Irán - Venezuela: Una planta sin cemento
Por: David González
Fuente: El Nacional (VEN)
Foto: Planta Cemento Cerro Azul, El Pinto, estado Monagas por Henry Delgado
Cemento
Cerro Azul, uno de los principales proyectos entre Irán y
Venezuela , aún no produce materia prima a pesar de que la fábrica
comenzó a construirse hace 6 años. Siete Días publica hoy el primero de
una serie de trabajos de investigación sobre esta cooperación bilateral
 |
| Planta Cemento Iraní - Edo Monagas |
Los
tres hombres apenas pronuncian palabras en español. Su ropa está
polvorienta y el sudor que transpiran confirma que el calor del mediodía
en El Pinto, estado Monagas, castiga a los forasteros sin importar de dónde vienen.
Intercambian miradas de desconcierto cuando escuchan a su interlocutor hacerles preguntas en un idioma que aún les resulta extraño. No pasan inadvertidos en el pueblo: son trabajadores de la República Islámica de Irán. "Iraníes", repite uno que aprendió un término básico para identificarse.
Acaban de salir a pie por el sendero de tierra que conecta la carretera con el lugar donde laboran. A sus espaldas está un aviso con una imagen gigante de los presidentes Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadineyad abrazados en señal de una alianza auspiciosa que todavía no ofrece los resultados esperados en El Pinto. Los tres obreros forman parte del personal que construye una fábrica para la compañía pública venezolana Cemento Cerro Azul. El contrato de la obra, por 193,8 millones de dólares, fue concedido por el Estado a la empresa gubernamental iraní Ehdasse Sanat en 2005, pero los trabajos que debieron finalizar hace 3 años no han concluido y la meta permanece sin cumplir: producir anualmente 1 millón de toneladas métricas de cemento que serán usadas para cubrir el déficit de viviendas, uno de los más graves problemas que afecta al país.
Dentro de la planta hay otro gran cartel con el dibujo de cómo será la industria en el futuro. La imagen contrasta con las estructuras metálicas de los edificios inconclusos. Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, anunció en septiembre pasado que la fábrica será inaugurada en el primer semestre de 2012, pero no se atrevió a dar una fecha precisa.
El reporte oficial más reciente indica que aún resta por terminar 20% de la obra, un cálculo que no deja de generar incredulidad entre trabajadores que palpan a diario el proyecto.
Intercambian miradas de desconcierto cuando escuchan a su interlocutor hacerles preguntas en un idioma que aún les resulta extraño. No pasan inadvertidos en el pueblo: son trabajadores de la República Islámica de Irán. "Iraníes", repite uno que aprendió un término básico para identificarse.
Acaban de salir a pie por el sendero de tierra que conecta la carretera con el lugar donde laboran. A sus espaldas está un aviso con una imagen gigante de los presidentes Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadineyad abrazados en señal de una alianza auspiciosa que todavía no ofrece los resultados esperados en El Pinto. Los tres obreros forman parte del personal que construye una fábrica para la compañía pública venezolana Cemento Cerro Azul. El contrato de la obra, por 193,8 millones de dólares, fue concedido por el Estado a la empresa gubernamental iraní Ehdasse Sanat en 2005, pero los trabajos que debieron finalizar hace 3 años no han concluido y la meta permanece sin cumplir: producir anualmente 1 millón de toneladas métricas de cemento que serán usadas para cubrir el déficit de viviendas, uno de los más graves problemas que afecta al país.
Dentro de la planta hay otro gran cartel con el dibujo de cómo será la industria en el futuro. La imagen contrasta con las estructuras metálicas de los edificios inconclusos. Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, anunció en septiembre pasado que la fábrica será inaugurada en el primer semestre de 2012, pero no se atrevió a dar una fecha precisa.
El reporte oficial más reciente indica que aún resta por terminar 20% de la obra, un cálculo que no deja de generar incredulidad entre trabajadores que palpan a diario el proyecto.
Detrás del retardo existe una historia que no debe ignorarse.
Documentos de la cementera demuestran que funcionarios venezolanos cuestionaron las capacidades operativas de Ehdasse Sanat cuando se registraron los primeros retrasos en la ejecución. Las actas evidencian que maquinarias y equipos imprescindibles quedaron abandonados o retenidos en las aduanas y parte de ellos comenzaron a ser despachados a El Pinto apenas en diciembre pasado. Los costos del contrato, según el expediente, se incrementaron en 45% y la compañía iraní no sólo ha pedido una prórroga y más dinero para terminar, sino que ha responsabilizado al Ejecutivo por incumplimientos que han causado demoras.
