Narcotráfico Los caminos abiertos, las bocas cerradas

domingo, febrero 21, 2016

Crímenes sin castigo

POR: Javier Ignacio Mayorca 

@javiermayorca

VENEZUELA.- La circular enviada a unidades militares venezolanas para prohibir la divulgación de los procedimientos que impliquen a profesionales de armas en delitos, principalmente los de drogas, solo intenta proteger a quienes están cercanos al poder

En lo que va de año hemos conocido cuatro informaciones que vinculan en el tráfico de drogas a militares activos de distintos grados y componentes de la Fuerza Armada Nacional.

La noticia que más sorpresa ha causado involucra al mayor del Ejército Juan José Sorja, un oficial de 40 años de edad detenido el viernes 12 de febrero en la tarde por efectivos de la Guardia Nacional cuando se detectó un alijo de más de media tonelada de cocaína, oculto en un camión militar Steyr.

Sorja iba acompañado por seis personas vestidas con uniforme de faena verde oliva, algunas de ellas en el compartimiento de carga del vehículo. Por eso se pensó que también eran militares. Luego se constató que eran los civiles Ismael Suárez, de 32 años de edad, Henry Méndez y Ramón Ostos, ambos de 30 años; Franklin Urbina, de 29 años; Michael Nieto, de 25 años y Miguel Pedroza de 23 años.

Sorja es un oficial técnico adscrito a la 93 brigada de caballería motorizada GJ José Antonio Páez, asentada en Barinas. Fue allí precisamente donde ascendió gracias a su trabajo como enfermero y asistente de Hugo de los Reyes Chávez padre del finado presidente Hugo Chávez, que en esa región detentó la gobernación durante tres períodos consecutivos.

El alijo detectado: inteligencia humana o electrónica

La droga presumiblemente fue cargada en Táchira e iba a ser llevada hacia el sur del Lago de Maracaibo. Hay informes de la GN que alertan sobre el incremento de los vuelos sospechosos que parten desde fincas ubicadas en ese sector. No obstante, también es posible que Sorja intentara aprovecharse de su investidura y relaciones para llegar con la carga hasta el centro del país. Recordemos que una ruta parecida fue recorrida por otros efectivos del Ejército en noviembre de 2005, cuando fueron detenidos en Lara con 2000 panelas de cocaína. Por este caso fue detenido el entonces teniente coronel del Ejército Pedro Maggino Belicchi.

Las rutas que siguen los cargamentos de drogas son importantes, no tanto por lo que representan como trayectos geográficos sino por los nudos de complicidades que se deben tejer para asegurarse que la carga llegue a destino. Durante la averiguación sobre el caso Maggino se recogió una frase muy significativa en el teléfono celular de uno de los transportistas, sargento del Ejército: “(…) los caminos están abiertos. No se desespere”.

En el caso de Sorja, es claro además que no era la primera vez que recorría estos derroteros. Media tonelada de alcaloide no se entrega para ver qué pasa, se entrega cuando ya estás seguro de que vas a “coronar”.

Llama la atención que para constatar la presencia de las panelas fuese necesario remover el piso del compartimiento de carga del camión. Es decir, la carga no estaba a simple vista, y por las gráficas disponibles tampoco fueron usados perros detectores de drogas para ubicarla. Simplemente, los guardias levantaron con palancas la plataforma, y allí estaban. Fue, claramente, un hallazgo producto de una información previa. ¿Inteligencia electrónica o un “patriota cooperante”? Esa es la pregunta que deben hacerse actualmente los que junto a Sorja coordinaron este envío. Aún en el desorden que se vive actualmente dentro de los cuerpos armados del país, es virtualmente imposible que un oficial abandone su unidad de adscripción y disponga de un camión militar sin contar con una tapadera que le permita ausentarse sin levantar sospechas.

El segundo caso también involucra a un oficial técnico, es decir, surgido de las filas de lo que anteriormente se conocía como suboficiales profesionales de carrera. Se trata de Yorjan José Ojeda Páez, primer teniente del Ejército adscrito a la Estación Meteorológica de Inteligencia de Varilla Blanca, en la Guajira. Este despacho pertenece al Comando Estratégico Operacional de la FAN. El viernes 13 a las 4:30 am lo apresaron en el punto de control Punta de Piedras cuando manejaba una pick up Toyota Hylux con logo del Ceofanb, placas 5000521. En la batea de la camioneta llevaba 255 kilos de marihuana y otros 10 de cocaína. Mientras que Sorja había partido de Táchira, este presumiblemente lo hizo desde la Guajira.

