Castrismo a la Venezolana: De Petro-Estado a Narco-Estado

Por: ELIZABETH BURGOS
eburgos@orange.fr    

Nota de la Redacción: El demoledor análisis de Elizabeth Burgos indica que Fidel Castro “está adjudicando a Venezuela, las actividades delictivas o ilegales que antes se ejercían bajo la batuta de La Habana” y de las que Cuba se deslastra para trasladar toda la responsabilidad sobre el régimen de Chávez. Revista Zeta.

Las últimas informaciones provenientes de Venezuela, como la salida de la CIDH, la adopción de la “Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo”, y el nombramiento de un consejo de Estado, se inscriben dentro de la lógica del castrismo el cual consiste, ante todo, en una técnica para acceder e instrumentalizar el poder con el objetivo de imponer un sistema totalitario, inspirado a la vez de influencias fascistas y comunistas.  El llamado socialismo mimético de ese artefacto ideológico-técnico que es el castrismo.

 

Por las declaraciones y reacciones que he podido leer, muchos consideran que la decisión de salirse de la CIDH, es un señuelo para distraer la opinión pública del verdadero peligro que significa la aprobación de la “Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo”, sin percatarse que uno se complementa con el otro.  Por supuesto que el peligro radica en una ley destinada a perseguir a las ONG, a los defensores de los Derechos Humanos y a someter a control la libertad de expresión: en otras palabras, en la legalización del totalitarismo revistiendo de legalidad la arbitrariedad: es ese el sustento primordial del castrismo.  Para la aplicación impune de esa Ley, Venezuela necesita no estar sujeta a la vigilancia de organismos internacionales como es el caso de la CIDH.  La aplicación de esa Ley exige tener carta blanca; no tener que responder ante reglamentos internacionales de tipo vinculante aunque cualquier ciudadano pueda recurrir a esas instancias internacionales.

El otro acontecimiento que ha tenido un amplio eco internacional, son los testimonios de los dos ex magistrados que se han visto obligados a huir del país para salvar sus vidas por haber sido designados por el gobierno como chivos expiatorios, ante el desenmascaramiento de una trama ligada al narcotráfico, en la que están implicados altos miembros del gobierno, en particular, oficiales de alta graduación.

Ambos magistrados, Aponte Aponte y Velásquez Alvaray, han demostrado con detalles y documentos, no sólo la existencia de una justicia hecha a la medida del régimen, sino también a la medida de un Estado delincuente al que  se le hace cada día más difícil disimular ese rasgo.

Muchos en Venezuela, todavía, cautivos del mito revolucionario cubano, intentan diferenciar el régimen castrista del régimen “revolucionario” de Venezuela.  Uno de los argumentos preferidos es que la cubana es una revolución producto de un triunfo militar, sin tomar en cuenta el hecho de que un ejército de 35.000 como era el caso del cubano en 1959, no pudo ser vencido por un grupo de guerrilleros mal armados.  Sencillamente el ejército cubano, desmoralizado, al saber que Batista había perdido el apoyo de Washington, al punto de haberlo sometido a un bloqueo de envío de armamento, simplemente se entregó.  Otros alaban el profesionalismo de la diplomacia cubana y se sorprenden cuando algún diplomático cubano incurre en lo que para un profesional sería un error.  La diplomacia cubana no es buena ni mala: sencillamente cumple órdenes emanadas de una estructura eminentemente militar.

En una situación de lucha entre corrientes que defienden la democracia frente a un poder de corte totalitario, el desconocimiento de la naturaleza de ese poder es indispensable si se le quiere enfrentar de manera eficaz.

La diferencia entre el régimen cubano y el proyecto totalitario venezolano consiste en que en el venezolano, el proceso de institucionalización del totalitarismo, conlleva la aplicación simultánea de temporalidades diversas: es decir, lo que en Cuba ha requerido medio siglo, en Venezuela ha tomado diez años.

En Venezuela se ha visto la fase idealizada de la revolución entre aquellos que  abogaban por un cambio y fueron creyentes fervientes de la primera época.  La mayoría hoy están en la oposición.  La fase del Estado delincuente en la Cuba tomó cuerpo tras la caída de la URSS y la pérdida de los subsidios soviéticos.  En Venezuela, esa fase surgió casi simultáneamente.  Aquello que en épocas pasadas, se consideraba como corrupción, que consistía en el enriquecimiento veloz de aquellos parte o cercanos del petro-Estado, hoy, además de disponer de los ingresos petroleros, el mecanismo mimético con Cuba, ha conducido rápidamente a la casta dirigente “revolucionaria”, al estatus de delincuentes, llevando al país hacia la condición  de narco-Estado. 

Tal parecería, que en la división del trabajo que se está instaurando entre Cuba y Venezuela, como una medida elemental de autoprotección, Cuba le está adjudicando claramente a Venezuela las actividades delictivas o ilegales que antes se ejercían bajo la batuta de La Habana.  A Fidel Castro hay que  reconocerle, que en su variante de revolución permanente, que consiste en desplegar una dinámica de destrucción de las  instituciones democráticas, -una especie de guerra de baja intensidad- siempre ha llegado hasta un límite que no ponga en peligro la integridad territorial de Cuba.

El país que inauguró la idea de beneficiarse del tráfico de drogas desde el Estado, fue Cuba.  El hecho de que Washington constituyera un expediente sólido que le permitiera acusar al régimen cubano, le costó a Fidel Castro buscar un chivo expiatorio, y obligarlo a juzgar a los altos oficiales que él había comisionado a ejercer actividades delictivas, que culminó con el juicio y la aplicación de la pena de muerte al general Arnoldo Ochoa.

Difícilmente se pueda legalizar la pena de muerte hoy en Venezuela.   Queda la opción de los asesinatos y es la que se está aplicando hoy en el país.

De un país en donde se practicaba la corrupción desde el Estado, se ha pasado a la práctica cubana de un Estado mafioso.