle Orellana, 8–BJ, Código Postal 28004. Amparan Cróquer aparece como administrador mancomunado junto a Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, y Ale Ramiro Mario Iturralde Darío quien es administrador único.

Por su parte, Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L. fue registrada en Madrid el 17 de junio de 2016 con un capital de 3.000 euros. Se ubica en la calle Orellana 8. Aquí Amparan Cróquer también aparece como administrador mancomunado con Ralph Steinmann y Luis Fernando Vuteff García; Ale Ramiro Mario Iturralde Darío es administrador único; María Vanessa Rodríguez De Lebiana Torres es también administradora única.

Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 S.L, fue registrada en Madrid el 13 de julio de 2016, con un capital de 3.000 euros. Se ubica en la Calle Orellana 8, Bajo Iz. Aquí José Vicente Amparan Cróquer es apoderado solidario y administrador mancomunado. A los anteriores se suma Antonio Santiago Pérez como administrador único.

Bonorva Investments S.L. fue constituida en Madrid el 3 de agosto de 2018 con un capital de 3.000 euros. Tiene su sede en la misma dirección que las anteriormente reseñadas. Amparan Cróquer es presidente del consejo de administración en el que también ejerce como apoderado.

Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L. se registró en Madrid el 13 de julio de 2017 con un capital de 3.000 euros. José Vicente Amparan Cróquer es apoderado solidario y administrador mancomunado. Lo acompañan Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García y Ale Ramiro Mario Iturralde Darío.

Columbus One Properties Management S.L., con el mismo domicilio de las anteriores, fue registrada en Madrid el 16 de junio de 2015, también con un capital de 3.000 euros. Allí Amparan Cróquer ha ejercido como consejero y apoderado mancomunado y solidario

El 16 de junio de 2015 fue constituida en Madrid la empresa Columbus One Properties S.L., con un capital de 70.200 euros. Amparan Cróquer ejerce dentro del consejo de administración como consejero. Lo acompañan Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff Garcia, Ale Ramiro Mario Iturralde Darío

Finalmente, Autumn Leaves S.L. es una empresa registrada en Madrid el 8 de mayo de 2015, con un capital de 3.038.000 euros. Aquí José Vicente Amparan Cróquer funge como propietario. Lo acompaña Ignacio Sánchez Cumba y Verónica Carolina Sarcina, segunda esposa de Amparan Cróquer, como administradores únicos de la sociedad

Como puede observarse, todas las empresas comparten el mismo domicilio, al tiempo que repiten casi al calco la conformación de sus directivas. La constitución de las mismas se produjo entre 2015 y 2017, mismo período en el que tuvo lugar la operación de lavado de dinero señalada en la acusación de la Corte de la Florida con la “Compañía Europea 1” como protagonista.

Los narcoestados

Por: Alberto López Núñez

Fuente: El Nacional

Entre las mayores aberraciones de la historia contemporánea se encuentra el surgimiento de narcoestados, variante de Estados autoritarios, basados en el dominio de las estructuras del Estado por parte de los narcotraficantes.

Este dominio se puede realizar bien por la toma directa del Estado por parte del cartel o por la compra de los gobernantes por parte de estos. Este tipo de régimen es típico de América Latina.

Todo comenzó en los setenta con la incursión de Fidel en este malvado negocio. Puso en su mano derecha, el general Ochoa, la dirección de este negocio y por razones no bien esclarecidas, cuando ya no lo necesitó lo fusiló.

Pienso que una de las principales razones por las cuales Ochoa se había vuelto inservible para Fidel fue la incursión directa en el narcotráfico de las FARC, pero esto lo dejaremos para el final de este artículo. No obstante, cabe destacar que estos narcoestados son todos comunistas.

El primer gran narcoestado es Venezuela. Chávez directamente dirigió los contactos con las FARC y el ELN. Igualmente, fundó el Cartel de los Soles, Generales chavistas que pasaron a acoplar la dirección del Estado y del narcotráfico. Es por eso que ya no hay en Venezuela legitimidad alguna, el Estado es un cartel y por esta característica es que no hay vía política para que el cartel abandone el Estado, pues significaría la muerte del negocio. Como todo narcotraficante, luchan por el monopolio del narcotráfico hasta la muerte, pero jamás incurrirán en negociar sus privilegios. Esta es la razón básica de por qué Maduro se mantiene en el poder; siendo Venezuela un narcoestado, no le interesan ni perjudican sanciones económicas o políticas, bloqueos de cuentas, ni asedio diplomático. Solamente por la fuerza ellos dejarán el poder.

Ecuador y Bolivia fueron dos destacados narcoestados. Acá la suerte ejerció el rol fundamental para su eliminación. En Ecuador, donde había uno dirigido por un hijo de una mula del narcotráfico, arregló la sucesión de este poniendo al segundo al mando, quien supuestamente continuaría la persistencia del narcoestado, pero el sucesor decidió acabar con esto y así se acabó el régimen del cartel. En Bolivia se efectuó la regla de que la fuerza es el medio elemental de la liquidación de regímenes dirigidos por carteles. Evo intentó perpetuar el narcoestado con otro fraude más, pero ante el hastío popular los militares decidieron abandonarlo y someterse a la voluntad popular, permitiendo la implementación de la democracia a través de un gobierno interino que reestablezca totalmente la democracia por medio de elecciones. El narcorrégimen, por cierto, tiene la posibilidad de volver, por la estupidez de los líderes democráticos de hacer prevalecer sus egos e ir divididos a la contienda electoral, o hacen primarias o la incipiente democracia se irá al suelo.

Llegamos al caso paradigmático de Colombia, muy “sui generis” e insólito. Las guerrillas narcoterroristas de las FARC y el ELN estuvieron en el narcotráfico por décadas. Siendo este negocio el factor de su increíble supervivencia. Las FARC son el mayor cartel de narcotráfico del mundo (destaco el verbo porque se ha creado el mito que hay disidencias de estas, no, son el mismo aparato narcoterrorista utilizando la combinación de todas las formas de lucha). Las FARC estuvieron a punto de tomarse el poder a finales de los noventa, Colombia era prácticamente un Estado fallido. La creación del Plan Colombia por Pastrana y sobre todo la política de Seguridad Democrática de Uribe (Colombia tendrá que agradecerle de por vida la casi aniquilación del narcoterrorismo comunista) lograron acabar con ese peligro de convertirse en Estado fallido y el narcoterrorismo estuvo arrinconado en las fronteras con Ecuador y Venezuela, donde había Estados narcoterroristas que les servían de acampaderos.

