Mafias y el Genocidio PEMON!

Cómo los militares del régimen de Nicolás Maduro persiguen, encarcelan y matan indígenas para dominar la frontera con Brasil

Para tomar el control de la Gran Sabana, las fuerzas bolivarianas han matado a 7 personas, detenido a 56 y desplazado a otras 721

Por Sebastiana Barráez

Fuente: INFOBAE

La Gran Sabana, región al sureste de Venezuela, está militarizada desde el 22 de febrero, en víspera de las acciones planificadas por la Oposición y países aliados para ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Militarizarla significó matar a siete personas, detener a 56, varios de los cuales resultaron heridos, además de 721 habitantes perseguidos (cifras de Foro Penal, Bolívar).

La región que comprende el estado Bolívar y Amazonas, es donde está el corazón del sistema interconectado de electricidad. En su subsuelo están las reservas de minerales preciosos más importantes del país. Ahí está el oro, tan apetecido por los rusos, los chinos y los iraníes.

El gobernador del estado Bolívar, general (GNB) Justo Noguera Pietri, quien estando activo en la Fuerza Armada fuera el Comandante General de ese componente militar y luego jefe de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), se mudó para el municipio Gran Sabana, aun cuando la capital del estado es Ciudad Bolívar.

El único alcalde indígena del país es Emilio González, del municipio Gran Sabana, y el único no oficialista de todo el estado Bolívar. Han tratado de desplazarlo del cargo varias veces, unas por vía legal y otras por la fuerza. No lo habían logrado. Desde la militarización de la zona y usando fuerza desproporcional, lo obligan a movilizarse para no dejarse capturar.

Los militares venezolanos se establecieron a todo lo largo de la frontera con Brasil. Ante el cierre oficial de los pasos fronterizos legales, cobran 100 reales (unos 25 dólares aproximadamente) para permitir transitar por las trochas o caminos verdes.

El Gobierno ha ejecutado una estrategia que aun no está clara si busca proteger esa parte tan vulnerable del territorio venezolano o prepara una zona que le permita al Gobierno una trinchera de llegar a producirse un enfrentamiento bélico o el traslado del centro del poder en Venezuela.

Llama la atención que detienen a los comerciantes más fuertes de la zona, con el argumento de haber ayudado a los indígenas. A algunos los dejaron en libertad, luego que pagaron entre 5 mil y 10 mil dólares, con la advertencia de que podrían volver a apresarlos; esos comerciantes abandonaron la zona y se establecieron al otro lado de la línea fronteriza, en territorio de Brasil.

Los indígenas están entre indignados y sorprendidos; no esperaban ser tratados de manera tan cruel. Algunas comunidades están desoladas, porque 721 indígenas (según un informe de la organización Foro Penal) se fueron y otros aún continúan haciéndolo.

Fuera las Nuevas Tribus

Los indígenas pemones de la Gran Sabana habían logrado conservar sus tierras y su cultura, sobreviviendo 500 años después de la llegada de los europeos al continente americano. El presidente Hugo Chávez los empoderó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el discurso, con cuotas de poder como diputados y con el nombramiento de indígenas en el gabinete ministerial.

En esa época, el general del Ejército Narciso Emilio Ascanio Tovar, quien entonces era el Coordinador del Plan Estratégico Nacional para la Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur, expuso ante el Alto Mando Militar las implicaciones de lo que estaba sucediendo en la zona del oro. Aunque años después sería acusado de terrorismo por conspiración, el general Ascanio, promoción 1979 "Gral de Div. José Félix Blanco", recibió la réplica de la espada del Libertador, de manos de Chávez, en tiempos en que el ministro de la Defensa era el General (Ej) José Luis Prieto.

El caso es que el alto oficial explicó, en una exposición, la influencia de las Nuevas Tribus, cuya misión sería evangelizadora, pero que en realidad encubriría una acción planificada de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Eso fue suficiente para que Chávez, quien respetaba a Ascanio Tovar, ordenara la expulsión de las Nuevas Tribus de territorio nacional, el 12 de octubre 2005, señalándolas de trabajar para organismos de inteligencia de los Estados Unidos y de espionaje económico a favor de transnacionales.

