CREANDO FONDOS CON GANANCIAS AJENAS, FORMATO DEL FUTURO…

POR: EGILDO LUJAN NAVA
Fuente: Republicano Liberal

En Venezuela, entre el 60 y el 75% del total de las ganancias que obtienen cada año las empresas privadas, están comprometidos con el pago al Estado de tributos e impuestos. De hecho, la cuantificación gremial privada arroja que las empresas locales le pagan al Estado y a distintos organismos oficiales centrales y descentralizados, 22 compromisos entre impuestos ordinarios y fondos parafiscales.


Desde luego, se trata de tributos que no guardan relación directa con el peor y más cruel de los impuestos que tiene que pagar la sociedad, la inflación. Pero que, indirectamente, sí lo hacen, al convertirse en un costo más, que luego pasará a incorporarse a la estructura que terminará determinando precios en bienes y la prestación de servicios.

Y esa es una realidad que, por supuesto, también conocen las autoridades, indistintamente de que se empeñen en condimentar argumentos administrativos con enfoques ideológicos, para entrar al terreno de los cuestionamientos emotivos de la renta, la plusvalía, y cuanto concepto sea engendrado en las nadas técnicas reuniones que se convoquen para discutir si proceden o no los necesarios ajustes de precios.

Ciertamente, no son públicas las reuniones que, se supone, también se deben –o se deberían- dar en las empresas públicas, cuando se trata de analizar costos y definir precios. Si bien el factor subsidio, esa especie de capitalización de mala gerencia y desvíos antiéticos de dineros del Estado, todo lo permiten y justifican. Pero lo que termina por convertirse en un componente discursivo útil de presuntos servidores públicos, para arremeter contra todo aquello que “castigue el bolsillo del pueblo”, ahora se vincula con la obligación de quien produce de convertir sus ganancias en un bien que pasa a ser objeto de pechaje forzoso, porque también así se “golpean” los enriquecimientos capitalistas.

Los tributos parafiscales en Venezuela, en verdad, han terminado por convertirse en una especie de “vacuna” empresarial, ya que se les justifica en su concepción, se les apuntala con un razonamiento almidonado para darle toque social, hasta que terminan convirtiéndose en miles de millones de bolívares que son administrados por manos desconocidas, sin controles de ningún tipo, ni mucho menos son objeto de seguimientos en función de resultados.

En el torneo de reproducción masiva de ministerios y despachos públicos que se ha dado en el país durante los últimos años, siempre hay tres elementos que se conciben en la estructura de las normas para justificar el funcionamiento de una determinada dependencia. Se trata de la constitución de una Superintendencia, la ampliación de la nómina pública y el nacimiento de un tributo parafiscal, cuando no multas al por mayor, fiscalizaciones de las más exquisitas variedades, y un gran montón de artículos encargados de llenar de amenazas punitivas cada espacio disponible, en contra de quienes osan no cumplir la norma, precisamente en un país cuya distinción más reconocida en materia legal, es el reinado de la impunidad.

En todo caso, en momentos cuando Venezuela flota sobre las más inverosímiles propuestas para atacar el delito de la corrupción, sorprende el nacimiento de una nueva Ley, en esta oportunidad la Orgánica de la Cultura, con su correspondiente tributo fiscal debajo del brazo, para hacer nacer y correr otro Fondo, financiado por las empresas privadas exitosas, bien gerenciadas y que terminan produciendo ganancias, para satisfacción de accionistas, trabajadores y el fisco.

Será el impuesto 23, que nacerá de lo que tendrán que aportar las empresas que obtengan utilidades anuales iguales o superiores a las 20.000 unidades tributarias, a pagar el 1% al Estado para proyectos del área, sin que sepa con base en qué criterio, respondiendo a qué principios, e ignorando el legítimo derecho a opinar y exigir la rendición de cuentas de parte de quienes serán los encargados de financiar gran parte de lo que ese ente haga, si es que lo hace.

¿Y la competitividad de las empresas y del país, en dónde queda en este juego de ambiciones , pretensiones y dispendio de dinero ajeno?. ¿A qué inversionista privado de capital nacional o internacional se le puede convencer para que emprenda en suelo venezolano, genere riqueza y estimule la multiplicación de fuentes dignas y decentes de trabajo?.

Lo peor de lo peor en el medio de estas incongruencias entre acciones contra la corrupción y la insistente multiplicación de entes públicos que no tienen dolientes ni entregan cuentas, es que la mayoría de cada una de las responsabilidades públicas a las que se les destina dinero por la vía del situado constitucional, hoy lucen irreconocibles por sus peores rostros y antihumanas condiciones de funcionamiento y atención a la ciudadanía. ¿Acaso están a la espera de que también les inventen un tributo parafiscal que les resuelva el futuro?.

Un buen marcador o termómetro a nivel mundial que indica, el nivel de desarrollo de cualquier País en la tierra, es el nivel de dependencia económica, control y bienestar que tienen los ciudadanos de sus respectivos Gobiernos. A mayor dependencia y control, mayor nivel de atraso y pobreza tendrá el Pais, a menor dependencia ciudadana del Gobierno, mayor nivel de vida y desarrollo tendrán sus ciudadanos. Otro factor de consideración o grave preocupación, es cuando se observa un País, donde los funcionarios públicos se comienzan a expresar sin recato, impúdica y soezmente, como dueños de la única verdad, sancionando o descalificando a cualquier ciudadano sin que este tenga ninguna institución o Poder publico que lo proteja con segura imparcialidad.  Se olvida que " TANTO DA EL AGUA AL CÁNTARO, HASTA QUE SE REVIENTA "