La estafa del caso Bandagro: La conspiración continúa

Fuente: Sexto Poder

 

Caracas, 21 de diciembre de 2011- Una estafa financiera que comen­zó hace 30 años pudiera ser la his­toria perfecta para cualquier pelícu­la de intriga y acción en el mejor es­tilo hollywoodense. Los elementos: unos bonos del tesoro emitidos por un banco en quiebra. Los involucra­dos: funcionarios bancarios, guber­namentales, abogados, y estafadores internacionales que supuestamente han puesto a nuestro país bajo po­sibilidad de enfrentar varias deman­das internacionales que podrían lle­gar de los seis mil millones de dóla­res, al tratar de cobrar una serie de papeles de oscuro nacimiento. Los sospechosos: ocho personas de las cuáles cuatro han cumplido poco tiempo en prisión. El caso: las No­tas Promisorias emitidas por el des­aparecido Banco de Desarrollo Agropecuario, Bandagro.

La historia  

Corría el año 1981 y la menciona­da institución financiera llevaba un año intervenida, no obstante esto no impidió la emisión de 55 Notas Pro­misorias como aval para un présta­mo que la institución pensaba gestio­nar ante el National Bank de Miami. 

Al frente de la intervención se in­corporó a Waldemar Cordero Vale, alto dirigente de Bandagro, y la ges­tión para el mencionado préstamo recayó sobre Albano Fontana, quien comprobó que esos bonos jamás lle­garon al banco de la ciudad estado­unidense, pero sí pasaron a manos poco escrupulosas que pensaban sa­carle un mayor provecho: las notas sin firmar comenzaron a circular por el mercado negro internacional. 

Al respecto, en su momento se pronunciaron Fogade y hasta el mis­mo Banco Central de Venezuela pa­ra alertar sobre su invalidez. En ese mismo tono, en el año 1992 la Con­traloría General de la República de­terminó la inexistencia de compro­misos por parte de Bandagro. 

No obstante, la estafa continua­ba al igual que los intentos masivos de cobros de esos papeles. Ante es­ta situación la Ministra de Hacienda de entonces, Maritza Izaguirre publi­có un comunicado de prensa para informar sobre las investigaciones practicadas por la Dirección de Cri­men Organizado de la PTJ.  

Éstas condujeron a los primeros detenidos: Alfredo Aggard, Román Delgado y Jazmín Angulo de Fusco, quienes portaban las notas sin fir­mar, sellos de la institución e instruc­tivos sobre cómo llenarlas. Los dos primeros fueron aprehendidos en el aeropuerto de Maiquetía, mientras que la mujer en de la ciudad de Nue­va York.  

El caso de los dos hombres fue pasado al Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público donde fue so­breseído. Aquí culmina el primer ca­pítulo de esta historia. El segundo comienza con la entrada en el juego de James Paolo Pavinelli, empresario de muy dudosa reputación. 

Durante los años 80, el “caballe­ro” en cuestión se dedicó a estafar a cuanta empresa y persona se le cruzara por el camino a cuenta de las NP Bandagro, incluso hasta su compañía, Triad FFC las poseía y pronto sabremos porqué.  

Inexplicablemente Pavanelli con­tinuaba vendiendo sus bonos, a pe­sar de que ya había sido sentencia­do el 6 de noviembre de 1989 a cua­tro años de prisión por un tribunal en Londres por “conspiración para utilizar documentos falsos”, entre ellos las notas Bandagro. (Posterior­mente, en 2003, fue condenado en un tribunal de Turín a siete años por los mismos delitos).  

Más inexplicable aún es que en 2002, y a pesar de los avisos de las instituciones nacionales sobre la ile­galidad de la NP Bandagro, un apo­derado de Pavanelli en Venezuela, el abogado Miguel Yacir, trata de co­brarlas nada más y nada menos que al propio presidente Hugo Chávez.  

Según las informaciones de la época, el jefe de Estado manda a rea­lizar una investigación al Ministerio de Finanzas sobre la validez de esos papeles. Jugando en dos frentes, Ya­cir también se dirige a la Asamblea Nacional para también gestionar por esta vía el pago de los bonos. Se­gún reportes de la época, el repre­sentante de Pavinelli acudió a los di­putados Luis Velásquez Alvaray y Pe­dro Carreño, en calidad de integran­tes de la Comisión de Contraloría.  

Éstos exhortarían al ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, a agilizar esas pesquisas. Un primer informe de este despacho declara legales las notas promisorias, tanto las que pre­tendía cobrar Pavinelli a través de su empresa y otras que esperaba co­brar la compañía estadounidense Skye Venture (que le habían compra­do notas a Pavinelli) en Estados Uni­dos. El informe pasa a la Procuradu­ría General de la República y ésta también le da el visto bueno. 

Sobre este punto hay que resaltar que el documento no tenía carácter legal y sólo era para consumo inter­no de ambas instancias. No obstante, de este escrito se hizo una copia cer­tificada y se filtró a las empresas in­teresadas en cobrar las Notas Pro­misorias. Este desliz sirvió para que Triad FFC y Skye Ventures entablaran demandas contra Venezuela.  

