Estado fallido en Venezuela

Por: Ramsés Ulises Siverio 

rsiverio@correodelcaroni.com

Fuente: Correo del Caroní

Hasta ahora las autoridades de seguridad del Estado no se han manifestado por la muerte de Márquez 

MARQUEZ ALIAS Gordo Bayon

La paz era ajena a los portones de Sidor. El clamor de los tercerizados había estallado en cólera en aquellos días de julio, cuando los subcontratados de la acería, henchidos en la frustración que prohíja el desoído del gobierno, cerraron el acceso a Ciudad Guayana por el ala norte; esa tranca era su presión al Ejecutivo para agilizar su entrada a la nómina de la empresa.

Todos recuerdan aquellos días de 2012, marcados por el colapso de la ciudad, la incertidumbre de un conflicto y la ausencia de autoridades capaces de poner orden. De nada sirvió la presencia policial, ni de la Guardia, ni de líderes sindicales. Ni el propio alcalde fue capaz de amainar las discordias. La tranca no cesaría hasta que obtuvieran la anhelada respuesta del Ejecutivo nacional. El conflicto seguiría en pie hasta nuevo aviso.

No sería sino hasta el 2 de agosto cuando Jorman Pedro Márquez Rodríguez, revestido del fuero concedido por el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, viajó hasta la zona de conflicto en un avión contratado por el propio ejecutivo regional. Su misión: mediar en la querella. Jorman no era representante del Ministerio de Industrias, ni enviado del Presidente de la República, ni funcionario de seguridad del Estado. Tampoco era dirigente sindical. No se le conoce por ninguna de estas investiduras, sino por la fama granjeada por su alias, Gordo Bayón, como líder de una de las bandas armadas más peligrosas del estado Bolívar.

Era él el mediador del conflicto. El “garante de la paz” en la acería. El veedor de un contrato colectivo discutido en Miraflores a pesar de la decisión del Tribunal 3ro de Control que le impedían salir del estado Bolívar por su supuesta participación en un triple homicidio. Ese era Gordo Bayón, el ultimado la noche del pasado lunes en la ciudad de Caracas al salir de su jornada en la casa presidencial.

El asesinato de Márquez, más que evidenciar la rivalidad que signa a los grupos armados, pone en el tapete la legitimación que cobran estas bandas por parte del gobierno, capaces de cumplir funciones de Estado en situaciones donde la institucionalidad ha demostrado su incapacidad para dirimir un conflicto. Es, para muchos, el debilitamiento del Estado, la erosión de sus instituciones y el triunfo progresivo de las fuerzas de facto sobre el orden social.

Pax Romana

El deterioro de las instituciones no es nuevo en Venezuela; al menos eso piensa la socióloga con maestría en Ciencias Políticas, Ana Isabel Valarino. Recuerda que el tráfico de influencias, el uso de atajos institucionales son de vieja data en el país; pero actualmente el debilitamiento institucional del Estado ha llegado a niveles que afectan una de sus principales funciones: la seguridad.

“Cuando el Estado fomenta el uso de grupos armados para controlar a sus partidarios o amedrentar a otros grupos estamos en una situación mucho más grave. Ya no es siquiera la corrupción policial, sino el uso de grupos armados y la falta de una institución que nos resguarde como ciudadanos”, comenta.

Julio 2012: El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, facultó aJorman Márquez para que fungiera como “mediador” para levantar la tranca de la ciudad generada por los sidoristas.

Atribuye la emergencia de estos grupos, en primer lugar, a los altos índice de impunidad en el país, que les permite actuar abiertamente sin ningún castigo, y a la falta de separación de poderes, que siembran en el colectivo la idea unitrina de un “gobierno-estado-partido”. Una concepción que, a su juicio, facilita a los funcionarios el ejercicio del poder con plena discrecionalidad, en función de intereses particulares, y dejando a un lado la rigurosidad legal que suponen las instituciones.

Dicho de otra manera: “El gobierno echa mano del recurso que tenga. Si ese señor (Gordo Bayón) aunque esté siendo investigado tiene la capacidad de servir a mis intereses, que en este caso sería controlar un grupo determinado, me lo traigo, aunque esos intereses no necesariamente sean los del Estado”.

¿Estado Fallido?

El sociólogo Max Weber definía al Estado como aquella institución capaz de recabar para sí, y con éxito, el “monopolio de la violencia legítima”; esto es, aquella institución capaz de ejercer la fuerza amparada en la ley. Esta función, según Weber y otra pléyade de autores, es responsabilidad inherente e intransferiblemente del Estado. Así lo reza también la Constitución Nacional.

Pero el hecho de que el propio Estado recurra a grupos de poder que actúan al margen de la ley evidencian no solo la complicidad entrambos, sino la debilidad del primero ante la fortaleza de facto que cobran los segundos. Sería, pues, un mínimo atisbo de lo que el politólogo y sociólogo alemán llamaba Estado Fallido: la incapacidad de cumplir con su función de mantener el monopolio de la violencia legítima.

