ASERNE VENEZUELA

¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela!

viernes, febrero 28, 2020

Estados Unidos apunta al santuario de Hezbolá en Venezuela

Fuente: El Siglo

En los días posteriores al ataque estadounidense con aviones no tripulados que mató a Qassem Soleimani en Bagdad el mes pasado, había un libro de condolencias abierto a 11,000 km de distancia en la embajada iraní en Venezuela, en un frondoso distrito de Caracas.

Entre los visitantes que firmaron el libro estaba Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, Tareck El Aissami y Tarek William Saab, altos funcionarios estatales, expresaron su indignación por el asesinato del general acusado por Estados Unidos de comandar las fuerzas de poder extranjeras de Irán.

Para el gobierno de Maduro, estas fueron simplemente expresiones de solidaridad de una nación en conflicto a otra. Venezuela e Irán son productores de petróleo, miembros fundadores de la OPEP, ambos trabajan bajo las sanciones de Estados Unidos y ambos se oponen implacablemente a lo que consideran la interferencia de Washington en sus asuntos internos.

Pero Estados Unidos y la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó acusan a Venezuela de apoyar no solo a Teherán sino a su apoderado Hizbollah , con sede en el Líbano , que Estados Unidos considera una organización terrorista.

“Hezbolá ha encontrado un hogar en Venezuela bajo Maduro”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una conferencia antiterrorista en Colombia, días después de la muerte de Soleimani. “Esto es inaceptable.”

Una campaña estadounidense para aislar al grupo está ganando terreno en América Latina, donde muchos países están preocupados por la influencia desestabilizadora de Venezuela y, por extensión, de sus aliados.

Recientemente, Colombia y Honduras declararon a Hezbolá una organización terrorista, siguiendo el ejemplo de Argentina y Paraguay el año pasado. El nuevo gobierno en Guatemala ha prometido hacer lo mismo.

“Estados Unidos ha hecho nuestra parte para eliminar la amenaza de los representantes de Irán”, dijo Pompeo en Colombia. Estamos animados a ver cómo otras naciones también se han enfrentado a Hezbolá ”.

Es un secreto a voces que Hezbolá ha tenido presencia en América Latina durante años, particularmente en el área de “Tri-frontera” donde se encuentran las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Los inmigrantes libaneses llegaron allí en las décadas de 1970 y 1980 escapando de la guerra civil en su tierra natal y muchos apoyan a la organización.

Más al sur, los investigadores argentinos culpan a Hezbolá por el ataque de 1994 contra el centro judío AMIA en Buenos Aires que mató a 85 personas. Una organización palestina con estrechos vínculos con Hezbolá se atribuyó la responsabilidad del ataque.

El supuesto vínculo con Venezuela es más reciente, aunque Guaidó dice que la presencia de Irán en Caracas se remonta a más de una década a cuando el ex presidente venezolano Hugo Chávez entabló una amistad con su homólogo iraní Mahmoud Ahmadi-Nejad.

“La influencia iraní en Venezuela ha estado allí durante unos 12 o 13 años a través de empresas que han sido sancionadas por vínculos con el terrorismo”, dijo Guaidó al Financial Times en un reciente viaje a Londres. Agregó que durante 2017 las autoridades en Caracas emitieron alrededor de 17 pasaportes por día a los iraníes en un momento en que los venezolanos estaban luchando para obtener la aprobación de las solicitudes de pasaportes.

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jueves, febrero 27, 2020

Un informe de la ONU acusa a Venezuela de apoyar el narcotráfico.

El comercio se realiza a través del llamado Cártel de los Soles, infiltrado en las Fuerzas Armadas, y sería una de las fuentes de financiación del régimen

Por: Ludmila Vinogradoff
Fuente: ABC España
El vicepresidente Al Aissami, uno de los presuntos
líderes del Cártel de los Soles, y Maduro - REUTERS

Naciones Unidas ha publicado en Viena un informe en el que alerta sobre el incremento del narcotráfico en Venezuela, apoyado por el régimen de Nicolás Maduro para obtener financiación a través del conocido «Cártel de los Soles» de generales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB).

Además de la producción petrolera venezolana, cuyos socios rusos han sido sancionados, el régimen de Maduro se financia con el «oro y los diamantes de sangre» del Arco Minero en Guayana, del narcotráfico y las remesas de los emigrantes a sus familiares, lo que en su conjunto sumarían más de 15.000 millones de dólares.

«Hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales», señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual de 2019 difundido hoy en Viena. La antinarcóticos JIFE de la ONU señalan que las organizaciones criminales «han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y los Estados Unidos desde Colombia, pasando por la República Bolivariana de Venezuela«, donde tienen luz verde bajo el amparo de los militares. La JIFE se describe como «un órgano independiente y cuasi judicial« constituido por 13 expertos con un mandato de cinco años y que tienen como función verificar el cumplimiento de las Convenciones internacionales sobre drogas, según informa la agencia Efe.

Por otro lado, el centro de investigación del crimen organizado Insight Crime sostiene que la primera vez que se usó el término «Cártel de los Soles» fue en 1993 cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por tráfico de drogas.

Con la asunción de Hugo Chávez en 1999 y su decisión de eliminar a la DEA norteamericana de Venezuela, el «Cártel de los Soles», integrado por los generales venezolanos se posiciona y adquiere mayor poder un año después. El «sol» es una insignia de ascenso a general que reciben los oficiales de la FANB. Pueden escalar a 4 soles para los que ascienden a generales en jefe.

Según Insight Crime, si bien «hay células en las principales ramas de las fuerzas armadas» y en todos sus niveles que esencialmente «funcionan como organizaciones narcotraficantes», no se les puede describir como un cártel pues «no está claro cómo funcionan las relaciones entre esas células», dicen los expertos.

En Venezuela el cartel de los generales no funciona como los conocidos cárteles clásicos como el de Cali, Medellín, el de Sinaloa o Juarez en México. Insight Crime afirma que «no existe un árbol genealógico para una estructura tan nebulosa» como la del referido cártel, y que solo se cuenta con «una lista de nombres publicada» por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense.

Sin embargo, todo el control de puertos, aeropuertos, carreteras y puntos fronterizos están en manos de la Guardia Nacional y los militares y a los largo de los 2.200 kilómetros que comparten Colombia con Venezuela. Efe recuerda que entre los militares venezolanos supuestamente implicados en ese cártel se cuenta Hugo Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia con el fallecido presidente Hugo Chávez y con su sucesor, Nicolás Maduro, y que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado noviembre. Carvajal desapareció cuando la Policía española intentó detenerlo tras aprobar un tribunal su extradición a Estados Unidos.

Carvajal fue imputado en EEUU por ser miembro, supuestamente, desde 1999 hasta 2019 del Cártel de los Soles, según documentos de una corte de Nueva York.

Estados Unidos también ha relacionado con el tráfico de drogas al actual vicepresidente económico Tareck El Aissami («prominente traficante de drogas», señaló la OFAC) y al dirigente oficialista Freddy Bernal, vinculado con la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

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miércoles, febrero 26, 2020

Suiza libera documentos cruciales en caso de $4,500 millones contra magnates venezolanos

POR ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER
Fuente: El Nuevo Herald

Suiza libera documentos cruciales en caso de $4,500 millones contra magnates venezolanos 

La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría haberle costado a Venezuela unos $4,500 millones, reactivando una aletargada investigación en Estados Unidos sobre las actividades de un pequeño grupo de magnates y funcionarios claves de la estatal Petróleos de Venezuela.

Los documentos, que comienzan a llegar después de dos años de espera, dejan el camino libre para que fiscales estadounidenses puedan presentan cargos en lo que está siendo descrito como el mayor caso de corrupción venezolana visto hasta ahora.

Las pesquisas se centran sobre los banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto, los empresarios Alejandro Betancourt y su primo Francisco Convit, al igual que sobre el ex jefe de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, y el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos. Bajo la lupa también se encuentra un banquero suizo que orquestó el presunto esquema internacional de corrupción y lavado de dinero.

Los magnates son investigados bajo sospecha de que pagaron inmensos sobornos a funcionarios venezolanos para poder entablar un esquema donde empresas bajo su control otorgaban a PDVSA prestamos en bolívares que luego eran pagados en dólares haciendo uso del enormemente lucrativo tipo de cambio oficial.

Según las autoridades estadounidenses, el esquema hacía uso del controversial esquema cambiario para multiplicar en pocos meses los montos invertidos inicialmente, siendo las ganancias mil millonarias luego depositadas en cuentas suizas.

“La operación, ejecutada gracias a actos de corrupción, habría permitido la malversación de más de $4,500 millones, lavados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza”, el Tribunal Federal Suizo declaró en enero al rechazar las apelaciones que buscaban bloquear la entrega de los documentos bancarios.

