Derechos Humanos Bolivarianos: cárcel o muerte

Por: José Rafael López Padrino

Las declaraciones emitidas por el comandante del Core 5, General Antonio Benavides “al final un delincuente se expone a ir a la cárcel o a estar bajo tierra, porque ese es el destino final de un delincuente" y secundada por el Ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aisami retrata el carácter fascista del régimen. Las mismas nos retrotraen a la terrible Doctrina de la Seguridad Nacional de triste recordatorio en los países del Cono Sur durante los gobiernos militares la época.

Las infaustas declaraciones de Antonio Benavides y Tarek El Aisami ponen de manifiesto no solo el desconocimiento del Estado de Derecho y las leyes, sino que deja claramente en evidencia el desprecio por la justicia y la vida humana que tienen estos funcionarios. Recordemos que este Benavides es el mismo personaje que reprimió a los miembros de la oposición a las afueras del Consejo Nacional Electoral durante el referéndum revocatorio del 2004, y la protesta pacífica en contra de la nueva Ley de Educación (2009). Es el mismo Benavides que justificó ante los medios de comunicación el uso de la garrapiña por parte de los efectivos de la Guardia Nacional en las protestas estudiantiles.

Las declaraciones emitidas por estos bastardos -cárcel o muerte para los delincuentes- no nos deben sorprender. Lo afirmado es un aspecto más de la política de Seguridad Nacional que ha venido aplicando el iletrado de Miraflores en contra de los venezolanos. Es la otra cara del terrorismo de Estado puesto práctica en contra de la oposición política. Además, la misma tiene como propósito implantar el terror generalizado en la población, al verse violentado el Estado de derecho mediante la institucionalización de la pena de muerte. ¿Cuantos casos de "resistencia a la autoridad" no han sido sino simples ejecuciones por parte de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado o miembros de la Guardia Nacional? El más reciente fue el perpetrado el pasado 4/9/10 en El Cementerio, cuando 5 delincuentes fueron ejecutados por miembros de la Policía Socialista Metropolitana, a pesar de que los mismos ya habían liberado a los rehenes y depuesto sus armas ante las autoridades.

El Estado de Seguridad Nacional que promueve el régimen del tte coronel violenta valores morales, jurídicos, humanitarios, culturales, y por supuesto la libertad de los ciudadanos. Su aplicación por parte del actual gobierno explica la limitación o confiscación de la libertad de expresión, violentando las leyes de la República contempladas en la Constitución Nacional (censura previa de los medios de comunicación, cierre de emisoras y plantas televisivas), la detención arbitraria, la tortura, el vejamen, la intervención de los sindicatos, el asesinato de sindicalistas, la prohibición del derecho a la huelga, la criminalización de la protesta pública, y la creación de un estado psicológico en la población de indefensión total ante un Estado omnipotente.

Obviamente, no se trata de ser complaciente ante una delincuencia desenfrenada, pero igualmente es inaceptable darle carta blanca a instituciones carcomidas por la corrupción y penetradas por el malandraje como las policías y la Guardia Nacional para que apliquen la pena de muerte discrecionalmente. Esta declaratoria de “cárcel o muerte” es el pretexto para vulnerar todos los derechos y garantías individuales y sociales en aras de una pretendida seguridad ciudadana. Es darle una patente de corso a los cuerpos de seguridad del Estado para que prosigan con las ejecuciones de presuntos delincuentes.

El problema de la delincuencia en nuestro país no es de fácil solución, sin embargo no es decretando la pena de muerte como se solventará el mismo. La lucha en su contra requiere darle más importancia a la prevención del delito que a su represión. Es fundamental disminuir los niveles de pobreza, fomentar el empleo y la productividad, pero al mismo tiempo es necesario garantizarle al delincuente el debido proceso, eliminar los retardos procesales, atacar la corrupción en los cuerpos de seguridad y en la administración de justicia, acabar con la impunidad, así como implementar una política penitenciaria que logre insertar a los reclusos a la sociedad. De igual manera implica que nuestras cárceles dejen de ser factorías de muerte o en el mejor de los casos depósitos inhumanos de hombres y mujeres, y se transformen en verdaderos centros de rehabilitación de los delincuentes procesados.

El abyecto de Benavides en nombre de una supuesta “seguridad pública” ha decretado la pena de muerte para los delincuentes, lo cual violenta el Estado de Derecho del país. Sin embargo, los serviles de la Fiscal General, de la Defensora del Pueblo, y del Tribunal Supremo de Justicia han guardado un silencio celestino ante el exabrupto pronunciado por el gorila Benavides y respaldado por el tte coronel en cadena nacional.