El islam, Maduro y las FARC: las conexiones del populista con cariz dictatorial Bukele PRESIDENTE DE EL SALVADOR

Fuente: La Gaceta

El populista con cariz dictatorial Nayib Bukele tiene 61 diputados electos en el Congreso (de 84), un poder casi absoluto que le permitirá a partir del mes de mayo el control del Poder Judicial (nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General), elegir funcionarios de segundo grado y poder aprobar préstamos y más deuda, entre otras medidas.

El contexto de su ascenso

Bukele, que cuenta con índices de aprobación superiores al 80% y llegó a encabezar algunos ranking de los mandatarios mejor valorados, fue alcalde de San Salvador de 2015 a 2018 impulsado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), formación de la que fue expulsado en 2017. En 2019, se valió del declive de los partidos tradicionales, del partido de derecha ARENA y del propio FMLN, para alcanzar la presidencia.

ARENA, que gobernó durante cuatro periodos (de 1989 a 2009) con un modelo económico que se aproximaba a tintes liberales, con cercanía hacia Estados Unidos y con mucho apoyo del sector privado, no logró sentar bases sociales suficientes para abandonar la pobreza en el país y el FMLN, que ganó en 2009 con un discurso de ruptura con el pasado de la derecha, se vio involucrado en grandes escándalos de corrupción. Dicho contexto provocó que El Salvador se enfrentara a un periodo de desencanto con la política tradicional que abrió paso al liderazgo caudillista de Bukele.

Sus hermanos, Twitter y su vinculación hacia el Islam

Hoy gobierna junto a sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef, que componen el núcleo principal de un clan familiar que acompaña a Bukele en la mayoría de sus decisiones. No tienen oficialmente ningún puesto público, pero son los negociadores y estrategas del Gobierno.

Además, Bukele ha hecho de la red social Twitter en su principal medio de comunicación. Es habitual que comunique despidos en altos cargos o nombramientos a través de dicha red social. Y fue fotografiado rezando en una mezquita, lo que habla de su vinculación con el Islam. Por algo su padre, Armando Bukele, fue presidente de la Asociación Islámica Árabe.

Su carácter caudillista motivó que, por ejemplo, el diputado Ricardo Velásquez Parker, de ARENA, presentara una iniciativa ante la Asamblea Nacional para declarar su incapacidad mental. “No podemos dejar el timón de esta nave republicana a un enfermo”, añadió.

Maduro, las FARC y las exigencias de la OEA

El padrino político de Bukele, aunque él ha negado toda vinculación, es José Luis Merino, líder del FMLN y el hombre de los terroristas de las FARC en El Salvador. Además, recientemente American Enterprise Institute (AEI) presentó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos un informe en el que señala que el régimen chavista en Venezuela continúa influyendo sobre el Gobierno de El Salvador y que Bukele guarda relación “con algunos de los más preocupantes criminales de la región”.

Ante la tensión que el personaje genera, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le ha propuesto una batería de reformas legales para prevenir su corrupción, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de funcionarios..

En concreto, la CICIES propone reformas a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, el Código Penal y el Procesal Penal, así como a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Además, una reforma o derogación a la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a la Ley de Ética Gubernamental y a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita.

Dinero español para formar a niños terroristas

Al Qaeda recibió grandes sumas de la trama que dirigía el jefe del Islam en nuestro país

Por: J.M. ZULOAGA

Fuente: La Razón - España

Ayman Adlbi

Estaba en su despacho de la Mezquita de Estrecho, en Madrid. Entraron los agentes de la Comisaría General de Información (cgi). Mantuvo aparentemente la tranquilidad. Ayman Adlbi, presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), les preguntó a qué se debía su presencia. «Está usted detenido» (por un delito de financiación del terrorismo, y se le leyeron sus derechos). Mantuvo la misma actitud, como si no le sorprendiera lo que ocurría.

Adlbi, junto con su gestor, Mohamed Hatem Rohaibani Sleik ,también arrestado, miembro de la Unión de Centros Islámicos (UCIDE), están acusados de estar al frente de una organización que desviaba fondos para financiar a Al Qaeda. Utilizaban la ONG «humanitaria» Al Bashaer, a la que se vinculada con una filial de Al Qaeda en Siria. Se les han intervenido 130.000 euros en efectivo. Un caso más que demuestra la importancia que para los yihadistas que operan sobre el terreno tienen las ayudas que vienen del exterior. Les vale todo, la micro y la macro financiación.

Los arrestados, según fuentes antiterroristas, se valían de organizaciones islámicas que se mueven en el entorno de ellos para pedir contribuciones con el fin de ayudar a los niños huérfanos que causa el interminable conflicto sirio. Esos menores existen en realidad y los fieles entregaban el dinero de buena fe, entre 20 y 500 euros, pero eran otros menores y adolescentes a los que iba destinado: los que reciben enseñanza en varios centros con el fin de convertirles en futuros «moujahidines», combatientes. Si dramático es el terrorismo, la manipulación de seres humanos que, por su edad, son más vulnerables, demuestra el grado de fanatización y falta de escrúpulos de los cabecillas de las bandas yihadistas. La «educación» impartida se centraba en la enseñanza del Islam, en su interpretación más radical, la Sharía y el entrenamiento en la «lucha armada». Muchos de ellos son hijos de yihadistas muertos en combate y les ponen a sus padres como ejemplos a seguir.

Cuando el asunto de la utilización de menores ha saltado a los medios informativos, se han producido veladas acusaciones de islamofobia. La realidad coloca a dada uno en su lugar.

No sólo Al Qaeda, sino también el Estado Islámico, consideran fundamentales los centros para la formación de menores como futuros terroristas. Desde el comienzo del «califato» de Abu Bark Baghdadi, esos «colegios» se organizaron a lo largo del territorio conquistado. Se citan estos ejemplos, porque son ilustrativos y porque, en definita, una banda nace de la otra, cuando decide escindirse: los mismos perros, con distinto collar.

En abril de 2015, LA RAZÓN daba cuenta del contenido del número 8 de la revista «DABIQ», órgano de prensa de Isis. Bajo el título de «Los leones del mañana», aparecían las fotografías de dos adolescentes que, según los yihadistas, asesinaron de un tiro en la cabeza a tres «espías»: dos rusos y un israelí. De paso, anunciaban que tenían en marcha «institutos» para formar a los jóvenes militar y religiosamente. «A medida que el Estado Islámico continua su marcha contra las fuerzas de la incredulidad, existe una nueva generación esperando con impaciencia el día en que ella sea llamada a tomar la bandera de Imán». Según datos de la propia organización, el sistema educativo consistía en que la enseñanza fuera obligatoria para los niños entre los seis y los 18 años; y para las niñas, entre 6 y 15 años. El número de alumnos llegó a superar los 100.000. A partir de los 9 años, eran admitidos en los campos militares y el entrenamiento, similar al de los adultos, incluía todas las disciplinas.

Una declaración de intenciones, el reconocimiento de una realidad, que pone en valor la importancia de la operación de la CGI, porque el dinero que recaudaba la organización desmantelada iba destinado a centros similares de Al Qaeda. Es cierto que las dos bandas están enfrentadas, se combaten de una manera feroz en diversas partes del mundo, en especial en el Sahel, pero, al final, comparten, métodos y objetivos aunque con estrategias y tácticas diferentes.

La mezquita de Estrecho se había convertido en su centro neurálgico de actuación. No es difícil imaginar lo fácil que resultaba recaudar fondos para quiénes lo hacían desde su privilegiados puestos en la CIE y la UCIDE, en una clara utilización de ambas organizaciones que, como tales, no han sido responsabilizadas por la Policía. El presidente de la CIE, por su prominete puesto en la comunidad islámica española, se podía reunir con entidades oficiales, gozar de un prestigio institucional. Si se confirman las evidencias que la CGI ha reunido contra él, algo que deberá resolver la Justicia, se demostrará que estamos ante un caso grave de utilización de entidades islámicas, algo que deberán resolver también los propios musulmanes. No se podrán quejar dos de los detenidos ,entre ellos Adlbi, del trato que les ha dado la Policía de «Al Andalus», como llaman a España, que por razones humanitarias. El gestor de los fondos, que se enviaban a través de una ONG. ha sido el único que, de momento, ha ingresado en prisión

Cártel de Sinaloa incrementó su presencia en Venezuela: ONU

Por: P. Hernandez

Fuente: Meridiano Mx.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes brindó su informe 2020, donde destacó la identificación de pistas de aterrizaje y despegue de presuntas aeronaves del Cártel de Sinaloa en los límites de Venezuela con Colombia.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que el Cártel de Sinaloa ha incrementado su presencia en países de Sudamérica, específicamente en Venezuela, país que de acuerdo a la investigación se ha convertido en el mayor puerto de embarque de cocaína.

