Narcoterrorismo: Presión Internacional y Cárcel Para Colaboradores

Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y Juticia Penal AC

Los avances y la consolidación de un proyecto político frentero y decido a luchar contra toda expresión del narcoterrorismo en Colombia y sus alianzas internacionales, naturalmente provoca reacciones en la ola izquierdista latinoamericana, que no encuentra la manera de penetrar un país como Colombia, donde una ciudadanía activa ha resuelto no ceder ante los violentos que han aquejado durante décadas el país.

De allí que el narcoterrorismo de la FARC encuentre colaboradores en gobiernos del socialismo del siglo XXI y en personas que aun creen que esta organización representa una posibilidad para el país, acorde con los intereses del autoritarismo socialista, nuevamente vigente en países como Venezuela.

Pero lo cierto es que en el concierto internacional, el narcoterrorismo no se puede disfrazar con mantos políticos que sirvan como justificación válida. En este sentido se deben reconocer medidas contra la ilegítima financiación de esta organización, como las adoptadas por la justicia de Dinamarca.

“Un tribunal danés condenó hoy a seis meses de prisión a un hombre acusado de recaudar fondos en 2004 para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Según la corte, en su dictamen no se habrían tenido en cuenta las explicaciones de Patrick Mac Manus, miembro de la organización "Opror" (rebelión), por las que el acto supuestamente recaudatorio del que se le acusaba fue sólo una iniciativa englobada en su campaña para exigir un cambio en las leyes antiterroristas danesas. Además, según Mac Manus, en aquella ocasión no se transfirieron fondos.

En 2004, sin embargo, el grupo "Opror" emitió varios comunicados en los que informó de que recaudaron 100.000 kroner (unos 18.400 dólares o 13.400 euros). Mac Manus es un escritor y artista de 64 años. Según informó su abogado, el acusado estudia recurrir la sentencia del tribunal. El tribunal también cita en su decisión un caso anterior sentenciado por el Tribunal Supremo contra el grupo activista "Luchadores+Amantes", que recaudó dinero para las FARC y el FPLP mediante la venta de camisetas” (1).

Esta condena, aunque en realidad insuficiente, resulta ejemplar para cualquier persona que ofrezca cualquier tipo de apoyo a la FARC, organización reconocida internacionalmente como terrorista por la aquiescencia internacional.

Pero los colaboradores del narcoterrorismo de la FARC no son solo personas. Recordemos que se han denunciado casos de supuestas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos nacionales e internacionales, políticos y funcionarios públicos de países vecinos, otras organizaciones terroristas como ETA y Al Qaeda, estudiantes como Lucia Morett de México, sin hablar de presidentes en ejercicio que no pierden oportunidad para lanzar salvavidas a esta degradada y decadente organización delincuencial que solamente subsiste con sus negocios ilícitos y sus apoyos internacionales cada día más desenmascarados.

Al encarcelamiento del danes Mac Manus, se suma que “el juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco ordenó la captura internacional de varios sospechosos de pertenecer a ETA y las FARC por colaborar supuestamente para atentar en España contra altos cargos colombianos” (2).

Frente a ello, la respuesta de Chávez fue declarar la solicitud como estúpida, negando el hecho de que “hace dos semanas, este magistrado denunció una "cooperación gubernamental" venezolana en la presunta colaboración del grupo armado vasco Eta con la guerrilla de las Farc de Colombia para formar a guerrilleros que querían atentar en España contra personalidades colombianas” (3). Si se suman estos dos acontecimientos separados pero relacionados por un mismo objeto, se puede decir que de manera desarticulada la institucionalidad democrática ejerce presión contra el narcoterrorismo de la FARC y sus apoyos internacionales.

Si bien estas acciones deben reconocerse y valorarse como un sostén de la política de seguridad colombiana, es necesario plantear el vacio internacional para combatir eficazmente estos “auxilios al terrorismo”, más aun cuando provienen de gobiernos afines a su ideología. La prisión es un primer paso importante para ir construyendo precedentes, pero necesitamos ir más allá reformando el sistema internacional de sanción a Estados que apoyen al narcoterrorismo. Colombia tiene la responsabilidad de hacer el llamado por una más efectiva presión internacional contra toda expresión del narcoterrorismo.

Finalmente, los auspiciantes que apoyen o se nieguen a combatir el terrorismo, deben tener en cuenta los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional. En el marco de las Resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Comité contra el Terrorismo ha trabajado para robustecer la capacidad de los Estados Miembros para prevenir actos terroristas que podrían afectar tanto la seguridad dentro de sus fronteras como la de las diferentes regiones del mundo (4).

1. Prisión a ciudadano danés por recabar fondos para las FARC colombianas 2. España: piden detención de miembros de ETA y las FARC en Cuba y Venezuela; 3. Chávez calificó como 'estúpida' la orden de detención de miembros de Eta y de las Farc; 4. Naciones Unidas