La mayor parte del dinero sucio fue transferido a cuentas controladas por los hermanos Oberto en el banco Compagnie Bancaire Helvetique, y el resto a sus cuentas en EFG Bank AG y otras siete otras instituciones financieras suizas, señalaron las autoridades estadounidenses en una carta oficial dirigida a sus homólogos suizos. El Miami Herald obtuvo copias de las cartas de “asistencia legal mutua” que resume todas las transacciones.

El caso de $4,500 millones es el más reciente y el mayor de tres investigaciones distintas realizadas desde Miami sobre las operaciones de “Cleptócratas” venezolanos que han producido hasta el momento cargos contra una docenas de acusados, incluyendo al ex Tesorero de la nación petrolera, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable en el 2017.

LOS DETALLES DEL CASO

Las figuras centrales del caso son los hermanos Oberto, integrantes de una familia de banqueros que residen en apartamentos de lujo en Miami Beach. El Miami Herald y el Nuevo Herald describieron el papel que jugaban en el presunto esquema de lavado de dinero en un artículo publicado en noviembre.

Desde entonces, el Herald ha obtenido información que el caso de los $4,500 millones también implica a los venezolanos Betancourt y Convit, quienes respectivamente viven en España y Venezuela.

Convit ya enfrentaba cargos por otra operación de lavado de dinero ante la corte federal de Miami, mientras que Betancourt también es nombrado como un presunto conspirador en ese mismo caso del 2018, aunque las autoridades no han presentado cargos formales contra él.

También investigados en el nuevo caso de los $4,500 millones se encuentra Ramírez, el ex zar de petróleo del régimen venezolano, quien actualmente reside en Italia, al igual que Villalobos, quien se encuentra detenido en España y enfrenta un pedido de extradición presentado por Estados Unidos por cargos de aceptar sobornos relacionados a un caso de corrupción distinto.

El banquero suizo que presuntamente jugó un papel estelar en el esquema de lavado de dinero es Charles Henry De Beaumont, quien trabajó para CBH hasta el 2012 y luego se convirtió en un gerente de activos independientes administrando transacciones con su antiguo banco y con otras instituciones financieras, según autoridades policiales y fuentes familiarizadas con las investigaciones estadounidenses.

De Beaumont ganó $22 millones por la conducción de las supuestas transacciones ilícitas de los hermanos Oberto y los empresarios Betancourt y Convit, entre otros, y utilizó parte de ese dinero para comprar residencias de lujo en la República Dominicana y un apartamento en el edificio de lujo Continuum en Miami Beach, según los investigadores.

En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina del Fiscal Federal de Miami activaron el mecanismo de “Asistencia Legal Mutua”, solicitando a las autoridades suizas registros de las cuentas en Compagnie Bancaire Helvetique y en otras instituciones financieras de ese pais como EFG Bank, que por ley administran el dinero de clientes ricos bajo total secretismo.

Al solicitar la asistencia de Suiza, el Departamento de Justicia detuvo el reloj del estatuto de limitaciones de cinco años, período que de expirar bloquearía los esfuerzos de los fiscales para presentar cargos de conspiración de lavado de dinero contra los hermanos Oberto y a los otros.

FABULOSAS GANANCIAS

Las autoridades creen que los conspiradores pagaron gigantescos sobornos para tener acceso al esquema de préstamos ejecutados entre el 2012 y el 2014.

Pero éstos no eran préstamos comunes. Los hermanos Oberto y los primos Betancourt y Convit acumularon fabulosas ganancias a través del sistema de control de cambio, al que solo tenían acceso personas cercanas al régimen de Chávez y posteriormente al de Nicolás Maduro, señalan los documentos de los investigadores.

Para los hermanos y sus socios, el potencial rendimiento de la operación aumentaba dramáticamente en la medida en que el bolívar se depreciaba frente al dólar estadounidense. En los primeros meses del esquema las operaciones generaban un potencial de ganancias equivalentes al doble o el triple del monto de préstamos. Pero meses después, con el avance de la inflación, las potenciales ganancias llegaron a alcanzar diez veces la inversión inicial, según los documentos de las autoridades estadounidenses.

Para diciembre del 2014, la tasa oficial más baja podía comprar un dólar estadounidense, pero en el mercado negro, que era el único disponible para una gran mayoría de venezolanos, la tasa de cambio era de 172 bolívares por dólar.

Eso le daba al grupo la oportunidad de multiplicar sus inversiones por un factor de 14, con la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre permitiéndoles recibir un pago de $14,000 por cada $1,000 que suministraban en bolívares.

En una carta de mayo del 2018 dirigida a las autoridades suizas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el plan “no era más que un mecanismo para malversar las reservas de divisas de Venezuela y lavar las ganancias”.

En el supuesto plan de lavado de dinero, los funcionarios de PDVSA transfirieron los pagos del préstamo a través del banco Espirito Santo a las diversas cuentas suizas de los hermanos entre 2012 y 2014, dijeron fuentes familiarizadas con la investigación estadounidense.

Espirito Santo, el banco más grande de Portugal, colapsó en 2014 en medio de acusaciones de fraude y lavado de dinero.

El principal banquero de los hermanos Oberto fue De Beaumont de CBH, aunque también tenían cuentas en compañías fantasmas de otros bancos suizos como EFG que recibieron dinero sucio venezolano, según fuentes y cartas de asistencia legal mutua entre las autoridades suizas y estadounidenses.

“Las autoridades estadounidenses han estado investigando a De Beaumont, Luis [Oberto], Ignacio [Oberto] y otros por su participación en una conspiración ... para cometer fraude electrónico y lavar las ganancias de ese esquema de fraude cambiario para malversar las reservas venezolanas en moneda extranjera”, un abogado de alto rango de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia le dijo en una misiva a la Autoridad Central de Suiza el 25 de mayo de 2018.

“Durante el curso de esa investigación, las autoridades estadounidenses descubrieron transacciones adicionales que involucran cuentas suizas asociadas con otros presuntos miembros adicionales de la organización”, escribió el abogado Jason Carter, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales.

“La evidencia adicional ha revelado que los conspiradores De Beaumont, Luis e Ignacio [Oberto] estaban usando varias cuentas bancarias con sede en Suiza para lavar activos destinados a pagar a funcionarios corruptos venezolanos”, agregó.

CORREOS ELECTRÓNICOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS

Carter señaló que los investigadores estadounidenses han obtenido registros bancarios, documentos financieros y correos electrónicos proporcionados por “varios testigos cooperantes” que muestran que De Beaumont “conspiró a sabiendas con los otros conspiradores para defraudar a CBH y lavar el producto del fraude y el esquema de malversación de fondos a través de CBH y a través de otros medios, incluidos bancos y bienes raíces en Miami, Florida “.

Los abogados de los hermanos Oberto, quienes según fuentes familiarizadas con la investigación alguna vez consideraron cooperar con los fiscales federales en Miami, dijeron que “durante años han mantenido constantemente que son inocentes ante el gobierno”.

“Lo más importante ... no han considerado ni están considerando declararse culpables o cooperar con los fiscales”, dijeron Ed Shohat y David O. Markus, que son abogados de defensa criminal de alto perfil en Miami. “Si se les acusa, se declararán inocentes y se demostrará su inocencia en el juicio”.

El abogado de Betancourt, Jon Sale, dijo que su cliente no ha cometido ningún delito. “El señor Betancourt es un empresario legítimo que no ha violado ninguna ley de Estados Unidos ni de ningún otro lado”, dijo Sale.

Durante la revisión del pedido del Departamento de Justicia, las empresas asociadas con Betancourt (Calandra Business SA e IPC Investments Corp.) y con Convit (Banstead Assets SA y Vencon Holdings Investments), junto con Gazprombank Latin American Ventures BV, interpusieron recursos legales ante las cortes suizas para bloquear la entrega de los documentos, pero el proceso fue en vano.

Los bancos CBH y EFG no apelaron la solicitud, según fuentes familiarizadas con el tema.

La oficina legal de CBH no admitió la existencia de la investigación del Departamento de Justicia ni la solicitud de documentos, diciendo solo que su ex empleado, De Beaumont, renunció en el 2012 y que continuó trabajando como un “administrador de activos independiente” para “varios bancos”. La oficina legal, sin embargo, no identificó los bancos para quienes De Beaumont trabajó en esa capacidad.

En una declaración escrita, la oficina legal dijo: “Para evitar toda duda, el CBH no facilita ni ha facilitado el lavado de dinero, ni ninguna otra transacción bancaria ilegal. CBH siempre ha cumplido totalmente con todas las leyes y regulaciones aplicables que rigen sus negocios y siempre ha mantenido rigurosas salvaguardas y controles internos contra el lavado de dinero para identificar y prevenir transacciones ilegales, según lo confirmado y aprobado reiteradamente por auditores externos. ... Si el señor De Beaumont ha participado en actividades de lavado de dinero como se alega, CBH no tiene conocimiento de esas actividades “.

EFG Bank en Zurich declinó hacer comentarios para esta historia.