Los papeles confirman que existen dificultades para transferir divisas desde el Tesoro Nacional a las cuentas de la contratista, lo que ha tenido un efecto negativo para el proyecto. Las sanciones financieras aplicadas por la comunidad internacional contra el gobierno iraní han representado un obstáculo que los encargados de la cementera intentan sortear.
Las restricciones forman parte de las medidas de presión para obligar a Irán a rendir cuentas de su programa nuclear. Los voceros de ese país niegan que el plan tenga propósitos bélicos y que oculten información al respecto, pero las mayores potencias mundiales creen lo contrario. La comunidad de El Pinto, sin saberlo, padece las consecuencias del conflicto.
Perfil nacional. Las críticas a la capacidad de la contratista fueron expresadas en una reunión del directorio de Cemento de 2006. El informe de la sesión hace referencia a una presentaCerro Azul el 27 de julio ción de Rafael Lugo, presidente de la empresa nacional: "Se enfatizó en la falta por parte de Ehdasse Sanat de una estructura organizativa apropiada para dinamizar el proyecto en el marco de las leyes y normas venezolanas".
El ejecutivo reportó entonces que la compañía iraní había modificado el cronograma original para indicar que culminaría la llamada Fase 1 en agosto de 2007, es decir, 4 meses después de la fecha comprometida. Los cálculos, de cualquier manera, no se cumplieron: esa etapa sigue inactiva. Los directivos discutieron en aquella sesión otro tema que les preocupaba: la lentitud de la contratista en rendir cuentas sobre un desembolso que se le había entregado en octubre de 2005.
"Se informó sobre la condición impuesta a la empresa iraní de presentar un informe soportado sobre el uso del anticipo entregado, que a la fecha no se ha dado cumplimiento". Aunque el monto no se indica en las actas, el primer aporte para la obra fue de 85,4 millones de dólares. La relación de gastos fue remitida después por la contratista, pero hay versiones internas que indican que un ejecutivo iraní huyó al exterior con parte del dinero.
Ehdasse Sanat se vio en la obligación de subcontratar a dos empresas de capital privado como verdaderos brazos ejecutores: Oxin Sanat y Modiriate Ehdasse. Ambas son iraníes y se registraron en Venezuela dos años después de la aprobación del contrato.
Lo hicieron el mismo día, 19 de julio de 2007, y con la gestión del mismo abogado, Fernando Díaz. La primera tiene experiencia en la instalación de maquinaria y la segunda es una firma de ingeniería civil.
Sus expedientes en el Registro Mercantil V de Caracas carecen de datos básicos sobre sus operaciones en el país. No anexan resultados de auditorías, tampoco actas de juntas directivas ni la ubicación de sus domicilios fiscales. Es una situación semejante a la de Ehdasse Sanat, cuya información pública es igualmente precaria. Ninguna de las tres compañías aparece en la base de datos del Registro Nacional de Contratistas, requisito para negociar con los entes del Estado. Fuentes internas afirman además que en la planta operan otras empresas iraníes que ni siquiera están registradas: "Oímos de ellas todos los días, pero las instituciones no se dan por enteradas".
Ehdasse Sanat sólo había gestionado un proyecto internacional en marzo de 2005 cuando Víctor Álvarez, entonces ministro de Industrias Básicas y Minería y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, firmó el contrato a nombre de la República con los representantes de la compañía extranjera. Desde que fue fundada en 1987, su única experiencia más allá de las fronteras iraníes fue la construcción de una planta de cemento en Siria, la cual no había sido concluida cuando se suscribió el convenio con Venezuela. Así lo muestra la empresa en su página web. En mayo pasado, Omar Morales, apoderado legal de la contratista, reveló un dato que evidencia la dimensión de la estructura de la empresa: en la planta de Monagas sólo tiene una nómina de diez personas cuya función es exclusivamente administrativa.
Poco se discutió sobre las capacidades de Ehdasse Sanat para ejecutar proyectos más allá del Medio Oriente durante la sesión plenaria en la que el Parlamento aprobó el contrato. Sólo se destacó lo obvio: que la empresa tenía experiencia cementera (ha construido 12 plantas en Irán, además de la Siria). La Comisión de Desarrollo Económico y Social redactó un informe después de analizar el acuerdo. Rafael Chávez, que presidía la instancia, pidió el voto favorable que finalmente dio la mayoría pro gubernamental. Las voces disidentes fueron las de los diputados opositores Pedro Pablo Alcántara y Luis Beltrán Franco, que entonces también formaban parte del comité. El primero, según las actas de la sesión del 16 de junio de 2005, insistió en que no había tenido acceso al contrato y que por ello no podía respaldarlo. Nadie respondió cuando afirmó que ninguno de sus colegas había revisado el texto: "Esta es una inversión que no está debidamente aclarada, ni convenida, ni justificada, ni controlada".