“El Gobierno venezolano comunicó que ese año había decomisado 23 aeronaves ligeras y destruido 36 pistas de aterrizajes clandestinas. La mayoría de las que hay en ese país quedan en el Estado de Zulia, limítrofe con la región del Catatumbo en Colombia, zona importante de fabricación de cocaína”, se lee en el informe.

Por otra parte, la JIFE señala que otras organizaciones han identificado hasta 400 pistas de aterrizaje y despegue de aeronaves en la región, en las cuales se transportan drogas desde la llamada República Bolivariana de Venezuela hasta países como El Salvador y Honduras.

Así mismo, destacan que en la zona de Zulia han construido centros de tránsito y recogida de estupefacientes, con el apoyo del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, mismo que ya amplió sus actividades hacia Venezuela.

En el mismo informe la JIFE destaca que el 2020 presentó un año de retos para la cooperación internacional contra el narcotráfico, debido a las complicaciones que originó la pandemia, sin embargo gracias al Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas se siguen generando estrategias para mitigar el tráfico de drogas.

Venezuela es un “paraíso para narcotraficantes” y eso afecta seguridad de EEUU: Craig Faller

Fuente: ND

El almirante y jefe del Comando Sur de EEUU, Craig Faller, aseveró este jueves que la administración de Nicolás Maduro “ha permitido” que Venezuela se convierta en “un paraíso para los narcotraficantes”, lo que afecta la seguridad de Estados Unidos.

“El régimen ilegítimo de Maduro abusa de su propia gente, lo que ha tenido un efecto desestabilizador en el hemisferio, obligando a su propia población a hacer un éxodo y tener que ir a otros países como Trinidad y Tobago o Colombia”, expresó Faller, según reseñó Centro de Comunicación Nacional.

Además sostuvo que “el propio Maduro se beneficia de eso. ¿Tiene un impacto negativo en la seguridad de Estados Unidos?. Por supuesto”.

El funcionario alertó que al mismo tiempo Venezuela “se ha convertido en un refugio para narcotraficantes, eso ha crecido exponencialmente el tráfico de drogas y minería ilegal”.

Finalmente, Craig Faller informó como el Comando Sur de EEUU tiene información de aeronaves, navíos cubanos que han servido como medios para transportar sustancias ilícitas.

No obstante, el representante del Comando Sur no mencionó nada en torno a los enfrentamientos entre las Fanb y supuestos disidentes de las Farc en el estado Apure, que ha generado diversos daños en la entidad y ha provocado que más de 3 mil venezolanos se vieran obligados a desplazarse a Colombia.

Militares venezolanos estarían protegiendo negocio del narcotráfico en frontera: Mindefensa

Fuente: RadioNacional.CO

Diego Molano

El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, señaló que los enfrentamientos que se vienen registrando entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y disidencias de las Farc, en la zona fronteriza de Venezuela con la región de Arauca, obedecen a una disputa por el negocio del narcotráfico en la que también intervienen actores como el Eln y la Narcotalia, según información de inteligencia.

“Lo que se evidenció fueron combates entre las fuerzas militares venezolanas en contra de las disidencias de las Farc, pero se pregunta uno por qué eso no se da con los otros dos grupos narcocriminales que existen allí, como el Eln y la Narcotalia, y pareciera que está protegiendo es el negocio del narcotráfico y no ninguna defensa de los ciudadanos”, sostuvo.

En entrevista con Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia, el jefe de cartera aseveró que Arauca está constituido como un corredor, donde hace presencia el Eln, buscando afectar el desarrollo de las rutas que pueden ser utilizadas por los otros grupos armados en esa zona.

“Aquí lo que hay es una disputa entre todos por lo que está sucediendo con el narcotráfico, incluyendo las reacciones de la Fuerza Bolivariana, que parece que tuvieran no una defensa de la soberanía, sino una protección del negocio del narcotráfico”, afirmó.

El funcionario señaló que las Fuerzas Militares están preparadas para desmantelar esas organizaciones, proteger a los araucanos y ayudar con la compleja situación humanitaria que se presenta en el municipio de Arauquita, donde ya hay más de 4 mil personas desplazadas, entre las que están cerca de 500 colombianos.

“El Ejército está operando a plena capacidad allí en Arauca, hemos incremento el pie de fuerza de 700 a 2 mil unidades allí en el borde de frontera y sigue operando por supuesto sigue operando la Fuerza de Tarea Quirón con más de 6 mil 500 destacados allí en el departamento de Arauca para dar garantía y protección a todos los ciudadanos”, sostuvo.

El ministro Molano informó que el Ministerio del Interior, Migración Colombia y la Oficina del Programa de Atención al Migrante van a realizar este sábado un Puesto de Mando Unificado en la zona, al igual que se desarrollará un consejo de seguridad con el fin de reforzar cualquier medida de protección.

“También vamos a desarrollar nuevos mecanismos de protección, dependiendo de las decisiones que tomemos mañana en le consejo de seguridad, pero hay presencia de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, anotó.

Exfuncionario de Citgo admite que recibió $7 millones en sobornos

Fuente: Informe21

Un ciudadano de doble nacionalidad venezolana y estadounidense, que ejerció como directivo en la Corporación Petrolera Citgo, se declaró culpable esta semana por su rol en el lavado de millones de dólares en sobornos y actos de corrupción para proveer de ventajas de negocios a terceros, informa VOA.

La oficina del Fiscal del sur de Texas, adscrita al Departamento de Justicia, informó que José Luis De Jongh Atencio, de 48 años, admitió haber recibido cerca de siete millones de dólares en pagos de sobornos a cambio de lograr que empresarios y compañías del rubro petrolero procuraran contratos con Citgo, una subsidiaria de la estatal petrolera venezolana PDVSA, con sede en Houston.

“También los proveyó (a empresarios y compañías involucradas) de otras ventajas de negocios”, añade el comunicado del Departamento de Justicia.

Los actos de corrupción ocurrieron entre 2013 y 2019, cuando ocupaba el cargo de procurador y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo.

De Jongh admitió haber recibido depósitos de sobornos a las cuentas bancarias de empresas fantasma que controlaba en Panamá y Suiza de parte de los empresarios José González Testino, de doble nacionalidad (estadounidense y venezolana), y Tulio Farías Pérez, venezolano, residente de Houston.

“En algunas instancias, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. De Jongh lavó los procesos de sobornos a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos y de entidades internacionales”, describe la nota oficial del Departamento de Justicia.

“Usó los fondos para comprar inmuebles en el área de Houston. De Jongh también recibió sobornos en la forma de regalos y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluyendo boletos a un juego de la Serie Mundial (de las Grandes Ligas de béisbol) en 2014, del Super Bowl en 2015, y de un concierto de U2”, banda irlandesa de rock, detalló la justicia estadounidense.

El fiscal del sur de Texas precisó que González y Farías introdujeron en tribunales su admisión de culpabilidad en conexión con el caso de De Jongh.

Posible condena de 20 años

El juez del distrito, Gray H. Miller, aceptó la confesión de culpabilidad del exfuncionario de Citgo y anunció que dictará sentencia el próximo 19 de agosto. De Jongh enfrenta hasta 20 años de prisión por el cargo de conspiración para lavar dinero en los Estados Unidos, que admitió el pasado lunes.

Como parte del acuerdo con la fiscalía del sur de Texas, el acusado aceptó entregar cerca de tres millones de dólares incautados en sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró gracias a sus procedimientos corruptos.

