Revolución Bolivariana: Catorce Años de Corrupción

Por: Joseph Poliszuk

Fuente: El Universal

Editado por ASERNE

 Los “top 10″ de la corrupción venezolana

Los casos de tráfico de influencias y malversación de fondos documentados desde 1999 no caben en una página, Aquí los “top 10″ de muchas de las denuncias varadas en Fiscalía.

TOP 10 DE LA CORRUPCIÓN

MAKLED. Prófugo de la justicia venezolana para entonces, Walid Makled apareció en 2009 de tercero en la lista de narcotraficantes más buscados por la Casa Blanca. A partir de allí, empezaron a salir una serie de vínculos con el Gobierno por haberle facilitado carnets, concesiones y contratos. Makled fue apresado en 2010 en Colombia, desde donde acusó a varios ministros y 15 generales por corrupción, contrabando de armas para la guerrilla colombiana y tráfico de estupefacientes. En Venezuela, sin embargo, ha preferido guardar silencio a lo largo de un juicio en el que los altos funcionarios quedaron excluidos de la lista de testigos. Entre tantos vínculos que le han achacado con el alto Gobierno, en los últimos años ha circulado una carta de agradecimiento que salió de Miraflores a la Fundación Makled “en nombre del Comandante Presidente”.

PDVAL. Más de 120.000 toneladas de alimentos descompuestos advirtieron en 2010 sobre una cadena de funcionarios que importaron comida con dólares preferenciales, para dejarla pagando flete en los puertos del país. El escándalo salpicó a una serie de pesos pesados de Pdvsa entre los que figura Egli Ramírez, tío del ministro Rafael Ramírez. Según el Ministerio Público, se perdieron 2.200 millones de dólares que hubieran servido para comprar más del doble de los productos lácteos que cada año se consumen en el país. Tres años después, el caso ha sido una papa caliente que ha pasado por cinco tribunales; los únicos tres imputados esperan al sexto juez desde sus casas. Aunque la justicia obliga a sacar de la cárcel a los presos que lleven más de un año esperando juicio, los de Pdval son uno de los pocos que gozan de ese beneficio.

ILLARAMENDI. El empresario Francisco Illaramendi se declaró culpable en marzo de 2011 por una estafa que, entre el dinero perdido, destacan 540 millones de dólares del fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela. La empresa estatal asumió el hueco que sufrieron los trabajadores, pero Julio Montoya, Ismael García y otros diputados de la oposición acudieron al Ministerio Público para recordar que es el propio Rafael Ramírez, como presidente de Pdvsa, el responsable de los movimientos bancarios registrados en los fondos de los pensionados. La respuesta oficial fue abrir una investigación de la que al día de hoy no existen noticias. El caso, de cualquier forma, sigue en los tribunales de Estados Unidos, donde la corte de Connecticut acaba de entregar el testigo más arriba en las esferas federales.

PLAN BOLÍVAR 2000. No fue uno sino varios casos de corrupción. Recién llegado a Miraflores, Hugo Chávez lanzó en 1999 una serie de programas sociales que la Fuerza Armada Nacional ejecutó con la premisa de la “alianza cívico-militar”. Fue así como se vio a los soldados arreglando ranchos y vendiendo víveres con la bandera del llamado Plan Bolívar 2000. El programa se extendió por más de tres años y terminó salpicado por facturas enmendadas y cheques posdatados. En Guárico, por ejemplo, se grabó a un soldado que –bajo las órdenes del general Melvin López Hidalgo– cambió en efectivo un cheque a nombre de un ferretero. La Contraloría emitió un informe en que determinó varios ilícitos, pero Chávez salió en defensa del general Manuel Rosendo y otros señalados: “A lo mejor es una falta administrativa que requiere una multa (…) pero no es para prender el ventilador”.

CASO ANDERSON. El atentado contra el fiscal Danilo Anderson la noche del 18 de noviembre de 2004 develó corrupción en el sistema judicial. Las autoridades desestimaron las actas policiales que señalaban una red de extorsión conocida como la “Banda de los enanos”, pero luego reconocieron que del apartamento del fiscal sacaron maletas de dinero en efectivo y máquinas para contar billetes. Tras más de tres años de denuncias contra un juicio amañado, Hernando Contreras, uno de los fiscales del caso, confesó en 2008 que habían forjado actas y falseado testimonios por orden del fiscal general, Isaías Rodríguez. En otras circunstancias, el magistrado Eladio Aponte apareció el año pasado acusando al Gobierno de controlar los tribunales y hasta de forzar medidas a favor de generales que llegaron a guardar droga en un cuartel de Carora.