Abandono. Una nota de prensa publicada por el Seniat el 3 de diciembre de 2010 confirmó los problemas aduaneros de la la obra. Una comisión presidencial debió intervenir para adjudicarle a Cemento Cerro Azul un total de 83 contenedores y 14 bultos en estatus de abandono legal: fue la fórmula disponible para agilizar la entrega.
El presidente de la cementera dijo en una reunión en marzo pasado que había secciones del proyecto paralizadas "por falta de equipos y maquinarias que están en las aduanas a la espera de su liberación". En las actas de marzo de 2011 se menciona que había pagos pendientes por embarques realizados en 2007 y que la deuda con compañías públicas y privadas por facturas era de más de 8,8 millones de bolívares.
Hubo incumplimientos contractuales que ocasionaron la acumulación en los puertos, según se desprende de las actas. Cemento Cerro Azul debió encargarse desde un principio de la nacionalización de la maquinaria, pero la función la asumió Ehdasse Sanat con la expectativa de que cobraría a futuro las facturas. Los retrasos en las transferencias de recursos a la contratista iraní complicaron el panorama y la empresa venezolana no tuvo otro remedio que hacerse cargo de las gestiones cuando ya era tarde. En diciembre de 2010, el directorio aprobó la contratación de la firma aduanera Amerisur: "Acordamos que lo más apropiado y procedente en este caso era que se usara la misma agencia empleada por Ehdasse Sanat y sus subcontratistas".
La mayor parte de la maquinaria adquirida para el proyecto no es originaria de Irán. Fue adquirida en Alemania con la intermediación de la contratista extranjera, un detalle que ha sido obviado por los voceros oficiales venezolanos que han tenido oportunidad de describir el proyecto. Ehdasse Sanat no se presenta a sí misma como un proveedor con tecnología propia, sino como una empresa con buenos contactos con fabricantes. El gerente de proyectos de Cemento Cerro Azul viajó al país europeo a finales de 2006 para seleccionar las maquinarias con los proveedores alemanes. La compañía iraní muestra en su página web una lista de siete corporaciones germanas (Aumund, Scheuch, Schade, Schenck, Loesche, Polysius e IBAU) de las cuales obtendría equipos como trituradoras de roca, filtros, recuperadoras, silos, molinos y cintas transportadoras de materiales, entre otros. Han proveído equipos de vanguardia.
Documentos de la cementera demuestran que funcionarios venezolanos cuestionaron las capacidades operativas de Ehdasse Sanat cuando se registraron los primeros retrasos en la ejecución. Las actas evidencian que maquinarias y equipos imprescindibles quedaron abandonados o retenidos en las aduanas y parte de ellos comenzaron a ser despachados a El Pinto apenas en diciembre pasado. Los costos del contrato, según el expediente, se incrementaron en 45% y la compañía iraní no sólo ha pedido una prórroga y más dinero para terminar, sino que ha responsabilizado al Ejecutivo por incumplimientos que han causado demoras.
Los papeles confirman que existen dificultades para transferir divisas desde el Tesoro Nacional a las cuentas de la contratista, lo que ha tenido un efecto negativo para el proyecto. Las sanciones financieras aplicadas por la comunidad internacional contra el gobierno iraní han representado un obstáculo que los encargados de la cementera intentan sortear.
Las restricciones forman parte de las medidas de presión para obligar a Irán a rendir cuentas de su programa nuclear. Los voceros de ese país niegan que el plan tenga propósitos bélicos y que oculten información al respecto, pero las mayores potencias mundiales creen lo contrario. La comunidad de El Pinto, sin saberlo, padece las consecuencias del conflicto.
Perfil nacional. Las críticas a la capacidad de la contratista fueron expresadas en una reunión del directorio de Cemento de 2006. El informe de la sesión hace referencia a una presentaCerro Azul el 27 de julio ción de Rafael Lugo, presidente de la empresa nacional: "Se enfatizó en la falta por parte de Ehdasse Sanat de una estructura organizativa apropiada para dinamizar el proyecto en el marco de las leyes y normas venezolanas".