El Departamento de Justicia subrayó que ha imputado cargos contra 28 individuos como parte de una importante investigación de corrupción en PDVSA, que aún está en vigencia. Veintidós de los procesados se han declarado culpables de participar en esos delitos, destacó el organismo estadounidense.

La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Houston lidera las indagaciones sobre PDVSA, con la asistencia de sus pares de Boston y Miami.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Fiscalía General de Panamá también han brindado su ayuda en la investigación, señaló el comunicado.

En noviembre pasado, se conoció que De Jongh sería procesado en enero de este año mediante un juicio de banco, como se conoce en Estados Unidos a un proceso sin jurado. Un gran jurado federal había aprobado hasta seis cargos en contra del venezolano estadounidense, en julio del año pasado.

Estados Unidos ha jugado un rol principal en las investigaciones de corrupción de parte de funcionarios del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que Washington desconoce como presidente del país suramericano.

La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y la organización no gubernamental Transparencia Venezuela denunciaron en 2019 que en los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Maduro se defalcaron 300.000 millones de dólares en actos que han catalogado como “la gran corrupción". 

EEUU: No permitiremos que vinculados al régimen de Maduro vivan en nuestro territorio

Fuente: Noticias Digital 

James Story

El embajador de EEUU para Venezuela, James Story, advirtió este miércoles que las autoridades norteamericanas trabajan para ubicar en su país a personas vinculadas al «régimen» de Nicolás Maduro porque a su juicio, no deben tener la oportunidad de vivir fuera de Venezuela sino que tienen que vivir la tragedia «que ellos crearon».

«Las personas que han utilizado su posición dentro de Venezuela para hacer sufrir al pueblo de Venezuela no deberían tener oportunidades de vivir fuera de la nación. Tomamos en serio el hecho de que sabemos que algunas personas se encuentran fuera de su país, y sus familiares también, y siempre estamos tratando de ubicar a esas personas, porque no deberían radicar fuera de Venezuela. Deberían vivir la tragedia que ellos crearon dentro de Venezuela», afirmó en entrevista a Vpitv.

Story detalló que está en Miami para trabajar con organismos del Departamento de Justicia, de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para ello.

«Las personas que han robado al pueblo de Venezuela, que son miembros del régimen, sus familiares, las personas que han hecho tanta tragedia en Venezuela, no tienen que buscar refugio en EEUU ni tampoco en otros países. Vamos a seguir trabajando para que no tengan esa oportunidad», sostuvo.

Explicó que países como Colombia, Brasil y España también investigan el paraderos de personas ligadas al chavismo en sus territorios: «Esas personas no deberían gozar de una vida mejor y gastar una plata robada del pueblo de Venezuela», aseveró.

Hace unas semanas, las autoridades de Estados Unidos expulsaron al diputado Javier Bertucci, perteneciente a la cuestionada Asamblea Nacional electa el 6D.

Anteriormente, había prohibido la entrada a su país a Bernabé Gutiérrez, señalado de ser «diputado alacrán», al exministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, entre otros.

Prisión para el tesorero de la Unión de Comunidades Islámicas de España por financiar el terrorismo a través de una ONG

Fuente: StickNoticias

En La Foto Ayman Adlbi

La red financiaba un centro en Siria dedicado a la enseñanza más radical de la Sharía y donde se entrenaba a niños en la lucha armada

El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el tesorero de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), de 61 años, al que se le imputa un delito de pertenencia a organización terrorista y otro de financiación del terrorismo, según fuentes jurídicas consultadas.

Esta decisión llega después de que haya sido puesto a disposición judicial, y tras tomarle declaración. El tesorero, que además tenía la capacidad de gestionar las cuentas de otras asociaciones, como la Asociación de Musulmanes de España (AME), es uno de los tres detenidos en la operación policial desarrollada este martes.

Los otros dos, entre los que se encuentra el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Ayman Adlbi, quedaron en libertad a la espera de que el magistrado decida si les cita en sede judicial para declarar.

Estas mismas fuentes jurídicas, señalan que el tesorero de la UCIDE (organización ubicada en el Centro Islámico Mezquita Abu Bakr de Madrid) podría estar colaborando con una ONG que estaría facilitando ayuda económica a facciones yihadistas que son filiales o que han servido a los intereses de Al Qaeda en Siria. Así, formaría parte de una red de personas que se coordinaron durante años para organizar y trasladar desde España dinero a esas facciones.

Para esa operativa de recaudación de fondos, se creó una dinámica fraudulenta con el fin de obtener sumas de dinero de decenas de personas residentes en España y que en su mayoría desconocían quienes eran los beneficiarios últimos del dinero que aportaban en campañas de caridad.

Según esta fuentes, tanto el detenido como los otros dos investigados se valieron de su posición de influencia en la gestión del Centro Islámico Mezquita Abu Bakr en Madrid –la Mezquita Central de Madrid–, ubicada en la calle Anastasio Herrero en el barrio de Tetuán. De hecho, el tesorero habría utilizado recursos de varias asociaciones musulmanas interconectadas entre sí y ubicadas en ese centro para recaudar esos donativos bajo la apariencia de ayuda humanitaria a huérfanos.

UNA ONG VINCULADA CON UN GRUPO TERRORISTA

Ese dinero recaudado, o parte de él, se hacía llegar con posterioridad de forma opaca a una ONG denominada Organización Humanitaria Al Bashaer, que esta vinculada a la organización terrorista yihadista Yeish al Islam, que ha llegado a operar como filial de Al Qaeda en Siria.

Este mismo jueves, la Policía Nacional ha emitido un comunicado informando de la detención de esas tres personas, dos en Madrid y una en Santa Cruz de Tenerife, por su presunta participación en un delito de financiación del terrorismo, y apuntando que la investigación, declarada secreta, permanece aun abierta.

Indican asimismo que los arrestados están acusados de recaudar donativos solidarios haciendo uso de los recursos de una asociación cultural y dirigir una parte a zonas ocupadas por milicias de Al Qaeda con el objetivo de sufragar a sus combatientes.

Añaden que la investigación policial, que se ha llevado a cabo por agentes de la Comisaría General de Información (CGI), ha sido coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número 6. Para ello, se ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Ceuta –a nivel nacional– y de la agencia policial EUROPOL, a nivel internacional.

Desde la Policía explican que la operación se desarrolló el pasado martes, que se han realizado cuatro entradas y registros, y que en los mismos se ha intervenido numerosa documentación, dinero, efectos y soportes técnicos que están siendo analizados por los investigadores.

DINERO PARA INSTRUIR MUYAHIDINES

La investigación comenzó hace dos años cuando los especialistas en la lucha antiterrorista, a raíz de una operación realizada en 2019, tuvieron conocimiento de la existencia de una red de financiación que desde España y valiéndose de esa ONG que tiene actividad en la zona de conflicto sirio, enviaba dinero para financiar a combatientes yihadistas de Al Qaeda.

La Policía indica que tras las pesquisas iniciales, los agentes comprobaron como dichas actividades delictivas se desarrollaban por personas vinculadas a un centro islámico de Madrid. Y que parte de la recaudación era destinada a sufragar los gastos de un centro escolar para niños huérfanos situado en zona de conflicto, cuyas actividades se centraban en el adiestramiento de futuros muyahidines.

La educación impartida se centraba en la enseñanza más radical de la Sharía y el entrenamiento de los niños en la lucha armada, motivándolos a continuar la actividad terrorista de sus padres muertos en combate.

Por su parte, el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Ayman Adlbi, uno de los tres detenidos este martes, rechazó este mismo miércoles las sospechas “infundadas” que llevaron a su detención, y aseguró que confiaba en la Justicia y defendió su cometido como representante de los musulmanes en España.

Fuentes de la Comisión Islámica de España informaron a Europa Press que los agentes tomaron declaración a Adlbi y registraron su despacho y su domicilio.

Inteligencia colombiana revela la ruta de narcotráfico de disidentes de las Farc en Apure: NTN24

Por: Jhoan Meléndez

Fuente: ND

Un informe de la inteligencia de Colombia al que accedió NTN24 revela la ruta de narconegocio en Venezuela que mantiene la disidencia de las Farc llamada ‘Narcotalia’. En él, vinculan al presunto testaferro de Diosdado Cabello.

