Bancrédito procesó cientos de millones de dólares en transacciones sospechosas

La EBI fundada por el banquero venezolano Julio M. Herrera Velutini encara una multa federal de $15 millones tras admitir que violó las leyes dirigidas a prevenir el lavado de dinero

Por: Efraín Montalbán Ríos

Fuente:El Nuevo Dia

Bancrédito International Bank & Trust se estableció como una Entidad Bancaria Internacional (EBI) en Puerto Rico en el 2008 y el año pasado, entre otras cosas, fue liquidada por la OCIF por insolvencia e incumplimiento con la normativa para evitar el blanqueo de capitales. (teresa canino rivera)

Por espacio de casi siete años, Julio M. Herrera Velutini, utilizó la Entidad Bancaria Internacional (EBI) que estableció en Puerto Rico, Bancrédito International Bank & Trust Corporation, para tramitar cientos de millones de dólares en transacciones propias, de asociados, clientes y de otras instituciones financieras extranjeras que por su naturaleza sospechosa, debieron reportarse a las autoridades federales, pero nunca se hizo.

Desde transacciones que pudieron estar relacionadas a familiares cercanos del fenecido presidente venezolano Hugo Chávez hasta transacciones de entidades establecidas en lugares tan cercanos como las Islas Caimán como otras de entidades registradas al otro lado del planeta, en Hong Kong, Bancrédito habría procesado millones de dólares, fondos de los cuales no habría certeza de procedencia o legitimidad.

Eso y más reveló este viernes, la Red de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés), entidad adscrita al Tesoro de Estados Unidos, que emitió una orden de consentimiento y una multa de $15 millones contra la EBI establecida en Puerto Rico en 2008 y que según la dependencia federal habría admitido que violó intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSA, en inglés) entre los años 2015 y 2022.

Es la primera vez que la dependencia federal emite una multa contra una EBI en Puerto Rico.

Según la orden de FinCEN, desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 16 de mayo de 2016, Bancrédito no rindió Informes de Actividad Sospechosa (SARs, en inglés), no estableció controles y un programa de debida diligencia para las cuentas corresponsales establecidas, mantenidas, administradas o gestionadas en Estados Unidos para otras instituciones financieras y tampoco implementó el programa de cumplimiento para evitar el lavado de dinero (AML, en inglés) al interior de sus operaciones.

“Bancrédito no cumplió con sus obligaciones de notificación de SAR, al no presentarlos durante años e ignorar las infracciones citadas por su principal regulador, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF). Estas transacciones incluían actividades sospechosas por parte de un ejecutivo de Bancrédito y actividades sospechosas que implicaban a clientes en la jurisdicción de alto riesgo de Venezuela, incluidos clientes vinculados al soborno en el extranjero y al blanqueo de dinero”, lee la orden de FinCEN.

Mensaje contundente

“Con esta acción, FinCEN está enviando el mensaje de que la era de lavar dinero de manera fácil a través de EBIs en Puerto Rico se acabó”, indicó la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

“Bancrédito procesó millones de dólares en transacciones sospechosas a través de Estados Unidos en nombre de clientes de alto riesgo, proveyendo cuentas corresponsales a instituciones financieras extranjeras sin la debida diligencia requerida y sin los reportes requeridos pro la BSA”, agregó Gacki.

En Puerto Rico, tras darse a conocer la acción de FinCEN, la comisionada de Instituciones Financieras, Natalia Zequeira, insistió en que se debe enmendar Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional (Ley 52-1989) y la Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional (Ley 273-2012), para robustecer la fiscalización y solidez financiera de las EBIs.

“Con ello fomentamos que las entidades bancarias y financieras internacionales que operen en Puerto Rico lo hagan de forma solvente, sólida, competitiva y responsable, de forma tal que contribuyan al crecimiento económico de la isla para beneficio de todos los puertorriqueños”, reaccionó Zequeira.

En contraste, los abogados de Bancrédito Holding Corporation, propiedad de Herrera Velutini y matriz de la EBI, enviaron una declaración a este diario en la que advierten que si FinCEN no modifica la acción punitiva contra la entidad acudirán a los tribunales.

Siete años de posibles actividades de lavado de dinero

De acuerdo con la orden de FinCEN, durante los casi siete años en discusión, Bancrédito no presentó ningún informe de transacciones irregulares, como exigía la ley BSA, a pesar del alto flujo de dinero de clientes de alto riesgo, incluidos los ubicados en Venezuela.

Y a pesar de que la OCIF condujo al menos tres exámenes de solvencia en los que señaló a Bancrédito que incumplía con la normativa para prevenir el lavado de dinero, la EBI continuó incumpliendo con la entrega de informes SAR años después del 2016, incluso, a pesar de la firma de una orden de consentimiento en 2015 en el que se comprometía a reportar las transacciones sospechosas y de otro memorando de entendimiento para corregir la situación.

