Venezuela: el peligro del ‘Narco-Estado’
Por: Luis Esteban G. Manrique
Fuente: Infolatam (Madrid)
El ex presidente colombiano Álvaro Uribe acusó en su cuenta de Twitter a Hugo Chávez
de convertir a su país en un “paraíso del narcotráfico y refugio de
terroristas” tras la reciente muerte de 12 militares colombianos en un
ataque de las FARC en una zona rural de la Guajira limítrofe con
Venezuela. Según el comandante del Ejército colombiano, general Sergio Mantilla, los entre 70 80 guerrilleros que participaron en el golpe habrían cruzado la frontera venezolana antes y después del ataque.
Las acusaciones de connivencia de las autoridades venezolanas con el
narcotráfico y las FARC no son nuevas, pero se han hecho más insistentes
tras las recientes denuncias de dos jueces del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) venezolano que huyeron del país. Según el ex magistrado
del TSJ, Luis Velásquez Alvaray, que se exilió en Costa Rica en 2006 tras ser acusado de corrupción, entre los “generales favoritos” de Chávez hay varios narcotraficantes que integran el poderoso “cártel de los Soles”.
Por su parte, Eladio Aponte, otro ex miembro del
TSJ, ha hecho cargos similares contra las cúpulas militar y judicial
venezolanas tras prestarse a colaborar con la DEA, la agencia de
antidrogas de EE UU, desde Panamá, donde se refugió tras ser relevado de
su cargo en medio de revelaciones sobre sus nexos con el narcotráfico.
También un empresario venezolano de origen sirio, Walid Makled,
enriquecido por los contratos de viviendas del Estado y hoy procesado
por narcotráfico y asesinato en Venezuela después de que fuera
extraditado en 2010 a ese país por el gobierno colombiano, reveló en una
entrevista que había tenido a más de 40 de altos oficiales del ejército
venezolano en su nómina y a los que pagaba un millón de dólares
mensuales por su “protección”.
Sobre Makled pesa la acusación de suministrar los
insumos químicos que alimentan los laboratorios de cocaína de las FARC
en la selva colombiana y de haber introducido toneladas de cocaína en EE
UU. Abandonado en una celda en una prisión colombiana, ante su
inminente deportación a Venezuela, Makled habló con El
Nacional (10-10-2010) al sentirse traicionado por los militares de alto
rango, los diputados y magistrados del TSJ y los dirigentes del Partido
Socialista Unificado de Venezuela que, según él, protegían sus
operaciones. “Tengo videos y grabaciones de conversaciones telefónicas
de todos ellos”, aseguró.
Desde hace tiempo, se han hecho habituales en el país operaciones de
sicariato ordenadas por los narcotraficantes que han infiltrado a las
fuerzas de seguridad. Pero nadie cree que Aponte o Velásquez estuvieran
fuera de ese juego. Según diversas versiones de la prensa venezolana,
cuando estaban en ejercicio, su primer cliente era el gobierno, que los
usaba para perseguir enemigos políticos, contra los que fraguaban
sentencias condenatorias y negándoles los derechos que les asistían para
defenderse.
Según escribe Moisés Naím en el último número de
Foreign Affairs, lo que sucede en Venezuela forma parte de un fenómeno
global más amplio: la penetración del crimen organizado en los aparatos
estatales, lo que ha provocado la aparición de “Estados mafiosos”, en
los que los sindicatos del crimen terminan comportándose como apéndices
de los gobiernos, gozando de la ayuda de jueces, espías, generales,
ministros, policías y diplomáticos.
Ese proceso ha convertido el crimen transnacional en un asunto de
seguridad internacional porque las mafias, en esta nueva fase de su
desarrollo global, cuentan con la protección legal y los privilegios
diplomáticos que antes solo disfrutaban los Estados. Naím cita como un
ejemplo paradigmático de esa metástasis del cáncer delictivo, el caso de
Jackie Selebi, el comisionado de la Policía Nacional
de Sudáfrica que fue nombrado en 2006 presidente de Interpol, un cargo
desde el que abogó por el fortalecimiento de la cooperación de las
autoridades policiales mundiales para combatir el crimen transnacional.
En 2010 Selebi fue condenado a 15 años de prisión en su país por aceptar un soborno de 156.000 dólares de narcotraficantes.
Otro caso notorio de corrupción en las altas esferas es el del general boliviano René Sanabria,
ex director de la agencia antidrogas de ese país, detenido en el año
pasado en Panamá por agentes federales de EE UU, acusado de haber
planificado el embarque de cientos de kilos de cocaína a Miami. Sanabria fue condenado a 14 años de prisión en Florida tras declararse culpable de los cargos que se le imputaban.
En su comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE UU, Douglas Farah,
investigador sobre crimen y terrorismo del International Assesment and
Strategic Center, sostuvo que las organizaciones criminales y las
terroristas utilizan los “mismos canales, las mismas estructuras
ilícitas y explotan las mismas debilidades de los Estados”. Esas
organizaciones, según Farah, están convergiendo en “entes híbridos” como las FARC.
Venezuela aparece vinculada a muchos de esos casos, especialmente después de que en 2005 el gobierno de Chávez
expulsara a la DEA. Según la Oficina de la ONU contra las Drogas y el
Crimen (UNODC), Venezuela suministra hoy al menos la mitad de la cocaína
que llega a Europa. El gobierno de Caracas asegura que está capturando
más drogas que nunca antes y que desde 2005 ha extraditado a EE UU a 69
grandes “capos” del narcotráfico.