Estos guerrilleros tendrían campamentos en Zulia, Táchira, Guárico, Cojedes, Barinas, Bolívar, Amazonas y Apure, siendo este último fundamentalmente estratégico para dicha de narcotráfico por su ubicación.

Es en Apure donde la inteligencia colombiana ubica a Iván Márquez, estado donde confluye tal ruta para sacar droga desde Colombia, siendo Arauca la ruta de salida de la cocaína.

La droga sería sacada por vía fluvial a través del río Arauca, pasando por Puerto Caracol y posteriormente por Puerto Colombia.

Ya dentro de Apure, el transporte continúa por Puerto Infante y de ahí hacia Elorza a través del río Orichuna. Es al suroccidente de la ciudad donde está el principal punto de recepción de drogas, específicamente en el municipio Rómulo Gallegos.

Una vez dentro de esa localidad, el informe resalta que los cargamentos de drogan llegarían precisamente al Hato Peñalero, el cual pertenecería a Otilio Peñaloza Moreno, a quien señalan de ser socio y testaferro de Diosdado Cabello.

Dicha ruta del narcotráfico de la Narcotalia se amplia desde El Yagual a Achaguas hasta llegar a San Fernando de Apure.

NTN24 ya había revelado hace unas semanas un video de Jesús Santrich, quien habría amenazado de muerte a Iván Duque desde territorio venezolano.

«Memento mori, Duque (Recuerda que morirás). A todo procusto le llega su deseo, es decir que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos», dijo Santrich.

Adicionalmente, la Revista Semana presentó fotos donde además de Santrich y Márquez, otros guerrilleros como Romaña y Paísa estarían en Apure.

Los nueve conglomerados criminales de Nicolás Maduro

VENEZUELA ES UN POLVORÍN QUE AMENAZA A TODO EL CONTINENTE

Por: Nitu Pérez Osuna

Fuente: La Gaceta

A mediados del año pasado, la organización Transparencia Venezuela publicó un impresionante informe de 146 páginas, titulado: Crimen organizado y corrupción en Venezuela, un problema de Estado, disponible en este enlace.

El documento arroja luces sobre la verdadera naturaleza del régimen de Nicolás Maduro y, aunque Transparencia Venezuela no hace propuestas de corte político, la conclusión implícita es evidente: el régimen venezolano no puede ser tratado como un gobierno –ni siquiera como uno ilegítimo– sino como una organización criminal con tentáculos internacionales, que pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de toda la región.

En efecto, el informe inicia expresando que: “El crimen organizado y la corrupción en Venezuela se han convertido en un problema de Estado que no solo mantiene en constante peligro a la población venezolana, sino que sus efectos han traspasado fronteras, especialmente hacia países de América Latina”

Transparencia identifica y describe 9 bloques de crimen organizado en Venezuela: 1) Las megabandas criminales. 2) Los seudosindicatos de la construcción, petroleros y los mineros. 3) Los “colectivos” armados y violentos. 4) Los “pranes” y sus organizaciones carcelarias. 5) Fuerzas Bolivarianas de Liberación o “Boliches”. 6) Holding de la corrupción. 7) Traficantes de drogas. 8) FARC, ELN. 9) Las bandas criminales BACRIM.

La investigación arroja que “estos bloques conviven en Venezuela en diferentes niveles de tensión y armonía junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las policías nacionales, regionales y municipales, así como otros organismos del Estado. Algunos controlan territorios y han creado micro estados en el país. Estas expresiones delictivas, en su mayoría, materializan un tercer tipo de primitivismo que es considerado el criminal, que se caracteriza por ser violento, atroz y perverso, que disfruta del daño producido”.

Queda claro, al entrar al análisis de los 9 bloques, que el régimen de Maduro tiene una responsabilidad directa en la creación de los mismos.

Las megabandas criminales

Crecieron y se consolidaron debido a las llamadas zonas de paz “decretadas por el régimen de Nicolás Maduro en 2013. Resultaron ser un factor determinante, ya que el régimen les dio reconocimiento, legitimación oficial y además les otorgó un territorio sin presencia policial para consolidar la actividad delictiva”.

Para obtener respaldo popular, estas megabandas “distribuyen parte de su botín entre la comunidad. Por ejemplo, la carga de un camión que transporta alimentos, previamente robado. Este tipo de acciones, que se producen ante la ausencia total del Estado, muchas veces logran el apoyo de buena parte de la gente hacia estos delincuentes”.

Transparencia asegura que, aparte de las megabandas, existen alrededor de 18.000 bandas delictivas de menor tamaño, que mantienen azotada a la población.

Los seudosindicatos de la construcción

Nada tienen que ver con las organizaciones o sindicatos de trabajadores que luchan y defienden los derechos de sus agremiados. Estos “son en realidad bandas criminales que extorsionan a los trabajadores de este sector para conseguirles empleos en las obras que se estén ejecutando. Por supuesto, esto tiene una contraparte en la extorsión que realizan contra los encargados o jefes de las obras de construcción, amenazándolos para que solo contraten a los obreros que ellos les indiquen y a veces también, por ejemplo, para que compren los materiales solo a determinada compañía”.

Al igual que ocurre con las megabandas, estos seudosindicatos criminales pudieron crecer y consolidarse debido a la creación en el año 2016 del denominado Arco Minero, se trata de “casi 112.000 kilómetros, que incluyen parte de los estados Bolívar, Amazonas, Apure y Delta Amacuro, que -–más allá de lo que diga su texto– pareciera representar la oficialización de la explotación ilegal del oro y la destrucción de la naturaleza en buena parte del territorio nacional”.

Los colectivos

En cuanto al tercer conglomerado, tristemente se hicieron famosos en el mundo por sus ataques despiadados contra la población desarmada, durante las grandes marchas opositoras de 2014 y 2017. Tal como dice el informe se trata de “grupos paramilitares o parapoliciales creados para hacer el trabajo sucio de una dictadura o gobierno autoritario, contra la población civil que lo adversa… Se estima que hoy pueden contar con alrededor de 8 mil hombres desplegados en los distintos estados y municipios de Venezuela”.

Transparencia explica que “en su accionar, estos grupos gozan de total impunidad con un apoyo evidente de autoridades de alto nivel. Si por alguna razón llegan a ser detenidos por un cuerpo de seguridad, inmediatamente son liberados –a veces sin siquiera ser presentados en tribunales–, mientras que los policías que se atreven a actuar, pueden ser sancionados y hasta destituidos”.

Los pranes

El cuarto bloque, también conocido como “preso rematado asesino nato” es producto de “el abandono del Estado dentro de las cárceles del país, lo que produjo el surgimiento de una poderosa figura criminal denominada PRAN, es decir, el líder de la pandilla criminal que controla el territorio del penal”.

Los pranes obtienen ingresos por la venta de drogas, alcohol y hasta alimentos, así como por el manejo de los juegos de azar y la prostitución dentro de la cárcel. Pero “igualmente obtienen grandes recursos por los delitos que se ejecutan y planifican en el interior de los penales y que son cometidos en la calle, tales como sicariatos, secuestros, cobro de rescate por vehículos robados o hurtados y también extorsiones y estafas a través del uso de la telefonía celular e internet”.

Su poder proviene del arsenal que manejan. “Regularmente consiste en fusiles, ametralladoras, pistolas y hasta granadas, que evidentemente son ingresadas a la cárcel con la complicidad de efectivos corruptos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodian el perímetro del recinto penitenciario” y de otros funcionarios gubernamentales.

Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación

Este es un “grupo guerrillero que se financia principalmente a través de la extorsión a ganaderos y a empresas en la frontera con Colombia. También utiliza los cruces fluviales para contrabandear ganado y gasolina a Colombia, y ha participado en la extorsión a migrantes, a quienes les cobran para permitirles pasar por trochas a la nación neogranadina. El control de las economías criminales por parte del FBL proviene de sus vínculos con las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos del estado Apure”.