El insólito error de Uribe de poner al traidor a la patria Juan Manuel Santos (el problema de que no existan verdaderos partidos no facilita la labor de investigación del oponente aplicado a la selección de candidatos, si se hubiera hecho esta en relación a Santos hubieran detectado su largo historial antidemocrático y favorable a los narcoterroristas) hizo cambiar radicalmente la historia.

Santos se dedicó a vender una ficticia “paz” que no es más que la entrega del país al narcoterrorismo comunista. Pero no pudo, el pueblo la rechazó en plebiscito. La lamentable rendición de los líderes demócratas ante Juan Manuel Santos hizo posible la implantación de la dictadura del farcsantismo, entregándole el país a las FARC. La dictadura ató todos los hilos para hacerse perpetua e invencible, cooptó todas las instituciones del Estado e hizo, caso único en el mundo, que el narcoestado (instaurado en el ilegítimo e ilegal Acuerdo) se incorporase al hilo constitucional del país. En Venezuela hay un narcoestado «de facto», ¡en Colombia es constitucional!

Creímos en la promesa de Duque de que iba a reformar el Acuerdo para acabar con la impunidad, elegibilidad y continuación de ese convenio que le entrega el país al narcoterrorismo comunista. Lamentablemente, el presidente y sus mosqueteros Ceballos y Archila diariamente se ufanan de cumplir al pie de la letra con ese acuerdo. Como colofón van a instaurar el voto electrónico, instrumento de fraude para la implantación del socialismo del siglo XXI. De manera, pues, que no hay salida democrática para acabar con la dictadura del narcoterrorismo comunista.

No ha habido ni una leve oposición a la implantación del voto electrónico. Les envié mensajes en ese sentido a varios líderes del CD y el mutismo ha sido total. Igual que en Venezuela el establishment se rindió ante los caprichos de Chávez, porque “Venezuela no es Cuba”, acá este se está rindiendo ante el farcsantismo“ porque Colombia no es Venezuela”.

Es lamentable que nadie aprenda de la experiencia ajena, acá ya se está en una “conversación nacional” para aceptar las imposiciones de un pliego de condiciones que copia las exigencias del Caguán y del ELN en Ecuador, ya tenemos las principales ciudades en manos del farcsantismo excepto Barranquilla. Me queda la esperanza (que es lo último que se pierde) que en el 22 sigamos el ejemplo boliviano, que el pueblo y sus Fuerzas Militares acaben con el narcoestado que la narcodictadura del farcsantismo ha implantado y que Duque desgraciadamente acata.

¿ Busca CITGO silenciar casos de corrupción para evitar conflictos mayores?

Por: Maibort Petit

Fuente: Venezuela Politica

Desde Venezuela Política reiteramos nuestra firme decisión de denunciar los hechos irregulares que afecten el patrimonio venezolano sin importar quiénes sean los protagonistas.

Maibort Petit

La filial de PDVSA en suelo estadounidense, CITGO, es una corporación de utilidad pública porque forma parte del conglomerado de empresas creadas y manejadas por la República Bolivariana de Venezuela, por tanto, al ser una entidad cuyo beneficio o interés es colectivo —en este caso de los ciudadanos venezolanos— es objeto de escrutinio por parte de las agencias de contabilidad y control del Estado venezolano y de la prensa de denuncia. Repetimos, CITGO Petroleum Corporation es una refinería, transportadora y comercializadora de combustibles, lubricantes, petroquímicos y otros productos industriales con sede en los Estados Unidos, pero propiedad mayoritaria de Petróleos de Venezuela S.A., es decir, es una empresa estatal venezolana.

Sin embargo, es necesario acotar que a raíz de las sanciones impuestas por EE. UU. a PDVSA y al régimen de Nicolás Maduro, las cuales implican limitaciones en las operaciones de la industria petrolera venezolana, en el caso de CITGO existe una excepción debido a que el gobierno de Donald Trump entregó la administración de dicha corporación al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela más de 50 países. Haciendo uso de tal potestad, Guaidó —mediante acuerdo del Poder Legislativo— designó una junta directiva conformada por diez miembros en los directorios de PDV Holding, CITGO Holding y CITGO Petroleum, las tres filiales de PDVSA en Estados Unidos.

Al momento de la designación de las juntas directivas, el presidente (e) Juan Guaidó, dijo: "La nueva directiva estará conformada por venezolanos capaces, libres de corrupción", a la vez que aseguró que se trataba de un "anuncio histórico" y que se iniciaba el "rescate" de la industria petrolera del país.

A la cabeza del equipo directivo de PDV Holding Inc., fue designada Luisa Palacios, una mujer proveniente del sector privado que se desempeña (ba) para el momento de su nombramiento, como jefe de Mercados Emergentes e Investigación Latinoamericana en la consultora estadounidense Medley Global Advisors. Hay que acotar que PDV Holding Inc., es la compañía que ejerce como propietaria de CITGO. Junto a Palacios, conforman la directiva de PDV Holding Inc está integrada por Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla. La designación de la Asamblea Nacional igualmente ubica a Palacios y a Rincón en la dirección de la Junta Directiva de CITGO Holding Inc, acompañados por Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez, Javier Troconis y Rick Esser, mientras que en CITGO Petroleum Corporation: Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmeta, Andrés Padilla y Rick Esser. Cuando estos nombramientos ocurrieron, no hubo explicación acerca del proceso de selección, ni de quién o quiénes propusieron a los candidatos.

Los cambios con la nueva directiva

Es de resaltar que las antiguas directivas de CITGO designadas por la PDVSA controlada por el fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro, tuvieron como impronta la corrupción, la entrega de cientos de contratos a empresas fantasmas a cambio del pago de millonarios sobornos a los funcionarios que tenían la responsabilidad de las negociaciones. De esto sobran los ejemplos, pues basta nombrar entre muchísimos casos, el de José Manuel González Testino y sus empresas, Modesto Díaz y su empresa Caribbean Style Inc., Samark López y Yakima, para entender cómo desde la filial de PDVSA en EE. UU. —con la participación de empleados y funcionarios de alto nivel ejecutivo— se violaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, al instituirse el cobro comisiones como una práctica común a la hora de asignar los contratos.

Es por ello que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene la lupa puesta sobre CITGO, pues son muy serios los señalamientos acerca de la falta de control en la empresa, lo cual permitió la comisión de gran cantidad de delitos que en la actualidad son investigados. Se trata de una serie de casos denunciados, que daban cuenta de sujetos y entidades que actuaron irregularmente en desmedro del patrimonio venezolano valiéndose del territorio estadounidense para cometerlos. En muchos de estos casos, los responsables han admitido su culpa y en otros los fiscales federales trabajan para determinar la responsabilidad de los mismos.