El ejecutivo reportó entonces que la compañía iraní había modificado el cronograma original para indicar que culminaría la llamada Fase 1 en agosto de 2007, es decir, 4 meses después de la fecha comprometida. Los cálculos, de cualquier manera, no se cumplieron: esa etapa sigue inactiva. Los directivos discutieron en aquella sesión otro tema que les preocupaba: la lentitud de la contratista en rendir cuentas sobre un desembolso que se le había entregado en octubre de 2005.
"Se informó sobre la condición impuesta a la empresa iraní de presentar un informe soportado sobre el uso del anticipo entregado, que a la fecha no se ha dado cumplimiento". Aunque el monto no se indica en las actas, el primer aporte para la obra fue de 85,4 millones de dólares. La relación de gastos fue remitida después por la contratista, pero hay versiones internas que indican que un ejecutivo iraní huyó al exterior con parte del dinero.
Ehdasse Sanat se vio en la obligación de subcontratar a dos empresas de capital privado como verdaderos brazos ejecutores: Oxin Sanat y Modiriate Ehdasse. Ambas son iraníes y se registraron en Venezuela dos años después de la aprobación del contrato.
Lo hicieron el mismo día, 19 de julio de 2007, y con la gestión del mismo abogado, Fernando Díaz. La primera tiene experiencia en la instalación de maquinaria y la segunda es una firma de ingeniería civil.
Sus expedientes en el Registro Mercantil V de Caracas carecen de datos básicos sobre sus operaciones en el país. No anexan resultados de auditorías, tampoco actas de juntas directivas ni la ubicación de sus domicilios fiscales. Es una situación semejante a la de Ehdasse Sanat, cuya información pública es igualmente precaria. Ninguna de las tres compañías aparece en la base de datos del Registro Nacional de Contratistas, requisito para negociar con los entes del Estado. Fuentes internas afirman además que en la planta operan otras empresas iraníes que ni siquiera están registradas: "Oímos de ellas todos los días, pero las instituciones no se dan por enteradas".
Ehdasse Sanat sólo había gestionado un proyecto internacional en marzo de 2005 cuando Víctor Álvarez, entonces ministro de Industrias Básicas y Minería y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, firmó el contrato a nombre de la República con los representantes de la compañía extranjera. Desde que fue fundada en 1987, su única experiencia más allá de las fronteras iraníes fue la construcción de una planta de cemento en Siria, la cual no había sido concluida cuando se suscribió el convenio con Venezuela. Así lo muestra la empresa en su página web. En mayo pasado, Omar Morales, apoderado legal de la contratista, reveló un dato que evidencia la dimensión de la estructura de la empresa: en la planta de Monagas sólo tiene una nómina de diez personas cuya función es exclusivamente administrativa.
Poco se discutió sobre las capacidades de Ehdasse Sanat para ejecutar proyectos más allá del Medio Oriente durante la sesión plenaria en la que el Parlamento aprobó el contrato. Sólo se destacó lo obvio: que la empresa tenía experiencia cementera (ha construido 12 plantas en Irán, además de la Siria). La Comisión de Desarrollo Económico y Social redactó un informe después de analizar el acuerdo. Rafael Chávez, que presidía la instancia, pidió el voto favorable que finalmente dio la mayoría pro gubernamental. Las voces disidentes fueron las de los diputados opositores Pedro Pablo Alcántara y Luis Beltrán Franco, que entonces también formaban parte del comité. El primero, según las actas de la sesión del 16 de junio de 2005, insistió en que no había tenido acceso al contrato y que por ello no podía respaldarlo. Nadie respondió cuando afirmó que ninguno de sus colegas había revisado el texto: "Esta es una inversión que no está debidamente aclarada, ni convenida, ni justificada, ni controlada".
Abandono. Una nota de prensa publicada por el Seniat el 3 de diciembre de 2010 confirmó los problemas aduaneros de la la obra. Una comisión presidencial debió intervenir para adjudicarle a Cemento Cerro Azul un total de 83 contenedores y 14 bultos en estatus de abandono legal: fue la fórmula disponible para agilizar la entrega.
El presidente de la cementera dijo en una reunión en marzo pasado que había secciones del proyecto paralizadas "por falta de equipos y maquinarias que están en las aduanas a la espera de su liberación". En las actas de marzo de 2011 se menciona que había pagos pendientes por embarques realizados en 2007 y que la deuda con compañías públicas y privadas por facturas era de más de 8,8 millones de bolívares.