El Holding de la Corrupción

Este sexto bloque corresponde a una escandalosa estructura nacional e internacional de corrupción, constituida por “integrantes del funcionariado público, empresarios privados, banca internacional, consultores y bufetes de abogados –nacionales y de otros países– que se han beneficiado de la actividad delictiva. Venezuela ha sido desangrada por la corrupción rampante que ha existido en los últimos 20 años. Ingentes recursos, principalmente derivados de la exportación petrolera, le han sido saqueados al pueblo venezolano”.

El más reciente informe de Transparencia Internacional, publicado en 2018, ubicó a Venezuela en el puesto 176 de un total de 180 naciones que presentan mayor corrupción en el planeta. 180 es el más corrupto, así que Venezuela esta muy cerca de ser el primero del mundo; ya lo es en América Latina.

“La corrupción en Venezuela ha adquirido tales dimensiones internacionales, que fiscalías, tribunales y parlamentos de más de 20 países han abierto -hasta agosto de 2019- un total de 50 investigaciones”, dice el informe.

Ahora bien, en el primer trimestre de 2020, Transparencia Venezuela elevó la cifra hasta 78 investigaciones por corrupción con fondos venezolanos. “La suma de US$ 29.900.609.098,39, es la estimación del daño causado a la nación para mediados de 2019, cifra que va en franco ascenso en la medida que se revelan más desfalcos contra la nación. Se estima que la red de la corrupción venezolana tiene presencia en más de 70 países”.

El narcotráfico

“Venezuela en estos últimos 20 años del chavismo se ha convertido en uno de los puentes del narcotráfico más importantes del planeta. Tanto por vía aérea como marítima, son varias las toneladas de drogas que año tras año salen de nuestro territorio”, dice el informe de Transparencia.

Más adelante añade: “Recientemente la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, en el período de sesiones llevado a cabo en Ginebra en febrero de 2020, presentó un informe que indica que en Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales. Varios funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro están en la lista de la Oficina de Control de Asuntos Extranjeros (OFAC), del Departamento de Estado de Estados Unidos, acusados de ser cómplices o por estar involucrados de alguna manera con el tráfico de drogas”.

FARC y ELN

El octavo grupo se refiere a los movimientos guerrilleros colombianos que operan impunemente en territorio venezolano con el apoyo del Estado, y desde donde planifican atentados en contra de Colombia.

“Según Insight Crime, durante el conflicto colombiano Venezuela brindó a los guerrilleros corredores de narcotráfico clave y lugares para huir de la presión de las fuerzas de seguridad colombianas, realizar adiestramiento militar y reabastecer su arsenal de guerra”. 

El informe de Transparencia recuerda, además, que en 2019 cuando en Caracas se realizó el encuentro anual del Foro de São Paulo, Maduro aseguró que Iván Márquez y a Jesús Santrich, dos de los principales líderes de las FARC, “son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son dos líderes de paz (…) La FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir”.

“Pocos días después de esta declaración, Iván Márquez y Jesús Santrich –desde algún lugar de Venezuela– anunciaron mediante un video su regreso a las actividades guerrilleras”, dice el informe.

Bandas criminales o BACRIM

“Existen varias Bacrim operando hoy en Venezuela. Entre otras se pueden mencionar a las Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños, la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo. Las BACRIM tienen fundamentalmente centrado su ámbito de acción en los estados Táchira, Zulia y Apure, dedicadas a cobrar vacunas a muchos comerciantes, ganaderos o industriales y también al secuestro y al sicariato”. La investigación también arroja que los BACRIM controlan algunas de las trochas por las que pasan los migrantes venezolanos que huyen hacia Colombia, ante el cierre de las fronteras cobrándoles una especie de peaje.

Si a la actuación de estos nueve conglomerados criminales, apoyados por el régimen de Nicolás Maduro, se le añade la intervención de Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía, y grupos fundamentalistas islámicos como el Hezbollah, llegamos a la conclusión de que Venezuela es un polvorín en pleno estallido, que amenaza con incendiar a todo el continente americano.

Luego de analizar concienzudamente estas informaciones, se evidencia por qué es un absurdo pretender una solución en Venezuela mediante la negociación o el diálogo con Maduro. Solo una acción internacional basada en la Convención de Palermo en contra de la delincuencia organizada trasnacional podría liberar a Venezuela de estos bloques criminales en expansión.

Aviones, minería, narcotráfico y presidentes

Por: Investigación 

Fuente: El Periódico 

Un ciudadano argentino propietario de una mina en Guatemala fue acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico por el Gobierno de Estados Unidos. Este empresario habría financiado y proporcionado aeronaves a varios candidatos presidenciales.

El nombre de Federico Andrés Machado salió a relucir el 27 de enero pasado durante una citación en el Congreso de la República como presunto responsable de la explotación de una mina ilegal en Camotán, Chiquimula, donde estarían extrayendo oro y plata.

Pero este ciudadano argentino con inversiones en minería, construcción y desarrollo de proyectos turísticos en Guatemala, tiene problemas más graves y urgentes que atender: el 24 de febrero pasado fue acusado por el Gobierno de Estados Unidos junto con otras siete personas de integrar una organización que entre 2012 y el 18 de diciembre de 2020 conspiró con narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México para enviar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos. 

Los acusados son Federico Andrés Machado, dueño de South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing con sede en Fort Lauderdale, Florida; Debbie Mercer-Erwin propietaria de Aircraft Guaranty Corporation (AGC) fundada en Onalaska, Texas, y Wright Brothers Aircraft Title (WBAT); su hija Kayleigh Moffett, ejecutiva de AGC y WBAT; Guillermo García Méndez de GM Aviation, una filial de AGC en México; Carlos Rocha Villaurrutia, dueño de Texton Enterprises LLC, TWA International Inc., y Ford Electric Co., con sede en Cheyenne, Wyoming; Michael Assad Marcos, dueño de Global Jets LLC, Jetnet LLC y Projects Inc; Alban Gerardo Azofeifa Chacón, un expolicía y piloto aviador costarricense, y Aaron Bello-Millian, un piloto aviador mexicano, estos dos últimos fueron capturados por el Ejército de Guatemala el 17 de diciembre de 2019, luego de aterrizar un jet Gulfstream III cargado con 2 mil 572 kilos de cocaína en el Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén.

Además Machado, Debbie Mercer-Ewin y su hija Kayleigh Moffett, habrían lavado al menos US$350 millones de 2016 a diciembre de 2020, según las investigaciones de la fiscalía estadounidense. Por esto son acusados de cinco delitos: conspiración para manufacturar y distribuir cocaína, conspiración para fabricar y distribuir cocaína sabiendo que esta iba a ser llevada de manera ilegal a Estados Unidos, manufactura y distribución de cocaína con el conocimiento de que esta sería ingresada de manera ilegal a Estados Unidos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico.

La investigación de la fiscalía inició tras una publicación de la cadena de televisión WFAA en 2019, la cual reveló que Aircraft Guaranty Corp., (AGC) tenía registrados más de 1 mil aviones en Onalaska, Texas, un pueblo de apenas 3 mil habitantes, que no tiene aeropuerto.

La investigación documentó que varios aviones que se habían estrellado con cocaína en distintos países de latinoamérica, eran resguardados por AGC bajo la figura de un fideicomiso para poder mantener la matrícula estadounidense, mientras sus propietarios eran extranjeros a quienes era casi imposible identificar aún para las autoridades, debido a los vacíos legales existentes y la forma de resguardar las aeronaves bajo un fideicomiso.

Machado aparece en escena

Con la investigación de la fiscalía, además de AGC y las dueñas de la empresa que la habían adquirido en 2015, entró en el radar de las autoridades Federico Andrés Machado, propietario de South Aviation Inc., y Pampa Aircraft Financing, empresas asentadas en Florida y dedicadas a la renta, compraventa e intermediación para la compra de aeronaves.

Para entonces, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (DHS) también estaba indagando sobre las múltiples aeronaves vinculadas al narcotráfico que se encontraban registradas bajo el fideicomiso de AGC.

