COMUNICADO COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS (CPJ) CONDENA REFORMAS A LEYES DE MEDIOS EN VENEZUELA

El Presidente Hugo Chávez Frías debe vetar dos leyes para regular la Internet y las telecomunicaciones que promoverían mayor censura y limitarían seriamente la libertad de expresión en Venezuela, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirmó hoy. Ambas leyes fueron aprobadas el lunes por la Asamblea Nacional.

"Estas reformas, aprobadas sin debate, son un intento claro del gobierno venezolano de acentuar su represión contra las voces críticas y los medios independientes", señaló Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. "Condenamos estas reformas y consideramos que de no ser vetadas, la democracia y la libertad de expresión en Venezuela sufrirán un serio retroceso".

Solo le tomó una semana a la Asamblea Nacional aprobar la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2004 que extendió regulaciones de radio y televisión a Internet. La nueva ley prohíbe mensajes que "inciten o promuevan el odio", "fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público", "desconozca a las autoridades legítimamente constituidas", "induzcan al magnicidio", o "constituyan propaganda de guerra", según el Artículo 8. Además, limitaría contenidos en los medios electrónicos según el horario, con contenido adulto reservado para la programación después de la medianoche, incluyendo violencia, contenido sexual y hasta telenovelas.

Los medios de Internet deben ahora "establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados" que podrían quebrantar la ley, según una revisión de le legislación realizada por el CPJ. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el organismo regulador, puede ahora restringir información y acceso a sitios Web que violen la norma. Los medios digitales que violen las nuevas regulaciones podrán ser multados hasta 13 mil bolívares (3 mil dólares estadounidenses), mientras que los proveedores de servicio que no respondan a los pedidos del gobierno podrían ser multados en base "al 10 por ciento de los ingresos brutos del año anterior", además de la "suspensión del servicio por 72 horas continuas".

La ley de responsabilidad social, promulgada en 2004, ha recibido numerosas críticas por contener restricciones vagas y generales a la libre expresión. El Artículo 29, por ejemplo, prohíbe que los prestadores de servicios de radio y televisión difundan mensajes que "promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público" o "sean contrarios a la seguridad de la Nación". La investigación del CPJ indica que radios y televisoras venezolanas han cancelado programas críticos para cumplir con las regulaciones impuestas por la ley.

La Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, también aprobó la reforma de la ley orgánica de telecomunicaciones que declaró la prestación de servicios de radio y televisión de "interés público", una decisión que según los críticos está dirigida a expandir el control gubernamental sobre los medios. La legislación acorta el plazo de las licencias de radio y televisión de 20 a 15 años, según la reforma examinada por el CPJ. Le otorga a CONATEL la autoridad de revocar la licencia de cualquier prestador de servicios de radio y televisión que viole la ley en más de una ocasión, lo que podría obligar a la única cadena de televisión crítica del gobierno, Globovisión, a permanecer fuera del aire. La televisora está enfrentando una serie de investigaciones motivadas políticamente. Conocida por sus puntos de vistas fuertemente críticos del gobierno, Globovisión es la única cadena crítica en Venezuela desde que RCTV salió del aire en mayo de 2007.

(Una reforma controvertida que hubiera obligado a los propietarios de todas las radios y televisoras a volver a registrarse en persona ante CONATEL fue finalmente eliminada del proyecto).

Los periodistas venezolanos y los activistas en defensa de la libertad de prensa han manifestado su fuerte oposición a las reformas y aseguran que el gobierno las utilizará para profundizar su embestida contra la libertad de información. El domingo, Chávez defendió la reforma de la ley de responsabilidad social, argumentando que estaba dirigida a proteger a los ciudadanos de los delitos en Internet.

También esta semana, la Asamblea Nacional debatirá un proyecto de ley para la protección de la soberanía política y la autodeterminación nacional que, según defensores de la libertad de expresión, limitaría el financiamiento y las actividades de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, incluyendo los grupos de derechos humanos. Según el proyecto, las ONG que inviten a Venezuela a un extranjero que critica al gobierno podrían ser multadas y hasta prohibidas. La ley podría dañar seriamente el trabajo de las ONG dedicadas a promover la libertad de prensa, según señalaron expertos.

Los aliados de Chávez están intentando aprobar numerosos proyectos de ley antes del 5 de enero cuando toma posesión la nueva Asamblea Nacional, según informes de prensa. El partido oficial ha perdido la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de septiembre. El viernes la Asamblea Nacional aprobó una ley habilitante que otorga a Chávez poder para gobernar por decreto durante 18 meses. El presidente venezolano sostiene que necesita esos poderes para asistir a víctimas de inundaciones masivas, pero sus críticos sostienen que es una jugada para avanzar con su agenda política.

El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.