Silencio sobre la corrupción de CITGO

Para toda corporación es fundamental mantener una buena imagen y, por ello, procuran evitar a toda costa evitar los escándalos en la prensa. Mostrarse ante el público como una firma transparente y alejada de los malos manejos es vital. Mantenerse limpios Mantener es, pues, una práctica que beneficia a la empresa y aminora las crisis.

En el caso de las empresas privadas son varias las herramientas, mecanismos y prácticas que facilitan el mantenerse lejos del escrutinio periodístico, evitando así que los ojos de la prensa husmeen en sus acciones o decisiones internas. El panorama es otro cuando se trata de corporaciones estatales, pues sencillamente se trata de entes de interés público. El asunto, por tanto, cambia. Es el caso de CITGO, perteneciente al estado venezolano y, por ello, es —debe serlo—foco de atención no solamente de la prensa, sino también de los organismos de control. Sus actos deben ser rigurosamente supervisados y las denuncias que sobre ella surjan deben y tienen que ser investigados por la Asamblea Nacional y entidades contraloras de Venezuela.

Desde Venezuela Política seguiremos informando sobre la corrupción pública de PDVSA y de CITGO, sobre el abuso de poder en el gobierno venezolano —sea este del de Nicolás Maduro o el de Juan Guaidó— y sobre aquellos contratistas que se han beneficiado de sus contactos en estas empresas estatales, cualesquiera sean los años en que los delitos se hayan cometido, así como a aquellos funcionarios públicos, o empleados —venezolanos, estadounidenses o de cualquier nacionalidad— que con su actuación hayan permitido la comisión de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Denunciaremos a quien sea —esté o no apadrinando— cuando haya obviado, silenciado, permitido, ocultado información, aprobado negociaciones o cualquier acto irregular.

¿Por qué lo hacemos y lo seguiremos haciendo? Porque CITGO y PDVSA son entidades fundamentales para el país y son objeto de gran interés público y porque el pueblo venezolano, debe estar al tanto de estas historias en desarrollo. 

Para ser claros, la información publicada en estas páginas no representa ninguna campaña personal contra los funcionarios públicos de PDVSA y CITGO, ni contra los ejecutivos de la corporación venezolana en Houston, ni contra los contratistas beneficiados de la corrupción permitida o autorizada por aquellos personeros que poseen poder en la toma de decisiones. No. La información publicada en este portal es el fruto de información cuidadosamente investigada y verificada de forma independiente, gran parte de la cual ya es de registro público. Las fuentes cultivadas por años de trabajo en el periodismo de investigación independiente nos permiten tener acceso a información veraz sobre la corrupción de la industria petrolera venezolana.

Venezuela Política ha informado y continuará informando de manera neutral y profesional, siguiendo los estándares generalmente aceptados de la industria para verificar (y volver a verificar) antes de publicar su información.

Venezuela Política y su editora están constitucionalmente protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Del mismo modo, la Ley de Derechos Civiles de Nueva York § 74 (que codifica el llamado “privilegio de informe justo”) establece, en la parte pertinente, que “[una] acción civil no puede mantenerse (...) para la publicación de un informe justo y verdadero de cualquier procedimiento judicial”. En particular, los tribunales han sostenido que "[c] omisiones que esencialmente resumen o reafirman las alegaciones de un alegato presentado en una acción son el tipo de declaraciones que caen dentro del privilegio del § 74". Lan Sang v. Ming Hai, 951 F. Supp. 2d 504, 521 (S.D.N.Y.2013).

Los tribunales de Nueva York han aplicado recientemente esta ley para desestimar demandas por difamación contra abogados [y representantes de los medios] por escribir sobre procedimientos judiciales. Ver, por ejemplo, Katz v. Lester Schwab; Rakofsky v. Wash. Post. Tanto Florida como Nueva York reconocen una forma del "privilegio de informe justo".

La ley de Nueva York también prevé sanciones (incluidos los honorarios de los abogados) contra las partes y los abogados por realizar presentaciones frívolas. Ver, por ejemplo, 22 NYCRR 130-1.1; NY CPLR 8303-a.

En este sentido, dejamos sentado que Venezuela Política respalda sus informes con documentos y citas de fuentes vinculadas directamente con la industria petrolera (PDVSA y CITGO).

Las publicaciones de Venezuela Política están protegidas por privilegios calificados, lo que significa que los artículos de este blog e informes de investigación son discursos protegidos a menos que se pueda demostrar que se publicaron declaraciones difamatorias intencionalmente, imprudentemente o con malicia, odio, rencor o resentimiento. Este no es el caso con las investigaciones dadas a conocer donde se exponen casos denunciados de corrupción y abuso de poder.

A manera de aclaratoria

Por lo expuesto en estas líneas, la señora Luisa Palacios debe entender que CITGO es una empresa de interés público y que la sociedad venezolana tiene el derecho de conocer si los funcionarios y ejecutivos a cargo de la gerencia de esta empresa del estado venezolano han cumplido con las leyes de Estados Unidos, así como con el deber que tienen de administrar el dinero público con transparencia y honestidad.

No se puede ordenar en una empresa de interés público silenciar las denuncias de corrupción, acosar, presionar y amenazar a los empleados de manera aleatoria e irresponsable, acusándolos equivocadamente de difundir la información sobre actos de corrupción que se filtra a la prensa. No se puede actuar de esta forma, argumentando que la divulgación de las denuncias de corrupción no le conviene al negocio de la corporación, en lugar de tomar acciones contundentes para combatir dicha corrupción y las malas prácticas.

Lo pertinente es investigar y retirar a los funcionarios del ejercicio de sus cargos cuando estén señalados de cometer actos irregulares vinculados a las denuncias de sus cargos hasta tanto se aclare su situación. Lo prudente es optimizar los mecanismos de control y las normas para la entrega de contratos, cumplir con las reglas de transparencia de la corporación y vigilar que CITGO sea una empresa que lucha contra las malas prácticas.

Presiones de los abogados

En Venezuela Política hemos conocido por diversas fuentes que Judith Colbert, Consejera General de CITGO (General Counsel) y Cristina Espinosa Rodríguez, abogada externa de Hogan Lovells, así como también el abogado externo, Michael Gottlieb ejercen presiones sobre empleados para que confiesen quién filtra la información al "blogger"(Venezuela Política/Maibort Petit). Los abogados que sirven a Palacio también buscan los culpables de la filtración fuera de la corporación, haciendo denuncias infundadas y absolutamente falsas y paranoicas sobre esta "blogger".

