Procesos en el extranjero se ciernen contra el Gobierno

Caso de La Haya es analizado por el fiscal de la Corte Penal Internacional

Por: REYES THEIS
Fuente: EL UNIVERSAL

Al Gobierno Bolivariano se le han venido abriendo varios "frentes de batalla" fuera de las fronteras de Venezuela, que podrían colocarlo en serio riesgo.

Procesos judiciales en la Corte Internacional Penal (CIP) de La Haya, autos judiciales en España, denuncias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, acusaciones de la participación de altos funcionarios públicos en actividades de narcotráfico y lavado de dinero y recientes señalamientos sobre la preparación de un supuesto programa nuclear con Irán, forman parte de expedientes que avanzan en paralelo contra el Gobierno de Hugo Chávez Frías.

En La Haya
Hasta que el abogado Jaime Granados -asesor legal del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe- entregó ante la CPI una demanda contra Hugo Chávez, por delitos de lesa humanidad, el tema de la supuesta colaboración entre el Gobierno venezolano y la guerrilla colombiana estaba solo en el plano de las acusaciones públicas, pero sin ningún proceso judicial abierto.

Granados, en representación de un grupo de supuestas víctimas, introdujo ante la Corte de La Haya en agosto pasado un legajo de 116 páginas para sustentar la denuncia penal contra el presidente de Venezuela.

De acuerdo con el diario El Colombiano, la denuncia está compuesta por una descripción de hechos ocurridos en 2010, que podrían ser caracterizados como violaciones a los derechos contenidos en la Convención Americana, en el documento se dan cuenta del supuesto conocimiento de las autoridades de Venezuela sobre la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el territorio venezolano y una descripción de hechos que probarían la relación militar entre las autoridades de Venezuela y la guerrilla colombiana.

En el material aparecen los nombres de varios funcionarios y ex funcionarios del Gobierno venezolano como el ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez; el ex ministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín y el general Clíver Alcalá Cordones.

Según dijo Granados (en un artículo de opinión publicado en el diario colombiano La República) ese material "deja claro el apoyo de Chávez y las Fuerzas Armadas bajo su control a estos grupos terroristas mediante el suministro de uniformes, municiones y armamento de uso privativo del Ejército venezolano, dinero, servicios de salud, la adecuación de lugares de práctica y refugio en territorio venezolano".

Añadió que también "se relacionan solicitudes del Gobierno del país vecino al grupo terrorista, para trabajar de manera conjunta en el secuestro de ciudadanos venezolanos".

En este proceso serviría de testigo excepcional el propio Álvaro Uribe, quien suministraría testimonio sobre "los constantes requerimientos" que habrían realizado él y su Fuerza Armada para que el Gobierno venezolano tomara acciones militares contra la guerrilla supuestamente refugiada en Venezuela.

El caso se encuentra en fase de análisis por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para determinar si procede una investigación.

El caso de ETA
Al menos dos autos judiciales de la Audiencia Nacional de España da indicios de la supuesta colaboración entre el Gobierno de Venezuela y la organización separatistas vasca ETA.

Que la banda terrorista haya efectuado su entrenamiento en Venezuela no sería noticioso si no se creyera que los cursos eran conocidos por el Gobierno venezolano, en este sentido, la figura clave es José Arturo Cubillas Fontán, ciudadano que trabajó con ETA y que reside en Venezuela desde el año 1989 y quien aparece como afiliado activo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por su labor en el Instituto Nacional de Tierras.

Según el auto judicial del juez Eloy Velasco de febrero pasado, y el testimonio de Juan Carlos Besance y Xabier Atristain -dos etarras recientemente capturados-, Cubillas utilizaba su influencia en el Gobierno para efectuar los cursos de adiestramiento, en algunos de los cuales, supuestamente participaron guerrilleros de las FARC.

Estos proceso siguen su curso para determinar las responsabilidades penales. Serán llamados a declarar dos testigos venezolanos: el general retirado Nestor González González y el embajador Diego Arria.