Triad, junto a otras empresas, abrió el proceso en un tribunal de Suiza por mil 57 millones de dólares y Skye Venture en uno de la ciudad de Ohio en Estados Unidos por 100 millones.  

A pesar de que tanto el Ministe­rio de Finanzas y la Procuraduría de la República emitieron a esos tribu­nales un documento para revertir la supuesta legalidad del primer infor­me, argumentando que el estudio era de carácter interno, una de las demandas (Skye Venture) continúa. 

Se dice pero no se afirma, que es­tos procesos le costaron el cargo a la ex procuradora de la República Marisol Plaza y a Oscar Guzmán Co­va, Director General de Consulto­ría Jurídica del Ministerio de Finan­zas, cuyo nombre aparecería en la portada de la copia certificada que obtuvieron las empresas.  

El último acusado se defiende

Siete años han pasado y de vez en cuando los medios reseñan los in­tríngulis del proceso, que se encuentra en etapa de apelaciones. No obstante, en di­ciembre pasado el ca­so Bandagro volvió a sonar. Esta vez por la acusación que hizo el Ministerio Público a Alejandro Tineo Salas, José Nicolás Tovar Ji­ménez y a Ramón He­raldo Paredes, por su presunta vinculación en la emisión de las Notas Promisorias.  

Desde su deten­ción domiciliaria el abogado Alejandro Ti­neo rechaza las actua­ciones del Ministerio Público y advierte que cuando fue investigado por el mismo caso en 1994 fue ab­suelto de toda culpabilidad.  

En esa fecha su expediente subió al Tribunal Superior de Salvaguarda de Patrimonio Público y esta instan­cia terminó la averiguación. “Ese es el único expediente en mi contra y sobre la base de ese expediente es que se está construyendo esta nue­va averiguación penal (2007) que es totalmente inconstitucional”. 

Tineo recuerda que se le citó pa­ra darle un sobreseimiento de la Fis­calía General de la República y que el acto se transformó en una nueva imputación por el mismo caso que ya se había cerrado. 

“Esto es una aberración porque la Fiscalía es un organismo único y sus dictámenes son únicos, no puede ser que sobre un mismo caso y una misma perso­na haya criterios diferentes”.

No sabe por qué luego de tantos años se le vuelve a involucrar en el caso y asegura que no conoce a las otras dos personas acusadas. 

Sin embargo advierte que la irre­gularidad de la emisión de las Notas Promisorias están en sus orígenes y que no se explica cómo desde en­tonces haya habido tantos desatinos legales al respecto.

Con papeles en mano, Alejandro Tineo Salas explica que tras su pri­mera detención se dedicó a estudiar el caso Bandagro y uno a uno seña­la todos los detalles desde la emi­sión de las NP.

En este sentido aseguró que se sorprendió al leer el informe de la Procuraduría de la República, por­que no se pronuncia sobre la médu­la central del problema, que radica en la imposibilidad de que Bandagro o banco alguno emitiera este tipo de certificados sin la aprobación del Poder Legislativo.

“El artículo 126 de la Constitu­ción de 1961 (válida en 1981) seña­la que ninguna deuda de la nación se puede contraer sin la aprobación del Congreso de la República que pro­mulgará una ley para ello. Y estas no­tas son papeles de deudas”, por ello no podían ni siquiera emitirse.

Por otro lado, indica que la misma Constitución en su artí­culo 127 preveía que cual­quier litigio por la emisión de este tipo de bonos debería diri­mirse en tribunales venezolanos. 

También hace mención de que los mismos estatutos de Bandagro no permitían la emisión de las No­tas Promisorias, sino bonos de aho­rro, “cosa también imposible por la situación financiera en la que se en­contraba”. 

En este sentido Tineo Salas seña­la que “la Procuradora no debió ha­ber emitido este dictamen porque va contra la Constitución de 1961, que rige todas las operaciones de crédito que hizo la República para la fecha de las notas”. 

Argumenta además que el dicta­men sólo sirvió para favorecer a los tenedores de los papeles en el ex­terior, para demandar a la Repúbli­ca, al punto que la Corte de Ohio dice textualmente: “Los organismos del Gobierno venezolano que inter­vinieron en el procedimiento hasta que la procuraduría General de la República emitió dictamen el 3 de octubre de 2003”.  

“Es decir, que el juez estadouni­dense entró a conocer de este caso como consecuencia del dictamen de la Procuraduría. Yo no puedo afirmar que el entramado estaba montado, pero esto coincide con esas aseve­raciones”, expresa Salas. 

Finalmente alertó al Presidente de la República sobre una confabu­lación de funcionarios públicos ac­tuales y pasados tratando de perju­dicar los intereses del país a través de la validación de estas notas “para que la Nación sea demandada en el exterior y todos los que participan en esas demandas van a percibir al­guna prebenda”.