Juzgado por Narcotráfico en los EEUU Miembro del Servicio de Inteligencia de Chávez

Por: Maibort Petit 

Fuente: Venezuela Al Dia

En un memorando dado a conocer por la Corte del Distrito Este de Virginia se informa que Edgar Maestre Martínez, alias “El Profe”, formó parte del Servicio de Inteligencia y del aparato militar del Estado venezolano y que usó su posición para ayudar y facilitar, el paso seguro por el espacio aéreo de Venezuela de los envíos de cocaína pertenecientes a narcotraficantes colombianos.

La conspiración por la cual está siendo juzgado el acusado ocurrió entre mayo y junio de 2012, cuando era presidente el fallecido Hugo Rafael Chávez Frías.

De acuerdo a la acusación del gran jurado, Maestre Martínez recibió miles de dólares para proporcionar códigos aéreos a otros miembros de la organización criminal para la que prestaba servicios, de tal manera de asegurar la transportación de los cargamentos de cocaína por vía aérea.

Edgar Maestre Martínez fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de dos cargos, a saber:

1) Conspiración para distribuir cinco (5) kilogramos o más de cocaína,a sabiendas y con la intención de que la droga sería ilegalmente importada a los EEUU y,

2) Conspiración para poseer, con la intención de distribuir cocaína a bordo de aviones registrados en los Estados Unidos, en violación de 21 U.S.C. §§ 959 (a) y 959 (c) respectivamente.

En el expediente de Maestre Martínez aparecen tres co-conspiradores: Juan Diego Zapata-Arcila alias “Lucas El Paisa”; Edwin Franco-Arias alias “Camilo”, “Chorizo” y “Ladrillos del Caribe” y, finalmente, Reinel Antonio Benitez Nuñez alias “Cajuche” y “Cajuche Pobre”. Los tres hombres se declararon culpables de los cargos y aceptaron cooperar con las autoridades norteamericanas desde el inicio del proceso.

En un memorando, fechado el 21 de julio de 2017, se señala que el gobierno de los EEUU posee evidencias que prueban que Maestre Martínez es miembro del aparato de Inteligencia, de Seguridad y Militar del Estado venezolano y que usó su posición como funcionario del gobierno para realizar la conspiración.

Maestre Martínez fue detenido en Cúcuta el 15 de octubre de 2013 y transportado a la cárcel de La Picota en Bogotá, Colombia, hasta que fue extraditado. El 24 de marzo de 2017, la Corte federal estableció el calendario procesal del caso, luego de una audiencia donde el acusado discutió con los fiscales federales la naturaleza y el volumen de las evidencias que el gobierno tiene en su contra.

La corte había establecido la realización de una audiencia de pruebas para el 12 de septiembre de 2017, y el inicio del juicio para el mes de noviembre de este año. No obstante, la defensa solicitó una prórroga en el calendario, ya que el gobierno entregó un expediente extremadamente voluminoso que incluye conversaciones telefónicas de varias personas, archivos de investigación de la Policía Nacional Colombiana, audios, videos, fotografías y fotocopias. “El grueso de las pruebas están en español y necesitan ser traducidas al inglés” advierte la defensa.

Entre otros argumentos usados para pedir prórroga, el abogado defensor Donald E. Harris explicó que “la supuesta conspiración y las supuestas acciones del acusado tuvieron lugar fuera de las fronteras de los Estados Unidos. En consecuencia, la mayor parte de las pruebas, así como los testigos que comparecerán a favor del demandado residen fuera del territorio norteamericano, por lo que se requiere más tiempo para preparar el juicio”.

Cambian fecha del juicio

El juez de Distrito, T.S. Ellis, III informó que motivado a que hay un gran número de evidencias y que el caso es complejo y envuelve elementos internacionales que requieren investigación y preparación, acordó que el juicio de Maestre Martínez se iniciará el 9 de enero de 2018.

Orden de inspección de evidencias

El juez ordenó a la fiscalía poner a disposición de la defensa -lo antes posible- el resto de las evidencias que forman parte de la etapa de descubrimiento para que las mismas puedan ser inspeccionadas, incluyendo las copias, fotografías, grabaciones de audio y video que estén en control o custodia del gobierno, cuya existencia se conozca por la debida solicitud del fiscal.