Machado ya había estado vinculado al narcotráfico desde 2011 cuando un avión de su empresa supuestamente arrendó a los hermanos Juliá en Argentina, sirvió para transportar 944.5 kilogramos de cocaína a España. Machado salió indemne de esta investigación porque presentó documentación que mostraba que el avión había sido arrendado. 

Según la acusación de la fiscalía estadounidense, la estructura integrada por Machado, Mercer-Erwin y Assad, permitió que decenas de aviones fueran adquiridas por narcotraficantes de distintos países entre ellos César Gastelum Serrano, un narcotraficante colombiano condenado en Estados Unidos, que junto a su hermano fue en algún momento el máximo proveedor de drogas para el Cartel de Sinaloa y a quien Marllory Chacón Rossell ayudó a lavar decenas de millones de dólares y al final también contribuyó a condenarlo en Estados Unidos con sus declaraciones.

Gastelum, según una investigación de la organización Insight Crime, financió la campaña del expresidente Álvaro Colom por medio de un emisario que envió desde Honduras, en donde tenía su centro de operaciones hasta antes de ser detenido en 2015 en México.

El avión con matrícula N311BD cuyo dueño real era Gastelum, estaba resguardado bajo el fideicomiso de AGC, y fue localizado en Belice con 2 mil 320 kilos de cocaína en febrero de 2020.

De igual manera sucedió con un avión localizado en Petén a finales de enero de 2020, cuya matrícula real era N305AG y estaba registrado en AGC. Días después de que se conoció la incautación de la aeronave, una de las propietarias de AGC transfirió el avión a Arrendadora THH S.A. de C.V. tras hacerse viral un video en donde el avión despegaba en medio de la selva. AGC llenó un formulario para fingir la venta de la aeronave y pedir que se cancelara el registro de la Oficina Federal de Aviación (FAA).

El esquema Ponzi y la mina en Guatemala

La fiscalía también acusa a Machado de planificar un “Esquema Ponzi”, que es un sofisticado esquema de estafas consistente en conseguir inversionistas haciéndoles creer que los recursos se invertirán en actividades lícitas, cuando en realidad el nuevo dinero se usa para pagar ganancias a inversores anteriores, mientras tanto, los fondos sirven a la estructura para diversos propósitos ajenos a lo establecido en la inversión que se ofrece.

En ese caso Machado y Mercer-Erwin hacían creer a los inversionistas que estaban por comprar un avión que en la mayoría de ocasiones no estaba en venta o simplemente no existía.

En componenda con los otros actores, Machado recibía los depósitos en garantía de distintos interesados y utilizaba los recursos para otros propósitos.

Según explicó el fiscal federal que investigó el caso, Ernest González, a la WFAA, “Los investigadores encontraron que se enviaron millones de dólares a Machado, quien estaba canalizando parte del dinero hacia una mina de minerales en Guatemala”.

En Guatemala, Machado tiene vínculos con las empresas mineras Atlas Universal, S. A., Minas del Pueblo, S. A., Agregados La Montaña, S. A., y la cantera El Porvenir; además de empresas de alimentos, construcción y desarrollos inmobiliarios en Izabal.

Amigo y financista de políticos

Políticos guatemaltecos confiaron a elPeriódico que Federico Machado había estado detrás del financiamiento de varios candidatos a la Presidencia como a diputaciones; uno de estos candidatos habría sido el exmandatario Jimmy Morales, a quien Machado le habría prestado uno de sus aviones para concluir un viaje, esto luego de que el avión en el que viajaba sufrió desperfectos mecánicos.

Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE, que fiscaliza el caso de la explotación minera ilegal en Chiquimula, declaró en una conferencia de prensa el 28 de enero, que Machado le prestó en varias ocasiones su helicóptero privado al expresidente Jimmy Morales, además de un jet.

Las fuentes también aseguran que el mismo Machado se ufanó en distintas ocasiones, que él había apoyado financieramente tanto a la excandidata a la Presidencia Sandra Torres, como al actual presidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, ni Machado ni sus empresas aparecen oficialmente en los listados de financistas de ninguno de los dos políticos, aunque ambos omitieron reportar el financiamiento pese a lo establecido en la ley.

Estas no habrían sido las primeras veces que Machado financió una candidatura de un político, según el medio argentino El Político, Machado era el mecenas de José Luis Espert, un político argentino de ideología liberal que buscó la Presidencia en las elecciones de 2019, en donde quedó en sexto lugar con apenas el 1.47 por ciento de los votos.

Espert según El Político, agradeció a “Fred Machado” por el excelente vuelo que tuvo, luego de viajar en un avión de este a la presentación de su libro en una provincia argentina, previo a las elecciones presidenciales. Machado habría prestado además vehículos al excandidato presidencial argentino por medio de un familiar, de acuerdo a la publicación.

Algunos medios argentinos vinculan además a Machado con el Kirchnerismo.

Por ahora en el país, los únicos que han mencionado al argentino son los diputados de la UNE, mientras en el Ministerio de Energía y Minas se hablaba solo en voz baja de Fred Machado, el minero acusado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

Los vínculos con la extracción ilegal de minerales

La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunció la extracción ilegal de minerales en Chiquimula desde enero pasado, en donde según la denuncia de los diputados, el argentino Federico Andrés Machado estaba detrás de la explotación ilegal por medio de dos de las empresas con las que está vinculado en el país.

Machado, acompañado de hombres armados habría llegado en varias ocasiones a Chiquimula a regalar bolsas de alimentos a los vecinos de la mina para tratar de evitar que presentaran denuncias.

elPeriódico, pudo documentar que al menos uno de los trabajadores detenidos, así como dos camiones que sacaron ilegalmente minerales del caserío El Pato, Chiquimula, estaban vinculados directamente con Minas del Pueblo S.A., propiedad de Machado.

elPeriódico logró documentar que el camión placas C-130BHL detenido por las autoridades en Chiquimula, así como el de placas C-029BLK se encuentran a nombre de Minas del Pueblo S.A. Mientras que César Rolando Tubaj Chó, uno de los capturados vinculados a la extracción ilegal de minerales estaba contratado por la empresas Minas del Pueblo, según los registros públicos a los que tuvo acceso elPeriódico.

El avión de Baldetti adquirido bajo AGC

Los narcos no son los únicos clientes de Aircraft Guaranty Corp., también existen empresarios honorables, y políticos como la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

De acuerdo con los registros de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el jet N371CF conocido como la balita que utilizaba Roxana Baldetti, estaba registrado a nombre de Aircraft Guaranty Corp., Trustee desde el 24 de diciembre de 2010; la empresa que según su página web ayudaba a registrar aviones ante la FAA a clientes que no podían cumplir con los requisitos de la ciudadanía estadounidense. 

El jet que sirvió a Baldetti para realizar decenas de viajes por Estados Unidos, México, Centroamérica, e incluso llevó a Otto Pérez Molina en varios viajes presidenciales entre ellos a Nueva York, Colombia y Honduras, fue vendido el 11 de septiembre de 2015 luego de que se conociera que el aparato había sido comprado por Baldetti con dinero obtenido de sobornos. 

En la transacción realizada en la República de Panamá; se desconoce quienes fueron las partes que comparecieron en la operación.

La tarde del 24 de noviembre de 2015, el avión realizó un vuelo de 42 minutos, despegando del Aeropuerto William P. Hobby y recorrió la bahía de Texas para aterrizar en la misma terminal de Houston.

Tres días después, la aeronave fue vendida a Integra Aircraft Sales, LLC., creada el 17 de junio de 2015.

Integra Aircraft Sales, LLC era representada por Mark B. Goldstein representante legal en otras 90 empresas y por Terry R. Johnson que figuraba en 13 sociedades más.

Menos de un mes después, el 25 de diciembre de 2015 la aeronave volvió a ser vendida. La fiscalía guatemalteca nunca volvió a tener noticias sobre el avión, que en la actualidad opera en Estados Unidos bajo la empresa Beech Transportation Inc., con sede en Minnesota, Estados Unidos.

Los narcoaviones que aterrizaron en Guatemala

El Gobierno de Estados Unidos acusa a Debbie Mercer-Erwin, dueña de Aircraft Guaranty Corp., (AGC), a Carlos Rocha Villaurrutia, propietario de Texton Enterprises y TWA International, y a Federico Machado, de liderar una red que ayudó a narcotraficantes a comprar y registrar aviones en EE. UU., para traficar drogas desde 2012 a diciembre de 2020 desde Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala y México hacia EE. UU.