Hubo incumplimientos contractuales que ocasionaron la acumulación en los puertos, según se desprende de las actas. Cemento Cerro Azul debió encargarse desde un principio de la nacionalización de la maquinaria, pero la función la asumió Ehdasse Sanat con la expectativa de que cobraría a futuro las facturas. Los retrasos en las transferencias de recursos a la contratista iraní complicaron el panorama y la empresa venezolana no tuvo otro remedio que hacerse cargo de las gestiones cuando ya era tarde. En diciembre de 2010, el directorio aprobó la contratación de la firma aduanera Amerisur: "Acordamos que lo más apropiado y procedente en este caso era que se usara la misma agencia empleada por Ehdasse Sanat y sus subcontratistas".
La mayor parte de la maquinaria adquirida para el proyecto no es originaria de Irán. Fue adquirida en Alemania con la intermediación de la contratista extranjera, un detalle que ha sido obviado por los voceros oficiales venezolanos que han tenido oportunidad de describir el proyecto. Ehdasse Sanat no se presenta a sí misma como un proveedor con tecnología propia, sino como una empresa con buenos contactos con fabricantes. El gerente de proyectos de Cemento Cerro Azul viajó al país europeo a finales de 2006 para seleccionar las maquinarias con los proveedores alemanes. La compañía iraní muestra en su página web una lista de siete corporaciones germanas (Aumund, Scheuch, Schade, Schenck, Loesche, Polysius e IBAU) de las cuales obtendría equipos como trituradoras de roca, filtros, recuperadoras, silos, molinos y cintas transportadoras de materiales, entre otros. Han proveído equipos de vanguardia.
Demora y dinero. Ehdasse
Sanat reclamó en febrero pasado 131 millones de dólares adicionales no
sólo por los gastos aduanales, sino por los incrementos de los precios
de los materiales de construcción; por las mejoras de los beneficios
laborales decretadas en el país; por retenciones de impuestos nacionales
y municipales; por paralizaciones de la obra de las que no se
responsabiliza; por la petición venezolana de cambiar el alcance de
determinados equipos; por incumplimientos gubernamentales en el
financiamiento con cartas de crédito y por los retrasos en la
cancelación de recursos pendientes por las modificaciones al contrato
original (addendum 1 y 2) que se hicieron con aprobación parlamentaria:
la primera para incluir estudios geológicos de calizas y arcillas por un
valor de 3,6 millones de dólares; la segunda, para pagar 17,4 millones
de dólares por la instalación de 276 pilotes de concreto que tampoco
habían sido planificados.
Los directores de Cemento Cerro Azul no estuvieron de acuerdo con los cálculos de Ehdasse Sanat. Sin embargo, los funcionarios venezolanos decidieron que el monto justo debía ser menor: 97,1 millones de dólares. La cantidad supone un incremento de 45% en las cantidades establecidas en el contrato. El tema se trató en una reunión realizada el pasado 2 de febrero en Maturín en la que los ejecutivos del país se comprometieron a gestionar los recursos ante la instancia superior: el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, al cual fue adscrita la compañía en 2010 después de haber dependido del Ministerio de Industrias Básicas y Minería. La erogación debe ser autorizada por la Asamblea Nacional por tratarse de una obra de interés público. Al contrato original habría que agregar un tercer addendum, por lo cual el Parlamento tendrá otra oportunidad para revisar el caso.
Hubo conceptos en los que los directivos de Cemento Cerro Azul recomendaron un reembolso total. Fue el caso de los addendum 1 y 2, de las cartas de créditos atrasadas (por 26,8 millones de dólares) y los costos derivados por los incrementos salariales (38 millones de dólares). Por las paralizaciones, los iraníes pidieron 17,1 millones de dólares y se les aprobó 40%. Los voceros de la empresa han acusado a los trabajadores de hacer paralizaciones ilegales. Una fuente sindical indicó que en la planta ha habido 4 huelgas. "Piden dinero por esos paros que han tenido causas justas, pero seguro no dicen que aquí se dejó de trabajar prácticamente un mes cuando las elecciones presidenciales de Irán en 2009. Muchos simpatizaban con Hossein Mousavi, el opositor de Ahmadinejad y había tensión".