La investigación estadounidense se centra sobre dos cuentas bancarias suizas pertenecientes a Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited, compañías fantasmas creadas por los hermanos Oberto para recibir los pagos de los préstamos a PDVSA, dicen las autoridades federales en las cartas que solicitan registros bancarios de Suiza.

“PDVSA y los hermanos Oberto utilizaron un contrato de préstamo fraudulento como un instrumento para ocultar un esquema de malversación cambiaria con pagos de sobornos a funcionarios venezolanos”, escribió Carter, el abogado del Departamento de Justicia, en la carta del 25 de mayo de 2018.

TRANSFERENCIAS MILLONARIAS

Luego enumeró una serie de transferencias sospechosas de fondos de PDVSA a Violet y a Welka que, según él, estaban “disfrazadas como reembolso de los préstamos”. Entre ellos:

* Entre el 2012 y el 2013, el banco Espirito Santo de PDVSA realizó 20 transferencias electrónicas por un valor total de $2,800 millones a las cuentas de los hermanos Oberto en CBH Bank.

* Entre marzo y abril de 2012, el banco de PDVSA realizó cuatro transferencias electrónicas por un total de $1,000 millones a una de las cuentas de los hermanos Oberto en EFG Bank.

En una revisión de docenas de correos electrónicos relacionados con el supuesto esquema de lavado de dinero, los investigadores estadounidenses encontraron un correo electrónico del 11 de mayo de 2012 que daba instrucciones para intercambiar $25 millones a euros y transferir ese dinero a “una lista de empresas asociadas con funcionarios de alto rango de PDVSA”, según la carta de Carter a las autoridades suizas en busca de registros bancarios.

Para el 2018, los investigadores estadounidenses habían revisado 54 correos electrónicos, los cuales contenían 97 solicitudes de transferencias electrónicas de los hermanos Oberto de sus cuentas en las cuentas de CBH para Violet y Welka. Los investigadores estadounidenses obtuvieron esos correos electrónicos de los conspiradores que cooperaron en el esquema.

Por ejemplo, el 24 de abril de 2012, se enviaron alrededor de $21 millones de la cuenta Violet en CBH a otra cuenta a nombre de IPC Investments Corp. mantenida en el mismo banco, dice la carta de Carter. En total, los investigadores estadounidenses verificaron cuatro transferencias electrónicas por un total de $93.4 millones de Violet a IPC Investments, según la carta. IPC Investments pertenece a Betancourt, según fuentes familiarizadas con la investigación.

A partir de enero de 2013, se enviaron dos transferencias electrónicas por un total de $30.6 millones desde la cuenta de Violet a la cuenta Calandra Business en CBH, que, según las fuentes, está controlada por Betancourt.

Durante este mismo período, se enviaron tres transferencias electrónicas por un total de $32.5 millones desde la cuenta Violet en CBH a la cuenta Vencon Holdings Investments en el mismo banco, según la carta de Carter.

Convit controla Vencon Holdings, dicen las fuentes. También ese mes, se envió una transferencia bancaria de aproximadamente $10.2 millones de la cuenta Violet a la cuenta de Banstead Assets en CBH. Convit también controla Banstead, aseguran las fuentes.

El 21 de marzo de 2013, se envió una transferencia bancaria de aproximadamente $34.9 millones de la cuenta Welka de los hermanos Oberto en CBH a otra cuenta suiza en Gazprombank perteneciente a Gazprombank Latin America Ventures BV, que junto con Betancourt y Convit impugnaron sin éxito la liberación de registros bancarios a las autoridades estadounidenses.

Además de estas y otras transacciones, según la carta de Carter, los hermanos Oberto “iniciaron una serie de transferencias a numerosas personas y entidades offshore”, incluida una transferencia de $367 millones de su cuenta Violet en CBH a Bagnet Capital Ltd. De acuerdo con la carta de Carter, los hermanos “habían declarado previamente que eran los beneficiarios finales” de Bagnet, la entidad offshore.

Por último, las cuentas personales de los hermanos en CBH recibieron varias transferencias por un total de más de $38 millones, dice la carta.

“De Beaumont, Luis [Oberto] e Igacio [Oberto] orquestaron la transferencia de miles de millones de dólares a través de cuentas bancarias y cuentas corresponsales en los Estados Unidos”, dice la carta. “Además, las transferencias se ejecutan en más de $6 millones a las cuentas personales de los Obertos en los Estados Unidos”.

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Fiscal español pide imputar a novia de exviceministro chavista Javier Alvarado por corrupción en Pdvsa

La novia de Javier Alvarado, Ceciree Carolina Casanova Rangel, exgerente funcional de Recursos Humanos de la Electricidad de Caracas (ECD), había sido citada hoy a declarar como testigo a petición de la acusación particular que ejerce PDVSA en esta causa

Fuente: EFE
La Fiscalía española pidió imputar a la novia del exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa en un caso sobre corrupción en la petrolera PDVSA, a la que relaciona con la recepción de casi 800.000 euros (unos 870.000 dólares) a través de una sociedad de la que era administradora.

En esta causa también está investigado Alvarado Ochoa, al que la Audiencia Nacional española rechazó extraditar a Estados Unidos por esta razón.

La novia de Alvarado, Ceciree Carolina Casanova Rangel, exgerente funcional de Recursos Humanos de la Electricidad de Caracas (ECD), había sido citada hoy a declarar como testigo a petición de la acusación particular que ejerce PDVSA en esta causa.

Pero el fiscal anticorrupción, antes de la comparecencia, informó de que iba a hacer preguntas que le podían incriminar, por lo que pidió su imputación, lo que permite tener la asistencia de un abogado y además no hay obligación de decir la verdad.

El principal indicio contra Casanova Rangel es que consta como administradora de una sociedad, de actividad desconocida, llamada Cocuiza, constituida en 2012 y que meses después recibió como una ampliación de capital 800.000 euros de procedencia desconocida y que se sospecha pudiera provenir de la petrolera venezolana PDVSA, informaron fuentes jurídicas.

Ante esta petición del fiscal, la juez de la Audiencia Nacional española María Tardón acordó suspender la declaración y pidió al fiscal anticorrupción que emita un informe con los indicios que llevan a pedir su citación como investigada.

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Detienen en Aruba un barco con mil kilos de droga procedente de Venezuela

Fuente: TalCual

Autoridades de Aruba detuvieron en horas de la madrugada de este 25 de febrero, un barco de carga de nombre Aressa con bandera de Camerún, que había partido desde costas falconianas en Venezuela y hacia las antillas. Medios de comunicación de ese país indicaron que la embarcación transportaba mil kilos de droga.

Según el itinerario del barco, el mismo tenía como destino Grecia y al momento de entrar en aguas territoriales de Aruba, los guardacostas interceptan la embarcación, trasladándola luego hacia los muelles de la isla para hacer una revisión minuciosa, dando con el hallazgo de la presunta droga.

La información publicada en el portal 240ra.com señala que el barco partió de Venezuela el pasado domingo en la tarde, luego las autoridades lo interceptaron en la madrugada de este martes y ordenaron a la tripulación detener la embarcación para abordarla.

"Aressa fue fabricado en 1978 y ha operado por 42 años como barco de carga. Tiene una capacidad de 2.649 toneladas y mide 95 metros de largo y 13 de ancho. Su señal de identificación es TJMC15", destacó el portal de noticias.

Aunque las autoridades no han dado a conocer los detalles de la operación, como la cantidad de personas detenidas y la cantidad exacta de droga, los medios de Aruba hablan que podría tratarse no solo de un "cargamento millonario, sino billonario".

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martes, febrero 25, 2020

Jesús Alfredo Vergara, el dueño de farmacia que encontró el remedio para sus finanzas

Armando Info: Jesús Alfredo Vergara, el dueño de farmacia que encontró el remedio para sus finanzas, Venezuela

Por: Marcos David Valverde y Clavel Rangel
Fuente: Armando.info
Una conveniente aleación de serendipia de inspiración divina y conexiones con amigos bien ubicados blindó el ascenso económico de Jesús Alfredo Vergara Betancourt en Guayana. Adepto a modular su imagen pública, apenas la expone con las acciones filantrópicas de su fundación y clínica. Pero solo cierta voracidad de hombre de negocios puede explicar cómo sacó provecho de los vaivenes de la gestión ‘socialista’ de las languidecientes empresas básicas, para pasar de manejar una farmacia de vecindad a ser uno de los mayores comercializadores de aluminio desde y para la industria pesada venezolana.

Jesús Alfredo Vergara Betancourt es el nombre que todos escuchan y la cara que nadie conoce, la dádiva a la vez más connotada y reservada de Ciudad Guayana, cuna de la industria pesada de transformación de minerales en el sur de Venezuela. En estos tiempos de fortunas exhibicionistas solo muestra su cara pública con la Fundación Lala, una contribución altruista alejada de la industria del aluminio, su fuente principal de riqueza.