Valarino toma el concepto de Weber y lo equipara con la realidad nacional, para llegar a la conclusión de que Venezuela es un ejemplo más de esta degeneración del Estado. Toma como ejemplo el sicariato sindical en el estado Bolívar y el poder que representa en lo político, pero también los grupos paramilitares y parapoliciales que inundan la frontera colombo-venezolana. “Si el Estado no puede garantizar mi seguridad y no puedo acudir a él porque está amparando grupos que ejercen la fuerza de manera ilegal, entonces yo hablaría de un fracaso del Estado”.

“Divide y vencerás”

La licenciada en ciencias políticas Mercedes Martelo, coincide en que Venezuela atraviesa una fase de “desmoronamiento institucional”. Del desmontaje de un modelo republicano erigido desde 1958, y que ahora se deshace “deliberadamente” para favorecer los intereses de una “élite del poder”.

Martelo explica cómo cada uno de los poderes públicos se ha ido desestructurando a través de la construcción de instituciones paralelas. Su mayor ejemplo son las misiones como supletorias de las funciones ministeriales del Poder Ejecutivo. “Desmoronan la institución anterior y crean una nueva que no es capaz de hacer lo que hizo la anterior”, detalla, deviniendo esto en un menor desempeño gubernamental, menos satisfacción de las demandas ciudadanas y caldo de cultivo para la corrupción.

La profesora de Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) no cree que se trate de una situación de ineficiencia en sí misma, sino de un intento deliberado del gobierno para mantenerse en el poder gracias a un debilitamiento institucional que, a su juicio, favorecería tales intenciones. “No hay controles, nadie conoce las leyes, nadie sabe dónde reclamar sus derechos porque las instituciones no funcionan. Eso favorece a quien esté en el poder, que va a usar todos los recursos que estén a la mano para enquistarse”.

2010: El entonces presidente de la República, Hugo Chávez, saluda a Wilmer Brizuela, alias Wilmito, desde un Aló Presidente, refiriéndose a éste como alguien que, según rumores, “mandaba más que el gobernador”. Wilmito era conocido por muchos como el “pran” de la cárcel de Vista Hermosa.

Esos recursos -prosigue Martelo- también incluyen el uso de grupos armados, aun cuando estos actúen al margen de la ley. Cree que una élite de poder no actúa en función de la legalidad y de los intereses del Estado, sino en sus propios fines, aunque para ello se valga de grupos ilegales que mantengan el orden que las fuerzas legítimas no pueden ejercer por su propia ineficiencia.

“Esos grupos (bandas armadas) tienen un poder real que está fuera de las instituciones, pero son un poder. La élite que gobierna ha pactado con ellos y los favorece a través de un clientelismo político. La presencia de ese señor (Gordo Bayón) en Miraflores, en el más alto nivel de negociación del país, te indica que esos acuerdos existen. ¿Qué función cumplen? Una función de apoyo. ¿Por qué la pueden cumplir? Porque es solicitada, porque estos grupos actúan fuera de la ley, y si tú no los llamas no pueden incorporarse. Hay un acuerdo: el gobierno les han permitido que ejerzan su poder y ellos le dan apoyo. Es un acuerdo utilitario”, concluye la politóloga.

Martelo no deja de manifestar su preocupación por este proceso que vive Venezuela, recordando que el auge de los carteles de la droga en México y de las Maras en El Salvador germinaron en el quiebre institucional de esos estados.

Hasta ahora el gobierno no ha sabido explicar la presencia de Gordo Bayón en Miraflores, así como el ex presidente Chávez nunca explicó sus saludos en cadena nacional a “Wilmito”: ex “pran” de la cárcel de Vista Hermosa; o la omisión del comandante general de la Policía del Estado Bolívar, Julio César Fuentes Manzulli, sobre la presencia de Bayón en la constitución de las mesas técnicas de seguridad para la paz en el sector construcción; ni mucho menos, la aquiescencia del gobernador Francisco Rangel Gómez para que Márquez mediara con los tercerizados sidoristas.

Aún quedan muchas preguntas por responder. El silencio gubernamental sigue rodeando la muerte de un hombre que se granjeaba por Miraflores a pesar de su prohibición de salir del estado Bolívar.

Estado fallido, Estado frágil: más que una definición

Vendavales de tinta han inundado la literatura mundial sobre la concepción del Estado fallido. Desde la definición de Weber y su falta de control del “monopolio de la fuerza legítima”, hasta el pragmatismo que habla de la incapacidad del Estado de cumplir con sus funciones básicas, sobran las definiciones.

Una de ellas es la propuesta por la ONG Fundación Para la Paz, que no solo redefine el término comoEstado débil, sino que lo precisa a través del estudio de 12 indicadores entre los cuales figura el sistema de seguridad.

El estudio de esta organización ubica a Venezuela en el puesto número 89 entre los estados más débiles, con un puntaje de 75,3. La lista la encabeza Somalia, como el mayor ejemplo de un Estado frágil, con 113,9 puntos en la escala de debilidad. Honduras, país con amplio dominio de las maras, se ubica en el puesto 75.

La lista completa puede consultarse a través del siguiente enlace: http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable