La batalla de los fiscales federales de EEUU en los casos criminales de Venezuela

Por: Casto Ocando @cocando

Fuente: Primer Informe

Fiscales de tres jurisdicciones federales están lanzando una ofensiva para ampliar los casos criminales relacionados con Venezuela, pero no en todos los casos los éxitos están garantizados.

Varias fiscalías federales en Estados Unidos, notablemente las fiscalías de Nueva York, Miami y Houston, están dando un nuevo impulso a las pesquisas para identificar nuevos actores y repotenciar casos que han estado en proceso por años, pero que no están sólidos judicialmente.

Los resultados han sido mixtos. En Miami, por ejemplo, la fiscalía federal está avanzando sólidamente en casos relacionados al ex Tesorero Nacional Alejandro Andrade, que ha aportado información crucial para solidificar acusaciones de nuevos implicados en el pago de sobornos a cambio de favores cuando Andrade era el mandamás de las finanzas públicas en Venezuela. Tal es el caso de los ex directivos del Banco Industrial de Venezuela Gustavo Mirabal Castro y Leonardo González Dellán, cuyos casos han sido ampliamente documentados y fueron presentados ante un Gran Jurado en el condado de Palm Beach (los indictments pudieran ser hecho públicos en breve).

Otro caso que se generó en Miami pero terminó procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York es el caso de los llamados testaferros de Tarek El Aissami y Samark López. Aunque los principales indiciados, Víctor Mones y Alejandro Miguel Leon Maal, se declararon inocentes de las acusaciones, la fiscalía ha reunido una gran cantidad de evidencia y testigos.

Según la fiscalía, Mones y León Maal actuaron en representación de El Aissami y López, usando empresas en Estados Unidos, para organizarles vuelos privados a destinos como Venezuela, Rusia, Turquía y República Dominicana, en abierta violación de las sanciones de la OFAC contra El Aissami y López.

En este caso se espera la implicación de nuevos actores que participaron a través de otras empresas de vuelos charters en el sur de la Florida, en conexión con las firmas usadas por Mones y Maal, para proveerles servicio aéreo a los sancionados por la OFAC.

En otros casos, los fiscales federales que trabajan casos conectados a Venezuela, no han logrado avanzar en la recolección de evidencias y/o testimonios cruciales.

Tal es el caso de las operaciones de Pdvsa por $4.000 millones a través de la desaparecida Banca Privada D’Andorra, investigado inicialmente como una operación de presunto lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro (Fincen), en conexión con la policía antilavado de España y el gobierno del principado de Andorra.

La fiscalía de Miami ha tratado de probar que en la gigantesca operación de asignación de dólares por parte de Pdvsa a empresas privadas que operaban en Venezuela en 2012, pudo haberse producido el pago de sobornos o comisiones ilegales, en violación a la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Los fiscales del caso, iniciado por el ya retirado fiscal “estrella” Dick Gregorie en Miami, no han podido construir un caso sólido para litigarlo públicamente. Uno de los implicados originalmente, el abogado venezolano Juan Andrés Wallis, logró demostrar que nunca participó en las transacciones en moneda extranjera y que sólo actuó legalmente como intermediario para distribuir el equivalente de las divisas en bolívares a las empresas que solicitaron dólares a Pdvsa para financiar sus actividades.

Al operador financiero Luis Oberto Anselmi, uno de los prinicipales intermediarios en la transacciones de Pdvsa en Andorra, la fiscalía no ha logrado acusarlo formalmente ante un juez federal por falta de evidencias en la presunta comisión de delitos. Oberto ha apelado al llamado estatuto de limitaciones de la Florida, argumentando que las operaciones financieras en Andorra por el cual está siendo acusado se produjeron hace más de 5 años. En otras palabras, la fisaclía no ha podido probar “más allá de la duda razonable” hasta ahora que Oberto cometió los delitos que le atribuyen, lo cual es razón suficiente para declarar la prescripción del caso.

La fiscalía le ha pedido a Oberto que se declare culpable para obtener una sentencia redicida, pero el abogado de Oberto, Edward Shohat, le ha dicho a los fiscales que su cliente piensa “pelear hasta el final” para combatir las acusaciones de presunto lavado y pago de sobornos.

Otros casos que implican firmas o actores venezolanos se encuentran en una situación similar. Tal es el caso de la firma Derwick Associates (DA), cuyos directivos han sido señalados públicamente desde hace casi una década.

Hasta ahora, solo uno de ellos, Francisco Convit, ha sido formalmente acusado de cometer delito federal en violación de la FCPA y no en relación a Derwick. Convit es acusado por su participación en el caso de los pagos ilegales de contratos públios por $1.2 millones de Pdvsa a operadores chavistas encabezados por Raúl Gorrín, y en los que aparecen vinculados dos hijos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y posiblemente el propio Nicolás.

Los otros dos directivos de DA, Alejandro Betancourt y Pedro Trebau, no han sido formalmente acusados de cometer delitos por parte de la fiscalía federal, en conexión a los contratos para la adquisición de plantas eléctricas al gobierno venezolano en el período 2008-2013 aunque permanecen como “personas de interés”.

Según un reportaje publicado por The Wall Street Journal hace cinco años, en Agosto de 2014, la fiscalía del sur de Nueva York, en Manhattan, habría iniciado una investigación criminal contra Derwick y su socia norteamericana Pro Energy Services.

La investigación se inició luego que un importante cache con miles de documentos internos de DA y Pro Energy Services, fueran hecho públicos tras una filtración de un ex empleado.

Después de cinco años, “las evidencias de posible corrupción no son sólidas como para presentarlas en una corte federal”, me dijo una fuente familiarizada con las indagaciones, expresando la frustración de la fiscalía de Miami.

Alejandro Betancourt ha sido mencionado como supuesto implicado en el caso de los $1.2 millones por su vínculos con Francisco Convit, su ex socio en DA, pero no hay evidencias suficientes más allá de la duda razonable, indicó la fuente.

La frustración de la fiscalía de Miami está llevando a los fiscales a ampliar el radio de acción hacia otros posibles casos criminales como el uso de empresas de carga para transportar dinero en efectivo para Venezuela, o testaferros vinculados a importantes figuras sancionadas como el presidente del Tribunal Supremo madurista, Maikel Moreno.

Según las fuentes consultadas, las fiscalías están llamando a declarar bajo juramento (subpoenas) a una amplia variedad de “personas de interés”, incluyendo ex fiscales, empresarios y familiares de oficiales y militares venezolanos, para presentar nuevos casos federales.