El embajador de Zapatero en Caracas admite que cobró 4,5 millones de Venezuela

Fuente. The Objetive

Lo ha confesado en un acuerdo de conformidad con la Abogacía del Estado justo antes del inicio del juicio

El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo. | Europa Press

El embajador de España en Venezuela durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Abogacía del Estado y ha admitido que él y su hijo Alejo cobraron 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según el documento, al que ha tenido acceso el diario El Mundo, estos cobros se hicieron mediante operaciones simuladas. Morodo acepta así una pena de 10 meses de cárcel y una multa de 1,4 millones de euros.

Este lunes arranca el juicio contra Morodo en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción pedía una pena de tres años y medio de cárcel para él y de ocho años y medio para su hijo Alejo y también para su nuera. Reclama además multas millonarias para Alejo Morodo Cañeque (3,7 millones de euros) y para su mujer Ana Catarina Varandas (3,8 millones), y algo menos cuantiosa para Raúl Morodo (378.700 euros).

Estaba previsto que los tres se sentaran en el banquillo por haber supuestamente ocultado a Hacienda el presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera venezolana entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.

El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos; uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscal Ana Cuenca también solicitaba el pago de un total de 1,3 millones de euros por parte de Alejo Morodo y su mujer por fraude en sus declaraciones del IRPF de 2013, 2014 y 2017, mientras que al exembajador le pide 126.122 euros por la defraudación que le atribuye en el ejercicio de 2014.

El sistema empleado por el hijo del exembajador y en el que habrían participado los otros acusados consistió en «interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente» los «supuestos servicios» de asesoramiento legal y consultoría que habría prestado entre 2011 y 2014. De esta forma eludía tributar por IRPF y lo hacía por el Impuesto de Sociedades, más beneficioso.

La Fiscalía, que sólo acusa por los ejercicios de 2013 y 2014 al estar los anteriores prescritos, sostiene que Raúl Morodo también defraudó las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades.

El origen de los fondos que Alejo Morodo presuntamente ocultó a Hacienda reside en la relación contractual que contrajo con la empresa PDVSA hasta 2014, sirviéndose de las relaciones que su padre entabló con «altos cargos» de Venezuela en su época de embajador durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La actividad prestada para PDVSA, según la Fiscalía, le reportó más de 6,6 millones de euros, «de los que en parte» se benefició Raúl Morodo.

Anticorrupción describe a lo largo de su escrito el sistema de cobro de fondos de PDVSA por las empresas «interpuestas» de Alejo Morodo y el cruce de transferencias entre estas y su padre, y también menciona la sociedad que ambos crearon en 2007, Morodo Abogados, «carente de medios personales y materiales, así como de actividad comercial» con «idéntico fin» de interponerla para «desplazar la carga fiscal».

Esta sociedad declaró entre 2013 y 2014 ingresos por 467.832 euros «desconociéndose» los servicios que prestó, dice la fiscal.

Durante la instrucción, también estuvo imputada la esposa de Raúl Morodo, Cristina Cañeque, y la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria descubrió «graves irregularidades contables y fiscales» en la sociedad MS Trading, de la que ella era titular.

Sin embargo, al considerar que estos hechos no eran conexos con la causa que ahora se juzga, el juez instructor Alejandro Abascal, a petición de la fiscal, acordó remitir esta parte a los juzgados de Plaza de Castilla para que se investiguen presuntos delitos fiscales por parte de esta empresa y la mujer del exembajador.

Estas irregularidades fueron detectadas después de que la Agencia Tributaria analizara los cobros por importe total de 9.294.710,21 euros que entre los años 2013 y 2015 recibió el ciudadano portugués (residente en España) Lindley Patrick Delmar, cónyuge de la hija de Morodo, María Morodo Cañeque, a través de la UTE Grupo Lindley 2013.