Integrante del régimen venezolano señalado por corrupción echa raíces en la Florida

POR: ANTONIO MARIA DELGADO Y CARLOS CRESPO 

Fuente: Nuevo Herald

La empresa estatal venezolana Corpovex ha sido identificada por las autoridades estadounidenses como una plataforma utilizada por operadores de esquemas de corrupción. 

Corpovex Para el momento en que Venezuela comenzó a quedarse sin papel higiénico, los funcionarios gubernamentales que los investigadores luego dirían que se beneficiaron más de la escasez ya ocupaban los puestos clave dentro del régimen de Nicolás Maduro para ganar millones, según muestran los documentos de una investigación de la policía venezolana. 

La crisis, en la que el papel higiénico llegó a tener más valor que algunos de los billetes que circulaban en la atribulada economía, es utilizada ocasionalmente por analistas para explicar cómo el país con las mayores reservas de petróleo del mundo llegó a tener uno de los niveles de vida más bajos de América Latina. 

Es una ilustración más del impacto aplastante de las políticas mal concebidas que en Venezuela llevaron a la quiebra de una gran mayoría de los productores locales de bienes de consumo. Pero al mismo tiempo deja entrever las oportunidades de corrupción que el desorden económico brindaba a funcionarios inescrupulosos, quienes operaban redes que acarrearon la pérdida de miles de millones de dólares para las arcas del Estado y que en ocasiones mantenían vínculos con el sur de la Florida. 

Una investigación policial que fue detenida después de que la evidencia comenzara a apuntar hacia funcionarios gubernamentales de alto rango descubrió que empresas de maletín registradas en Venezuela y Estados Unidos fueron utilizadas para obtener contratos ilegales por un total de $125 millones para importar papel higiénico en una orden ejecutiva de emergencia emitida por Maduro en el 2014 para tratar de hacer frente a la escasez. 

Según documentos obtenidos por el Miami Herald, la investigación concluyó que el contrato fue adjudicado a empresas de maletín controladas en secreto por altos funcionarios de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, CORPOVEX, una empresa estatal que centralizaba la mayor parte de las importaciones del país. 

¿Listo para triunfar en los Estados Unidos? 

En el centro de la investigación estaba el director ejecutivo de la organización, Jorge Amilcar González Vásquez, un oficial de la Fuerza Aérea venezolana con buenas conexiones convertido en empresario que ahora vive en Miami. 

González Vásquez, quien no respondió a las solicitudes del Herald para hablar sobre el tema, es uno de cientos de funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas armadas que después de ayudar a construir la llamada Revolución Bolivariana de Venezuela, terminaron mudándose, invirtiendo o abriendo negocios en Florida, un bastión de los exiliados venezolanos que se vieron obligados a abandonar el país sudamericano para escapar de la persecución y las terribles condiciones económicas provocadas por el régimen. 

Datos obtenidos por el sitio de investigación venezolano Armando.info y el Miami Herald muestran que hay al menos 232 militares venezolanos o miembros del Ministerio de Defensa del país que han abierto empresas en Florida. También hay más de 700 empresas cuyos propietarios o directores son, o fueron en algún momento, funcionarios de rango medio o alto en el régimen socialista de Caracas. 

El ex funcionario venezolano tiene amplias raíces en la Florida. 

Registros de propiedad muestran que González Vásquez y su esposa son dueños de una casa de cuatro habitaciones y 4,400 pies cuadrados en Doral, actualmente valorada en alrededor de $875,000, según Zillow.com. Su nombre también aparece en varias empresas registradas en Florida, incluidas Exports Express LLC; Universe Logistics LLC, Risetop LLC y Vertu Style LLC. Pero fueron otras tres empresas que no estaban registradas bajo su nombre las que estuvieron en el centro de la investigación policial venezolana. Dos de ellas eran sociedades de maletín registradas en Venezuela — Inversiones Villaber 2007 y Representaciones Felther — y una tercera, Sunflower Extra LLC, registrada en Delaware. 

El expediente del caso obtenido por el Herald decía que estas empresas fantasmas no solo no estaban calificadas para realizar una operación de la escala requerida, sino que los contratos se adjudicaron arbitrariamente sin seguir el proceso regular de licitación. 

Venezuela terminó importando papel higiénico y artículos de tocador a precios inflados, concluyó la investigación, pero el mayor beneficio para los presuntos integrantes de la confabulación fueron los dólares utilizados en la operación, los cuales fueron adquiridos al tipo de cambio oficial de 6.3 bolívares por dólar, mucho mas favorable que la tasa de 75 bolívares en que el dólar era cotizado en el mercado libre. 