Dos rutas distintas, recorridas por efectivos del mismo componente militar, apresados por funcionarios de otra fuerza en menos de 24 horas. Algo se está moviendo en el interior de la institución militar.

En enero supimos que se ordenó el pase a juicio de cinco oficiales de la Aviación, entre ellos el coronel Rafael Ponce y el mayor Fernando Silva. En el grupo hay efectivos adscritos a la torre de control del aeropuerto Las Flecheras de Apure y a la bases aéreas Sucre y Libertador de Maracay. En este caso, según el Ministerio Público, también está implicado un general. Todos ellos supuestamente recibían sumas periódicas de dinero en dólares para permitir el paso de vuelos ilícitos por el país. 

Como se sabe, los trabajos de detección e intercepción de estos vuelos fueron asignados en su totalidad al comando de Defensa Aérea, por lo que la corrupción en este caso afecta directamente a sus efectivos. El expediente fue instruido por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Llama la atención la simultaneidad de este proceso con los llevados a cabo en Colombia y EEUU contra pilotos neogranadinos que usaban pistas clandestinas de Apure para trasladar drogas. Los más notables son Gersaín Viáfara y Jorge Enrique Pérez, este último propietario de la línea West Caribbean, de triste recuerdo en el país por la tragedia de Machiques.

Todo esto configura un panorama preocupante de incorporación de militares de diversos rangos al tráfico de drogas. Pero no como una estructura orgánica sino más bien como grupos en pugna por el control de los distintos espacios del país.

Por si fuera poco, esta semana se detectó en Machiques un complejo de laboratorios para la conversión de pasta base de cocaína en clorhidrato de cocaína, muy cercano al sembradío de ocho hectáreas de arbustos de coca, lo que sugiere la integración completa de la industria de todo el proceso de producción del alcaloide en el país. Había además 8,3 toneladas de pasta base, listas para su transformación. Este dato no puede pasar inadvertido, tomando en consideración las consecuencias políticas, sociales, económicas y ecológicas que tiene esta actividad.

La zona donde esto sucede está calificada como Area Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae). Por lo tanto, su control compete estrictamente a la FAN. Mucho más en un esquema de garantías constitucionales suspendidas, como ocurre en la actualidad.

Ante el involucramiento cada vez más profundo de los militares en las drogas, la reacción no ha sido facilitar la supervisión externa (no sólo jurisdiccional) e incrementar la transparencia. Ya las actividades antidrogas en el país tienen por lo menos cinco años de creciente opacidad, además de once años de aislamiento internacional. Cuando se creía que los casos de Zulia y Mérida podrían servir como revulsivos, la reacción ha sido ordenar mayor secretismo. El mandato para los militares transmitido el 17 de febrero es “manejar con sigilo y cautela los procedimientos donde se vean involucrados funcionarios de la Fuerza Armada Nacional”. Nada de propiciar el conocimiento público de los expedientes. Ahora, estas informaciones serán tratadas “directamente por la Inspectoría y la dirección de Inteligencia de cada componente”, así como por el comando de las regiones de defensa integral. “Se deberá evitar la difusión o publicación en redes sociales y cualquier otro medio de imágenes y datos personales de los involucrados”, reza el texto divulgado en unidades castrenses.

Todo con el pretexto del “correcto desarrollo del debido proceso”. Sabemos sin embargo que la verdadera razón es otra: ocultar y en última instancia exculpar a los que estén a la sombra del poder.

Breves

Penn y el Chapo,versión Rolling Stone

*La información publicada por el rotativo español ABC, según la cual la entrevista entre el actor Sean Penn y el líder del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, tuvo una reunión preparatoria en la isla de Margarita, no pasó inadvertida para las autoridades. En Venezuela se hicieron indagatorias para determinar la veracidad de la nota, publicada el 11 de enero, cuando Guzmán Loera ya había sido recapturado. La pesquisa se orientó a determinar la posible presencia en el país del artista, ante la nula probabilidad de que un hijo de traficante de drogas más buscado del mundo haya viajado usando los mecanismos habituales para cualquier turista. Pero en los registros del Saime no se encontraron evidencias sobre la entrada de Penn en fechas inmediatamente previas a octubre de 2015, cuando supuestamente se llevó a cabo el encuentro entre él, Guzmán y la actriz Kate del Castillo en rol de traductora. Lo curioso es que tampoco se encontró registro de la entrada del protagonista de Rio Místico en marzo de 2013, con motivo del funeral de Hugo Chávez. En esa oportunidad, su presencia en el país fue pública y notoria. Así las cosas, aunque luce poco probable que la referida reunión con un hijo del Chapo se haya efectuado en Margarita, aún queda un margen de duda.