Corte asesta ‘fujimorazo’ a Asamblea Nacional de Venezuela
Por: Antonio María Delgado
Fuente: El Nuevo Herald
Dictamen del Tribunal Supremo le arrebata a la Asamblea facultad de fiscalizar otros poderes
Medida es comparada al autogolpe de Fujimori en Perú en 1992
“La sentencia es un atentado a la voluntad popular”, según un analista
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en los actos protocolares del inicio del año judicial venezolano el 29 de enero en Caracas. MIGUEL GUTIERREZ EFE
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo, terminó de maniatar el martes a la Asamblea Nacional al emitir un dictamen que le arrebata algunas de sus más importantes funciones constitucionales, incluyendo la capacidad de fiscalizar a los otros poderes.
El dictamen, que está siendo comparado con el autogolpe en 1992 del presidente peruano Alberto Fujimori, conocido como el “fujimorazo”, pretende desarticular los esfuerzos de la Asamblea Nacional por destituir a los magistrados designados por el chavismo de manera apresurada e inconstitucional en diciembre.
“Con esto se defenestró a la Asamblea Nacional. La sentencia es un atentado a la voluntad popular porque desconoce los poderes de la representación popular, que es la Asamblea”, dijo desde Nueva York el constitucionalista venezolano Allan Brewer-Carías.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolivar, José Vicente Carrasquero, dijo que la decisión rompe con el hilo constitucional del país.
“Esto es un golpe de Estado, un golpe a la Constitución. Están eliminando un elemento básico de la democracia moderna, que es el equilibrio de poderes. Se está anclando la capacidad contralora de la Asamblea Nacional que está garantizada en la Constitución”, manifestó Carrasquero.
La Sala Constitucional del TSJ dictaminó el martes que el control de la Asamblea Nacional se limita al Ejecutivo, eliminando la posibilidad de supervisar los actos de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
La ex magistrada Carmen Porras de Roa explicó el 17 de febrero en una sesión en la Asamblea Nacional de Venezuela cómo fue obligada a jubilarse del Tribunal Supremo, para abrir campo a un juez de tendencia chavista.Cortesía: LaPatilla.com
El control político “se extiende fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo Nacional y no sobre el resto de los Poderes Públicos […] tampoco sobre el poder público estatal ni sobre el poder público municipal”, indica la sentencia.
La Sala Constitucional también dictaminó que la asamblea “no está legitimada” para revisar, anular o revocar los procesos anteriores de selección y designación de magistrados, y estableció que actuar en ese sentido “sería evidentemente inconstitucional”.
El pronunciamiento fue emitido en momentos en que la Asamblea Nacional controlada por la oposición se disponía a discutir un informe que recomienda revocar el mandato de esos jueces.
Brewer-Carías sostuvo que el cuerpo legislativo sí está facultado constitucionalmente para revocar a los magistrados, ya que éstos fueron nombrados aceleradamente en diciembre incumpliendo con los requisitos constitucionales.
“Si la elección de magistrados que se efectúo en diciembre hubiese sido conforme a la Constitución, los magistrados designados tendrían derecho a permanecer en sus cargos hasta el vencimiento del término y tendrían derecho a que solo podrían ser revocados en caso de falta grave y con un voto de mayoría calificada”, dijo Brewer-Carías, uno de los más respetados constitucionalistas de Venezuela.
“Pero es que en diciembre a los magistrados del Tribunal Supremo se les designó violándose todas las formas constitucionales dispuestas para la elección de los mismos, por lo cual la asamblea tiene el poder de revisar sus propios actos y de revocarlos en caso de comprobar que fueron dictados violándose la Constitución”, manifestó Brewer-Carías.
Parte de las irregularidades en torno a la designación de los jueces recae en el hecho de que fueron nombrados para reemplazar a magistrados que fueron obligados a renunciar, en un ilegal intento por evitar que un buen número de ellos pasaran a retiro y fuesen remplazados bajo la nueva Asamblea Nacional.
Durante la sesión del martes, el diputado Carlos Berrizbeitia difundió un audio de la ex magistrada del TSJ, Carmen Elvigia Porras, quien declara que fue presionada y extorsionada para acelerar su jubilación.
“Yo tuve que esconderme y apagar el teléfono porque me buscaban a través de mi teléfono y a través de personas que me conocen”, expresó Porras en la grabación.
Brewer-Carías señaló que la sentencia limita hasta un extremo las potestades de control político de la Asamblea Nacional sobre el gobierno y sobre la administración pública que la Constitución le asigna.
“Encasilla, en contra de las previsiones constitucionales, todos sus poderes de interpelación y de investigación respecto de los funcionarios públicos, eliminando materialmente la obligación constitucional que éstos tienen de comparecer ante las comisiones de la Asamblea y de suministrarles las informaciones que les requieran para las funciones de control”, señaló el constitucionalista.
Por otro lado, el dictamen también excluye a “los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional de todo control parlamentario, reduciéndolo al control político que se ejerce sobre su Comandante en Jefe, que es el Presidente de la República al rendir su mensaje anual ante la Asamblea”, agregó.
El dictamen del TSJ es el último eslabón de una cadena de acciones emprendidas por el régimen de Nicolás Maduro por desmantelar a la Asamblea Nacional, luego de que la oposición lograra más de dos tercios de los escaños en las elecciones de diciembre.
“Esto es parte de la campaña que se viene haciendo, para desconocer la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional”, dijo el ex diputado venezolano Nelsón Chitty La Roche desde Caracas.
“Ay de aquellos pueblos cuyos jueces merecen ser juzgados”, agregó Chitty La Roche, repitiendo la frase célebre del escritor francés Anatole France.
Pero los esfuerzos por desmantelar a la Asamblea Nacional no provienen exclusivamente del TSJ.
El propio Maduro ya ha anunciado que no acatará los pronunciamientos de la Asamblea Nacional, y que éstos no serán recogidos en la Gaceta Oficial, publicación oficial donde deben aparecer las leyes y los decretos del país.
El régimen también está intentando asfixiar a la asamblea al negarse a pagar la asignación presupuestaria para que funcione.
“No se les ha pagado, hoy primero de marzo, sus salarios a los empleados de la asamblea”, manifestó Chitty.
“Creo que llegó la hora de plantear el conflicto de los poderes. En mi criterio, la Asamblea Nacional no puede aceptar esta decisión, y mucho menos de un ente que viene extralimitándose, que pretende convertirse en una suerte de poder constituyente, y que está comprometiendo la constitucionalidad y la legalidad en Venezuela”, puntualizó.
Etiquetas: jueces del horror
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