Corte de Miami confisca $450 millones en casos contra magnates venezolanos

POR ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER

Fuente: El Nuevo Herald

Las autoridades estadounidenses han confiscado o congelado más de $450 millones derivados de los casos de corrupción o lavado de dinero presentados en la corte federal de Miami contra magnates venezolanos o contra socios del régimen de Nicolás Maduro, según datos de la propia fiscalía.

El mayor tramo de los fondos incautados en Florida, por un equivalente de $280.4 millones, pertenecían al ex tesorero de Venezuela Alejandro Andrade, y el resto provienen de los acusados en otros nueve casos llevados en paralelo.

Los fondos confiscados han ido a parar a una cuenta bancaria controlada por el gobierno de Estados Unidos. Washington se ha comprometido a ayudar al pueblo venezolano a salir de la dictadura de Maduro, pero aún no está claro si los fondos de la corrupción chavista serán devueltos al país sudamericano una vez que éste recupere su democracia.

Los $450 millones solo representan el monto obtenido por la fiscalía de Miami y no la totalidad de los fondos confiscados por todas las fiscalías de Estados Unidos. Las autoridades de Houston y Nueva York han estado llevando sus propios casos contra la corrupción vinculada al régimen venezolano.

Los fiscales dijeron que los frutos de la corrupción están esparcidos a plena vista por el sur de La Florida, región que ha sido convertida en un paraíso de lavado de dinero no solo por los narcotraficantes famosos del pasado, sino por corruptos funcionarios latinoamericanos.

“Cuando manejo desde mi casa en Miami hasta las oficinas de la fiscalía federal en el centro de Miami, puedo ver literalmente el desfalco y la corrupción del régimen de Maduro — desde los apartamentos multimillonarios de Fisher Island pertenecientes a ejecutivos venezolanos corruptos y a generales hasta los yates de lujo en Biscayne Bay, y los jets privados de funcionarios venezolanos”, manifestó la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan en una conferencia de prensa realizada el mes pasado..

Andrade, quien cumple una sentencia de 10 años por lavado de dinero, perdió seis propiedades de bienes raíces — incluyendo una finca donde criaba caballos en Wellington, una propiedad a orillas de la playa en Palm Beach y una vivienda en Pinecrest — valoradas en $33 millones.

De la misma manera, las autoridades se llevaron 14 caballos de exhibición (valorados en $2 millones), 35 relojes de marca ($1.5 millones) y una flota de 10 autos de lujo ($1 millón).

El grueso de su aporte provino de un cheque por $250 millones que Andrade entregó voluntariamente al gobierno de Estados Unidos tras declararse culpable en el caso de corrupción y admitir que recibió hasta $1,000 millones en sobornos.

Los restantes $170 millones confiscados en el sur de Florida provienen de los casos contra el boliburgués Francisco Convit, en el que están involucrado los hijastros de Maduro y el empresario venezolano Raúl Gorrín, y una media docena de empresarios acusados de estafar a PDVSA.

El pago de sobornos a altos funcionarios del régimen de Caracas es un fenómeno recurrente en la mayoría de los casos, siendo éstos exigidos para tener acceso a oportunidades de concentrar inimaginables fortunas.

De hecho, los montos confiscados lucen proporcionalmente pequeños ante las fortunas valorada en miles de millones que algunos de los acusados obtuvieron a través de los tinglados de corrupción.

Sin embargo, John Tobon, Sub Agente Especial a Cargo de Investigaciones en Miami del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que los montos confiscados son considerables si se toma en cuenta las grandes dificultades que conlleva rastrear dinero sucio para identificar sus verdaderos dueños.

En el caso venezolano, el dinero robado al estado venezolano o la estatal Petróleos de Venezuela es normalmente transferido a cuentas bancarias en Suiza y en los Estados Unidos para luego ser invertido a través de compañías fantasmas en propiedades de lujo y otros activos para ocultar la identidad del dueño real. “Es increíblemente difícil”, dijo Tobon. “Pasamos mucho tiempo retirando cada una de las capas”.

Por lo general, el dinero sucio incautado por las autoridades federales es retenido por el Departamento del Tesoro y muchas veces termina siendo utilizados por las agencias policiales para financiar la lucha contra el crimen.