Socio embargado. Las sanciones financieras contra Irán se convirtieron en un obstáculo. El Consejo de Seguridad de la ONU ha ordenado a los Estados miembros evitar las operaciones que involucren a bancos iraníes cuando se considere que el dinero puede desviarse para el programa nuclear. Estados Unidos tiene regulaciones más rígidas e incluso ha aplicado castigos unilaterales al Gobierno venezolano por sus alianzas con instituciones financieras del país asiático. En febrero pasado, el directorio de Cemento Cerro Azul decidió aceptar la propuesta de Ehdasse Sanat de que se modificara el contrato para incluir dos nuevas fórmulas de pagos en divisa. Una a través de una cuenta en el Banco Central de Venezuela cuyo titular es el Fondo Único Binacional VenezuelaIrán. La segunda, a través de personas naturales o jurídicas autorizadas. Todo se hizo por una razón: "En consideración al bloqueo internacional del que es objeto la República Islámica de Irán, lo cual limita sustancialmente los desembolsos".
Un experto en finanzas dijo que éstas no eran más que fórmulas para evadir las barreras: "Los bancos en Venezuela y en los principales centros financieros del mundo están muy atentos porque no quieren ser sancionados".
Sobre el manejo del dinero corren toda clase de afirmaciones. Una de ellas indica que en la planta se ofrecieron dólares en efectivo a comerciantes e individualidades a cambio de bolívares. Era una fórmulas para pagar los compromisos en moneda local, según informantes.
La mayor parte del financiamiento ha procedido de fuentes como el Fonden, el Fondo Conjunto Chino-Venezolano; el Fondo Único Binacional Venezuela-Irán y el Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País. En el primer semestre de 2012, año electoral, se sabrá si la inyección de recursos dio resultados.
Los directores de Cemento Cerro Azul no estuvieron de acuerdo con los cálculos de Ehdasse Sanat. Sin embargo, los funcionarios venezolanos decidieron que el monto justo debía ser menor: 97,1 millones de dólares. La cantidad supone un incremento de 45% en las cantidades establecidas en el contrato. El tema se trató en una reunión realizada el pasado 2 de febrero en Maturín en la que los ejecutivos del país se comprometieron a gestionar los recursos ante la instancia superior: el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, al cual fue adscrita la compañía en 2010 después de haber dependido del Ministerio de Industrias Básicas y Minería. La erogación debe ser autorizada por la Asamblea Nacional por tratarse de una obra de interés público. Al contrato original habría que agregar un tercer addendum, por lo cual el Parlamento tendrá otra oportunidad para revisar el caso.
Hubo conceptos en los que los directivos de Cemento Cerro Azul recomendaron un reembolso total. Fue el caso de los addendum 1 y 2, de las cartas de créditos atrasadas (por 26,8 millones de dólares) y los costos derivados por los incrementos salariales (38 millones de dólares). Por las paralizaciones, los iraníes pidieron 17,1 millones de dólares y se les aprobó 40%. Los voceros de la empresa han acusado a los trabajadores de hacer paralizaciones ilegales. Una fuente sindical indicó que en la planta ha habido 4 huelgas. "Piden dinero por esos paros que han tenido causas justas, pero seguro no dicen que aquí se dejó de trabajar prácticamente un mes cuando las elecciones presidenciales de Irán en 2009. Muchos simpatizaban con Hossein Mousavi, el opositor de Ahmadinejad y había tensión".
Socio embargado. Las sanciones financieras contra Irán se convirtieron en un obstáculo. El Consejo de Seguridad de la ONU ha ordenado a los Estados miembros evitar las operaciones que involucren a bancos iraníes cuando se considere que el dinero puede desviarse para el programa nuclear. Estados Unidos tiene regulaciones más rígidas e incluso ha aplicado castigos unilaterales al Gobierno venezolano por sus alianzas con instituciones financieras del país asiático. En febrero pasado, el directorio de Cemento Cerro Azul decidió aceptar la propuesta de Ehdasse Sanat de que se modificara el contrato para incluir dos nuevas fórmulas de pagos en divisa. Una a través de una cuenta en el Banco Central de Venezuela cuyo titular es el Fondo Único Binacional VenezuelaIrán. La segunda, a través de personas naturales o jurídicas autorizadas. Todo se hizo por una razón: "En consideración al bloqueo internacional del que es objeto la República Islámica de Irán, lo cual limita sustancialmente los desembolsos".
Un experto en finanzas dijo que éstas no eran más que fórmulas para evadir las barreras: "Los bancos en Venezuela y en los principales centros financieros del mundo están muy atentos porque no quieren ser sancionados".
