Cuantiosas sumas de dinero deberá pagar el Estado si pierde el caso Bandagro

Por: Diego Aznar | Emen

Gráfica: Waldemar Cordero Vale, primo hermano de José Vicente Rangel Vale

El Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade) está cerca de finalizar la liquidación del Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro), intervenido a principios de los años 80, pero la historia de la emisión de notas promisorias atribuidas a la entidad estatal sigue vigente.

Las multimillonarias demandas de compañías como Skye Ventures y Venospa contra Venezuela, en la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito en Ohio podrían afectar severamente las reservas internacionales si llegasen a prosperar.

Actualmente el proceso está en fase de apelaciones. La última audiencia está fijada para mediados de marzo, pero poseedores de títulos que prefirieron el anonimato aseguran que antes de la fecha la República podría intentar negociar con los tenedores de notas algún monto. Sólo el juicio de Skye Ventures es por $8.000 millones.

Venezuela negó en varias oportunidades la validez de las notas en estos 30 años de vigencia, empezando en 1987 con los primeros intentos de cobro hasta hoy.

En Ohio el abogado de Skye Ventures sospecha un nexo entre el ex presiente e interventor de Bandagro, Waldemar Cordero Vale, su primo hermano José Vicente Rangel Vale y la presunta emisión y compra del paquete de 57 notas promisorias código Caroní ICC 290 y 322, todas por un valor de $1.695 millones y que vencieron en 1991.

La presunta compra se habría hecho en 1982 por un ciudadano llamado Alfredo Aagaard por $200 millones. Los tenedores de notas tienen una factura de dicha compra notariada y apostillada para presentarla en el juicio.

Posteriormente Aagaard le habría vendido el paquete de notas a James Paolo Pavanelli, famoso internacionalmente por estafas, quien habría hecho negociaciones en todo el mundo para obtener préstamos dando como garantía los títulos.

Incluso una compañía en Hong Kong dio varios de estos títulos como garantía a una empresa estadounidense, resguardados en un banco suizo pero que finalmente, tras una prueba grafotécnica hecha por la entonces PTJ en los 90, resultaron ser falsificaciones y terminaron invalidadas con un sello.