Todo indica que CITGO quiere el silencio de sus empleados y está dispuesto a pagar por ello, de modo que sigan en el olvido los casos de corrupción y otras violaciones a leyes federales. Cuando se observa el modus operandi de algunos miembros de la directiva actual necesariamente nos hacemos unas preguntas: ¿Por qué quieren callar?, ¿Quién autorizó a la junta directiva de Guaidó a ocultar la verdad? ¿Qué del daño hecho a Venezuela por empleados, directores y terceras personas, así como por dueños de entidades intermediarias (Shell Companies), durante más de 10 años?, ¿Por qué la señora Luisa Palacios no ha acometido las acciones para identificar a los responsables de las transacciones irregulares de la empresa?, ¿Cuáles son las intenciones o es que no hay intenciones?, ¿Por qué no se hace mayor énfasis en tratar de recuperar estos activos de la empresa (más de 8 billones en compras fraudulentas), ni de identificar y llevar a los responsables a la justicia?, ¿Por qué, con una actitud pasiva se sigue protegiendo a los cómplices de Nelson Martínez, asegurándole sus empleos en CITGO?, ¿Qué ocurrió en la reunión (diciembre 2019) con los miembros de la Asamblea Nacional en la sede de CITGO, Houston?, ¿Por qué no se ha producido el conocimiento del informe que ilustre el manejo de la corporación?, ¿Por qué no se ha sustituído del panel de las empresas de contratan con CITGO aquellas corporaciones que han sido señaladas de haber cometido irregulares con PDVSA, Bariven y CITGO?, ¿Trafigura?, ¿Mercuria?, ¿Vitol?, ¿Lukoil Pan American?, ¿Petrochina?, ¿Aquinor Marketing & Trading?. Sin muchas las preguntas sin respuestas.

A modo de recordatorio

Con el objetivo de refrescar la memoria, traemos de nuevo algunas de nuestras reseñas en las que hemos dado cuenta de las irregularidades o denuncias formuladas por terceros acerca de manejos turbios ocurrido en el seno de CITGO.

Por ejemplo, en fecha 10 de enero del presente año 2020, referimos que la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO Petroleum Corporation, Marisol Gómez de Vergara, había denunciado las presuntas prácticas fraudulentas y corruptas llevadas a cabo bajo la administración de Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas, ante Luisa Palacios, a quien hizo llegar una serie de documentos que así lo probarían. Entre estos papeles, se encontraba un informe remitido a Asdrúbal Chávez en noviembre de 2018, momento para el cual este ejercía la presidencia de la empresa.

Informamos en ese entonces que Gómez remitió a Palacios un correo electrónico el 3 de mayo de 2019, en el que refería un caso de retaliación en su contra. Explicó allí que durante su ejercicio como vicepresidenta de RRHH denunció varias veces la retaliación de que era objeto desde marzo de 2017 en razón de su negativa “en múltiples ocasiones de formar parte de transacciones ilegales dentro de la dinámica corrupta y delictiva mantenida por Nelson Martínez y su equipo de trabajo [la cual se] venía practicando dentro de la empresa”. Para sustentar sus afirmaciones, Gómez le entregó a Palacios una serie de documentos que demostrarían, según su visión, “los hechos, retaliaciones, y nombres de personas responsables aún activas en CITGO y las acciones que me ha correspondido asumir”.

Tales documentos eran una carta que ilustraba el escenario y retaliaciones de la gerencia en su contra; un informe confidencial para la gerencia de CITGO donde se reportaban formalmente las retaliaciones en su contra cometidas por Nelson Martínez, José Pereira, y Gustavo Cárdenas; un informe a la Gerencia de CITGO sobre hechos de fraude, conductas no éticas, y maltratos contra empleados honestos que cumplieron con su deber al reportar casos de corrupción en la filial; un conjunto de correos electrónicos que supuestamente evidenciaban el abuso de poder y las violaciones de derechos a los trabajadores por parte de Judith Colbert, “actual consultora legal de CITGO, al bloquear arbitraria e ilegalmente la investigación sobre las retaliaciones en mi contra ordenada por la gerencia de CITGO” (...) "Respecto al último punto, refirió que Colbert en contra de las políticas y procedimientos internos de CITGO, ordenó a Cristina Hernández, abogada de Logan terminar la investigación interna contratada por la gerencia de la empresa, “una acción no ética nunca registrada en la empresa” con el presunto propósito de ocultar los resultados de la averiguación a la nueva junta de directiva que Luisa Palacios preside. Instó a dicha directiva a determinar si tal acción ilegal fue ejecutada en coalición con Glenn Hilman, Rick Esser y las gerentes de recursos humanos, Germain Tuner y Trina García" 

Reiteró a Palacios las denuncias formuladas anteriormente ante Asdrúbal Chávez, relativas a actividades inapropiadas en las funciones de compensación, contratación; violación de las leyes federales, laborales y de inmigración de los Estados Unidos a través de prácticas implementadas por Nelson Martínez, José Pereira y Gustavo Cárdenas; violación de los controles internos, fraude de compras, conflicto de intereses, contratos de suministro y comercialización contra el interés de CITGO y PDVSA; operaciones ilegales y poco éticas en recursos humanos, adquisiciones, suministro y comercialización, así como en otras áreas, implementadas supuestamente por Nelson Martínez, coludido con José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas; la contratación por parte de Martínez de los servicios de consultoría de GFC Consultores LLC para trabajar en Recursos Humanos y otras áreas, aun cuando no habían sido solicitados por ninguna de las vicepresidencias de negocios ni estaban incluidos en el presupuesto, siendo que dicha compañía era propiedad de un pariente de Martínez; cambios irregulares en el fondo de pensiones con el objetivo de obtener de obtener una jubilación millonaria aun cuando no reunía las condiciones para ello[1].

En mayo de 2019, dimos a conocer que CITGO Petroleum Corporation supuestamente habría pagado millones de dólares a la empresa Yakima Trading Corporation, propiedad de Samark López Bello, tal como consta en la demanda que Marisol Gómez en la Corte del Condado de Harris, en Texas. El monto pagado habría ascendido a USD 2.378.534, aun cual dicha empresa está sancionada por la OFAC desde 2017 por sus vinculaciones con el narcotráfico, lavado de dinero, entre otros delitos atribuidos al exvicepresidente y actual Ministro de Industria venezolano, Tareck Zaidan El Aissami[2].

Del mismo modo, hemos denunciado las consecuencias para CITGO que la actuación torpe o indebida de las autoridades de la filial petrolera —la actual y las anteriores—han significado para la que se considera el principal activo del estado venezolano en el extranjero en el caso de los bonos PDVSA 2020[3].