Tanto el Departamento del Tesoro como el Departamento de Justicia no quisieron revelar cuánto dinero de la corrupción venezolana tienen guardado, ni cómo se usará ese dinero.

Pero el Fiscal Federal Adjunto de Miami Michael Nadler, que llevó el caso de Andrade, dijo en un momento dado que la fiscalía piensa quedarse con los fondos confiscados, idea compartida por las fiscalía de Houston y de Nueva York, que llevan sus propios casos contra la corrupción venezolana.

“Lo que generalmente sucede con este tipo de dinero es que permanece en el fondo de confiscaciones del Departamento del Tesoro, y luego las diversas agencias [involucradas en los casos venezolanos] salen y luchan entre ellas para ver quien recibe qué”, dijo el abogado Jon Sale, quien trabajó en las oficinas del fiscal de los Estados Unidos en Miami y Nueva York.

Pero Sale dijo que el Departamento de Justicia debería reevaluar cómo se distribuyen los fondos en este caso debido al colapso económico de Venezuela y el impacto devastador que la corrupción a tenido en la población.

“Lo que ha hecho la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos [al combatir la corrupción del régimen] es encomiable, pero la única forma que tienen de poner el balón sobre la línea de gol es devolviendo el dinero lo más rápido posible a las víctimas de esa corrupción, el pueblo venezolano”, dijo Sale al sugerir que el dinero podría ser entregado al opositor Juan Guaidó, considerado por una coalición internacional como el legítimo presidente de Venezuela, o podría ser entregado a terceros, como las Naciones Unidas o la Cruz Roja, para atender las necesidades de alimentos y medicinas de la población.

Sorprendentemente, PDVSA, compañía estatal conocida por la corrupción generalizada, presentó en el pasado una moción en la corte federal de Miami para recuperar algunos de los fondos confiscados, alegando que es una “víctima”.

Tras cerrar el caso de Andrade, las autoridades estadounidenses colocaron la atención sobre Gorrín, el controversial dueño del canal de noticias venezolano Globovisión, quien es acusado de colaborar con el ex tesorero venezolano para desfalcar más de $1,000 millones.

Los fiscales posteriormente pasaron a investigar al grupo de cleptócratas liderados por Gorrín, incluyendo a Convit y a otros ocho, quienes son acusados de participar un esquema cambiario fraudulento que otorgaba préstamos en bolívares a PDVSA que luego eran pagado en dólares a un tipo de cambio extremadamente bajo que otorgaba inmaginables ganancias.

En ese caso, los agentes de Seguridad Nacional confiscaron $45 millones de cuentas bancarias pertenecientes a un informante confidencial que estaba pagando sobornos a funcionarios venezolanos y era dueño de una docena de apartamentos en Panamá, además de un yate de 135 pies registrado en Curazao.

Más de una docena de viviendas con un valor total de decenas de millones de dólares también fueron confiscadas, incluyendo mansiones pertenecientes a testaferros de Gorrín y de otros, según fuentes policiales.

Otro de los activos congelados se trata de un apartamento de $5 millones en la exclusiva torre Porsche Design en Sunny Isles Beach, propiedad del ex asesor legal de PDVSA Carmelo Urdaneta Aqui, uno de los acusados en el fraudulento esquema cambiario.

Otro acusado en el caso: Abraham Edgardo Ortega, el ex director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, quien se declaró culpable y admitió aceptar sobornos por $12 millones, que fueron enviados en secreto a instituciones financieras de Estados Unidos.

Ortega, quien aún no ha recibido sentencia, entregó ese monto a las autoridades estadounidenses.

Más recientemente, Nadler y su compañero en la oficina, el fiscal Michael Berger, han puesto la mirada sobre las operaciones de contratistas venezolanos acusados de pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios en subsidiarias de PDVSA a cambio de “contratos inflados” valorados en cientos de millones de dólares.

Los contratistas, que incluyen al venezolano Leonardo Santilli, han sido acusados de establecer negocios y cuentas bancarias en Miami para canalizar pagos por millones de dólares a funcionarios de las petroleras venezolanas.

Según una denuncia penal, Berger obtuvo órdenes de un juez federal para intervenir 17 cuentas bancarias controladas por Santilli y sus empresas en el área de Miami. La incautación total ascendió a casi $45 millones.