Este ingeniero electrónico e informático de verbo muy pausado repite la palabra «Dios» en cada frase, no como muletilla sino como expresión constante de su credo. La suya es una historia que comenzó hace más de 30 años con tiendas de computadoras en Puerto Ordaz y una farmacia de vecindario que en menos de 20 días de fundada cambió el nombre de Gran Sabana a Farmacia Lala. Con ella entró en la lista de contratistas de CVG Venalum, una de las reductoras de aluminio más grandes y, alguna vez, productivas de Venezuela. Para esa empresa, Farmacia Lala sirvió de proveedora de las medicinas que el Estado entregaba a los trabajadores y como un inesperado portaaviones, pues Vergara pasó de proveedor de medicinas a empresario del aluminio en pleno apogeo de los precios del metal compuesto. De allí al estrellato.

Vergara representa ahora un emporio donde, desde 2006, hay más de 30 sociedades registradas y una fortuna que creció sobre varios baches en una historia donde mucho sale pero nada entra. Nadie sabe qué produce Vergara en esas decenas de empresas en las que figura como accionista mayoritario y como socio de algunos nombres directamente relacionados con el chavismo. “Son sueños”, asegura él mismo, sentado en un mueble de la sede de la Fundación, mientras toma café y escucha temas evangelizadores del cantante Marcos Witt.

En cambio, la publicidad de su emporio se concentra en la Fundación Lala y en el Centro Pediátrico Lala, los espacios de filantropía que le han ganado su mejor fama, sobre todo el último, un edificio colorido de baldosas pulidas, clima gélido y equipos médicos de primer nivel que contrasta con el endeble sistema de salud pública de Ciudad Guayana. Además de este centro, Lala cuenta con una academia deportiva, una orquesta sinfónica infantil y un equipo de fútbol de primera división, Asociación Civil Lala Fútbol Club.

Un despegue con suerte

Su vida empresarial comienza en Reservi, el negocio de su padre en Ciudad Bolívar, la capital del estado homónimo, el más extenso del país, rico en minas. Luego, al independizarse, tuvo tiendas de computadoras en Puerto Ordaz hasta que en 1994 fundó la Farmacia Lala, un negocio cuyo trazado es lineal y modesto hasta 2005, cuando, con Freddy José García Gutiérrez, Vergara registró la empresa Alumisur con el objeto social de comercializar todo tipo de metales y aleaciones. Un año después, él y su socio cambiaron el nombre de la empresa por SMS Casting de Venezuela para “suscribirse en el programa de Empresas de Producción Social de la Corporación Venezolana de Guayana”. Desde 2006 hasta ahora, Vergara cotiza en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) con esa empresa.

Con esa incursión en el negocio de los metales llegó al convulso 2007, en un contexto político marcado por el cierre de la estación Radio Caracas Televisión -orden expresa del entonces presidente Hugo Chávez- pero, en lo productivo, también por ser uno de los mejores años para la industria del aluminio.

Él mismo recuerda que al mundo del aluminio llegó como tender. Y explica que esa figura consiste en alguien que puja en “un proceso licitatorio del excedente de producción que las empresas ponen en oferta en una subasta. Fue como en 2003, 2004. Las trasnacionales como Glencore o Noble o JB Commodities me hicieron una guerra mediática porque yo era el mejor postor”.

Entre 2005 y 2008 los precios del metal saltaron de 1.700 dólares por tonelada métrica hasta 3.000 dólares, un incremento de casi 100% en su pico más alto, lo que lo convirtió en un nicho lucrativo en sí mismo, pero amplificado por el diferencial que generaba el control cambiario, con enormes brechas entre las tasas de cambio más favorables, accesibles solo a través del Estado mediante los mecanismos oficiales de la Comisión para la Administración de Divisas (Cadivi) o por contactos informales, o la tasa real del mercado paralelo.

En mayo de 2007, justo cuando esa práctica de reventa de divisas comenzó a entrar en apogeo, se multiplicaron los folios de Vergara en el Registro Mercantil de Puerto Ordaz -la sección occidental de Ciudad Guayana- . El cúmulo de carpetas contenía ahora la documentación de Vergara Group Metals (VGM), empresa que, en el papel, apuntaba a la transformación de aluminio.

En septiembre, en el Registro Inmobiliario del municipio Caroní, Vergara y su esposa, Marisol Londoño, junto con Francisco Hamilton y Vanessa Hamilton, registraron Fundación Lala para atender menores y ancianos “en situación de minusvalía”. Aunque sin fines de lucro, en algún momento entre el año de su constitución y 2011 la Fundación Lala Internacional recibió de la extinta Cadivi 711.520 dólares (a una tasa oficial de 4,30 bolívares fuertes por dólar, vigente después de la reconversión monetaria de 2008).

“Fundación Lala nace para seguir con el legado de nuestra amada abuela (una enfermera a la que sus nietos llamaban Lala), cuya calidad humana y amor por el prójimo fue (sic) ejemplo para todos nosotros, quienes junto a nuestra madre, asimilamos esas enseñanzas. La idea es hacerlo desde el corazón manteniendo las raíces de la humildad”, explicaba su hermana en una entrevista.

Un commoditie en ascenso

Para que sus negocios crecieran exponencialmente Vergara Betancourt estuvo en el momento y lugar adecuados y tuvo quien le echara una mano… y hasta dos. Uno de ellos fue su primo hermano Ramón Betancourt, un ingeniero especialista en adecuación de plantas de carbón que provenía de la también reductora Venalum, que en abril de 2005 fue nombrado integrante del equipo gerencial de CVG Alcasa (empresa estatal fundada en 1967 y alguna vez la productora de aluminio más importante de Venezuela).

La consanguinidad entre primos no fue el único lazo que los unió: en 2017, Betancourt (militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, fallecido en un accidente) figuraría como socio de Vergara en V Ingeniería, empresa con sede en el Centro Empresarial Autana, en Puerto Ordaz, dedicada a la “planificación y redacción de proyectos”.

La otra mano que ayudó a Vergara fue la de un hombre de apellidos conocidos. Se trata de Isaías Suárez Chourio, un ingeniero de larga carrera en las empresas básicas de Guayana, presidente de Venalum entre 2005 y 2009, y hermano de Jesús Suárez Chourio, uno de los militares más cercanos al entonces presidente Hugo Chávez y hoy jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Una antigua empleada de la Gerencia de Comercialización de Venalum, que pidió el anonimato para este reportaje, confirma que Isaías Suárez Chourio fue quien abrió la puerta de Venalum a Vergara. “La entrada de los clientes se negocia a través de directores y presidentes de las empresas, y uno se daba cuenta de que los directores favorecían a ciertos grupos”, comenta.

Ese fue el apogeo para que en mayo de 2007 y en sociedad con su padre, Carlos Julio Vergara Eljach, constituyera Vergara Group Metals (VGM) con un capital de 500 millones de bolívares divididos en dos partes iguales: 250 millones que aportó el padre y 250 millones que aportó el hijo (121.951,22 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio paralela de entonces: 4.100 bolívares por dólar).

Ese mismo año, en Panamá (uno de los destinos favoritos de las divisas preferenciales de Cadivi), Vergara fundó, con un capital de 10.000 dólares, V. Aluminium Group, tal y como está asentado en el folio 575844 del Registro Público de ese país.

El entramado plateado

El telón de fondo para incursionar en el negocio del aluminio fue la Gaceta Oficial 38.307, del 4 de noviembre de 2005, mediante la cual se acordó en Caracas, con la conjunción del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), CVG Venalum y CVG Alcasa, asegurar materias primas a varias empresas nacionales para que el aluminio se transformara en Venezuela. El trato apuntaba que los precios “serán iguales o superiores a los acordados por Venalum y Alcasa con cualquiera de sus clientes de exportación”. El objetivo era que estas empresas destinaran “su producción a la satisfacción del mercado nacional”.

¿Por qué? “Los industriales siempre se quejaron de la desventaja que sufrían en materia de mala calidad del suministro de insumos básicos (las mejores calidades se exportaban) y de despachos mínimos desmesurados en comparación con su capacidad instalada, lo que los obligaba a caer en manos de intermediarios y sin las facilidades de financiamiento que sí se les daba a los clientes extranjeros”, recuerda el exministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, quien estuvo en esa cartera entre 2005 y 2006.

Además de eso, y sondeando el contexto de entonces, lo mejor que le podía suceder a cualquier venezolano era que el Banco Central de Venezuela (BCV) le vendiera un dólar al precio de las tasas oficiales de Cadivi. Sencillamente porque una vez recibido, podía voltearse y venderlo en el mercado paralelo por cuatro, seis o hasta diez veces su valor. “Por eso, cualquier operación de importación o exportación convirtió a los bienes o commodities solamente como ‘vehículos’ para transar esos dólares”, recuerda una fuente del sector.

