El Inconsulto, Opaco, Ilegal y Arbitrario Pago del Bono PDVSA 2020

Por: Oly Millán

Fuente: Noticias Venezuela

El pasado 07 de mayo, la Asamblea Nacional autorizó el pago de 71 millones de USD por concepto de cancelación del cupón que corresponde al bono denominado PDVSA2020, de manera sorprendente y por demás reveladora de la falta de un ejercicio democrático por parte de quienes reclaman democracia y quienes deberían dar el ejemplo por la naturaleza que define a este importante poder nacional, esta decisión se toma sin que se diera una abierta discusión en plenaria por parte del cuerpo legislativo. Aunque nuestra critica se centra en la vulnerabilidad institucional que tenemos y que no es más que la expresión concreta de la mega crisis política e institucional en la que estamos inmersos, indudablemente como parte del incuestionable derecho que tenemos todos los venezolanos y venezolanas a tener acceso a la información y saber el por qué se toman ciertas decisiones, no dejamos de levantar nuestra voz de protesta por el modo como se están decidiendo asuntos de Estado en el marco de las mismas prácticas inconsultas, poco democráticas, cargadas de mucha arbitrariedad y opacidad como las que caracterizan al Gobierno de Nicolás Maduro. 

Lo cierto es que se autorizó el pago de los bonos PDVSA2020 teniendo como argumento central el hecho de que con esta acción se “evitaría perder” a la Corporación Petrolera, CITGO, ya que los referidos bonos están garantizados con el 50.1% de las acciones de esta importante filial de PDVSA, y cuya actual directiva fue nombrada el 13 de febrero del presente año, por unanimidad por parte de la Asamblea Nacional actuando por instrucciones del Diputado Juan Guaidó en su doble condición como “presidente interino” de la República y como presidente de la AN. 

Volviendo al tema de los bonos PDVSA 2020, la cronología de su creación es la siguiente:

El 22 de marzo del 2007 PDVSA invita a potenciales inversionistas residentes en el país a participar en la oferta pública combinada de tres bonos internacionales con vencimiento en 2017, 2027 y 2037, de ahí surgen los bonos PDVSA2017, PDVSA2027 y PDVSA2037. Teniendo como agentes coordinadores de dicha operación a las instituciones: ABN- AMRO y la casa de bolsa Econoinvest. Cabe destacar que es a partir de esta fecha (2007) cuando se inicia una espiral de endeudamiento financiero de PDVSA, bajo la modalidad, muy cuestionada de operaciones de colocación de bonos adquiridos en bolívares pero cuyo capital e intereses son pagados en USD, los llamados bonos con doble denominación.

El bono PDVSA2020 es el resultado de la operación que se realizó, cuando PDVSA invito a fines del 2016 a los tenedores de los bonos PDVSA2017 (bono con doble denominación) que se vencían en abril y noviembre del 2017 a una operación voluntaria de canje por nuevos bonos: los denominados PDVSA2020 cuyo monto efectivamente cajeado asciende a la cantidad de aproximadamente 3.367 millones de USD con pago de un cupón a la tasa de 8.50%, con la modalidad de que los referidos bonos están respaldados con el 50.1% de las acciones de CITGO.

Para ese entonces (2016) la AN se opuso al canje de los bonos, es decir, a la creación del bono PDVSA2020 y en especial a la entrega del 50.1% de las acciones de CITGO como garantía de los mismos, declarando a dicha operación como nula.

El 25 agosto del 2017 el presidente de EEUU firmó una Orden Ejecutiva imponiendo sanciones financieras al Gobierno de Maduro, siendo dichas sanciones parte de un conjunto de amenazas y acciones que fueron del micrófono a hechos concretos, posteriormente el Departamento del Tesoro, las resumió en: restricciones o impedimentos para que el sistema financiero norteamericano sirva de plataforma a operaciones financieras tanto del gobierno como de PDVSA; sobre todo en operaciones de emisión de nueva deuda y de algunos bonos como fue el caso del Bono Soberano Internacional Amortizable 2036, así como el pago de dividendos de la empresa CITGO a su casa matriz PDVSA. A partir de esa fecha, se impidió prácticamente al Gobierno de Maduro poder seguir pagando deudas, tal como las venía realizando. Cabe señalar, que el servicio de la deuda la venía cancelando con un costo social muy elevado, es decir, sacrificando importación de medicinas y comida y por ende, profundizando el drama social complejo que desde hace varios años viene padeciendo, injustamente, el pueblo venezolano.

Es así como, durante el año 2018 ante el vencimiento de un aproximado de 7.000 millones de USD en pagos de bonos soberanos y de PDVSA, el gobierno optó por priorizar el pago de los bonos PDVSA2020 cancelando en octubre la cantidad de 949.218.646 USD correspondiente a la amortización y pago de intereses de dicho bono.

Ahora la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN sin realizar una discusión en plenaria y ni siquiera darse el tiempo suficiente para evaluar otras opciones, aprueba el pago de los intereses de los bonos PDVSA2020 en medio de una situación país caracterizada por una crisis humanitaria sin precedentes y donde sabemos que la deuda venezolana está por el orden del 100% del PIB siendo la misma el resultado de un mecanismo delictivo de captura de capitales, por lo que se convierte en un tema grueso a debatir en un posible escenario de cambio político y de reconstrucción nacional.

La Defensa de los Activos del Estado.

Pues por la compleja y profunda crisis que actualmente tiene el país y por las críticas que abiertamente realizaron algunos economistas, efectivamente existían otras opciones en el marco de la defensa de los activos del Estado, que salir inmediatamente corriendo a pagar los 71 millones de USD que se autorizaron cancelar.

Ahora bien, más allá del pago que se realizó, la pregunta que nos hacemos es: 

cómo es posible que decisiones tan importantes que afectan no solo al Estado venezolano, sino concretamente al futuro de la nación, se tomen en un marco de tan poca: institucionalidad, legalidad y control, donde ni siquiera se esgrime democráticamente el mecanismo o la estrategia que desde una perspectiva integral (constitucional, legal y soberana) se puedan defender los activos de la república, como por ejemplo la discusión de un proyecto de ley de protección de activos de las empresas del Estado.