Dimos a conocer que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a través de la empresa de maletín Caribbean Style Inc., registrada en el estado Texas, con el objetivo de triangular y pagar los gastos de viaje, logística de sus agentes, así como de propaganda política de sus gobiernos en Estados Unidos, los cuales fueron cargados a cuenta CITGO[4]. En este sentido, informamos como la citada firma sirvió para CITGO pagara los gastos de viaje y viáticos de la entonces canciller Delcy Rodríguez, de los representantes diplomáticos de la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, del personal del Consulado venezolano en Nueva York y de la costosa propaganda del régimen en la Gran Manzana[5].

Seguiremos informando...

Citas

[1] Venezuela Política. “Informe revela presuntas prácticas fraudulentas y corruptas cometidas en CITGO”. 10 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/informe-revela-presuntas-practicas.html

[2] Venezuela Política. “La empresa de Samark López y Tareck El Aissami obtuvo contratos con CITGO y PDV USA violando la normativa interna de la petrolera”. 21 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/conoce-todos-los-detalles-de-los.html

[3] Venezuela Política. “El incierto destino de CITGO: Los bonos de la discordia (III)”. 21 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/el-incierto-destino-de-citgo-los-bonos.html

[4] Venezuela Política. “Caribbean Style: La empresa con el chavismo se promocionó en EE. UU. a expensas de CITGO”. 6 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/caribbean-style-la-empresa-con-el.html

[5] Venezuela Política. “CITGO usó empresa de maletín para cubrir gastos de los viajes de Delcy Rodríguez en NYC y la propaganda política del régimen de Maduro”. 19 de octubre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/10/citgo-uso-empresa-de-maletin-para.html

Alba Petróleos investigada por lavado de 438 millones de dólares

Por: Iliana Cornejo

Fuente: LaPatilla

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República investiga a Alba Petróleos de El Salvador Sociedad de Economía Mixta de Capital Variable (S.E.M. de C.V.), por indicios de supuesto lavado de dinero y activos de $438,112,057.99, entre 2010 y 2017.

Para llegar a esto, la Fiscalía ha analizado todas las transacciones de la sociedad desde el 2010 hasta el 2019, por un monto de $3,242,023,671.64; en ese análisis se han detectado, al menos cinco irregularidades, a partir de las declaraciones del impuestos sobre la renta, donde se podría haber cometido lavado de dinero.

El Ministerio Público Fiscal encontró un crecimiento atípico de ingresos gravados y la relación costos/gastos. Según el análisis fiscal, entre 2012 y 2013 detectaron “crecimientos del 333 % y 278 % en los ingresos gravados y del 337% y 297 % para costos y gastos respectivamente”.

“Lo cual es alarmante más aun cuando se detecta que no hay un conocimiento de la fuente generadora de la mayoría de los ingresos gravados”, dice un documento fiscal en manos de Diario El Mundo.

Uno de los indicios “más alarmantes”, según la Fiscalía General son las donaciones que hizo Alba por $12,081,529.02 “monto de dinero que supera a las utilidades generadas”; la fiscalía concluye: “La sociedad (Alba) ha regalado más dinero que el generado en beneficio de la misma sociedad y con el agravante que las utilidades no son representativas al monto de ingresos generados, y el destino de esas donaciones es desconocido al momento”.

Dentro de los indicios de blanqueo de capitales encontrados por la fiscalía, también están las incongruencias al comparar ingresos totales y ventas.

Los hallazgos revelan que Alba tuvo otros ingresos totales de $1,908,433,741.09, un 69.5 % de los ingresos y ventas solo del 30.5 %, es decir $837,612,406.66, según la fiscalía esto no es congruente con “el giro de la sociedad”.

Otro comportamiento atípico encontrado en las declaraciones de impuestos sobre la renta de Alba Petróleos S.E.M. de C.V., está entre los costos y los gastos totales ante las compras. “No es coherente, ya que las compras representan el 7.5% del total de costos y gastos, demostrando que la sociedad destinó para gastos, el 92.5 %, no siendo congruente con el giro de la sociedad”, dice la investigación.

Añade que la sociedad cuestionada gastó entre 2010 y 2019, $2,533,745,066.61 sin saber en qué se gastó “amerita una revisión exhaustiva de la contabilidad, de sus estados financieros”, dice el analista financiero de la fiscalía.

La quinta irregularidad que ve la fiscalía es que hay operaciones realizadas a favor de empresas a nivel nacional y del exterior sin justificación, sobre el envío o entrega de fondos.

Alba Petróleos de El Salvador es una sociedad constituida el 5 de abril de 2006, donde el 40 % de las acciones pertenecen a la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (Enepasa), constituida el 10 de enero de 2006 por 19 alcaldías del FMLN para que pudieran entrar en la compra y venta de combustibles en Alba Petróleos.

El otro 60 % lo constituyen PDV Caribe S.A., una filial de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, creada para hacer operativo el Acuerdo Petrocaribe, apoyar la planificación y desarrollo de capacidades de transporte, recepción, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos para los países caribeños y centroamericanos.

¿Quiénes son los investigados?

A ocho meses de haberse hecho pública esta investigación, la Fiscalía ha intervenido cuatro sociedades: Alba Petróleos, Operaciones Mercantiles de El Salvador, Glifos Comunicación Multimedia y SAG S.A. de C.V.

Preliminarmente, la fiscalía también investiga a Edwin Arturo Aguirre Lima y a José Roberto Ladino Solito, ambos representantes legales de la sociedad Operaciones Mercantiles de El Salvador y “sobre averiguar otros…”, dice una resolución de la institución fiscal.

En la descripción, señala que los posibles hechos de lavado de dinero y activos se hicieron a través de sociedades, testaferros, concesión de préstamos, simulación de contratos por bienes y servicios, además de compra de sociedades.

EL CASO

El 31 de mayo de 2019, la Fiscalía General de la República allanó 27 sedes de las sociedades ligadas a Alba Petróleos El Salvador e incautó información contable.

Al cumplir su primer año de gestión, el fiscal general, Raúl Melara, informó que hacen pericias informáticas, financieras y siguen citando a personas para entrevistarlas en la investigación por lavado de dinero.

Una investigación hecha por Douglas Farah y Caitlyn Yates reveló que Alba Petróleos es parte de una red criminal global relacionada a la petrolera nacional venezolana PDVSA que liga a varias empresas de fachada, líderes políticos aliados de la región, élites económicas y organizaciones criminales.

AVIONES Y COCAÍNA: LA EXPLOTADA RUTA CARIBE-GOLFO

Por: Ricardo Ravelo.

Fuente: Sol de Yucatán

De acuerdo con datos de Drug Enforcement Administration (DEA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la ruta del Caribe mexicano es una de las más explotadas por los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, respectivamente.

