Generales en alquiler: la corrupción de la jerarquía militar de Maduro en Venezuela

Por Steven McLoud

Fuente: Diálogo - Revista Militar Digital

 

El General Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano, tiene una fortuna que asciende a millones de dólares según un nuevo informe que publicó el Proyecto de Investigación para el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP en inglés), el 10 de abril de 2020.

Hernán Akhnanton Noguera, otro general de alto rango del régimen de Nicolás Maduro, también gana millones, dice el reporte. Sin embargo, estos dos generales “oficialmente” no ganan más de USD 8 a USD 9 al mes. Y no son los únicos.

Según el OCCRP, hay al menos 84 generales en el Ejército Bolivariano que trabajan con empresas privadas o públicas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas. Este registro es una base de datos con información sobre contratistas del régimen venezolano. De los 84 generales mencionados en el informe del OCCRP, 35 de ellos forman parte de los directorios de empresas privadas de toda Venezuela y otros países, incluyendo los Estados Unidos.

A través de su investigación, el OCCPR reveló que Maduro ha estado asignando lucrativos contratos estatales a estos generales a cambio de su lealtad, mientras que el país continúa su decadencia política y económica.

Estos contratos pertenecen a los sectores de construcción, alimentación, transporte y petróleo, además de otras áreas como publicidad, equipamiento sanitario y turismo. Sin embargo, el informe establece que “según la Constitución venezolana y la ley anticorrupción del país, es ilegal que los funcionarios públicos utilicen su función para beneficio personal, ya sea directamente o a través de un tercero. Eso incluye la capitalización de contactos personales para ganar contratos estatales”.

Orígenes de la asociación cívico-militar

La participación de los militares en la economía de Venezuela comenzó hace más de 20 años, cuando Hugo Chávez fue electo presidente en 1998.

Tras su elección, Chávez instituyó una nueva asociación “cívico-militar” llamada “Plan Bolívar”, que según el Departamento de Estado de los EE. UU. involucró aproximadamente 40 000 soldados venezolanos que participaban en varios proyectos públicos en áreas afectadas por la pobreza, para proporcionar vacunas masivas, distribución de alimentos, educación y reparación de infraestructura.

El programa se canceló en 2002 después de que aparecieran informes de corrupción sobre generales involucrados en el plan de USD 114 millones, en el que se alegaba el desvío de cantidades significativas de dinero.

El informe del OCCRP afirma que cuando Maduro asumió el poder en 2013, después de la muerte de Chávez, amplió las funciones de los militares en la vida civil. Según el informe, “desde 2018, siete de los 23 gobernadores estatales, junto con nueve jefes de ministerios del régimen son oficiales activos o retirados. Hay oficiales que al menos dirigen 60 empresas estatales”.

Debido a las sanciones impuestas por los EE. UU., al colapso económico y a la hiperinflación de la economía venezolana, los magros salarios de los oficiales militares en todos los ámbitos los han obligado a buscar fuentes de ingresos alternativas, según un estudio del Centro de Investigación en Economía y Política, un grupo de expertos con sede en Washington, DC.

Otra fuente de ingresos a la que se vincularon oficiales y la jerarquía militar incluye el altamente lucrativo negocio del narcotráfico, tanto que los EE. UU. han calificado a Venezuela como un ‘narcoestado’ con las altas esferas del régimen de Maduro, e incluso al propio Maduro, acusado de dirigir una red de narcotráfico conocida como el “Cártel de los Soles”.

El 26 de marzo, funcionarios estadounidenses acusaron a Maduro y a 14 miembros de su círculo de allegados, incluyendo a Padrino, de varios delitos como narcoterrorismo, tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción.

Funcionarios estadounidenses, al igual que analistas del gobierno y del sector privado, creen que una de las principales razones por las que el Ejército venezolano y los altos funcionarios del régimen no han desafiado o debilitado al régimen, es porque continúan llevándose recompensas económicas, incluso cuando el país padece corrupción endémica y pobreza extrema.