Víctor Álvarez sintetiza que con Cadivi “vino la degeneración, los incentivos perversos para la corrupción al amparo de la orgía rentística, el desmadre. Recuerde que yo salí del gobierno en agosto de 2006”.

VGM fue una de las empresas favorecidas por la resolución 38307 y se convirtió en receptora de aluminio primario. La resolución fue cuestionada entonces hasta por dirigentes del chavismo, como el ahora constituyentista José Gil. “Este decreto se convirtió en una estafa para la nación, porque ninguna de las empresas que se describen como procesadoras de aluminio tienen la capacidad de hacerlo”, enfatizaba en marzo de 2009.

Muchas empresas se constituyeron entonces en fachadas a la caza de dólares preferenciales a través de lo que se conoció en Guayana como “cupos del aluminio”. Una investigación que inició el Ministerio Público en 2007 a las empresas transformadoras arrojó resultados tímidos con la incautación de 2.063 toneladas de aluminio de Venalum y Alcasa que saldrían por contrabando del puerto estatal de Palúa, en San Félix -la sección de Ciudad Guayana al este del río Caroní-, además de la promesa de investigar a diez empresas -cuyos nombres jamás se revelaron- involucradas en la reventa del aluminio, entonces prohibida, así como la evasión de reporte al BCV.

El mismo Chávez denunció en marzo de 2009 que estos grupos “son verdaderas mafias” y prometió investigar y sancionar. El resultado de aquel anuncio fue ambivalente: fiscalizaciones muy severas para algunos, que debían reportar al BCV hasta el 70% de sus ingresos por exportaciones, y cancha libre para otros, que pasaron agachados por las alcabalas impuestas por el chavismo.

Esa contraloría fue casi una misión imposible, recuerda un vicepresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el ente estatal encargado desde los años 60 de promover y direccionar el desarrollo de la región al sur del río Orinoco: “Lamentablemente, desde hace muchos años, a veces no había respuesta para que nos entregaran los programas anuales de comercialización o los planes de venta. Era una información que uno no tenía cómo manejar”.

Vergara actuaba a través de tres de sus empresas: VGM, Alumiservice y V Aluminium. Así como en su momento hizo el representante de Glencore en Venezuela, Roberto Wellisch, Vergara tenía varias empresas registradas como clientes en lista para recibir el metal. Una de esas empresas, Consorcio Alumiservice, figura en los planes de venta de aluminio primario y de lingotes tanto de Venalum como de Alcasa.

Consorcio Alumiservice fue creada en 2007 entre VGM y Jaotol, esta última una empresa fundada en 1989 con base en el estado Carabobo -entidad de la industria liviana en el centro norte de Venezuela- y de la que Vergara era una suerte de apoderado desde principios de la década de 2000. El objetivo del consorcio fue ejecutar, frente a Alcasa y a Venalum, la compra de aluminio para su transformación y posterior venta. Y en efecto, en la base de datos de importaciones y exportaciones internacionales Import Genius se puede confirmar que Jaotol exportó en 2009, 2015 y 2019 aleaciones de aluminio y figuró como una de las beneficiarias de Cadivi con 92.863 dólares liquidados.

Lea el reporte completo aquí

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lunes, febrero 24, 2020

Venezuela financia la represión contra su pueblo con la venta de oro y droga

Por: Luis Fleischman
Fuente: Noticias de Israel

Venezuela está bajo fuertes sanciones. El país está en bancarrota. Sin embargo, la mayor reocupación del régimen venezolano es que los miembros de las fuerzas armadas y otros que llevan a cabo la represión de miles de venezolanos ya no sean leales al régimen de Maduro.

Es por eso que Maduro tuvo que encontrar fuentes alternativas de dinero. Y… las encontró.

Primero, Venezuela es un narco-estado. Altos líderes políticos y militares se benefician del tráfico de drogas. Venezuela ha puesto sus puertos y aeropuertos al servicio de los narcotraficantes que han
establecido rutas aéreas y marítimas para vender sus drogas a Norteamérica y Europa.

Pero eso no es todo. También hay una minería ilegal de oro.

Hace unos meses, salió a la luz una historia muy dramática.

El gobierno venezolano, en asociación con un empresario venezolano que vive en la ciudad de Doral, Florida (donde se encuentra el Comando Sur de los EE.UU.), están explotando minas de oro situadas en las profundidades del Amazonas venezolano.

Estas minas también han sido sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos. Pero este no es todo el problema.

Miles de trabajadores que perdieron sus empleos en la empobrecida economía venezolana se han trasladado al Amazonas para ser empleados en esta industria ilegal.

Además, se ha informado que estas minas son operadas nada menos que por miembros del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional o ELN, por disidentes de otro grupo guerrillero colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por bandas
criminales.

El hecho de que estos dos grupos se identificaran con el marxismo, la igualdad para todos y las voces de la clase obrera no ha impedido que estos revolucionarios “progresistas” exploten a los trabajadores y les impongan severos castigos que constituyen nada menos que flagrantes violaciones de los derechos humanos.

Los mineros, acusados de robar o de violar las normas de las minas, han sido objeto de amputaciones, torturas y asesinatos. El gobierno venezolano y los militares también participan en la realización de
estas atrocidades.

Los mineros trabajan en condiciones infrahumanas y a menudo las amputaciones y asesinatos se realizan a propósito públicamente, delante de otros trabajadores, para que entiendan el mensaje.

Los testigos han relatado cómo vieron a trabajadores sospechosos de robar que les amputaron las manos o les dispararon en las manos. Otros dijeron que los “líderes sindicales” encargados de estas minas amputaron brazos con motosierras, hachas y machetes.

Estas prácticas no son muy diferentes de las utilizadas por ISIS.

Estos trabajadores de la mina también trabajan en terribles condiciones de salud. Están expuestos a los efectos del mercurio. Trabajan 12 horas al día sin ningún tipo de equipo de protección.
Además, se encontraron niños de tan sólo 10 años de edad entre estos trabajadores.

Estas condiciones son mucho peores que cualquiera de las experimentadas por el trabajo industrial en el siglo XIX.

Se informó que el ex vicepresidente venezolano Tareck El Aissami supervisa estas operaciones en nombre del gobierno venezolano.

El Aissami, que está en la lista de los más buscados de la ICE, tiene fuertes conexiones con Irán y Hezbolá y ha facilitado sus operaciones en América Latina.

También ha trabajado estrechamente con Ghazi Atef Nasserdine, un ex diplomático venezolano en Damasco que se encargó de reclutar a jóvenes venezolanos para el entrenamiento paramilitar en los campos de Hezbolá en el Líbano.

Pero hay otro elemento en esta historia.

El oro extraído es contrabandeado y vendido en los Estados Unidos a grandes compañías estadounidenses. Este oro es luego vendido al público americano en forma de joyas u otros artículos que contienen oro, como aparatos electrónicos.

Venezuela se ha convertido en una pesadilla, fuertemente apoyada por Rusia, que ha tomado el control del petróleo venezolano. Por eso aplaudo la decisión de la administración Trump de sancionar a la compañía petrolera rusa Rosneft, que controla más del 70 por ciento de las exportaciones de petróleo venezolano.

Rosneft ha dado a Petróleos de Venezuela (PDVSA) una nueva oportunidad y puede quedarse en Venezuela para siempre, mientras que las empresas estadounidenses pueden verse obligadas a salir de Venezuela indefinidamente, dando más espacio a Rusia para controlar casi todo el petróleo venezolano.

Es importante señalar que El Aissami acaba de ser nombrado presidente de la nueva comisión para reestructurar la asediada industria petrolera del país, incluyendo la supervisión de PDVSA.

En otras palabras, Venezuela no sólo está violando las sanciones, con la copiosa ayuda de Rusia, y encontrando nuevos recursos para comprar la lealtad de los militares y los paramilitares. Venezuela también se ha convertido en un monstruoso estado cleptocrático y asesino que requiere acciones donde las sanciones, aunque exitosas hasta ahora, parecen ser insuficientes.

El 16 de diciembre de 2019, escribí sobre la necesidad de reevaluar nuestra estrategia en Venezuela.

Argumenté que las sanciones generales pueden no ser suficientes.

Necesitamos encontrar maneras de combatir directamente el contrabando y las exportaciones de oro venezolano, así como frustrar la capacidad del régimen de eludir las sanciones actuales.

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El nuevo jefe de petróleos de Venezuela es "un capo de las droga" buscado por EEUU

Por: Ludmila Vinogradoff 
Fuenyte: CatalunyaPress

Su cabeza vale 10 millones de dólares. Tareck El Aissami, encabeza la lista de los más buscados por la justicia de EEUU por narcotráfico, y sin embargo, Nicolás Maduro lo acaba de designar como jefe de Petróleos de Venezuela, PDVSA, lo que ha despertado fuertes críticas en el plano interno e internacional.

Tras las sanciones que impuso el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos a la empresa rusa Rosneft que dirige las operaciones de la petrolera venezolana en los EEUU, el régimen de Maduro se ha visto en la necesidad de tomar medidas en su principal industria de exportación.

