Mesa Unitaria: Comisión De Libre Expresión

Por: Alberto Jordán Hernández

Hemos sostenido que el derecho a la información, además del de expresión que es innato, pertenece a la sociedad en general, y en la etapa más crítica de la República, de esta bien llamada (convenimos) guerra mediática de la dictadura militar, es su arma y los soldados defensores, los mensajeros de la comunicación.

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A casi dos siglos de haberlo consagrado Constitucionalmente por primera vez en el mundo de habla hispana (1811), Venezuela nunca había padecido los atropellos que en esta década impone el auto ascendido a comandante en jefe quien, gracias al ejercicio de “uno de los derechos más preciosos del hombre” (así definido en el artículo 11 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano), ganó la popularidad de su liderazgo; más aún: la democratización de ese liderazgo. Porque no debe olvidarse que fue un furibundo abstencionista, después de salir de la prisión por golpista.

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Bajo el corrupto régimen de ese producto mediático, nuestro país es clasificado en las peores zonas para ejercer el periodismo. Bajo su mando ha registrado veintitrés muertes de comunicadores, algunos en pleno ejercicio de la profesión (Jorge Tortoza, reportero gráfico de 2001, muerto a balazos el 11 de abril del 2002, cuando cubría la histórica manifestación cívica que marchaba a Miraflores; Jorge Alfredo Aguirre, también reportero gráfico, del diario El Mundo, asesinado igualmente a balazos, el 5 de abril del 2006, mientras cubría la protesta estudiantil por el crimen de los hermanos Faddoul y del conductor Miguel Rivas, en las afueras de la Universidad Central de Venezuela. Incluimos en el grupo al periodista Virgilio Fernández, del diario El Universal, víctima del intento golpista del 27 de noviembre del 92, porque los protagonistas de la asonada forman parte del régimen.

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Víctimas del sicariato han señalado a Mauro Marcano, conductor del programa Sin Bozal de Radio de Maturín y columnista del diario El Oriental, asesinado el 01-09-04, en la capital de Monagas; Enis Méndez de Garmendia, del diario La Nación, de San Cristóbal, asesinada, el 18-01-05; Jesús Rafael Flores Rojas, acribillado de 8 balazos, el 23-08-06, en El Tigre, donde se desempañaba como corresponsal del diario La Región de Oriente, de Cumaná; Orel Zambrano, director de la emisora carabobeña Radio América, columnista de Notitarde, asesinado el 19-01-09, en Valencia.

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Entre 2002 y 2008 hubo 1.310 casos de violación al derecho humano, y según Espacio Público la mayor incidencia fue la agresión, que en el último año acusó un promedio de 15 por mes. En la década pasan de 1 mil 100.

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El pasado de abril el Colegio Nacional de Periodistas se declaró en emergencia, ante ataques a los agremiados. En inicio de año fueron los asesinatos de Elías López, en Barquisimeto y Orel Zambrano, en Valencia. Hasta ese mes pasaban de 50 las agresiones.

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La preocupación es mundial. Relatores para libertad de expresión de la ONU, OEA, Organización para Seguridad y Cooperación de Europa y la Comisión Africana, conjuntamente instan a garantizar pluralidad de medios y a derogar leyes restrictivas. Se agregan las protestas de organismos gremiales empresariales y profesionales. La más reciente la formuló la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos (IGFM), con sede en Frankfurt.

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Mención aparte merece el hostigamiento contra Globovisión, a la cual le sigue el diario La Verdad del Zulia y otros medios del país.

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El esbozo lo hacemos a propósito de la conformación de la Mesa Unitaria por partidos democráticos. A ella planteamos, con la esperanza de consideración, completar la docena de comisiones de la Mesa Unitaria con la de libertad de Expresión.