Sobre el manejo del dinero corren toda clase de afirmaciones. Una de ellas indica que en la planta se ofrecieron dólares en efectivo a comerciantes e individualidades a cambio de bolívares. Era una fórmulas para pagar los compromisos en moneda local, según informantes.
La mayor parte del financiamiento ha procedido de fuentes como el Fonden, el Fondo Conjunto Chino-Venezolano; el Fondo Único Binacional Venezuela-Irán y el Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País. En el primer semestre de 2012, año electoral, se sabrá si la inyección de recursos dio resultados.
Cobran deuda tributaria a empresas iraníes
A Miguel Fuentes, alcalde de Piar en Monagas, no le quedó otra alternativa que viajar a Caracas para pedir auxilio.
Hace cinco semanas, solicitó la intervención del Ministerio de Ciencia y Tecnología para solucionar un problema: la millonaria deuda que el funcionario atribuye a las empresas iraníes Ehdasse Sanat, Oxin Sanat y Modiriate Ehdasse, las cuales están a cargo de construir la planta de la compañía pública venezolana Cemento Cerro Azul.
En la alcaldía calculan que el monto pendiente por los tributos podría ser de aproximadamente 5 millones de bolívares (1,16 millones de dólares). Así lo admite el alcalde: "Es dinero con el que podría hacer un buen trabajo social".
Basta un ejemplo para reflejar las necesidades de El Pinto: la cerca perimetral de una escuela que está a poca distancia de la planta no ha sido terminada y apenas ha avanzado en 4 meses.
El ministerio es el despacho al que está adscrita Cemento Cerro Azul. La compañía, según el funcionario, debe actuar como agente de retención de los impuestos que las contratistas de Irán están obligadas a cancelar en Venezuela. Las diligencias de Fuentes pretenden garantizar la intervención del ministro Ricardo Menéndez para que se honren los compromisos.
Las gestiones de cobro tienen antecedentes: representantes jurídicos de las firmas extranjeras ya han tenido reuniones en la alcaldía para tratar el tema e incluso han prometido públicamente en el pasado que pagarán lo adeudado. Las empresas iraníes, sin embargo, reclamaron en febrero pasado un reembolso de más de 1,96 millones de dólares en tributos nacionales y municipales que se le habían retenido, de acuerdo con las actas de Cemento Cerro Azul. La directiva de la empresa venezolana aprobó entregarles casi la totalidad del monto: 1,86 millones de dólares.
La morosidad tributaria no es la única preocupación de las comunidades que están alrededor de la fábrica. Vecinos como Mélido Bermúdez, tienen inquietudes diferentes: "Hay más de 20 pisatarios que ocupaban los terrenos donde ahora se construye la planta que no han sido reubicados" Otros temen a la contaminación ambiental. La producción de cemento genera partículas residuales que usualmente flotan en el aire en la forma de polvo. Los encargados del proyecto han explicado que la tecnología importada minimizará el efecto. El entorno sigue pendiente de la planta.
Empresa vigilada
En la sede de Cemento Cerro Azul son comunes los contenedores de la compañía Islamic Republic Iran Shipping Lines (naviera de la República Islámica de Irán) identificados con sus siglas: Irisl. La empresa fue incluida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la lista de entidades iraníes que deben ser sometidas a vigilancia internacional. En la resolución 1803 del año 2008 se exhorta a los Estados a inspeccionar los barcos de la corporación cuando haya "motivos fundados" para creer que en ellos se transporta material prohibido como armas convencionales o insumos para el programa nuclear iraní.
La resolución 1929 de 2010 indica que se debe informar a la ONU sobre cualquier intento de evasión de las sanciones por parte de la naviera. Insumos para el proyecto han sido transportados por la compañía a la que no pierden de vista en el mundo..
A Miguel Fuentes, alcalde de Piar en Monagas, no le quedó otra alternativa que viajar a Caracas para pedir auxilio.
Hace cinco semanas, solicitó la intervención del Ministerio de Ciencia y Tecnología para solucionar un problema: la millonaria deuda que el funcionario atribuye a las empresas iraníes Ehdasse Sanat, Oxin Sanat y Modiriate Ehdasse, las cuales están a cargo de construir la planta de la compañía pública venezolana Cemento Cerro Azul.
En la alcaldía calculan que el monto pendiente por los tributos podría ser de aproximadamente 5 millones de bolívares (1,16 millones de dólares). Así lo admite el alcalde: "Es dinero con el que podría hacer un buen trabajo social".
Basta un ejemplo para reflejar las necesidades de El Pinto: la cerca perimetral de una escuela que está a poca distancia de la planta no ha sido terminada y apenas ha avanzado en 4 meses.