“Declaro la emergencia energética de la industria de hidrocarburos a los fines de adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger a la industria de la agresión imperialista”, ha anunciado Maduro en un acto con los trabajadores petroleros.

El Aissami también es el vicepresidente económico. Y su nombramiento es para coordinar una comisión integrada por el ex ministro de Petróleo Asdrúbal Chávez, Manuel Quevedo, el ministro Vladimir Padrino López y el general Remigio Ceballos, miembros del alto mando militar.

Y lo primero que hizo el nuevo jefe de la estatal petrolera fue ordenar a los gerentes para que pusieran sus cargos a la disposición, luego de recibir las instrucciones de Maduro que precisó que la comisión de reestructuración “tendrá todo el poder para iniciar el proceso de cambio, transformaciones y defensa integral de toda la industria petrolera”.

Es como entregar las joyas de la abuela. “Estoy poniendo todo el poder del Estado y de la nación para entrarle a Pdvsa con todo (…) les estoy dando el poder, para que ustedes dirijan y conduzcan la industria petrolera hacia un nuevo modelo de gestión socialista del siglo XXI”, añadió.

La instancia también estará integrada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y Remigio Ceballos, para que sumen “todo el poder” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y “además garantizar la seguridad de todas las instalaciones con un plan nuevo”.

Maduro no debe tener a nadie más de confianza para ocupar la presidencia de PDVSA. Lo que ha hecho es un reciclaje de los pocos ministros de su gabinete que le han jurado lealtad. “Nadie ha querido dirigir a la petrolera por las sanciones”, supimos de varias fuentes.

La producción de la estatal PDVSA, que es el principal motor económico del país, ha sufrido una abrupta caída de 3 millones a 700 mil barriles diarios en los 7 años que lleva Maduro al frente del gobierno. Y desde hace 20 años el régimen chavista la ha convertido en la caja chica para financiar la revolución, la corrupción y a políticos y gobiernos extranjeros.

Pero la polémica designación ha causado malestar en el gobierno de Donald Trump. Michael Kozak, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, criticó que Maduro haya nombrado a Tareck El Aissami como líder de un proceso de reestructuración de PDVSA.

«Poner a Tareck El Aissami, uno de los más buscados de la justicia estadounidense, al frente de la reestructuración de la industria petrolera de Venezuela, es como poner a un pirata a cargo de las fuerzas navales nacionales», comparó Kozak.

El Aissami tiene una orden de captura internacional desde agosto del 2019 emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE). Figura entre los diez hombres más buscados por narcotráfico con una recompensa de 10 millones de dólares a quien ofrezca información sobre su paradero.

El Aissami es un abogado criminólogo de 45 años, de origen sirio y libanés, nacido en Mérida, estado andino. Se autodenomina militante radical del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Entre enero de 2017 y junio de 2018 fue vicepresidente del régimen de Maduro y, por ende, primero en la cadena de sucesión. Y antes fue gobernador de Aragua, estado central, conocido por sus altos índices delictivos y de violencia.

El Aissami es un político radical y extremo. En sus pocas apariciones públicas se ha expresado con palabras que descalifican a los opositores a quienes considera como presuntos “enemigos imperialistas”, en referencia a los Estados Unidos. Ha calificado a los detractores del chavismo como “derecha terrorista criminal” y “burguesía apátrida”.

Estados Unidos incluyó en 2017 a El Aissami en su lista de capos del mercado de drogas, conocida como Lista Clinton, promulgada en 1999 para bloquear las actividades de empresas y personas acusadas de lavado de activos y de vínculos con esa rama criminal.

El Departamento del Tesoro lo denunció por “facilitar cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea militar y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela”, cuando en el 2008 Tareck El Aissami era ministro de Interior y Justicia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, OFAC, lo acusó de usar sus cargos políticos para “supervisar o tener propiedad parcial” de cargamentos de narcóticos de más de 1.000 kilos, “en múltiples ocasiones”, entre México y Estados Unidos como destinos finales.

También está vinculado con el Cartel de los Soles, una organización narcotraficante dirigida por militares venezolanos, que está asociada con PDVSA y la esposa de Maduro, Cilia Flores, debido a los vínculos de su hijo Walter Jacobo Gavidia y sus dos sobrinos con el narcotráfico, según reseña un informe de la fundación Insight Crime.

Por eso «se necesita más presión internacional para liberar al pueblo venezolano del narcoEstado de Maduro», sentenció Kozak.

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Randa Aamer Cuñada del Narcoterrorista Tareck El Aissami Ahora Cabeza de la CVG en Europa

Por: MANUEL CERDÁN Y M.A. RUIZ COLL
Fuente: Ok.Diario
Maduro colocó en Madrid a familiares de su ex n° 2, el ‘narco’ El Aissami, para proteger el botín de Corporación Guayana

El vicepresidente económico de Venezuela Tareck El Aissami y el presidente de la corporación pública CVG, Pedro Maldonado.

El dictador Nicolás Maduro colocó a familiares directos de su vicepresidente Tareck El Aissami –buscado por la Justicia de EEUU por narcotráfico– y de su hombre de confianza Pedro Maldonado en la sede madrileña de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Internacional C.A. para proteger el botín de esta emblemática empresa estatal.

Ahora Maduro cuenta con la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para evitar que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se haga con el control de la filial europea de CVG, que aglutina a las principales industrias del país.

La Asamblea Nacional de Venezuela que preside Juan Guaidó ha puesto en marcha, con el respaldo de la Administración de Donald Trump, un plan para poner a salvo los activos de las grandes empresas estatales venezolanas en el exterior, para evitar que sean expoliadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con esta consigna, la Asamblea Nacional nombró el pasado 20 de agosto a Manuel Enrique Castells como nuevo administrador único de CVG Internacional Filial Europea SL, que tiene su sede en Madrid. Este nombramiento ya ha sido avalado y publicado por el Registro Mercantil español.

Buscado por narcotráfico

El nuevo equipo directivo designado por Enrique Castells tomó posesión el pasado 22 de enero de la sede europea de la corporación CVG, situada en Alcobendas (Madrid), y destituyó a los funcionarios chavistas que trabajaban en estas instalaciones.

Entre las empleadas de la sede madrileña se encontraba Randa Aamer, cuñada del vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, al que Estados Unidos ha incluido en la lista de delincuentes más buscados por la Justicia por sus vínculos con el narcotráfico internacional.
Randa Aamer Maaz

De origen sirio-libanés, Tareck El Aissami constituye además el principal nexo del régimen venezolano con la teocracia iraní (para la que ha trabajado Pablo Iglesias a través del canal internacional Hispan TV) y con grupos terroristas como Hezbolá, según las investigaciones de la Justicia de EEUU.

Considerado como uno de los hombres fuertes del régimen chavista, junto a Diosdado Cabello, Tareck El Aissami ha sido viceministro de Seguridad Ciudadana y Ministro de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela. Nicolás Maduro le nombró en junio de 2018 vicepresidente económico y ministro de Industrias y Producción Nacional. Ahora también es el máximo responsable de PDVSA, la petrolera estatal que pagó varios millones de euros en comisiones a la familia del ex embajador español Raúl Morodo.

Una red criminal con Hezbolá

El Departamento del Tesoro (OFAC) de EEUU incluyó en febrero de 2017 a Tareck El Aissami en su lista negra y congeló todos sus bienes en el exterior (su fortuna está cifrada en 3.000 millones de dólares) por sus vínculos con el narcotráfico y con organizaciones terroristas de Oriente Medio.

El informe del Departamento del Tesoro acusa al vicepresidente de Venezuela de controlar las rutas del narcotráfico que operan desde bases aéreas y puertos del país. El documento señala literalmente que “a lo largo de los años, Tareck El Aissami ha desarrollado una red financiera sofisticada y de múltiples niveles que funciona como un canal criminal terrorista para traer militantes islámicos a Venezuela y a países vecinos, y para enviar fondos ilícitos desde América Latina hasta Oriente Medio”.

Tareck El Aissami colocó en julio de 2018 al frente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) a uno de sus más estrechos colaboradores, Pedro Maldonado, que le ha acompañado en buena parte de su trayectoria política desde que ambos militaron en el movimiento estudiantil Utopia 78.

Durante su etapa como director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Justicia (2007-2009), Pedro Maldonado expulsó del país al director de la prestigiosa ONG norteamericana Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, por denunciar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos del régimen chavista.

El botín de la corporación industrial

En 2010 Hugo Chávez nombró a Maldonado director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). En este cargo, ordenó el cierre de numerosos programas de radio y televisión, por mostrarse críticos con el régimen, e impuso una multa millonaria al grupo de televisión Globovisión, que finalmente cayó bajo el control de los chavistas.