El decreto de expulsión fue firmado por el entonces gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, ya que los misioneros evangélicos estaban ubicados en las comunidades Tamama, Cosholobateri, Cúa y La Esmeralda, en el municipio Alto Orinoco.

La expulsión fue aplaudida por la Iglesia Católica y por círculos académicos, indígenas y políticos."Son verdaderas penetraciones imperialistas, -aseguró Chávez- la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), las verdaderas nuevas tribus que se llevan información sensible, información estratégica y explotan a los indios, aquí en nuestra propia casa", añadió.

De nada sirvió que el entonces embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, propusiera una conversación directa entre el grupo de misioneros de Nuevas Tribus y el gobierno venezolano para aclarar esta situación.

Mientras la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación era atraída por la expulsión de las Nuevas Tribus, Chávez ordenó ese día que entre los planes militares se estableciera toda esa área (estado Bolívar, parte de Sucre y Anzoátegui, Delta Amacuro y Amazonas) como zona de Reserva Militar y concentrar toda la logística necesaria, en caso de una guerra militar convencional. "Eso no llegó a hacerse –comenta un general del Ejército- porque en Venezuela la política partidista fue por un lado y la militar estratégica por otro".

"Pero Chávez –agrega el general- le ordenó a Hipólito Izquierdo que prestara todas las instalaciones militares para la Zona de Reserva Militar, que es lo que se protege hasta último momento. En esa zona se habían construido unos grandes almacenes, tipo túneles enclavados en una montaña, para almacenar todo el material con lo que se había construido Caruachi, Guri y Macagua".

El antecedente

Hugo Chávez ya estaba recluido en Cuba, cuando surge uno de los episodios más difíciles para la Fuerza Armada en el estado Bolívar. El gobierno nacional había decidido reservar para el Estado la exclusividad de la exploración y explotación del oro. Es así como decideexcluir de la minería ilegal a las comunidades originarias y ancestrales, con una temeraria ofensiva militar.

El entonces jefe de la Región de Defensa Integral, Clíver Alcalá Cordones, logró limitar la minería ilegal con paracaidistas de la División que él había comandando. La llegada de los paracaidistas en la zona minera destruyendo las máquinas ilegales de sacar oro, trajo reacciones, entre ellas la de los indígenas.

Aquel 7 febrero del año 2013 fue un día amargo para 42 militares, entre oficiales y soldados, que fueron secuestrados, amarrados y a quienes los indígenas del poblado pemón Umán, les quitan el armamento, trasladándolo a un sitio desconocido. Las fotos y un video recorrieron el mundo. En él se veía al general Clíver Alcalá Cordones, Comandante General de la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), resistiendo con estoicismo los duros reclamos de los indígenas.

La orden del almirante Diego Molero Bellavia, entonces Ministro de la Defensa, era que el armamento se recuperara "como fuera", y para ello envió a 200 tropas con un coronel comando de la Guardia Nacional. Alcalá Cordones, sabiendo lo que eso podía significar si la situación se les iba de la mano, le ordena al coronel que no actúe hasta que él lo decida.

Hubo una larga conversación toda la noche del general con los caciques en Canaima. Al día siguiente Alcalá aterriza en el lugar donde estaban unos 500 indígenas, muchos de ellos mineros, a quienes oye durante mucho tiempo. Nueve horas después logra que le entreguen a los soldados y los fusiles, a cambio de sacar a la seguridad que tenían instaladas en las minas.

Ese incidente se resolvió sin mayores consecuencias.

Hoy la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es otra. No hay consideración alguna con los indígenas, ni respeto a sus costumbres, ni a su Policía Territorial, ni a su territorio. El panorama luce aun más desalentador para esas comunidades si el Gobierno decide desplazar hacia la región su poderío militar.

Y los indígenas no están dispuestos a que los desplacen de sus tierras y su espacio, van a preferir morir en ese intento.