Asimismo, pidió que se entregue “cualquier escrito que contenga declaraciones orales pertinentes al hecho demandado, ya sea antes o después de la detención del acusado y que incluya cualquier respuesta a un interrogatorio por parte de cualquier persona que el acusado reconozca como agente del gobierno; cualquier registro del testimonio del acusado ante un gran jurado que se refiera al delito imputado y el contenido de cualquier otra declaración oral pertinente formulada por el demandado, ya sea antes o después de la detención”.

La acusación

La fiscalía sostiene que para transportar la cocaína a través del corredor centroamericano, los narcotraficantes utilizan diversos métodos de transporte que incluyen: aviones privados, camiones y barcos. Las aeronaves privadas se usan frecuentemente para transportar envíos de cocaína desde Colombia y Venezuela a pistas clandestinas ubicadas en las zonas montañosas de Honduras, desde donde la droga es descargada y colocada en vehículos especiales y transportada a través de la selva a los puertos marítimos costeros para la exportación.

Los envíos de cocaína desde Honduras a Estados Unidos viajan típicamente a través de México, donde los cárteles de la droga se las arreglan para que la cocaína sea trasladada de manera segura para ser vendida en las principales ciudades norteamericanas a precios muy altos.

De acuerdo a la investigación realizada por las agencias del gobierno federal, desde el 4 de mayo de 2012, y hasta el 13 de junio de 2012 – aproximadamente- en Venezuela, Colombia, Honduras y otros lugares, los acusados conspiraron y acordaron distribuir -de manera deliberada e intencional- cocaína a los Estados Unidos.

El acusado y sus socios utilizaron las siguientes maneras y medios para la conspiración:

1) Proporcionaron servicios de transporte aéreo a narcotraficantes con el propósito de enviar la cocaína desde Colombia y Venezuela a pistas clandestinas en las selvas de Honduras.

2) Usaron un avión para transportar una carga de cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia y Venezuela a Honduras.

3) Facilitaron una tripulación de tierra, que estuvo presente en las pistas clandestinas de aterrizaje para cargar y descargar las aeronaves, así como para proporcionar seguridad desde la pista de aterrizaje al personal y la aeronave.

4) Protegieron y defendieron los envíos de cocaína de la intervención del gobierno con medios de fuerza letal y de los otros grupos enemigos.

5) Pagaron a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo designado por los Estados Unidos como una Organización Terrorista Extranjera, para gozar de los privilegios de aterrizaje y seguridad en ciertas áreas de Colombia y Venezuela.

6) Sobornaron a los funcionarios del gobierno de los países de tránsito para que les permitieran presentar falsos planes de vuelo; utilizar aeropuertos; evitar la detección de radar y abortar la interdicción gubernamental de los envíos.

La conspiración cifrada

1) El 4 de mayo de 2012, uno de los co-conspiradores identificado como “UCC 1” hizo un pago parcial de $ 80 mil dólares para obtener un avión bimotor con el número de cola N984MW de Estados Unidos. El pago fue enviado a un banco estadounidense.

2) El 18 de mayo de 2012, UCC1 y otros asociados inspeccionaron el avión N984MW.

3) Entre el 18 de mayo de 2012 y aproximadamente el 11 de junio de 2012, los acusados pagaron el saldo restante y tomaron posesión del avión siglas N984MW.

4) El 12 de junio de 2012, los acusados transportaron aproximadamente 600 kilogramos de cocaína a bordo del avión N984MW desde Venezuela a Honduras para su exportación y distribución.

5) Alrededor del 13 de junio de 2012, el avión N984MW se estrelló en una zona cercana a Cerro Del Suyate, en Honduras. 39.888 kilogramos de cocaína fueron recuperados de los restos de la nave por los miembros de la Representación de Tegucigalpa (TCO) en colaboración con agentes de la (DEA).

La próxima cita

La corte acordó con las dos partes realizar una audiencia de prueba el 12 de septiembre de 2017, en la cual se evaluarán las evidencias y donde se podrían presentar testigos de la defensa y de la fiscalía.

Seguiremos informando sobre este caso