Venezuela: Narcos tienen ejércitos privados en el país

Fuente: Diario Panorama (VEN)

 La brecha política que mantiene polarizada a Venezuela ha servido para que grupos irregulares de la frontera con Colombia ganen espacios en el negocio legal e ilegal y en lo territorial. Una “simpatía” entre determinadas redes criminales y células de la política nacional (oposición y oficialismo), son el silencioso respaldo que revela la fundación colombiana Nuevo Arco iris sobre esta realidad. Así lo explica el libro La frontera caliente entre Colombia y Venezuela, en el capítulo titulado Frontera del Norte de Santander - Táchira.

En una radiografía se presentan los modos de actuar de estos grupos criminales que se han desplazado y establecido, históricamente, en el estado Táchira; sin embargo, advierten que esta situación de violencia, ilegalidad y corrupción que mantiene caliente la frontera colombo-venezolana, se agravó desde el año 2000.

En los resultados de la investigación —basada en seguimiento a hechos de violencia sociopolíticas y acompañamiento a comunidades, organizaciones y líderes que residen en la frontera— señalan que si bien, el ciudadano común es directamente afectado por la actuación de estas redes criminales que se han consolidado en la región fronteriza, “la relación de estos con la economía de la región ha creado verdaderas fisuras en la intitucionalidad democrática”, indican fragmentos de este libro.

Resaltan que en zonas urbanas de Cútuta y en municipios vecinos de San Cristóbal, en Táchira, los “Rastrojos” y los “Urabeños” se disputan el control de la zona. Los primeros, por su tradición de corrupción, es el que parece tener más poderío por lograr controlar mucha más institucionalidad.

Una de las hipótesis que se maneja sobre la actuación de los grupos armados en la peligrosa raya fronteriza y sus alrededores es que existen lineamientos entre estructuras políticas y estructuras armadas ilegales en ambos lados de la frontera. Los grupos insurgentes se aprovechan de los conflictos políticos y sociales que se viven en el país para ganar espacios y dominio.

Además ejemplifican la situación de respaldo de algunas células políticas hacia estructuras criminales de esta manera: “La oposición venezolana, que gobierna el estado Táchira, se ha beneficiado indirectamente del estado de inseguridad de la frontera para diezmar la popularidad del Gobierno venezolano”.

A pesar de este señalamiento explica que fue posible ver preferencias de sectores del oficialismo venezolano hacia los grupos guerrilleros, principalmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su territorio es Apure y parte del Catatumbo. “Sin embargo, a nivel local e institucional estas preferencias no son tan claras”, detalla el texto.

Los grupos subversivos que están en Táchira han aprovechado la marcada polarización y las características de la descentralización política.

“Se puede identificar una polarización relativa de la sociedad, en particular, en Táchira, como uno de los estados opositores del Gobierno nacional con un gobernador que ha sido públicamente contradictor, acusando en diferentes oportunidades al presidente, Hugo Chávez, de su relación con las guerrillas colombianas. Igualmente, este gobernador ha sido acusado de su relación con los grupos paramilitares. Un aspecto interesante, recogiendo los análisis iniciales, es que en el ambiente de polarización estos grupos han encontrado vacíos de poder donde perfectamente logran insertarse”, se decribe en las páginas del texto.

Desde el aspecto geopolítico, las estructuras criminales colombianas, mexicanas, venezolanas y dominicanas han comenzado a disputarse los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure y Barinas para el dominio del contrabando de combustibles, víveres, insumos industriales, lavado de activos, entre otras actividades ilegales.

A ese contexto se le suman los “ejércitos privados que están al mando de narcotraficantes”. Del lado colombiano está la organización conocida como “Cinco Apóstoles” quienes —según detalla el texto— controlan gran parte de la economía, institucionalidad y política de la región desde la fuerza pública hasta las élites políticas.

Del lado venezolano señala al “Cartel de los Soles” y los “Rastrojos” quienes manejan una parte importante de la economía legal e ilegal y “mantienen fuertes vínculos con células políticas de la oposición venezolana”.

En Táchira, desde 2004, se ha venido consolidando una red, bajo el nombre genérico “Águilas Negras”, que sirve a las estructuras del narcotráfico internacional pero, que en en la actualidad, también se lucran de negocios legales e ilegales.

Ese control social genera miedo y relaciones de intereses donde políticos, empresarios, policías y militares se ven beneficiados. Los resultados de la investigación advierten que las consecuencias de un desamparo permanente de sus habitantes (por parte del Gobierno) y la ausencia de políticas acertadas que consultaran la realidad de la frontera pueden ser los detonantes de los fenómenos actuales de ilegalidad y criminalidad que vive la región.

Homicidios, secuestros, extorsiones desplazamientos o enfrentamientos son descritos como un fenómeno constante en los municipios de San Cristóbal, Torbes, Fernández Feo, Junín, Ayacucho, García de Hevia, Bolívar y Pedro María Ureña. Generalmente, son hechos que se registran a plena luz del día y por sicarios que no son capturados.

Entonces, como una situación de anarquía —describe La frontera caliente entre Colombia y Venezuela— la estructura ilegal que se ha consolidado entre el Norte de Santander y Táchira. Redes criminales que tejen su actuación delictual dentro de Venezuela han penetrado, sigilosamente, en otros estados y se han apoderado, territorial y estratégicamente, del país.