Arrancó cruzada para destapar olla de corrupción de exfuncionario de Citgo capturado en EE. UU.

El juicio de José Luis De Jongh-Atencio fue dispuesto para el próximo 28 de septiembre, tendrá como juez a Sam S. Sheldon.

Por Milagros Boyer 

Fuente: PanAmPost

De acuerdo al Departamento de Estado, Atencio ordenó los pagos de sobornos a José Manuel González Testino, quien es ciudadano estadounidense y venezolano, así como de Tulio Aníbal Farías Pérez, también venezolano y residente en Houston (Archivo)

La reciente captura de José Luis De Jongh-Atencio, exfuncionario de Citgo, quien fue acusado por EE. UU. en materia de corrupción y lavado de dinero, ha puesto una nueva mancha al régimen venezolano y el Gobierno norteamericano ha hecho un calendario para llevar su caso e impuso una fianza de dos millones de dólares.

El juicio, dispuesto para el próximo 28 de septiembre, tendrá como juez a Sam S. Sheldon, de acuerdo a información revelada por la especialista Maibort Petit.

La detención de Atencio funge tras las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia estadounidense, ente que le acusa de aceptar más de 2,5 millones de dólares, en pagos por sobornos de algunos empresarios.

De acuerdo al Departamento de Estado, Atencio ordenó los pagos de sobornos a José Manuel González Testino, quien es ciudadano estadounidense y venezolano, así como de Tulio Aníbal Farías Pérez, también venezolano y residente en Houston.

El funcionario de Citgo habría creado facturas falsas para justificar los pagos, de modo que fueran depositados en cuentas bancarias de EE. UU.

Tal como lo dice el comunicado del Departamento de Estado: «Con la apertura de la acusación formal, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 27 personas, 20 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del Gobierno de los Estados Unidos sobre el soborno en Pdvsa».

Estas acciones, se suman a la serie de procedimientos que el Gobierno de EE. UU. ha emprendido contra el régimen venezolano, acusado de llevar grandes manejos de lavado de dinero no solo por parte de Pdvsa, sino también por la mayoría de las empresas adscritas al Estado.