Lavado de dinero muta al son de las nuevas barreras

Por Estrella Gutiérrez

Pokémon, por su capacidad de mutación, caballo de modernos jinetes del Apocalipsis (drogas, corrupción, crimen organizado y terrorismo) o fenómeno de desorden social. Estas son definiciones de los expertos reunidos en la capital venezolana sobre el lavado de dinero, un delito de infinitos disfraces.

"El Estado es burocrático, lento y pesado, y el crimen de lavado (de dinero) es tecnológico, moderno e innovador", aseguró a IPS el abogado venezolano Alejandro Rebolledo, organizador de la VIII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra Riesgos y Fraudes, realizada los dos primeros días de este mes en Caracas.

"El gran desafío de este delito es que es eminentemente transnacional", planteó el argentino Raúl Saccani, responsable de los servicios contra ese crimen y la investigación de fraude en América Latina de la firma mundial de auditoría KPMG, otro de los expertos consultados por IPS durante la reunión.

"Cada año se lavan 1,6 billones de dólares, que equivalen a 2,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial", cifró Rebolledo, director del sitio antilavadodedinero.com.

Asociaciones financieras elevan la cifra a 3,6 por ciento del PIB global, mientras que los organismos multilaterales prefieren hablar de un arco de entre 1,5 y cinco por ciento, por lo oculto del delito de legitimación de capitales de origen ilícito. El Fondo Monetario Internacional lo equipara a 40 por ciento de la economía total latinoamericana.

Mediante el lavado se vuelcan al sistema financiero y comercial fondos de origen criminal para que simulen proceder de actividades legítimas y puedan circular y ser usados sin que la justicia los detecte.

Las categorías de lo que se considera blanqueo de capitales evolucionan constantemente. En febrero, el intergubernamental Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Activos (GAFI) incluyó en este rubro la evasión fiscal, el contrabando y el uso de armas de destrucción masiva.

La mexicana Fanny Galindez consideró que "el lavado de capitales es un fenómeno que da transparencia a una gran cantidad de delitos, que podrían llamarse producto criminal bruto", y criticó que todavía las regulaciones se concentran en el sector financiero y no tratan con el mismo rigor otras "actividades vulnerables".

Son áreas tan dispares como joyería, blindaje y compraventa de vehículos, negocios de préstamo, arte, inmuebles, tecnología, comunicación o turismo, entre otras decenas. "No es equitativo y genera fugas para que las células de delincuencia laven. Todos deben regularse igual", afirmó Galindez, directora de la consultora mexicana Transactions.

Quizás la complejidad del fenómeno explique las múltiples denominaciones del delito de dar apariencia legal al dinero y activos de origen ilícito: lavado, blanqueo o legitimación de fondos son las más usadas, y en las jurisdicciones penales se usan términos como "delito de uso de recursos de procedencia ilícita".

Algo parecido pasa con las definiciones. El diplomático venezolano Julio Cesar Pineda precisó que al blanqueo le llaman Pokémon, por ser como los muñecos de ese videojuego japonés, que mutan constantemente para que no se les atrape.

También señaló que funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas y otras entidades multilaterales consideran al lavado como el caballo que transporta a los cuatro modernos jinetes del Apocalipsis criminal: las drogas, la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción.

Galindez brindó otra luz, al calificar el delito como "un fenómeno de desorden social, sociocultural y socioeconómico", detrás del que hay "sociedades quebrantadas, sectores de la población a los que se deja sin opciones, sin educación y sin recursos".

Desde 1989, cuando el entonces Grupo de los Siete países más ricos, ahora devenido en Grupo de los Ocho países más poderosos, creó el GAFI, la comunidad internacional tiene reglas concertadas de regulación y acción para un delito sin fronteras.

El GAFI dictó 40 recomendaciones que sus miembros deben cumplir y que son revisadas periódicamente. Sus miembros directos son 36, pero suman más de un centenar con grupos regionales asociados, como Gafisud (de los países sudamericanos y México) o el Grupo de Acción Internacional Contra el Lavado del Oeste de África.

Rebolledo indicó que en el caso americano, "los gobernantes plantearon este año la creación de una Corte Penal Regional, destinada a combatir la delincuencia organizada". En particular, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, propuso crear una base de datos regional "para seguir el flujo de dinero de supuestos inversionistas".

Para Rebolledo, la mayor barrera actual para el combate del delito es la corrupción, porque impide la investigación, la persecución y las condenas. "Cuando hay instituciones débiles, la delincuencia encuentra fácilmente los resquicios vulnerables para penetrar", apuntó.

El experto citó al escritor italiano Francesco Forgione, autor de "Mafia export", quien asegura que "puede existir política sin mafia, pero no mafia sin política".

Sacanni, quien ayudó a la justicia argentina a investigar delitos económicos antes de trabajar para KPMG, entiende que hubo "un esfuerzo notable" de las políticas internacionales y las legislaciones para combatir los delitos generadores de dinero ilegal.

Pero, en tanto, "el espectro de delitos precedentes ha crecido exponencialmente", y van mutando.

Otro problema fundamental es su carácter transnacional. "El lavador hace un ‘shopping’ de jurisdicciones, para ver por dónde le conviene más pasar el dinero ilegal, porque por cuantas más de ellas pase, a la justicia le será más difícil seguir la ruta y la cadena de evidencias para conectar los fondos con el delito de origen", destacó.

Además, subrayó Saccani, las leyes no bastan. "Hay que hacer que la justicia actúe" contra un tipo de delito de "muchos actores y gran complejidad probatoria".

Para ello es necesario que los jueces "se actualicen y capaciten" para enfrentar a "delincuentes que tienen todos los recursos y están muy bien asesorados", puntualizó.

Bismark Rodríguez, representante de Panamá, donde es socio para servicios de riesgo de la firma auditora Deloitte, abundó en la complejidad de combatir "un delito apalancado con enormes recursos y gran sofisticación tecnológica".

"No es un papel o una firma: es una estructura, una tipología, un esquema electrónico, y se hace muy difícil sustanciarlo dentro de los delitos tipificados", afirmó.

A su juicio, hay grandes avances en cuanto a normas y a su acatamiento por el sector financiero, con unidades de cumplimiento cada vez más capacitadas, "pero se debe mejorar mucho en cuanto a su aterrizaje de la sustanciación, procesamiento y sentencia de casos particulares sospechosos".