La Libertad de Prensa Corre Riesgo en Argentina

Por: Roger Noriega

Fuente: The Miami Herald

Traducción por IASW

Durante una visita a Argentina hace unos años, mientras el presidente Néstor Kirchner defendía la mayor cesación de pagos soberana de la historia, vi un mensaje televisado del gobierno que concluyó con la frase: “Argentina … un país serio”. En ese momento, entendí el mensaje como una farsa y no como un herramienta de control propagandístico, pensando que un gobierno que se obsesiona con su imagen más allá de su propia realidad, termina por convertirse en su propio enemigo. Por desgracia, este régimen ha encontrado enemigos en otros lugar – empezando por cualquier periodista o medio de comunicación independiente que se rehuse a seguir la línea del partido.

En el 2009, el congreso controlado por los Kirchner propagó una ley de medios de comunicación dirigida a silenciar a dichos críticos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner (sucesora y ahora, viuda de Néstor Kirchner) afirmó que la medida sirve al interés público al romper los poderosos monopolios del sector de las comunicaciones. Al exigir que el conglomerado Clarín y otros medios de comunicación se desprendieran de lucrativas licencias para la transmisión de televisión por cable, el gobierno alcanzará su objetivo real; amordazar a los periódicos y a los medios de radio y televisión independientes. Es previsible que estas licencias caerán en las manos de los secuaces de los Kirchner. Esta táctica ha sido usada por los caudillos de izquierda en Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros países.

El prestigioso Comité internacional para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha criticado enérgicamente esta ley de medios de comunicación ya que forma parte de la campaña del gobierno para silenciar a los medios de comunicación independientes, atacar a periodistas individuales y favorecer a sus seguidores. El CPJ también ha denunciado la práctica de la administración Kirchner de excluir a medios como Perfil, La Nación y Clarín de valiosos contratos de publicidad gubernamental. En marzo de 2011 , la Corte Suprema de Argentina logró ver mas allá de este esquema y ordenó al Poder Ejecutivo que lograra un “equilibrio razonable” en la asignación de contratos de publicidad del Estado. El CPJ ha documentado las denuncias de medios de comunicación locales quienes se quejan de que el equipo Kirchner está desafiando abiertamente a la Corte al recompensar únicamente a los medios de comunicación que le son afines.

Está claro que Kirchner y los tribunales están en camino a una colisión sobre la cuestión fundamental de la libertad de prensa. En otra sentencia de abril de 2013, la Corte de Apelaciones Civil y Comercial revocó cuatro disposiciones de la ley de medios de 2009, incluido el artículo clave que requiere que los medios realicen desinversiones. El asunto está pendiente ante la Corte Suprema, la que determinará la constitucionalidad de las controvertidas disposiciones.

Para que el gobierno de Kirchner alcance el silenciamiento de los medios de comunicación independientes, tendrá que cooptar al poder judicial– como ya ha corrompido a otros instrumentos del Estado desde la elección de Néstor Kirchner hace una década. Sin embargo, el kirchnerismo parece estar perdiendo fuerza. La derrota de los candidatos afines a la presidenta en las primarias parlamentarias de agosto – en las que su facción recibió un mero 26 por ciento de los votos emitidos – ha provocado que muchos observadores comiencen a tener dudas sobre su posible desempeño en las próximas elecciones del 27 de octubre.

Según informes de prensa acreditados, Kirchner y sus compinches han llegado a la conclusión de que una victoria ante el Tribunal Supremo contra los gigantes de los medios de comunicación animará a sus aliados políticos y recordará a sus enemigos de los altos costos de desafiar a la máquina kirchnerista. Una serie de artículos en los periódicos independientes han ofrecido detalles sobre una campaña para intimidar a los jueces del Tribunal Supremo para que se apresuren a defender la constitucionalidad de la dudosa ley de medios antes de que los votantes acudan a las urnas este fin de semana (27 de octubre) para elegir un nuevo Congreso

Según los expertos judiciales, los jueces se ven sometidos a una enorme presión – incluso las llamadas personales de la presidenta Kirchner y sus ministros. Los periodistas informan de que los siete magistrados están divididos sobre la constitucionalidad de los artículos clave de la ley. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y el juez Enrique Santiago Petracchi representarían los votos indecisos.

Lorenzetti fue designado a la corte en 2004 por el primer presidente Kirchner; ha ganado elogios por dirigir una Corte muy independiente que ha desafiado a la presidencia en varias cuestiones clave. Petracchi, de 78 años, ha servido con distinción en tiempos tumultuosos desde que la democracia fue restaurada hace 30 años; ha logrado resistir las presiones de los kirchneristas, quienes piden su retiro.

Por supuesto, la Corte no tiene que apresurar su decisión sobre esta cuestión extraordinariamente complicada y fundamental – y menos aún para satisfacer las demandas egoístas y desesperadas de un político. Muchos argentinos están convencidos de que este asunto está en las manos firmes de los jueces Lorenzetti y Petracchi, quienes debe saber que el destino de la libertad de prensa, la reputación de la independencia del poder judicial y su legado profesional descansan sobre esta decisión.

Roger F. Noriega es un investigador visitante en el American Enterprise Institute, fue Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental y embajador ante la Organización de los Estados Americanos en la administración del ex presidente George W. Bush 2001-2005. Su firma, Visión Américas LLC, representa a clientes americanos y extranjeros.