Por qué las sanciones de Trump no derriban a Maduro

El núcleo chavista compensa la falta de enriquecimiento por el petróleo con un aumento de la extracción ilegal de oro y del narcotráfico

Por: Emili J. Blasco @ejBlasco

Fuente: ABC

En cualquier otro país, un régimen como el chavista ya habría caído. Las masivas manifestaciones callejeras, la gravísima crisis humanitaria, la presión diplomática internacional y las duras sanciones impuestas desde el exterior habrían llevado, si no a la renuncia del presidente, que como dictador puede querer seguir aferrado al cargo, sí a una acción de los militares, quienes por «conciencia popular» se verían forzados a provocar un cambio de gobierno.

Sin embargo, Venezuela es un caso muy especial: la cúpula cívico-militar es un grupo de crimen organizado, que además ha formado una red internacional con otros actores mafiosos, tanto estatales como no estatales. Y todo grupo criminal intenta maximizar sus beneficios.

Esto es sabido desde hace tiempo, pero cuanto más se prolonga la presidencia de Nicolás Maduro más queda de manifiesto. Las sanciones de Estados Unidos, que están limitando las ventas de petróleo venezolano, han llevado al régimen de Maduro a intensificar las actividades delictivas para obtener los beneficios que ya no le llegan por la venta de crudo. Eso es lo que sostiene al chavismo en el poder.

Washington está observando un incremento del narcotráfico vinculado con las autoridades de Venezuela, como advirtió la semana pasada el jefe del Comando Sur de EE.UU., el almirante Craig Faller. El régimen se está volcando además en la extracción ilegal de oro.

Compra de lealtades

El pasado 28 de enero, la Administración Trump anunció que procedería a castigar a las empresas que tuvieran relación comercial con PDVSA, la petrolera estatal venezolana. A los tres meses las sanciones se endurecieron y está previsto que para el 28 de junio se apliquen completamente, eliminando algunas excepciones temporales que se habían establecido para compañías como Chevron, la petrolera estadounidense que más vínculos ha venido manteniendo con PDVSA.

Antonio de la Cruz, experto petrolero y director ejecutivo de Inter-American Trends, destaca que a partir de finales de junio el régimen de Maduro dejará de recibir los entre 800 y 1.000 millones de dólares mensuales que obtenía de la exportación de petróleo a EE.UU., que antes de las sanciones era de casi 500.000 millones de barriles diarios.

Según De la Cruz, una parte importante de esos ingresos eran destinados a alimentar la red clientelar del chavismo: para el provecho personal de muchos altos cargos, cuya fidelidad a Maduro depende de que esos fondos sigan llegando a sus bolsillos a través de redes de corrupción muy engrasadas, y para la compra de comida destinada especialmente a los barrios pobres de Caracas, con la que evitar así su rebelión. «Ante la falta de esas divisas, el grupo que mantiene secuestrada a Venezuela ha tenido que buscar los recursos necesarios para asegurarse la lealtad de mandos políticos y militares en el aumento del narcotráfico y del contrabando de oro, cobalto y combustible», afirma. Estas eran actividades que ya desarrollaba, pero que ahora ha intensificado.

Con esos negocios ilícitos, el entorno de Maduro estaría obteniendo entre 400 y 500 millones de dólares mensuales. «Mientras logre esa cantidad, que supone entre 5.000 y 6.000 millones de dólares al año, el régimen podría aguantar», dice De la Cruz.

Bloqueo

Al incremento en la minería ilegal también apunta el informe «La última resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana», presentado la semana pasada en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS) de Washington. Su autor, el investigador Douglas Farah, analiza la red de blanqueo de capitales que el chavismo ha realizado a través de PDVSA, en parte utilizando empresas subsidiarias y bancos creados en varios países del entorno, como Nicaragua, El Salvador, Surinam, Panamá y República Dominicana.

Es lo que Farah llama «empresa criminal conjunta bolivariana», cuyas ramificaciones ha podido relacionar con 181 individuos y 176 compañías presentes en 26 países. El informe estima que entre 2007 y 2018, esa red sirvió para blanquear entre 10.000 y 43.000 millones de dólares.

Esas vías de negocios ilícitos hacen que las sanciones no tengan un completo efecto. «El régimen de Maduro no ha colapsado y puede que no lo haga en un significativo periodo de tiempo», dice el informe. Si bien, ciertamente, las sanciones son «críticas», «la capacidad de esa red para adaptar y diversificar su portfolio criminal significa que el dinero sigue yendo a parar a los cofres del régimen».

Farah concluye que los esfuerzos internacionales para remover a Maduro no supondrán el fin de toda esa arquitectura delictiva si no se ataca también esta: «A menos que una red sea atacada desde múltiples puntos simultáneamente, la alianza sobrevivirá y se transformará en una operación criminal más diversa y sofisficada».