CASO 1

El 6 de junio de 2019 el Ejército encontró un avión Piper Navajo con matrícula N454SC abandonada en el Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén. La aeronave cuya matrícula real era N35531 era propiedad de Texton Enterprises LLC, con sede en Cheyenne, Wyoming, EE. UU. que la compró el 14 de diciembre de 2019 pero nunca la registró ante la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) por lo que no tenía permiso de volar. El 15 de febrero de 2019 el avión presentó un plan de vuelo de Fort Worth, Texas a Tampico, México. Texton no presentó a la FAA una licencia de exportación de la aeronave.

CASO 2

El 25 de octubre de 2019 un jet Rockwell Sabreliner con matrícula N465BC se accidentó en Sipacate, Escuintla, con 1,522 kilos de cocaína y armamento a bordo. El jet fue comprado el 16 de agosto de 2019 por TWA International Inc., con sede en Cheyenne, Wyoming, EE. UU. que lo registró a su nombre en la FAA. El 19 de agosto de 2019 TWA presentó un plan para volar de Memphis, Tennessee a Mérida, México. El mismo día que el avión se accidentó en Guatemala, TWA presentó una solicitud a la FAA para dar de baja la aeronave y exportarla a México.

CASO 3

El 27 de enero de 2020 el Ejército persiguió a un jet Raytheon Hawker 800 con matrícula N305GA que aterrizó en el Parque Nacional Laguna del Tigre, San Andrés, Petén. Tras un enfrentamiento con un grupo de narcotraficantes que huyeron, decomisaron el avión con 1,700 kilos de cocaína a bordo, valorados en Q200 millones. El avión estaba registrado desde el 5 de mayo de 2012 por Aircraft Guaranty Corp., con sede en Onalaska, Texas, EE. UU. el 31 de enero de 2020. Kayleigh Moffett, directora de AGC, transfirió la propiedad del avión a la Arrendadora THH. El 20 de enero de 2020 Moffett presentó una factura de venta a la FAA y solicitó cancelar el registro. Era la tercera vez que usaban el avión para transportar drogas (había aparecido en abril de 2018 en Belice y en noviembre de 2019 en Venezuela).

CASO 4

El 27 de octubre de 2018 un lujoso jet Gulfstream II con matrícula N530GA aterrizó en Vista Hermosa, Ixcán, Quiché, cerca de la frontera con México. Cuando el Ejército llegó la aeronave ya había sido consumida por las llamas. Estaba acondicionada para transportar drogas. El avión fue comprado por TWA International y registrado bajo su nombre en la FAA. El 6 de junio de 2018 Carlos Rocha Villaurrutia presentó un plan de vuelo de Chino, California, a Tijuana, México. Al 11 de diciembre de 2020 el avión aún estaba registrado a nombre de TWA.

CASO 5

El 17 de diciembre de 2019 un lujoso jet Gulfstream III con matrícula N939RR ingresó a cielo guatemalteco y aterrizó en el Parque Nacional Laguna del Tigre. El Ejército lo siguió y encontró a un grupo descargando la aeronave. Tras un enfrentamiento capturaron a siete personas, entre ellos, los pilotos aviadores Aaron Bello-Millán, mexicano, y Albán Azofeifa Chacón, costarricense, quien resultó herido en el tiroteo. El Ejército decomisó 2 mil 572 kilos de cocaína, valorados en US$40 millones. El avión fue comprado el 11 de enero de 2017 por Texton Enterprises y registrado ante la FAA a su nombre. El 29 de mayo de 2018 Carlos Rocha Villaurrutia, propietario de Texton, canceló el registro del avión para exportarlo a México, pero no hizo ningún expediente de exportación.

Azofeifa trabajó en el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica entre febrero de 2008 y marzo de 2010, pero fue despedido por ausentismo. En febrero de 2019 Azofeifa fue capturado por la Policía costarricense en las playas de Guanacaste, junto a un mexicano, un colombiano y otros cinco costarricenses cuando transportaban droga en un vehículo, que estaba a poca distancia de una pista clandestina, pero se desconoce por qué motivo fue liberado. Azofeifa residía en México. Su esposa fue cónsul de Costa Rica en Houston, EE. UU.

Narcotráfico trasnacional 2020

Informe de la DEA evidencia que los lavadores con sede en Cali coordinan la recepción de ganancias de las drogas ilícitas en varias ciudades de EE.UU.

Por: Andrés Espinosa Fenwarth

Fuente: Portafolio

La evaluación anual de la amenaza de las drogas ilícitas de la DEA publicada la semana pasada muestra la cruda realidad y los desafíos de seguridad nacional que enfrenta nuestro país por cuenta y riesgo del narcotráfico. El informe confirma que la cocaína colombiana domina el mercado de Estados Unidos, cuya capacidad de producir y comercializar este maldito alcaloide se mantuvo intacta durante la pandemia. Según la DEA, el cultivo de coca en Colombia creció ligeramente en el último año de 208.000 hectáreas a 212.000 hectáreas. La producción potencial de cocaína pura de origen nacional también aumentó de 877 a 936 toneladas métricas.

Después de la firma del acuerdo de paz, el control del cultivo y el tráfico de drogas ilícitas en Colombia pasó de la antigua guerrilla de las Farc al Clan del Golfo, la retaguardia ‘fariana’ y el ELN. Estas transnacionales del crimen operan como empresas delincuenciales estructuradas y centralizadas, que controlan la producción y la exportación de cocaína colombiana, mientras que los carteles mexicanos, principalmente de Sinaloa, son los responsables de su ingreso y distribución en EE. UU.

Desde su origen a mediados de la década del 2000, el Clan del Golfo, Urabeños o Clan Úsuga, mantiene la base de operaciones en su región natal de Urabá. A partir de allí, este cartel del narcotráfico envía toneladas de cocaína, vía marítima, a Panamá y otros países de América Central.

Debido a los exitosos esfuerzos antidrogas del actual Gobierno, las disidencias guerrilleras de las Farc y el ELN traspasaron una parte significativa de sus actividades de tráfico de drogas ilícitas a Ecuador y Venezuela, que sirven de santuario, bodegaje y principal ruta de transporte marítimo en lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras, semisumergibles autopropulsados, aeronaves y carga comercial aérea y marítima. De acuerdo con la DEA, el 76% del tráfico de cocaína de nuestro país sale del Pacifico colombo-ecuatoriano hacia Centro América y México para EE. UU. El 16% se moviliza desde el Caribe, vía Panamá, a la costa este norteamericana y el 8 por ciento restante va desde Venezuela por el corredor caribe hacia Europa y Asia.

Los informes de la DEA advierten que los carteles colombianos reciben aproximadamente 10 mil millones de dólares anuales por la venta de drogas ilícitas, equivalente al doble del resultado bruto operacional de Ecopetrol del año pasado. El narcotráfico es la primera actividad económica y criminal del país. Los principales mecanismos de lavado de dinero son el mercado negro de pesos, el contrabando y las criptomonedas. El informe de la DEA evidencia que los lavadores con sede en Cali coordinan la recepción y la consignación bancaria de las ganancias de las drogas ilícitas en Boston, Chicago, Houston, Miami y Nueva York, cuyos fondos luego se transfieren al exterior al amparo de operaciones comerciales con aires de legalidad.

FBI descubrió red de narcotráfico en Texas que apunta a Venezuela y al cartel de Sinaloa

Fuente: AmeicaTEVE

Hace aproximadamente un año, un avión privado fue incautado en Belice con 2.310 kilogramos de cocaína lo que se consideró la mayor redada de cocaína en la historia del pequeño país.

Las autoridades habían rastreado la aeronave desde Venezuela hasta que aterrizó en una pista improvisada en un área remota de Belice, informó News 5.

El piloto y los pasajeros que pudieran haber estado a bordo se habían ido cuando la policía llegó al avión; el mismo fue incautado y permanece bajo la custodia del gobierno de Belice.

