Empresa criminal conjunta bolivariana

INVESTIGACIÓN

Por: Ezra Homsany

Fuente: Diario La Prensa

En abril de 2019 vio la luz un estudio devastador de lo que constituye actualmente el Estado venezolano, y lo difícil que va a ser para desmontarlo. La investigación tomó 5 años y abarcó 11 países. Los autores: Douglas Farah y Caitlyn Yates, de IBI Consultants, LLC y National Defense University (INSS). Se remontan a 1998, cuando Venezuela elige a Hugo Chávez y este proclama su revolución bolivariana y un socialismo para el siglo XXI para así desmantelar el poder que Estados Unidos ejerce sobre América Latina. Su fuente de financiación, las arcas de petrodólares de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), y así lograr el apoyo de líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales para hacerse con el apoyo de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador. En el 2013 Chávez muere, y su delfín Nicolás Maduro asume la Presidencia, en el transcurso de la cual la economía se contrae un 50%, una crisis de refugiados que iguala o supera a la de Siria, en la que huyen un 10.5% de la población. Pero Maduro sigue en el poder. ¿Cómo lo logra? Farah y Yates identifican cuatro polos que hasta ahora sostienen lo que ellos titulan como la Empresa criminal conjunta bolivariana, cual hidra en la que cercenando una cabeza aparece otra más adaptable y letal.

La primera la identifican como la venta falsa de petróleo. El régimen constituyó una sociedad anónima llamada Alba Petróleos. Se valieron de 181 individuos y 176 compañías en 26 países. Cito textualmente: “con ella crearon una serie de compañías, con estructuras en Panamá. Desde allí, Alba Petróleos y sus compañías vinculadas le prestaron a ocho compañías panameñas 1.1 mil millones de dólares, entre el 2007 y el 2017. De allí movieron el dinero a paraísos fiscales del Caribe y Europa para después declarar que la mayor parte de la deuda era incobrable. El bolívar venezolano era negociado por un dólar fijo, a una tasa más alta que el cambio oficial”.

La segunda columna es la minería ilegal. Venezuela abunda en recursos naturales, como el cada vez más preciado oro. Para ello cuentan con la complicidad del presidente de Surinam, Desi Bouterse, ficha que siempre contó con el apoyo de Chávez. Utilizando Paramaribo, desvían el oro como producido allí para así escapar de las sanciones internacionales. Solo en el 2018, Maduro vendió 73.2 toneladas a Turquía y a Emiratos Árabes Unidos, parte de la cual terminó en Uganda. También la venta de diamantes, coltán, etc., que son difíciles de rastrear, producen ingresos a un régimen cada vez más necesitado de ellos.

Al tercer medio los autores lo denominan como proyectos de infraestructuras falsos. Ejemplo: en el 2006 Chávez y Daniel Ortega anunciaron la construcción de una refinería en Nicaragua que podría tratar el petróleo pesado de Pdvsa. Costaría 6.6 mil millones de dólares y lo tildaron como “el supremo sueño de Bolívar”. Casi un medio de los mil millones de dólares se distribuyeron como pagos por trabajos nunca realizados. El mismo modelo fue utilizado para montar fábricas de vacunas “que no produjeron una sola vacuna, paneles solares y embotelladoras de agua”.

Al cuarto polo lo denominaron como el de transferencia de banco a banco. Para recibir el dinero de Maduro, los funcionarios nicas crearon su propio banco al que llamaron Banco Corporativo (Bancorp). Para mover dinero fuera de Nicaragua se valieron de la sucursal panameña de un banco asiático, con sucursales en Corea del Sur y Hong Kong, donde finalmente terminarían depositados. Como puntualizan Farah y Yates: “las pérdidas por las sanciones son marginales cuando se comparan con los costos del régimen”. Las sanciones alcanzan al sufrido pueblo venezolano, mientras las ganancias son distribuidas entre la élite política y militar. Algunos estudiosos cifran la cantidad de fondos lavados entre el 2007 y 2018 en 28 mil millones de dólares. Para otros, la suma se queda corta. Los costos de la Empresa criminal conjunta bolivariana los sitúan entre los 473 o hasta los 633 mil millones de dólares.

Como se ve, para derrocar el actual Gobierno venezolano se requiere de atacar varios frentes interconectados que han probado una y otra vez ser altamente adaptables y corruptos. Como lo resume el jefe del Comando Sur norteamericano James Stavridis: “se necesita de una red para combatir una red”.