Como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado colocó a su prima María Rosario Falcón Maldonado al frente de la filial europea, con sede en Madrid, de esta empresa estatal. María Rosario Falcón ha sido destituida ahora del cargo por la Asamblea Nacional de Venezuela, que preside Juan Guaidó, y sustituida por el nuevo administrador único de CVG Internacional Filial Europea, Enrique Castells.

Como ha informado OKDIARIO, tras asumir el control de la sede europea de la corporación industrial, situada en Alcobendas (Madrid), la nueva dirección de CVG encabezada por Enrique Castells se ha encontrado un problema añadido: tres entidades financieras españolas se niegan a facilitarle el control de las cuentas bancarias de CVG, en las que hay depositados cerca de 20 millones de euros.

Los chavistas llevan a CVG a la quiebra

El equipo de Juan Guaidó teme que el Gobierno de Pedro Sánchez y la Embajada de Venezuela en Madrid están ejerciendo una presión política para frenar la operación, respaldada por la Casa Blanca, que busca poner a salvo los activos de las grandes empresas públicas venezolanas en el exterior con el fin de evitar que sean saqueadas por los chavistas.

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) aglutina actualmente a 21 empresas públicas, casi todas al borde de la quiebra, dedicadas a la explotación de yacimientos de bauxita (como CVG Bauxilum), su transformación en aluminio (CVG Venalum), la extracción de hierro (CVG Ferrominera), la producción de acero (Sidor) y la explotación de recursos forestales (Maderas del Orinoco).

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domingo, febrero 23, 2020

El Banco Activo de los Oliveros y la corrupción de Venezuela

El banquero venezolano José Antonio Oliveros, cuñado de Jorge Neri, tiene investigaciones abiertas en República Dominicana, Puerto Rico y la fiscalía de Curazao en colaboración directa con el FBI

Por: Roberta Biancarelli
Fuente: Diario16
Mucho hemos hablado de la corrupción en Venezuela en estas páginas, sobre todo en lo referente a la petrolera nacional PDVSA y a la trama liderada por el ex ministro Rafael Ramírez, su cuñado Baldo Sansó y el resto de sus socios. Para poder llevar a efecto la salida de decenas de miles de millones de dólares de Venezuela era necesaria la colaboración o la intervención de entidades financieras, tanto en el país como a través de los contactos de éstas en los correspondientes paraísos fiscales.

Un banco que está ahora mismo bajo investigación es el Banco Activo, cuyo dueño es José Antonio Oliveros Febres-Cordero por la presunta comisión delitos como apropiación indebida, violación a los derechos fiduciarios, estafa, robo y corrupción, entre otros. Oliveros inició su carrera profesional en Banesco, propiedad de Juan Carlos Escotet, de donde salió tras haber sido implicado supuestas operaciones de apropiación de fondos. Además, hay que recordar cómo su nombre apareció en los Papeles de Panamá.

Según informa el diario Por la Noticia, A finales de la primera década del siglo XXI, Oliveros no dudaba en jactarse de la gran amistad que le unía a Baldo Sansó, el cuñado del entonces todopoderoso Rafael Ramírez, ministro y presidente de PDVSA y, gracias a esas relaciones, logró un meteórico ascenso ya que Sansó, según la prensa venezolana, le otorgó más de 20 millones de dólares de PDVSA para la compra del Banco Activo. Según distintos medios venezolanos, el banco pudo haber sido utilizado por la trama de Ramírez para el desvío de fondos de la industria petrolera.

Tras la llegada de Nicolás Maduro al poder, Oliveros ha jugado a varias manos puesto que, según Por la Noticia, realizó negocios con los bolichicos afincados principalmente en España y presuntamente ha financiado a opositores exiliados. Un ejemplo lo encontramos en su relación con la familia de Leopoldo López ya que, mientras éste era alcalde de Chacao, el Banco Activo de Oliveros financió la compra de vehículos para el transporte público.

Oliveros, además, fue cliente y amigo de Matthias Krull, quien en la actualidad se encuentra encarcelado en Estados Unidos por blanqueo de dinero de PDVSA. Según la prensa venezolana, Krull era la persona que presuntamente abría las cuentas de Oliveros en Suiza a las que llegaba el dinero que había sacado de sus propios bancos.

Las diferentes investigaciones de la Justicia de Venezuela obligaron a Oliveros a escaparse del país tras la imposición de medidas cautelares como la prohibición de salir del país y el embargo de sus cuentas. En la actualidad, según la prensa venezolana, vive con su esposa en República Dominicana en una lujosa mansión que paga el banco. Desde ahí se traslada en los aviones de su propiedad a sus centros de trabajo en Madrid, Miami, Puerto Rico o Nueva York.

Por otra parte, según indica el diario Por la Noticia, Oliveros está siendo investigado por presunta corrupción y estafa en la intención de compra del Gyro Bank en la Isla de Curazao, en donde estaría supuestamente involucrado en el pago de sobornos al presidente del Banco Central de esa isla, por 1,5 millones de dólares para la concesión del mismo. En esta investigación participa el FBI, ya que, presuntamente, se utilizaron fondos de un banco americano para corromper a un funcionario extranjero. Según la información obtenida por el mismo diario del Banco Central de Curazao, a pesar de que la compra fue autorizada, la recomendación del presidente fue que no se autorizara, dado que existían elementos que vinculaban la relación de Banco Activo y José Antonio Oliveros con el Gobierno de Venezuela.

El cuñado de Oliveros es Jorge Neri Bonilla, empresario venezolano afincado en Madrid, quien, según la prensa de Venezuela y la documentación que obra en poder de Diario16, fue la mano derecha de Baldo Sansó, el cuñado de Rafael Ramírez. Sansó fue, según medios venezolanos y fuentes de la oposición, uno de los cabecillas que sacó miles de millones de dólares del país.

Oliveros, además del Banco Activo, tiene negocios y empresas en España, además de un gran patrimonio inmobiliario, según refiere la prensa venezolana. El diario Por la Noticia expone algunas de ellas:

La empresa Inversora Salamanca 2014 SRL es la propietaria del Edificio Margarita, en la calle Somera 5, en la lujosa zona de La Florida en Madrid, donde actualmente tiene sus oficinas corporativas la multinacional de la alimentación McDonald’s.

Otra empresa de Oliveros, Inversiones Turpial SLU es propietaria de un apartamento en la Calle Ortega y Gasset de Madrid valorado en 2 millones de euros y que está hipotecado por el propio Banco Activo, hecho que se repite con la propiedad que tiene en la calle Jorge Juan de Madrid, valorada en más de 4 millones de euros, a nombre de Gorlio Enterprises.

Red de corrupción de Banco Activo y jueces

Por otro lado, según ha publicado Por la Noticia, han salido a la luz una serie de grabaciones en las que el primo de José Antonio Oliveros, Ángel Álvarez Oliveros, admite claramente que controla tanto a los jueces de Caracas como de la Fiscalía, principalmente a todos aquellos que instruyen causas por blanqueo, estafa o asociación para delinquir contra el Banco Activo y su familia.

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sábado, febrero 22, 2020

La Policía requisa un dosier sobre Podemos a un ministro de Chávez investigado por blanqueo

Por: Liliana Ochoa y Tono Calleja
Fuente: VozPupuli

Los agentes se incautaron de la documentación durante el registro al domicilio de Nervis Villalobos, imputado por los supuestos sobornos de Duro Felguera a políticos venezolanos y por el presunto saqueo a PDVSA
El exministro venezolano Nervis Villalobos tenía en su domicilio un dosier sobre dirigentes de Podemos Clara Rodríguez

El 22 de junio de 2017, agentes de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ingresaron al domicilio de Nervis Villalobos, quien fuera ministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006. Lo hicieron por orden del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en el marco de la investigación sobre el blanqueo de capitales de fondos presuntamente procedentes del saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA). En aquel registro se incautaron de documentos varios, entre los que constan contratos de la petrolera con empresas de la familia de Raúl Morodo -exembajador de España en Caracas-. Requisaron, también, un dosier sobre dirigentes de Podemos. 

El informe consta en una de las cajas del sumario del caso Morodo. Fuentes cercanas a la causa explican a Vozpópuli que forma parte de la información que se remitió desde el juzgado madrileño a la Fiscalía anticorrupción y posteriormente al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas, sin embargo, aclaran que el dosier -tras ser analizado- se desestimó de la investigación y que ya no guarda relación alguna con la causa que se sigue contra la familia del que fuera representante del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

De Pablo Iglesias a Juan Carlos Monedero

Son 28 folios con 78 perfiles redactados con información de fuentes abiertas. Pablo Iglesias,Irene Montero,Íñigo Errejón. Todos aparecen acompañados con su respectiva fotografía y datos de nacimiento, así como con datos referentes a su ficha académica o laboral. La mayoría de los señalados fueron diputados por Podemos y sus partidos aliados durante la XI Legislatura en el Congreso de los Diputados o en las Cámaras autonómicas. 