“De acuerdo con la información obtenida, se puede apreciar que se está en presencia de una organización bien conformada de empresas de maletín, cuyo modus operandi es bastante conocido, y dado que dichas empresas se encuentran suspendidas del Sistema RNC (Registro Nacional de Compañías), se podría tratar de una nueva estafa a la Nación, lo que acarrearía implicaciones negativas en la economía venezolana dado su alto nivel de inestabilidad”, señala uno de los informes presentados.

 “Muy respetuosamente se recomienda que… se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano MG [Mayor General] Giuseppe Yoffreda Yorio, presidente de CORPOVEX S.A, [que] se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano Alejandro Fleming Cabrera, presidente de CENCOEX, [y que] se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano Jorge Amilcar González Vásquez, Director Ejecutivo de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, S.A., CORPOVEX”, declara el documento. 

Yoffreda Yorio no respondió a los correos electrónicos enviados por Armando.info pidiéndo sus comentarios y Cabrera no pudo ser contactado para que se pronunciara. Giuseppe Yoffreda Yorio, ex presidente de CORPOVEX S.A Corpovex Corpovex fue creado en 2014 con el objetivo de centralizar las importaciones estatales y la asignación de divisas, reemplazando a la desprestigiada y casi inoperante Comisión de Administración de Cambios. Ese año Yoffreda fue nombrado presidente y González Vásquez como director ejecutivo de la entidad estatal. Sin embargo, la nueva entidad pronto se vio involucrada en los mismos escándalos de corrupción que plagaron a su predecesora y, en septiembre de 2017, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta advirtiendo que Corpovex era una de varias entidades venezolanas utilizadas en operaciones de corrupción. 

“Los miembros del régimen y sus aliados dirigen contratos gubernamentales a sus empresas asociadas para importar bienes y obtienen la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para que empresas domiciliadas en el extranjero, a menudo empresas ficticias, participen en la actividad de importación. Tanto los importadores como los funcionarios del gobierno receptor suelen desviar una parte de la mercancía al mercado negro, donde las ganancias son mayores”, informó la unidad del Departamento del Tesoro en el 2017.

 La disparidad entre el tipo de cambio oficial y el de flotación libre también significaba que cualquier dólar adicional proveniente de precios inflados o costos ocultos podría venderse fácilmente en el mercado negro para ganar millones adicionales. Los esquemas de corrupción que rodearon los controles cambiarios venezolanos durante una década están en el centro de una serie de juicios por lavado de dinero que son llevados a cabo en el sur de Florida y que generaron cientos de millones de dólares en pérdidas para el pueblo venezolano. 

El exministro de Planificación del régimen, Jorge Giordani, advirtió poco después de salir de cargo que las pérdidas provocadas por esquemas de corrupción vinculados al control cambiario superaron los $20,000 millones, pero la aparición posterior de otros esquemas sugieren que las pérdidas reales han sido mucho mayor. 

La corrupción desenfrenada y la destrucción del sector privado venezolano —causada por el estricto sistema de cambio de divisas y la introducción de controles de precios que obligaron a las empresas a vender por debajo del costo de producción— a menudo han sido responsabilizado por el colapso económico de la nación, que vio la economía contraerse en más del 80% durante la última década. 

El colapso económico propició lo que se ha sido llamado la mayor crisis humanitaria en la historia de América Latina, que sumada a la violencia y persecución asociadas al régimen obligó a más de una cuarta parte de la población, casi siete millones de personas, a abandonar el país.

González Vásquez ocupó varios puestos importantes dentro del gobierno venezolano y era considerado un miembro en ascenso de la facción liderada por el expresidente del Congreso Diosdado Cabello, quien hasta hace muy poco era considerado como el segundo hombre más poderoso dentro del régimen. 

La participación de González Vásquez se remonta a 2006, cuando fue puesto a cargo de la oficina principal de las aduanas en Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, antes de ser designado para otros altos cargos. Su papel activo dentro del régimen que rutinariamente condena a Estados Unidos no le impidió decidir comprar una casa en el sur de la Florida, adquiriendo la residencia Doral en 2012 por $435,000. Su huella comercial en el sur de Florida también comenzó en esa época. 

Un “Jorge A. González Vásquez” figura como director de la sociedad GSI Exports Express LLC, constituida en Florida en febrero de 2011 y disuelta en septiembre de 2014, cuya sede de operaciones coincide con el domicilio de Doral. Las otras empresas siguieron, la mayoría de ellas sugiriendo participación en el negocio de comercio exterior. 

Si bien no se sabe exactamente cuándo finalmente se mudó a Florida después de dejar su mandato dentro del régimen, pronto comenzó a establecer un largo historial en los tribunales de tránsito. Los registros muestran que ha acumulado seis multas de tránsito que suman más de $1,000 y que en un caso involucraron pasarse un semáforo en rojo.