Robert Menéndez: Venezuela, subversión de la democracia mediante violencia de Estado

Por Robert Menéndez, senador por Nueva Jersey

Fuente: UNIVISION

Quiero expresar mi indignación y horror sobre la situación electoral fuera de control en la que se encuentra Venezuela por la intimidación, la violencia y la corrupción del gobierno de Maduro para manipular los resultados electorales a su favor.

Por varias semanas, el presidente Maduro ha dicho que su partido va a hacer lo que sea –lo que sea– para mantener el poder y no tengo la menor duda que él va a hacer todo lo posible para conservar su dominio.

En los últimos días, Maduro dijo: “Si el 6 de diciembre gana la derecha, prepárense para un país lleno de caos, de violencia, de protesta. Ni voy a entregar, ni voy a traicionar la revolución”; una declaración clara de lo que está por venir. Pero el mundo está vigilando.

En octubre, Maduro dio un discurso público en el que dijo que si la oposición gana, el país entraría en uno de los peores “periodos turbulentos” porque no cedería la revolución y si es necesario, gobernaría a través de lo que él llamó una “unión cívico-militar”.

Socios de Maduro también han hecho declaraciones alarmantes y ominosas en las últimas semanas avisándole al público que el partido del gobierno no va a perder el control. El gobierno ya ha negado la entrada de observadores internacionales de elecciones, así que­ claramente sabemos lo que va a suceder. El mandato de Maduro no termina todavía pero es solo una cuestión de tiempo, y estas elecciones serán un testimonio a su completo fracaso.

El hecho es que los números no mienten y los números de las encuestas son una prueba más que indica cómo el país está listo para un cambio fundamental de un modelo económico fracasado que ya debe ser eliminado. Todo esto sucede dentro de un contexto de engaños, represión y violencia incesante.

La semana pasada, a plena luz del día, partidarios armados del gobierno asesinaron a Luis Manuel Díaz, jefe de la Acción Democrática en el estado de Guárico; claramente un asesinato político diseñado para aterrorizar a los partidos de oposición y a sus seguidores. Luis Manuel Díaz estaba parado a 6 pies de distancia de Lilian Tintori, la esposa del prisionero político de alto perfil, Leopoldo López, con quien me he reunido varias veces.

Este grado de violencia desvergonzado e inaceptable es atroz y ha sido condenado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, y por un sinnúmero de organizaciones de derechos humanos. Una vez más el mundo está observando diligentemente; exigiendo el restablecimiento del Imperio de la Ley en Venezuela.

El hecho es que el gobierno de Venezuela se dedica a la manipulación electoral al aire libre. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, ha inhabilitado a siete figuras destacadas de la oposición para participar en las elecciones: descalificaciones sin justificación y sin un proceso de apelación.

Las descalificaciones se han dirigido sólo a los miembros de la oposición: María Corina Machado, la diputada que recibió el mayor número de votos en las elecciones de 2010; Manuel Rosales, el gobernador anterior del estado de Zulia y el candidato presidencial anterior de la oposición; Leopoldo López, quien se encuentra actualmente en una prisión militar como el prisionero político de más alto perfil en las Américas.

El gobierno también ha fabricado una crisis fronteriza con Colombia como pretexto para declarar un estado de emergencia en 23 municipios en tres estados de la frontera colombo-venezolana. Esto permite al gobierno suspender arbitrariamente los derechos fundamentales de los ciudadanos de estos municipios como lo son sus derechos de reunión y a manifestaciones pacíficas; y da la casualidad que estos municipios son distritos reñidos en esta elección, o ganados cómodamente por la oposición en las elecciones legislativas de 2010. En estos mismos tres estados, la oposición ganó 18 de los 27 escaños.

Es tan grave la situación que el gobierno está recurriendo a trucos políticos. En un distrito, en la ciudad de Maracay, el candidato principal de la oposición se llama Ismael García, un veterano político. El gobierno logró encontrar un encargado de un estacionamientos, de 28 años de edad, llamado Ismael García, quien se postuló bajo un partido político con un nombre parecido al de la oposición, y con un logotipo casi idéntico.

En otra área en la capital Caracas, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Concilio Nacional Electoral han determinado que para el final del año, 128.000 electores están programados para mudarse fuera de un distrito que apoya a la oposición a uno que apoya al gobierno. Esta mudanza es lo suficientemente grande para disminuir el número de diputados que el distrito de oposición podrá elegir, y suficientemente grande para aumentar por uno el número de diputados que el distrito progubernamental elegirá.

El Instituto Nacional de Estadísticas y el Consejo Nacional Electoral reconocen que 134.000 votos se trasladarán al distrito pro-oposición a mediados del próximo año, lo que significa que 130.000 personas se están mudando por un período de 6 a 9 meses.

El gobierno de Maduro no debe creer que puede esconder este tipo de tácticas evidentes para robarle al pueblo de Venezuela una elección libre y justa. No pueden ser tan ingenuos en pensar que estas tácticas ridículas pasan desapercibidas. No somos ciegos a ellas. Estamos vigilantes. Y quiero enviar un mensaje claro: que el mundo está observando y esperando a ver los resultados de la elección y sus efectos.