El ministerio es el despacho al que está adscrita Cemento Cerro Azul. La compañía, según el funcionario, debe actuar como agente de retención de los impuestos que las contratistas de Irán están obligadas a cancelar en Venezuela. Las diligencias de Fuentes pretenden garantizar la intervención del ministro Ricardo Menéndez para que se honren los compromisos.
Las gestiones de cobro tienen antecedentes: representantes jurídicos de las firmas extranjeras ya han tenido reuniones en la alcaldía para tratar el tema e incluso han prometido públicamente en el pasado que pagarán lo adeudado. Las empresas iraníes, sin embargo, reclamaron en febrero pasado un reembolso de más de 1,96 millones de dólares en tributos nacionales y municipales que se le habían retenido, de acuerdo con las actas de Cemento Cerro Azul. La directiva de la empresa venezolana aprobó entregarles casi la totalidad del monto: 1,86 millones de dólares.
La morosidad tributaria no es la única preocupación de las comunidades que están alrededor de la fábrica. Vecinos como Mélido Bermúdez, tienen inquietudes diferentes: "Hay más de 20 pisatarios que ocupaban los terrenos donde ahora se construye la planta que no han sido reubicados" Otros temen a la contaminación ambiental. La producción de cemento genera partículas residuales que usualmente flotan en el aire en la forma de polvo. Los encargados del proyecto han explicado que la tecnología importada minimizará el efecto. El entorno sigue pendiente de la planta.
Empresa vigilada
En la sede de Cemento Cerro Azul son comunes los contenedores de la compañía Islamic Republic Iran Shipping Lines (naviera de la República Islámica de Irán) identificados con sus siglas: Irisl. La empresa fue incluida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la lista de entidades iraníes que deben ser sometidas a vigilancia internacional. En la resolución 1803 del año 2008 se exhorta a los Estados a inspeccionar los barcos de la corporación cuando haya "motivos fundados" para creer que en ellos se transporta material prohibido como armas convencionales o insumos para el programa nuclear iraní.
La resolución 1929 de 2010 indica que se debe informar a la ONU sobre cualquier intento de evasión de las sanciones por parte de la naviera. Insumos para el proyecto han sido transportados por la compañía a la que no pierden de vista en el mundo..
Un asunto de inteligencia
Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia se desplazó a Monagas en 2010 para investigar la situación de la fábrica que construyen contratistas iraníes para la empresa venezolana Cemento Cerro Azul, según indicaron fuentes gubernamentales. Los funcionarios recabaron información, entre otros temas, sobre las razones del retraso de la nacionalización de maquinarias.
Hay versiones que atribuyen a un funcionario iraní la elaboración de un informe sobre el asunto que conocieron los presidentes Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadineyad durante su última reunión en Caracas en noviembre de 2009.
En la planta existen trabajadores y dirigentes sindicales convencidos de que la corrupción ha conspirado contra la obra. Las demoras en la instalación de los mecanismos que transportarán las rocas desde las canteras y en la construcción de otra carretera para los camiones que sacarán el cemento son dos de las razones por las cuales los trabajadores dudan sobre la posibilidad de iniciar operaciones en el primer semestre de 2012, como ha sido anunciado. De acuerdo con fuentes internas, se ha considerado la opción de comenzar a trabajar con materia prima importada y no con las arcillas y calizas de la zona.
Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia se desplazó a Monagas en 2010 para investigar la situación de la fábrica que construyen contratistas iraníes para la empresa venezolana Cemento Cerro Azul, según indicaron fuentes gubernamentales. Los funcionarios recabaron información, entre otros temas, sobre las razones del retraso de la nacionalización de maquinarias.
Hay versiones que atribuyen a un funcionario iraní la elaboración de un informe sobre el asunto que conocieron los presidentes Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadineyad durante su última reunión en Caracas en noviembre de 2009.
En la planta existen trabajadores y dirigentes sindicales convencidos de que la corrupción ha conspirado contra la obra. Las demoras en la instalación de los mecanismos que transportarán las rocas desde las canteras y en la construcción de otra carretera para los camiones que sacarán el cemento son dos de las razones por las cuales los trabajadores dudan sobre la posibilidad de iniciar operaciones en el primer semestre de 2012, como ha sido anunciado. De acuerdo con fuentes internas, se ha considerado la opción de comenzar a trabajar con materia prima importada y no con las arcillas y calizas de la zona.
Etiquetas: terrorismo
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