DIOSDADO & CIA. Los casos documentados a principios de 2009 en contra de los dirigentes del PSUV, Luis Felipe Acosta Carlez, Diosdado Cabello, Ronald Blanco La Cruz, Gian Carlo Di Martino, José Vicente Rangel Ávalos y Juan Barreto suman más de 711 millones de dólares, que pudieron alcanzar para construir un hospital en cada una de las localidades que gobernaban. La oposición ganó Carabobo, Miranda, Táchira, Maracaibo, el municipio Sucre y Caracas en ese tiempo y a partir de allí, llevó a la Contraloría y la Fiscalía una serie de denuncias que quedaron engavetadas. Hubo casos más graves a la hora de sacar la calculadora, pero en Miranda destacaron los más de 400 millones de bolívares viejos que Cabello destinó para dos baños supuestamente remodelados, que encontraron con cerámicas y piezas rudimentarias.

EL MALETINAZO. Guido Antonini Wilson apareció el 4 de agosto de 2007 en Buenos Aires con una maleta cargada de casi 800.000 dólares. El hecho destapó una red de funcionarios de ambos países que viajaban con maletas de dinero en efectivo sin ningún tipo de registro fiscal. Tras el escándalo, el gordo Antonini apareció en Miami como testigo protegido de un juicio, en el que declaró que la famosa “valija” era una de varias que sumaban 5 millones para la primera campaña presidencial de Cristina Kirchner. Luisa Ortega Díaz se estrenó entonces en la Fiscalía General de la República advirtiendo que lo revelado en Estados Unidos no tenía incidencia en Venezuela mientras que el contralor, Clodosbaldo Russián, prometió investigar. Años después, el embajador argentino, Eduardo Sadous, denunció cobro de comisiones en los convenios bilaterales.

BANCOS QUEBRADOS. Tanto el Gobierno como la oposición acusaron en 2009 a una serie de banqueros y funcionarios como responsables de una “centrífuga financiera”, que permitió vender bancos con los ahorros de los clientes de otros bancos. La mayoría de los involucrados quedó libre y en el país, a pesar de las órdenes de captura que el propio Gobierno había girado a través de Interpol. Los 15 bancos intervenidos controlaban 13% de las captaciones del sistema financiero, eran pequeños pero estaban consentidos con depósitos excepcionales de instituciones públicas. Los tesoreros y funcionarios responsables nunca fueron tocados; ni siquiera el superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, quien autorizó a los empresarios Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón a adquirir Central y Banco Real con préstamos ficticios.

CIUDAD LEBRÚN. Jesse Chacón, al frente del Ministerio de Interior y Justicia, sorprendió en 2006 denunciando al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray, por comisiones de más de 9 millardos de bolívares en la compra de unos terrenos para instalaciones judiciales como la llamada Ciudad Lebrún de Caracas, que prometía unos tribunales civiles remozados. Sorprendentemente, Velásquez Alvaray contraatacó acusando al vicepresidente José Vicente Rangel, al ministro Chacón y al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, de dirigir una operación en su contra, a través de una red de extorsión judicial conocida desde 2004 como “la Banda de los enanos”. Al final Velásquez Alvaray huyó del país y los tribunales civiles continuaron en la misma esquina de Pajaritos donde los ascensores no se dan abasto.

CENTRAL AZUCARERO. Tras la construcción del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora hubo cheques clonados, nóminas infladas y partidas desviadas para la remodelación de la sede del Comando Maisanta en Sabaneta de Barinas. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional determinó un daño de 3,3 millardos de bolívares y señaló como responsables a oficiales militares y funcionarios como el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán. Al final, sin embargo, la Justicia solo tocó a los oficiales militares. El proyecto fue vendido por el presidente Hugo Chávez como bandera de la transformación del campo en su pueblo natal, pero luego resultó ensombrecido por denuncias de corrupción que originalmente involucraron a asesores cubanos y hasta a su familia. El Gobierno finalmente aprobó más recursos para terminar la construcción, así terminó todo.