También figuran miembros de la formación e integrantes del Consejo Ciudadano de Podemos. Juan Carlos Monedero Fernández, Jorge Verstrynge Rojas, Luis Alegre Zahonero. En ninguna de las páginas consta membrete alguno. Ni fecha. Ni autoría. Cuatro de los 28 folios solo recogen una lista de nombres. 

De todos los señalados solo dos son ajenos al partido de Pablo Iglesias: el exembajador Raúl Morodo y su hijo, Alejo Morodo. "Pese a no ser diplomático de carrera, ha sido 'embajador político' en tres ocasiones", se dice sobre el excargo de Exteriores. De los 78 nombres solo dos se vinculan en la base de datos al chavismo: Jorge Verstrynge y Alejo Morodo.

Sobre el politólogo y ex secretario general de Alianza Popular, se destaca que fue invitado al "foro militar sobre guerra de cuarta generación y conflicto asimétrico" realizado en la Academia Militar de Venezuela en 2005 y que es autor del libro La guerra periférica y el islam revolucionario, publicación que -según el dosier- "indica la aceptación de sus ideas dentro del pensamiento institucional venezolano". En el caso de Morodo, se hace referencia a la información publicada en 2016 por El Español sobre los contratos que mantuvo con PDVSA. 

Los papeles de Nervis Villalobos

El hallazgo en casa de Nervis Villalobos convierte al exministro venezolano en el vínculo entre las tres causas relacionadas con Venezuela que se siguen en la Audiencia Nacional: la de la familia Morodo, a cargo del juez Santiago Pedraz; la de los supuestos sobornos de Duro Felguera a funcionarios venezolanos, dirigida por el magistrado Ismael Moreno; y la del caso del presunto saqueo a PDVSA, responsabilidad de la juez María Tardón tras la inhibición del juzgado número 41 de Madrid.

Villalobos fue detenido en dos ocasiones en Madrid y actualmente se encuentra en libertad provisional. Es requerido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a petición de la Fiscalía del país caribeño, que acusa al excargo de utilizar su "influencia en los círculos de poder" para organizar un sistema de comisiones en relación a contratos público de la petrolera.

El exministro venezolano también está solicitado por el tribunal de Distrito Sur de Texas (Estados Unidos), que pretende juzgarle por delitos de conspiración para cometer blanqueo de dinero, conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero y blanqueo de dinero. Según las pesquisas del Principado de Andorra, Villalobos formaría parte del denominado Grupo Salazar, vinculado a Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo Rafael Ramírez, quien -según declaró el propio Márquez en sede judicial- se reunió con Raúl Morodo en sus oficinas de PDVSA. 

"Hallazgo casual"

El dosier de Podemos fue parte de aquel "hallazgo casual" de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que describe la fiscal Ana Cuenca en su querella contra el exembajador, su esposa, su hijo y su nuera. Aquel descubrimiento motivó la ampliación de la investigación para incluir a los venezolanos Juan Carlos Márquez, Carlos Prada, Ana Korina Ulloa, Marisol Varela y su entorno empresarial en el caso sobre la "recepción de fondos no justificados desde PDVSA y la utilización de mecanismos similares para intentar dotarlos de apariencia legal y desvincularlos de su origen presumiblemente ilícito".

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viernes, febrero 21, 2020

Los bolichicos llenan España de dinero blanqueado

Ningún organismo público parece tener intención de detener el flujo de millones de euros procedentes de paraísos fiscales que son presuntamente blanqueados en España a pesar de la existencia de informes policiales que así lo demuestran

Por: Roberta Biancarelli
Fuente: Diario 16
La llegada a España de los millones que salieron de la corrupción en PDVSA fue bien recibida por el anterior gobierno del Partido Popular. Fueron muchos los ciudadanos de ese país que se aprovecharon de la ley de «visados de oro» para instalarse en las zonas más exclusivas de las principales ciudades de España.

La cantidad total del dinero que se sacó de Venezuela en los últimos años de vida de Hugo Chávez, cuando su grave enfermedad provocó que personajes como Rafael Ramírez tomaran el control de la economía del país renunciando a las esencias del socialismo bolivariano, es imposible de calcular. Sin embargo, parece existir un consenso de que podría estar en el entorno de 500.000 millones de dólares que fueron a parar, principalmente, a paraísos fiscales desde donde se introdujeron en países como Estados Unidos, Portugal y, sobre todo, España.

Cuando Nicolás Maduro asumió el poder y llevó consigo a su propia «corte de corruptos», estos bolichicos recalaron primeramente en Estados Unidos donde pensaron que iban a tener la misma impunidad que tras la Revolución Cubana disfrutaron los disidentes cubanos en Florida. Sin embargo, no fue así y varios de ellos fueron detenidos. Esta situación hizo que buscaran nuevos destinos y se encontraron con España donde, por la crisis económica y la explosión de la burbuja inmobiliaria, se buscaban inversores extranjeros. Ahí fue cuando se aprovecharon de las disposiciones incluidas en la Ley 14/2013 en la que se estableció un programa de visados especiales para ciudadanos extranjeros que invirtieran inicialmente 1 ó 2 millones de euros en deuda pública, acciones o participaciones de sociedades estatales o en fondos de inversión o de capital riesgo constituidos en España. Sin embargo, lo que atrajo a estos venezolanos que se habían enriquecido de la corrupción de PDVSA fue la disposición que indicaba que también obtendrían dicho visado aquellos que adquirieran inmuebles por valor igual o superior a 500.000 euros o que tuvieran un proyecto empresarial que fuera a ser desarrollado en España y que fuera considerado y acreditado como de interés general.

A partir de ahí, comenzó el desembarco y nombres como el de Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Jorge Neri, Luis Carlos de León, Rafael Reiter o César Rincón Godoy, por citar algunos, ya que hay varios cientos de ellos paseando tranquilamente por Madrid, Barcelona, Ávila o Toledo. Algunos de ellos iniciaron proyectos empresariales que, según el Registro Mercantil, generan pérdidas millonarias que son utilizadas como argumento para introducir el dinero en España desde paraísos fiscales en Asia, la UE o América. Algunos de estos bolichicos, además, presumen de una supuesta insolvencia al no tener a su nombre ninguna propiedad.

Según indican distintas investigaciones en curso, en algunos casos nos hallamos ante entramados societarios por los que el dinero fluye hasta llegar a España a través de transferencias millonarias cuyo origen estuvo en la PDVSA de Rafael Ramírez o en alguna de sus filiales. Por ejemplo, se habla de traspasos de fondos desde la petrolera venezolana por un valor cercano a los 10 millones de euros a sociedades en paraísos fiscales de la UE que, con el tiempo, iniciaron una ruta a través del entramado societario antes citado y que, ineludiblemente, terminaron en cuentas de España.

Ante una situación así, sorprende que los órganos judiciales y políticos de España no actúan de oficio y sin esperar a que haya acciones interpuestas en los tribunales, o, lo que es peor, que esas acciones se produzcan sólo cuando desde terceros países se reclama a alguno de estos bolichicos.

Mucho de ese dinero que salió de la corrupción de PDVSA, liderada por Rafael Ramírez, su cuñado Baldo Sansó y sus socios, además de con la colaboración del banquero Oliveros (cuñado de Jorge Neri), ha sido utilizado para la compra de bienes inmuebles en las zonas más exclusivas principalmente de Madrid. Los barrios de Salamanca, El Viso, Retiro o urbanizaciones como La Moraleja o La Finca se han llenado de ciudadanos venezolanos, que mucha pinta de refugiados políticos no tienen, porque éstos no se suelen hidratar a base de Dom Perignon o alimentarse de las viandas más caras que hay en el mercado. Distintas investigaciones indican que, en algunos casos, se realizaron transferencias de varias decenas de millones de euros desde paraísos fiscales como Liechtenstein para la adquisición de esos inmuebles.

También se da el hecho de que, según dichas investigaciones, algunos bolichicos aún mantienen sociedades activas en Venezuela pero que están implantadas o que tienen cuentas bancarias en Estados con una fiscalidad especial, como Irlanda, o que mantienen actividades financieras en Estados Unidos. Un ejemplo de ello lo hallamos en la empresa Sinergia Total, que realizó órdenes de pago superiores a los 3 millones de euros, dinero que posteriormente llegó a España para ser utilizado utilizado en la compra de una exclusiva vivienda.

Da la casualidad, además, de que estos ciudadanos venezolanos, estos bolichicos, como de dinero andan sobrados, no dudan en comprar influencias en todos los ámbitos profesionales y de poder. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que el «Pollo» Carvajal, ex jefe de inteligencia de Venezuela, se fugara horas antes de ser detenido? ¿Quién le dio el chivatazo de la decisión adoptada por la Audiencia Nacional? Fuentes de la oposición venezolana en Caracas y en Estados Unidos consultadas por Diario16 citan el nombre de una persona muy influyente en los tribunales, aunque, de eso, ya hablaremos en otro momento.

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