La orden de FinCEN confirma información revelada por El Nuevo Día hace poco más de un año en torno al incumplimiento repetido de Bancrédito en materia de lavado de dinero, incluyendo que la OCIF identificó más de 300 transacciones sospechosas entre octubre de 2016 y marzo de 2019, en las que se vinculó al dueño y fundador del banco, Herrera Velutini, con clientes con influencias en el gobierno venezolano. De ese total, solo se accedieron a reportar 182 de ellas.

Herrera Velutini encara una acusación federal por supuestamente conspirar junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros para doblegar a la OCIF y librarse de la pesquisa que realizaba entonces el regulador local a la institución financiera.

Entre otras cosas, según documentos vinculados al proceso de liquidación de Bancrédito, Herrera Velutini buscaba forzar cambios al interior de la OCIF para que el regulador le librara de tener que radicar los SARs y cumplir con las leyes de blanqueo de capitales a nivel federal.

El banquero que ahora reside en el Reino Unido se ha declarado no culpable por los delitos que le imputan en el foro federal.

Un sifón de transacciones sospechosas

Según la orden de FinCEN, uno de los casos identificados en la pesquisa fue el del “cliente A”, de nacionalidad venezolana y residente en Florida, quien además de ser socio de Herrera Velutini, se alega ser pariente cercano de Hugo Chávez –expresidente de Venezuela- y que fue vinculado en un esquema criminal del venezolano Ponzi.

El cliente A aseguró a Bancrédito que era propietario de varios restaurantes y joyerías; compraba y vendía arte, vehículos y aviones; prestaba dinero; al tiempo que era el presidente de varias empresas y era director financiero de otra empresa. Sin embargo, ni la OCIF ni FinCEN pudieron constatar toda esta información.

“El ejecutivo A (Herrera Velutini) y el cliente A realizaron una serie de operaciones incompatibles con la naturaleza de la cuenta personal del cliente A, estaban fuera de la gama de transacciones previstas reflejadas en los documentos de diligencia debida del cliente A, y presentaban otros indicios sospechosos. Bancrédito no presentó a tiempo los SAR sobre estas transacciones sospechosas”, reza la orden.

En mayo de 2017, Herrera Velutini transfirió $1 millón de una de sus cuentas a la cuenta personal del cliente A en Bancrédito. Inmediatamente después, el cliente A los transfirió a una cuenta corporativa en otra institución financiera.

Según relata el documento, ambos justificaron las transacciones por una estrategia para “el cambio favorable de dólares a euros”, aunque el cliente no poseía cuentas o negocios en esa moneda.

Asimismo, hubo un “cliente B”, también ciudadano venezolano, residente en Miami, Florida, y socio del cliente A. Bancrédito incorporó al cliente B en 2016 bajo una cuenta comercial, en la que un mes después de su apertura transfirió $13.6 millones procedentes de las Islas Vírgenes con una carta de sus abogados certificando la legitimidad de la transacción. No obstante, Bancrédito, tampoco, completó el informe SAR.

Mientras, “en julio de 2018, el cliente B utilizó una parte de los fondos de la cuenta de su empresa para comprar seguros, a través de la agencia de las Islas Caimán del ejecutivo A (Herrera Velutini)”, detalla la orden.

Enlazados con otro banco en Panamá

Además, la FinCEN reveló una alianza que existía entre Bancrédito y el banco AllBank de Panamá –otra jurisdicción de alto riesgo según la agencia federal-, el cual tenía una cuenta corresponsal en Puerto Rico por la que compañías extranjeras transferían dinero a la cuenta que tenía el banco panameño en Puerto Rico.

Tal fue el caso de la “empresa 2″, cliente de AllBanak, que indicaba dar educación en línea, “pero sin una presencia en internet para ofrecer tales servicios”. De acuerdo con FinCEN, los únicos documentos públicos disponibles detallaban que la empresa se dedicaba a la compraventa de criptomonedas, vinculada con el esquema de fraude “OneCoin Ponzi”.

Mientras, entre agosto y noviembre de 2018, empresas de Colombia transfirieron unos $970,000, en seis envíos, a través de la cuenta corresponsal de AllBank en Bancrédito a la empresa 2.

Como estos casos, la FinCEN presentó otros tres que se encuentran publicados en la página de la dependencia del Tesoro federal.

En marzo 2021, la agencia federal exigió a Bancrédito, según requiere BSA, que implementara y mantuviera un programa para la prevención de lavado de dinero, área operacional de la EBI que previamiente la OCIF había sido señalado como una debilidad, porque se identificaron fallas en todos los pilares que establece la regulación federal.

Según la orden, aun cuando la OCIF y FinCEN le investigaban, Bancrédito continuó permitiendo transferencias irregulares de cientos de millones de dólares sin informarlas a la dependencia federal.

La acción disciplinaria de Fincen contra el banco por la suma de $15 millones se produce luego que el pasado año, la OCIF ordenara la liquidación voluntaria de Bancrédito. A su vez, la determinación de FinCEN se produce luego de que Bancrédito librara una batalla con el regulador financiero de Puerto Rico y el propio FinCEN para objetar su trabajo fiscalizador.