Las autoridades afirman que la nave y otros similares están conectados a una empresa fundada en Texas.

Durante años, Aircraft Guaranty Corporation registró miles de aviones en Onalaska, una pequeña ciudad del este de Texas sin aeropuerto, señalan las autoridades.

Una investigación federal sobre estos registros expuso una compleja conspiración internacional de tráfico de drogas con un estimado de 350 millones de dólares en actividades delictivas durante los últimos cinco años, dicen las autoridades.

Un gran jurado federal en el Distrito Este de Texas acusó al propietario de Aircraft Guaranty Corporation y otros en el esquema, según una acusación revelada la semana pasada.

Una investigación de 2017 realizada por el equipo de investigación Spotlight del Boston Globe reveló que a la compañía estaba conectada un avión que se estrelló contra una casa en Venezuela, ocasionando la muerte de cuatro personas dentro de la vivienda y tres a bordo del avión.

El avión pilotado por un narcotraficante convicto y cargado con efectivo fue registrado en Onalaska por Aircraft Guaranty Corporation, informó el periódico.

Los ciudadanos no estadounidenses pueden registrar aviones con la Administración Federal de Aviación si el avión está en un fideicomiso administrado por un fideicomisario estadounidense.

“A cambio de entrar en este arreglo, el extranjero recibe un codiciado número de cola ‘N’ para su avión”, escribieron los fiscales federales en Texas en la acusación revelada la semana pasada. “Este número ‘N’ es valioso porque es menos probable que los países extranjeros inspeccionen una aeronave registrada en los EEUU para verificar su aeronavegabilidad u obliguen a derribar una aeronave estadounidense”.

La investigación de Spotlight reveló que el sistema permite a delincuentes y gobiernos extranjeros ocultar actividades ilícitas.

En 2019, la estación de televisión de Dallas WFAA informó que Aircraft Guaranty Corporation registró más de 1,000 aviones en Onalaska, una mayor cantidad de aviones que los registrados en ciudades como San Antonio, Seattle o San Diego.

Ernest González, un fiscal federal en el Distrito Este de Texas, le dijo a WFAA que su investigación provocó la investigación criminal de la empresa. “No estaban investigando en absoluto, y algunos de estos aviones estaban siendo puestos en manos de narcotraficantes”, dijo González a WFAA.

Por ejemplo, el avión incautado en Belice era propiedad de un narcotraficante de Sinaloa, México, quien transfirió el avión a Aircraft Guaranty Corporation un año antes de que fuera descubierto con una carga de cocaína, dicen las autoridades. Una búsqueda “simple” en Google podría haber proporcionado información relacionada con el arresto del hombre, dicen las autoridades.

La acusación incluye otros ejemplos de narcotraficantes que utilizan aviones registrados por la empresa para contrabandear cocaína y efectivo.

Debbie Mercer, de 58 años, propietaria de Aircraft Guaranty Corporation, y otras siete personas fueron acusadas de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, conspiración para cometer lavado de dinero, para cometer fraude electrónico, violaciones de exportación y de registro federal que involucran aeronave.

Si son declarados culpables, los acusados ??enfrentan desde 10 años y hasta cadena perpetua por los cargos de conspiración de drogas y hasta 20 años por las violaciones de lavado de dinero, exportación y fraude electrónico.

“No se puede exagerar la amenaza que representa el crimen transnacional”, dijo el fiscal federal interino para el distrito este de Texas, Nicholas J. Ganjei, en un comunicado de prensa. “El uso de aeronaves registradas en los Estados Unidos por estas organizaciones criminales y sus redes de asociados representa un peligro claro y presente para la seguridad de nuestra nación”.

La ruta del régimen de Nicolás Maduro

La ruta del régimen de Nicolás Maduro para sacar casi 300 toneladas de oro de las reservas de Venezuela en un avión ruso, según denuncia

Fuente: UNIVERSO 

Una trama que solo en 2020 habría implicado la extracción de lingotes del Banco Central de Venezuela en ocho vuelos que se hicieron en un avión ruso.

La oposición venezolana acusó al presidente Nicolás Maduro de haber vendido a discreción cerca de 300 toneladas de oro que formaban parte de las reservas del país, en una operación que, según la denuncia, le ha permitido acceder a un millón de euros sin que se conozca el destino de ese dinero.

“Es una operación que podemos llamar ‘oro por euros’ (...) Maduro maneja discrecionalmente todo este dinero”, dijo, en una rueda de prensa telemática, el exdiputado Julio Borges. 

Se trata, explicó, de una trama que solo en 2020 implicó la extracción de lingotes, que estaban en el Banco Central de Venezuela (BCV), en ocho vuelos que se hicieron a través de un avión ruso “que pertenece a una compañía que le presta servicios personales a (el presidente ruso, Vladimir) Putin”.

La misma aeronave, prosiguió Borges, volaba hasta Mali, donde descargaba el oro venezolano, que luego era llevado a una refinería cercana al aeropuerto maliense para ser derretido y, posteriormente, trasladado a través de otro avión, en este caso de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En Mali, siempre según la denuncia de la oposición venezolana, se realizaba el intercambio de lingotes por euros. De ese modo, el dinero regresaba a Caracas en el mismo avión ruso, mientras que el oro se iba a EAU o, en algunos casos, a Libia, donde presumen que era recibido por el mariscal Jalifa Haftar, que controla el este del país.

Borges aseguró que el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck el Aissami, está involucrado en esta trama que fue “diseñada” por el empresario colombiano Alex Saab, quien está señalado como presunto testaferro de Maduro y que fue detenido en Cabo Verde cuando actuaba como enviado especial de su Gobierno.

Esta operación, dijo, involucra a varias personas y compañías emiratíes, malienses y europeas que fueron señaladas en una presentación que él mismo hizo ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y que planea hacer luego ante representantes de la Unión Europea.

Esto, subrayó, con la finalidad de hacer más sofisticada la persecución de los involucrados y el desmantelamiento de esta trama que “es la autopista de Maduro” para comercializar el oro sin ningún control.

Borges criticó a Rusia por “ayudar en el mantenimiento de la dictadura” en Venezuela y a EAU por ser un “paraíso” en el que Maduro ha logrado evadir las numerosas sanciones económicas impuestas a su Gobierno, acusado por Estados Unidos de violar derechos humanos y financiar el terrorismo.

Aunque el opositor insistió en poseer “casi un gigabyte de información”, entre la que se encuentran documentos, fotografías y videos que probarían esta denuncia, de momento no presentó más que un comunicado y un resumen de estas acusaciones.

Venezuela —que mantiene 85,7 toneladas de oro en el Banco Central, con un valor estimado de 5.053 millones de dólares, según su último balance de diciembre 2020— tiene serios problemas de liquidez, agravados por el derrumbe de la producción y el precio del petróleo, así como por las sanciones de Estados Unidos.

Desde 2014, las reservas de oro han caído en 275 toneladas, según cifras oficiales.

El Gobierno tiene además un proceso legal en curso para repatriar unas 30 toneladas de oro venezolano del Banco de Inglaterra, recursos que, según ha asegurado, destinará a atender la crisis humanitaria generada por la pandemia.

Borges aseguró que la operación con los EAU, “centro neurálgico de este gran robo de riquezas de Venezuela”, permitió a Maduro acceder en 2020 a “un poco más o poco menos de 1.000 millones de euros”, o sea, 1.200 millones de dólares.

“Grandes cantidades de efectivo salen de los EAU hacia Venezuela para ser intercambiados por el oro venezolano”, indicó Borges. “Ese dinero llega a Venezuela sin ningún control” y queda “a discreción de Nicolás Maduro”, afirmó, según un artículo de la agencia EFE.

Militares ‘asqueados’

La investigación, dijo Borges, comenzó gracias a informaciones entregadas por oficiales de la Fuerza Armada, “absolutamente asqueados de cómo se está desvalijando y robando a Venezuela”.

Borges señaló que siguieron ocho de los circuitos de esta operación en 2020, el último en diciembre. El dirigente opositor sostuvo que la mayoría del oro va a los EAU, aunque en alguna ocasión fue a parar a Libia y Suiza.