Sin embargo, sus propias datos muestran un caída del 50% en la
cocaína incautada entre 2005 y 2010. Según la DEA, el 90% de los aviones
que llevan cocaína colombiana despegan de Venezuela. Las bandas están
especialmente activas en el Estado de Apure, utilizado como la zona de
aterrizaje y salida de los aviones que parten cargados de cocaína rumbo a
Centroamérica, el Caribe, EE UU y África occidental, desde donde se
dirigen a Europa. Los cargamentos de droga lanzados desde el aire en el
Caribe son recogidos por lanchas rápidas que las llevan a Haití,
Honduras y Guatemala en tránsito a México y EE UU. Entre 2006 y 2008, la
mitad de las embarcaciones capturadas con cocaína en el Atlántico por
el servicio de guardacostas norteamericano habían partido de Venezuela,
frente al 5% que lo habían hecho de Colombia.
Las evidencias contra los ‘narco-generales’
Un informe del departamento del Tesoro de 2008, acusó a los generales Henry Rangel Silva, nombrado ministro a principios de este año, y Hugo Carvajal Barrios, director de la contrainteligencia militar, y a Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Justicia y del Interior de Chávez, de estar involucrados en el narcotráfico y de ser los enlaces del gobierno con las FARC.
Traficantes venezolanos han sido arrestados en México, España,
Holanda, República Dominicana, Grenada, Santa Lucía y países africanos
como Ghana y Guinea-Bissau. La ofensiva del gobierno de Bogotá contra
sus operaciones, ha obligado a los narcos colombianos a utilizar el
territorio de Venezuela, aprovechando la porosidad de una frontera de
más de 2.000 kilómetros para alcanzar los mercados de EE UU y Europa.
El informe del Tesoro señala que las FARC y los carteles colombianos
tiene un aliciente adicional: la colaboración de unidades de las fuerzas
antinarcóticos, de la Guardia Nacional y de la policía. Venezuela es
hoy además un centro de operaciones de traficantes de personas, lavado
de dinero, contrabando de armas y petróleo. El periodista venezolano
Manuel Malaver sostiene que el hecho de que no haya estallado en
Venezuela una guerra entre carteles rivales como en México, es una
demostración de que las bandas han alcanzado un ‘modus vivendi’ con las
fuerzas de seguridad, que arbitran sus conflictos.
Según informes de inteligencia y de la UNODC, la cocaína cruza el
Atlántico desde Venezuela a África en aviones de carga y barcos
mercantes hasta aeropuertos y puertos como Dakar (Senegal) y Accra
(Ghana), donde los cargamentos son troceados y transportados a Europa
por viejas rutas de contrabando terrestres y marítimas.
En África occidental, países enteros han caído en manos de los
carteles. El valor de la cocaína que transita por países como
Guinea-Bissau con dirección a Europa multiplica varias veces el tamaño
de su economía. Esa región incluye a 10 de los 20 países más pobres el
mundo, lo que los hace especialmente vulnerables al poder corruptor del
crimen organizado transnacional. La UNODC estimó que solo en 2006 unas
40 toneladas de cocaína, con un valor de mercado de 1.800 millones de
dólares, transitaron por la región.
Según Antonio Mazziteli, ex director de la UNODC, el
gobierno de Guinea-Bissau “vendió” en 2009 el acceso a varias de las 90
islas del archipiélago de Bijagós a los narcos para que las utilizaran
como trampolín de sus embarques hacia Europa. El 1 de marzo de 2009, el
jefe del ejército de ese país, general Batista Thagme Na Waie, murió en una explosión y horas después, el presidente Joao Bernardo Vieria
fue asesinado por soldados del ejército. Probablemente ambos crímenes
fueron cometidos por militares comprados por el narcotráfico. Ninguno de
esos dos crímenes ha sido resuelto.
En noviembre de 2008, un Boeing 727 que había despegado de Venezuela
cargado de cocaína aterrizó en un desierto en el norte de Malí. Después
de descargarlo, sus tripulantes le prendieron fuego para borrar huellas.
En abril de ese año, las autoridades de Sierra Leona extraditaron a EE
UU seis hombres -dos de ellos venezolanos- por utilizar aviones para
transportar drogas.
Brian Lattel, ex especialista de la CIA en Cuba, cree que los vínculos de la isla con el narcotráfico terminaron en fracaso, cuando Fidel Castro, al verse descubierto por la DEA, hizo fusilar al general Arnaldo Ochoa y al coronel Tony de La Guardia para salvaguardar el prestigio del régimen. La escritora venezolana Elizabeth Burgos sostiene, por su parte, que el “mecanismo mimético” que ha establecido Chávez con
Cuba, llevó a su gobierno a imitar el sistema castrista y las
variaciones que éste ha ido incorporando durante medio siglo, sobre todo
su involucramiento en el tráfico de drogas, que le abría a Cuba la
posibilidad de llenar el vacío dejado por la suspensión de los subsidios
soviéticos.
Burgos dice que escuchó mencionar por primera vez
esa estrategia a funcionarios cubanos en Chile durante el período de la
Unidad Popular, bajo el pretexto de que esa actividad se justificaba por
el enfrentamiento con el imperialismo, dado que EE UU era el primer
consumidor y, por tanto, la primera víctima de la adicción.
Al reconocer a las FARC como “ejército beligerante” Chávez dio
el primer paso para la aceptación del narcotráfico como “arma contra el
imperialismo”, con lo que convirtió a la cuenca del Orinoco en la
autopista fluvial de la cocaína producida en Colombia, materializando el
sueño de utilizar la droga como “arma revolucionaria”. Incluso los
analistas más benévolos con Chávez creen que el líder bolivariano prefiere mirar a otro lado por su necesidad del apoyo de la cúpula militar.
Etiquetas: Cartel de los Soles, narcoestado
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