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En este contexto de violencia, intimidación, corrupción y fraude electoral, el gobierno venezolano ha negado sistemáticamente la presencia de observadores electorales reconocidos a nivel internacional. Si el gobierno venezolano estuviera interesado en garantizar la transparencia, la objetividad y la credibilidad de las elecciones, habrían invitado a la OEA –órgano multilateral de la región– a observar las elecciones.

Desde 1989, la OEA ha llevado a cabo más de 160 misiones de observación electoral en 24 países. El Secretario General de la OEA se ha ofrecido varias veces para observar esta elección, pero Maduro lo ha rechazado. La Unión Europea (UE) también se ha ofrecido a observar, pero también ha sido rechazada. En cambio, el gobierno venezolano ha optado por aprobar una misión de la Unión de Naciones Suramericanas, o la UNASUR, que realizará una misión de “acompañamiento electoral” en lugar de “observación electoral”.

El rigor técnico de la misión de UNASUR ha sido puesto en duda por muchos miembros de la comunidad internacional. El Tribunal Superior Electoral de Brasil prohibió la participación de ese país en la misión de la UNASUR. Chile y Uruguay tampoco participarán en la misión de la UNASUR. Como lo puso un titular del Washington Post esta semana, “Venezuela [se dirige] hacia una elección crucial, sin árbitro”.

A medida que Venezuela se acerca a estas elecciones, las encuestas en todo el país muestran una tendencia fuerte y sostenida a favor de la oposición. Sondeos nacionales colocan a candidatos de la oposición en la delantera por 28 puntos. Esta creciente ventaja es el resultado de una visión cada vez más grave que refleja el estado de la nación.

El pueblo de Venezuela sigue sufriendo aprietos económicos; está enfrentado a aumentos de violencia social; ha visto más y más evidencia que altos funcionarios del gobierno que están personalmente y profundamente involucrados en el tráfico de drogas; profundamente involucrados con el lavado de dinero. De hecho, propios miembros de la familia presidencial han sido detenidos por narcotráfico.

Y para empeorar las cosas, mientras que el Presidente Maduro, un exconductor de autobús, conduce su país sobre un precipicio, ha habido escaseces de carne y leche, pollo y huevos, arroz y pasta, jabón para el baño y pañales para niños. Y todo indica que esta tendencia probablemente empeorará.

Este año, el FMI prevé que el PIB de Venezuela se contraerá en un 10 por ciento: la contracción económica más grande en el mundo. El país también está sufriendo los niveles de inflación más altos a nivel mundial; más de 150 por ciento en 2015, según el FMI, y se espera que supere el 200 por ciento en el 2016. A medida que los problemas económicos crecen, no debería sorprender que la criminalidad en el país también haya empeorado: la tasa de homicidios se ha duplicado en la última década.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de homicidios per cápita en Venezuela fue de 37 por cada 100,000 habitantes en 2005, 54 por 100,000 en 2010, y de 82 por 100,000 en 2014. Y las cosas son aún peores en Caracas, la capital, donde la tasa de homicidios per cápita se acerca a 125 por cada 100.000 habitantes. Esto pone a Caracas entre las cinco ciudades más violentas del mundo, a la par con el tipo de matanzas generalmente solo visto en zonas de guerra.

Además de la violencia social generalizada, en 2014 el mundo fue testigo de cómo las fuerzas de seguridad venezolanas fueron desplegadas en las calles para reprimir violentamente las protestas pacíficas en todo el país, dejando 43 muertos en ambos lados de la división política, más de 50 casos de tortura de activistas de la oposición documentados, y miles de detenciones.

A lo largo de esta violencia, la organización internacional por los derechos humanos Human Rights Watch declaró que los abusos contra los derechos humanos eran una “práctica sistemática” cometida por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Para empeorar las cosas, una narrativa más oscura y más siniestra ha emergido en la Venezuela del 2015. En marzo de este año, la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro –conocido como FinCEN–, anunció que el Banco Privado de Andorra es - y cito­ “una institución financiera extranjera con interés primordial de lavado de dinero”.

Entre otras preocupaciones, la FinCEN encontró que el banco había estado involucrado en un esquema que desvió aproximadamente $2.000 millones de la petrolera estatal venezolana PDVSA; un esquema que seguramente incluía la participación generalizada –y el conocimiento– de funcionarios del gobierno venezolano. El mundo está observando.

En mayo de este año, en una exclusiva del Wall Street Journal, el mundo fue informado de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Agencia de Control de Drogas (DEA), y las oficinas de varios fiscales federales están investigando a Diosdado Cabello por su participación en el tráfico de drogas: un hombre que sirve como el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela y alguien generalmente considerado como la segunda figura más poderosa en la coalición del gobierno.

Este individuo aparentemente quería convertir a Venezuela en un centro mundial de la cocaína. Y en octubre, en otro artículo muy bien argumentado, el Wall Street Journal reveló cómo el lavado de dinero y la malversación de fondos dentro de la petrolera gigante de Venezuela fueron gestionados desde los más altos niveles, incluso por el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez.