Ambos grupos del crimen organizado han explotado la ruta del Pacífico y eso explica por qué la violencia se ha agudizado en Michoacán, Jalisco y Guerrero: estos tres estados son clave en el trasiego de droga que proviene de Sudamérica.

Pero otra vía bastante socorrida es la del Caribe, en otro tiempo también explotada por el cártel del Golfo y el de Juárez: éste último fue sumamente poderoso en los años noventa, cuando el grupo criminal afincado en Ciudad Juárez, Chihuahua, quiso controlar el estado de Quintana Roo: ese fue el objetivo que se trazó Rafael Aguilar Guajardo –asesinado en Cancún en 1993 –cuando dirigía el cártel de Juárez y fue el mismo que continuó Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos” y que llevaría a esta organización a establecer vínculos políticos, como los que se documentaron con el entonces gobernador Mario Villanueva, “El Chueco”, quien le abrió las puertas al crimen en esa entidad caribeña, según documentos oficiales.

Este repaso histórico del narcotráfico viene a cuento a propósito de la avioneta que, procedente de Sudamérica, fue detectada por la Secretaría de la Defensa Nacional al ingresar a territorio mexicano con 600 kilos de cocaína, de acuerdo con los datos oficiales.

Las investigaciones establecen que la avioneta bimotor ingresó a la zona del Caribe alrededor de las 3:00 de la madrugada: a esa hora personal de la Sedena se desplazó al lugar donde había arribado –la zona de Bacalar –con varios paquetes de cocaína.

Las autoridades militares aún no han informado a qué cártel pertenece la droga y quien o quienes eran los destinatarios: lo único que reportaron fue un enfrentamiento donde resultaron heridos dos elementos del Ejército, quienes fueron hospitalizados.

La última vez que un avión fue interceptado cargado con droga ocurrió en el año 2006, cuando precisamente un cargamento de tres toneladas fue incautado en Campeche: el avión –que era operado por pilotos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –despegó del aeropuerto de Venezuela y se introdujo a territorio mexicano por la ruta del Caribe: su destino originalmente iba a ser el aeropuerto de Monterrey. Luego el de Toluca, más tarde el de Mérida, Yucatán, pero los operadores del crimen organizado decidieron que el avión aterrizara en Ciudad del Carmen, Campeche.

La idea era que, al aterrizar en un primer aeropuerto de México el vuelo dejara de ser internacional y se volviera nacional, a fin de que no fuera revisado por autoridades federales sino locales en el aeropuerto donde descendería.

Ahí, en Campeche, elementos del Ejército ya esperaban el avión. Acordonaron el aeropuerto y decomisaron tres toneladas de cocaína: la información de la PGR estableció de inmediato que el destinatario de la droga era Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, jefe del cártel de Sinaloa.

La droga venía oculta en maletas Samsonite de enorme tamaño, con cintas distintivas de diversos colores, lo que la autoridad interpretó como que había varios destinatarios del cártel de Sinaloa. Los pilotos que fueron detenidos trabajaban para Conagua y el avión en varias ocasiones fue rentado por esa dependencia para realizar viajes oficiales.

Un escándalo parecido, pero con dimensiones mayores porque hubo muertos, fue el caso de un avión interceptado en noviembre de 1991 en el Llano de la Víbora de Tlalixcoyan, Veracruz.

En aquella ocasión, siete agentes federales fueron masacrados en el paraje de Tlalixcoyan por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que ya se encontraban en ese lugar. El avión que aterrizó traía media tonelada de cocaína, presuntamente era del cártel del Golfo.

Las causas de la masacre de agentes, de acuerdo con la DEA y las autoridades mexicanas, fue la confusión, aunque se dijo que los militares presuntamente protegían a los narcos y que por ello asesinaron a los agentes. Esa fue una larga y puntillosa polémica.

Sin embargo, debido a las condiciones del tiempo –había neblina espesa –los militares aseguraron que confundieron a los policías federales con narcotraficantes, pues nunca vieron las siglas de PJF (Policía Judicial Federal) que en letras grandes y blancas se leía en las casacas de los uniformados.

Por ese hecho hubo varios detenidos. Más tarde las investigaciones implicaron a un agente federal adscrito a la zona de Veracruz: Fernando Vázquez Chellius, quien antes del 7 de noviembre de ese año ya había operado varios aterrizajes de aviones con droga en la Cuenca del Papaloapan, particularmente, en la pista La Chorrera, propiedad del ingenio de San Cristóbal, y en otra localizada en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, donde varias aeronaves fueron recargadas de combustible para que continuaran su viaje.

De acuerdo con la DEA, las rutas más socorridas por el narcotráfico son la que parten de Colombia y(o Venezuela y cruzan por Cuba-Quintana Roo- Mérida. Y también Bogotá-Guatemala-Chiapas-Veracruz—Tamaulipas. O Bogotá-Michoacán-Tijuana.

La zona de Quintana Roo tiene una larga historia en materia de trasiego de drogas: cuenta con amplios complejos lagunares donde el crimen suele bombardear los cargamentos de cocaína para que los pescadores los rescaten y sean entregados a los operadores del narcotráfico.

La historia cuenta que la zona de Quintana Roo –un mega proyecto turístico que se lanzó en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez –se inauguró con un vuelo –el primero que aterrizó en Cancún –cargado con cocaína.

Desde entonces se vislumbraba que ese destino sería un centro de operaciones de muy alta escala para el crimen organizado.

Empresario de Miami vinculado al tóxico oro venezolano pese a las sanciones

POR: ANTONIO MARIA DELGADO Y NICHOLAS NEHAMAS

Fuente: El Nuevo Herald

Un empresario con residencia en el sur de Florida es uno de los principales dueños de un proyecto conjunto con el Ministerio de Defensa de Venezuela para explotar oro desde las profundidades de la selva amazónica pese a las sanciones impuestas por Washington a las operaciones mineras del régimen de Nicolás Maduro.

El empresario trinitario-venezolano Clemente Ricardo Silva, con residencia en la ciudad de Doral, emerge como el principal inversionista en la construcción de una planta de cianuración en la localidad de Las Claritas en sociedad con militares venezolanos y figuras claves del régimen, dijeron fuentes militares y documentos obtenidos por el Nuevo Herald y el Miami Herald.

Silva alega que él vendió su participación en el proyecto y mostró a el Nuevo Herald dos cartas que dijo fueron enviadas al Ministerio de Minas, notificando sus intenciones de salir del proyecto, después que el gobierno de Estados Unidos sancionara las operaciones mineras del régimen.

‘Death of a Fool’: en busca de la otra vida

No obstante, Silva y sus hijos aparecían en el Registro Mercantil de Venezuela como los principales dueños del proyecto, poseyendo el 80 por ciento del capital social, el 20 de enero de este año. Y las minutas de una reunión del directorio celebrada en octubre dan cuenta de la participación de Silva como el mayor accionista. Esa reunión fue realizada meses después del momento que Silva dice se separó del proyecto.

A medida de que los ingresos petroleros caen significativamente, Maduro ha conseguido en la industria aurífera del país una importante fuente de ingresos para su régimen. La minería de oro en Venezuela, así como en muchos otros países latinoamericanos, es una actividad violenta dominada por el crimen organizado y de impacto ambiental destructivo.

Parte sustancial del “oro de sangre” venezolano es vendido en el exterior a consumidores que desconocen su procedencia, siendo en ocasiones colocado en Miami, determinó una investigación realizada el año pasado conjuntamente por el Miami Herald y la organización colombiana 

La planta vinculada a Silva está siendo construida en una de las zonas más ricas en oro de Venezuela y estaría en condiciones de procesar inicialmente unas 400 toneladas diarias de arenas auríferas para producir entre 80 y 150 kilogramos de oro al mes, o entre una y dos toneladas del metal al año.

Pero el grueso de esa producción difícilmente iría a parar a las arcas del Estado como establece la ley, ni sería utilizada para aliviar las grandes carencias que sufre la población venezolana, dijo el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Cristopher Figuera.

Como es el caso con casi todas las operaciones de oro en la región, la mayor parte de la producción del nuevo complejo probablemente será entregado al régimen y las ganancias serán usadas para engordar los bolsillos de los militares que sostienen a Maduro, dijo Cristopher Figuera, un general mayor que encabezó el servicio de inteligencia de Maduro hasta que desertó en abril.

“Maduro dirige una empresa criminal”, dijo Cristopher Figuera, quien agregó haber investigado el “saqueo” del sector aurífero venezolano antes de partir hacia Estados Unidos bajo riesgo inminente de arresto.

En ese esquema de operación criminal, “no se dejan rastros por escrito, sino que se dan instrucciones [debajo de la mesa], operando como si se tratara de una banda de delincuentes, para la asignación de estos contratos” de explotación de oro, explicó en una entrevista telefónica.

En las operaciones mineras de la región hay todo tipo de actores, incluyendo pequeños mineros privados, llamados artesanales, elementos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y hasta bandas criminales. Pero los que ejercen el verdadero control al final son los militares venezolanos, quienes controlan todo, dijo Cristopher Figuera.

GRUPO ORIZONIA

Silva se convirtió en el mayor accionista de la compañía que construye la planta, Grupo Orizonia, en febrero de 2019 después de financiar la compra de equipos chinos utilizados en el proyecto.

En una entrevista realizada este mes en su oficina en Doral, Silva confirmó que había comprado los equipos y las acciones en Orizonia, pero dijo que tomó medidas para vender su participación en la compañía al mes siguiente, en marzo, al enterarse de que la administración estadounidense había sancionado las operaciones de oro del estado venezolano.

“Cuando salió [el anuncio de las sanciones] presentamos una solicitud de venta, porque cualquier compromiso, para poder registrarlo, debe ser aprobado por el Ministerio de Minas, que es el que otorga la autorización,” dijo Silva.

Según el empresario, la solicitud al ministerio fue primero entregada en marzo y después, ante la falta de respuesta, se introdujo nuevamente en septiembre, sin que aún se haya recibido respuesta.

Silva entregó copias de las dos cartas enviadas, pero el Miami Herald no pudo confirmar de manera independiente de que fueron introducidas ante el ministerio.

Silva dijo que actualmente no tiene participación directa en el negocio, después de haber firmado un documento privado con el anterior accionista mayoritario del Grupo Orizonia, Américo Figuera, para venderle el 80 por ciento de la compañía a cambio de una promesa firmada de recibir de regreso su inversión inicial una vez que comience la producción de la mina.

Américo Figuera, por su parte, confirmó que se había celebrado un acuerdo privado entre él y Silva sobre la propiedad de la empresa.

Pero al día de hoy, la transferencia de propiedad aún no se ha materializado. Ese hecho quedó registrado en las actas de la última reunión de accionistas que aparece en el Registro Mercantil de Venezuela, donde Silva asistió como propietario del 30 por ciento del negocio, acompañado de sus dos hijos, Klemens Alejandro Silva y Ricardo Leslie Silva, que son propietarios de 25 por ciento cada uno.

En esa reunión, celebrada en octubre, los oficiales acordaron registrar un cambio en la dirección física del Grupo Orizonia, trasladando la compañía al mismo piso de la oficina donde se encuentra la compañía de Silva, The Silva Group, en Puerto Ordaz.

Silva es un empresario próspero que posee varias corporaciones en Venezuela, principalmente dedicadas al transporte aéreo y marítimo a través del Orinoco, el río más grande del país y la principal vía fluvial del minero estado Bolívar.

Según la página de Internet de la empresa, el Grupo Silva posee cuatro compañías diferentes en Venezuela: Consorcio SMT Silva C.A., Silva Shipping Agency, SermaTransil C.A. y S&S Orinoco Aviation.

Silva también posee dos casas millonarias en el condado de Miami-Dade, según muestran los registros de propiedades del condado. En 2012, pagó $1.2 millones por un condominio en Brickell Key. Tres años después, compró una casa Doral de cinco habitaciones por $1.25 millones.

El empresario operó hasta el 2018 una estación de transferencia frente a las costas venezolanas que trabajaba bajo contrato para la estatal Ferrominera del Orinoco. La estación, que consta de dos grandes barcos propiedad de Silva, recibía briquetas de hierro transportado a través del río Orinoco en chalanas. El grupo también cuenta una compañía de helicópteros que brinda servicios a las compañías mineras de la zona.

LAS CLARITAS

El gobierno de Estados Unidos, que considera ilegítimo al régimen de Maduro, ha tomado una serie de medidas para reducir sus fuentes de ingresos.

El senador estadounidense Marco Rubio calificó el comercio de oro extraído ilegalmente de Venezuela y de otras naciones latinoamericanas como una “amenaza directa” para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

El año pasado, la administración Trump emitió lo que llamó un “bloqueo total” al régimen de Caracas que impide a las empresas y ciudadanos o residentes estadounidenses hacer negocios con el gobierno de Venezuela salvo que cuenten con una exención específica del departamento del Tesoro. Grupo Orizonia no parece contar con tal exención, lo que podría significar problemas para cualquier persona estadounidense que tenga interés en esa compañía.

“Si una persona de los Estados Unidos participa en una transacción no autorizada u otros tratos con una entidad del Gobierno de Venezuela, o con cualquier otra persona bloqueada que opere en el sector del oro de Venezuela, es probable que constituya una violación de las sanciones de los Estados Unidos”, dijo un funcionario del Departamento del Tesoro en un correo electrónico dirigido a el Nuevo Herald.

Según documentos obtenidos por el Nuevo Herald y el Miami Herald, el contrato para la construcción de la nueva planta en la localidad selvática de Las Claritas fue obtenido por la compañía venezolana Grupo Orizonia C.A. en sociedad con la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petroleras y de Gas “CAMIMPEG”, empresa creada por Maduro para otorgarle a los militares que le respaldan una tajada en las operaciones mineras y petroleras del país.

Bajo los términos del contrato firmado con la empresa militar firmado en el 2018, Orizonia obtendría un 45 por ciento de la producción del metal producido, comprometiéndose a entregar un 30 por ciento a Camimpeg y otro 25 por ciento a la Corporación Venezolana de Minería.

Ubicada muy cerca de los Tepuyes, las majestuosas mesetas que adornan la selva venezolana, la planta de cianuración en construcción es solo el primer paso de una operación que aspira ser de gran escala.

“Estamos hablando de una planta de 400 toneladas diarias que puede sacar más de 100 kilos mensuales. Pero después vienen ampliaciones, para convertirlo en un gran complejo, que podría terminar procesando entre cinco y diez veces la capacidad inicial, dependiendo de la cantidad de molinos que instalen”, dijo una de las fuentes familiarizadas con el proyecto que habló bajo condición de anonimato.

Aún cuando estas dos empresas estatales, CVM Y Camimpeg, no han sido identificadas directamente por nombre, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado reiteradamente al régimen de Caracas, incluyendo sus operaciones con oro.

“Maduro y su red ilícita están mal utilizando las operaciones mineras de oro venezolanas como manera para robar al pueblo venezolano después de haber mal administrado y saqueado la colapsada industria petrolera”, declaró el Departamento de Estado en marzo al anunciar las sanciones contra el sector aurífero del país, y en particular a la estatal CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA, Minerven.

“Las acciones tomadas hoy evitarán que Maduro y otros actores corruptos sigan enriqueciéndose a costa del sufrido pueblo venezolano. Adicionalmente, ayudarán a detener el daño ambiental de la minería y la explotación laboral de la industria de oro en Venezuela”, agregó.

En agosto, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a todo ciudadano o residente estadounidense hacer negocios con empresas o agencias estatales bajo el control del régimen de Maduro, salvo que obtengan una licencia especial del Departamento del Tesoro.

Benjamin Gedan, subdirector del programa latinoamericano en el Wilson Center, un grupo de expertos de Washington D.C., dijo que la industria aurífera se había convertido en un salvavidas para el régimen de Maduro.

“El gobierno de los Estados Unidos pensó que una vez que al ahogar la industria petrolera, esencialmente estaría ahogando a toda la economía, pero de hecho, el régimen ha sido ágil en la búsqueda de otras fuentes de ingresos, especialmente el oro”, dijo Gedan, quien sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional de la Administración de Obama y fue responsable de la política venezolana. “Nadie calculó que serían tan rápidamente capaces de generar una industria casi desde cero.... En la medida en que los actores internacionales están comprando oro venezolano, está proporcionando un salvavidas al régimen”.

DEBAJO DE LA MESA

Aun cuando el contrato con Camimpeg otorga un manto de legalidad, la operación en realidad tiene previsto engordar los bolsillos del “consorcio criminal” controlado por Maduro y hombres claves de su régimen, quienes actualmente controlan la mayor parte de la explotación aurífera del país, dijeron las fuentes con conocimiento de la situación.

Bajo el esquema establecido hasta ahora por el régimen, la mayor parte la producción de los mineros que trabajan en el sector termina siendo entregada al consorcio en vez de ser vendida al Banco Central de Venezuela como estipulan las leyes.

El consorcio cuenta actualmente con al menos seis plantas de cianuración, el proceso de extracción del oro del mineral. Las plantas son capaces de procesar cerca de 16 toneladas del oro al año, pero también obliga a los pequeños mineros independientes a venderles la producción bajo amenaza de usar la violencia, arrestos o de interrumpir el suministro de combustible, tácticas que podrían aportarles otras 12 toneladas al año, dijeron las fuentes a el Nuevo Herald.

Múltiples testimonios recogidos confirman que la operación podría estar generando más de $1,500 millones al año, dependiendo del contenido en oro de las arenas procesadas, en un negocio en el que la familia presidencial emerge como la principal beneficiaria.

Las fuentes dijeron que la planta de Orizonia, una vez construida, ayudaría a incrementar ese total, siendo destinadas porciones importantes de la producción a engrasar los engranajes de corrupción que sostiene al régimen, dijo Cristopher Figuera.

“El oro quedó bajo la responsabilidad de [el ex vicepresidente] Tareck El Aissami, quien es quien asigna este tema de las explotaciones”, dijo el mayor general, quien hoy vive en Estados Unidos.

Pero cada operación tiene que tener a la vez relaciones de complicidad con jerarcas de la fuerza armada, que también se benefician. De la misma manera, tiene que haber complicidad del Ministerio de Industrias, y tiene que haber complicidad con el alto gobierno para tener acceso a este tipo de explotación”.

El Aissami, quien es hoy una de las figuras centrales del régimen, fue sancionado por Washington en febrero del 2017, siendo acusado de jugar un papel significante en el tráfico internacional de narcóticos.

La máxima cúpula del régimen venezolano ha saqueado miles de millones de dólares de las arcas del Estado durante las dos décadas que ha durado la revolución socialista iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, absorbiendo a través de múltiples entramados de corrupción gran parte de la renta petrolera y los fondos obtenidos a través de gigantescos préstamos que fueron contraídos por la nación pero que nunca llegaron a ser gastados en programas sociales y en el desarrollo del país, dijo un militar retirado que habló bajo condición de anonimato.

Pero la explotación de oro les ofreció un nuevo horizonte de oportunidades, ya que fue el propio régimen el que creó sus propias reglas de juego que les permite operar sin ningún tipo de fiscalización, explicó.

“Cuando llegaron, encontraron que el petróleo estaba completamente mecanizado, dominado por reglas e instrumentos de fiscalización que tenían que evadir. Eso generaba dificultades para robarse la riqueza y les tomó tiempo meter a su gente y fue después de todo un proceso de preparación que pudieron saquear. Cosa que hicieron hasta llevarla a la quiebra”, señaló el militar.

“Con el oro es distinto, porque el oro no tiene fiscalización. Si el complejo procesa mil kilos de oro, nadie las fiscaliza. Y ellos mismos se reparten el botín”, agregó.

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