Corrupción en Pdvsa salpicó al sector agrícola: los asociados de Castro Soteldo y Pérez Suárez

La realidad es que que Pérez Suárez y Castro Soteldo presuntamente se asociaron con Bazzoni, Roveta y Joaquín Leal Jiménez para desaparecer el petróleo entregado dentro de estas alianzas y repartirlo entre ellos

Por Equipo de Investigación de El Nacional

Sede de Petróleos de Venezuela en Caracas. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Según fuentes allegadas al caso existe otra investigación abierta en la Fiscalía de Venezuela a los italianos Alessandro Bazzoni y Erik Roveta por haber estafado a un grupo de empresarios ligados al sector agrícola y agroindustrial del país. Dentro de entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por más de 21 mil millones de dólares, en combinación con el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro, José Antonio Pérez Suárez, actualmente detenido, y el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, lograron atraer coaccionando a empresarios del sector agrícola y agroindustrial del país ofreciéndole pagos por la estatal petrolera para compensarles con petróleo la producción de arroz, maíz, carne y pollos, entre otros productos del sector alimentos y salud.

La realidad es que que Pérez Suárez y Castro Soteldo presuntamente se asociaron con Bazzoni, Roveta y Joaquín Leal Jiménez para desaparecer el petróleo entregado dentro de estas alianzas y repartirlo entre ellos. Castro Soteldo ya no tiene cómo ocultar su participación en las quiebras y entregas de instalaciones agroindustriales. Su participación en la triangulación CLAP-Cuspal-Pdvsa, donde no solo quedaron debiendo más de 300 millones de dólares a empresarios del sector si no que con ellos justificaban los programas de compensaciones con empresarios como Alejandro Arroyo, los hermanos Khalil y Walid el Hage entre otros.

Corrupción en Pdvsa llegó al sector agrícola

Esta estafa durante el 2021 y 2022 no solo quebró a muchos medianos y pequeños empresarios sino generó una gran escasez de alimentos en el país afectando a todos los venezolanos y desestabilizando la economía nacional. Bazzoni y Roveta están actualmente acusados por tráfico ilícito de material estratégico y financiamiento al terrorismo según el artículo 34 de la Ley.

Se pudo conocer que el principal armador griego para estas operaciones estructuradas para delinquir fue George Moundreas, quien a su vez es socio de Bazzoni en varios buques de transporte petrolero. El buque más emblemático es el MT Nikel de Bazzoni y Moundreas simplemente levó anclas y se fue del país sin permiso de zarpe dejando impagada la factura completa a Pdvsa por el petróleo a bordo.

El buque MT Gent, de Bazzoni, está a la espera de descarga por falta de pago, según los términos de venta a United Petroleo Corp, una empresa panameña registrada por Bazzoni para emular la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal China Sinopec Corp. La estrategia fue crear un espejo para que se pensara que la verdadera United era a la que le estaban asignando el petróleo a crédito cuando en realidad eran ellos mismos. La United panameña de Bazzoni tiene 400 millones de dólares en facturas pendientes sin pagar a Pdvsa, según reportó Associated Press.

Para la coordinación de los manejos de efectivo, los operadores financieros José Luis Chávez Calva y Siri Evjemo-Nysveen utilizaban a José Youssef Boutros, un cambista local en Venezuela. Chávez Calva desde Dubái coordinaba las estructuras financieras ficticias para poder utilizar plataformas bancarias de primer nivel tales con el MBaer Merchant Bank donde Siri Evjemo-Nysveen fue vicepresidente de la junta directiva hasta el pasado 30 de marzo del presente año. Evjemo-Nysveen fue removido de la junta del banco por sus vínculos con el entramado de corrupción en Venezuela, según confirmó Juerg Staehelin, vocero del banco.

Leal Jiménez y Bazzoni fueron sancionado por el Departamento del Tesoro (OFAC) y Álvaro Pulido, actualmente detenido en Venezuela, por su parte fue acusado en 2021 en la fiscalía del Distrito Sur de Florida por obtener millones de la corrupción a través de contratos del programa de entrega de alimentos CLAP, y de pagar sobornos y comisiones a funcionarios del régimen en Venezuela que aprobaban tales contratos. Es acusado además de lavar dineros producto de la corrupción y de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Washington ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por su captura.