Estos dos incidentes son parte de una larga y preocupante serie de revelaciones inquietantes sobre cómo los más altos niveles del poder son directamente responsables de que el estado de Venezuela haya sido invadido por el narcotráfico y la criminalidad.

Con este tipo de tendencias siniestras volviéndose parte del día a día en Venezuela, es importante reconocer que un cambio radical de opinión se está llevando a cabo en América Latina, y los líderes políticos más importantes se pronuncian cada vez más enérgicamente en contra de lo que está sucediendo en Venezuela.

En septiembre de este año, 34 expresidentes y jefes de Estado de toda América Latina y el Caribe se reunieron en Bogotá y emitieron una declaración pidiendo observación electoral internacional, mayores garantías para los votantes venezolanos, y la liberación de los presos políticos en el país.

El mes pasado, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hizo pública una carta al liderazgo del Consejo Nacional Electoral de Venezuela delineando todas sus preocupaciones con el proceso en vísperas de las elecciones del 6 de diciembre, y pidiendo una rápida corrección del rumbo.

El mes pasado, me enorgulleció unirme a 17 de mis colegas aquí en el Senado de Estados Unidos, 32 senadores brasileños, 57 del Senado colombiano, 12 senadores chilenos, 26 miembros de la Asamblea de Costa Rica, y 13 miembros del Congreso peruanos:­ más de 150 legisladores de todas las Américas en una muestra de unidad sin precedentes para hacer un llamado urgiendo la observación electoral, hablar en contra de la descalificación de candidatos de la oposición, y pedir la liberación de los presos políticos.

La semana pasada fue importante ver al presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, hacer un llamado al bloque sudamericano Mercosur para estudiar si Venezuela debe ser suspendido debido a que viola su cláusula democrática y no respeta los derechos humanos.

La pregunta entonces sigue siendo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Las elecciones en Venezuela se llevarán a cabo este fin de semana, y es imperativo que todos permanezcamos completamente alerta acerca de los desafíos que enfrenta el país.

Durante 15 años hemos visto cómo el presidente Maduro y el expresidente Chávez desmantelaron la democracia en el país de una manera sistemática. Han anulado los controles sobre la rama ejecutiva; han corrompido el poder judicial y el imperio de la ley; han usurpado los poderes de la legislatura; han politizado la rama militar; Y han suprimido la libertad de prensa.

Nadie debería sorprenderse al ver cómo estos 15 años de deterioro democrático han llevado el país a la ruina económica, a la criminalidad rampante, y a una polarización política cada vez más delicada. Pero el primer paso para corregir el rumbo y ayudar a los venezolanos al borde del desespero es que se permita ejercer el voto este fin de semana. Que se permita ese derecho democrático fundamental que podría ayudar a mover el país hacia la democracia y el imperio de la ley por medio de una gran participación de votantes.

Debemos reconocer que Latinoamérica está hablando firmemente sobre la situación en Venezuela, pero en los Estados Unidos debemos preparar nuestra propia respuesta. La semana pasada, la junta editorial del Washington Post señaló que si el voto es interrumpido en Venezuela, “EE.UU. debe estar preparado para responder con censura y sanciones”. No podría estar más de acuerdo.

En diciembre de 2014, el Congreso de Estados Unidos –con el consentimiento unánime de ambas cámaras–, aprobó el Proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, legislación que escribí y presenté con los senadores Nelson, Rubio, Kirk y McCain.

Este proyecto de ley bipartidista, que requería sanciones obligatorias, le proporcionó la autoridad necesaria a la Administración Obama para sancionar a los violadores de derechos humanos y de libertades fundamentales. La Administración ya ha utilizado estas sanciones una vez, pero debe estar preparada –si es necesario– para usarlas de nuevo.

Sabemos lo que está pasando en Venezuela: la subversión de la democracia a través de la violencia patrocinada por el Estado; hemos visto la represión; vimos a cientos de miles de venezolanos en las calles a principios de este año en protesta por los alarmantes niveles de violencia y delincuencia; vemos las tasas de inflación por las nubes; la escasez de alimentos y bienes de consumo básico.

Esa, es la Venezuela de hoy. La pregunta es: ¿Podemos hacer que el mañana sea mejor para el pueblo de Venezuela? El mundo observó como el presidente Maduro y su gobierno respondió a las protestas con una exhibición brutal de fuerza que no se había visto en nuestro hemisferio en más de una década. El resultado: más de 40 muertos, más de 50 casos de tortura documentados, y miles de detenciones ilegales.

En mayo, Human Rights Watch publicó un informe devastador declarando que las violaciones de derechos humanos en Venezuela eran “parte de una práctica sistemática por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas”, y que estos abusos estaban destinados a “castigar a la gente por sus opiniones políticas”.

Como he dicho en varias ocasiones –y como es el caso hoy en día– ni un funcionario del gobierno venezolano o miembro de las fuerzas de seguridad ha sido responsabilizado por su papel en las golpizas, balaceras, encarcelamientos o tortura de manifestantes pacíficos; ni uno. Ahora, amenazan con secuestrar el proceso electoral y ellos deben saber que el mundo los está observando y que sus acciones tendrán consecuencias.