Caso Bandes: robar a Venezuela con la complicidad del Estado

Por: Javier Ignacio Mayorca

Fuente: ImpactoCNA.com 

La fiscalía de Nueva York ha reclutado a dos informantes, uno de ellos de la propia entidad financiera.

-Tres de los acusados por un “fraude masivo” al banco estatal venezolano, que hasta el momento asciende a 66 millones de dólares, se han declarado culpables antes de ir a juicio.

-Esto hace pensar que la red de corrupción trasciende a la vicepresidenta de Finanzas de la entidad, María de los Ángeles González. Mientras, hay voces que exigen al Gobierno venezolano emprender una demanda para recuperar los fondos que fueron a parar a cuentas de privados

Javier Ignacio Mayorca, periodista de investigación del diario El Nacional de Caracas devela uno más de los innumerables fraudes cometidos por funcionarios públicos al amparo del Estado. La corrupción chavista encuentra en el propio gobierno su mejor aliado. El silencio de los organismos de investigación y de la Fiscalía hace presumir la existencia de una estructura conspirativa organizada para lucrarse con los fondos públicos.

“He aquí la receta que funcionarios revolucionarios siguieron para hacerse multimillonarios en tan solo un día.

El primer paso, posicionarse de un cargo clave de uno de los bancos abiertos por el Gobierno para financiar sus proyectos sociales. Para María de los Ángeles González esta no fue una cuestión especialmente difícil. A los 54 años de edad, se había labrado un prestigio dentro de la banca oficial, en la que participaba como gerente o vicepresidenta desde 2001.

Con estos contactos, González conocía los vericuetos que debían recorrerse para eludir los controles cambiarios. Registró en Panamá una empresa de maletín, sin sede física, y luego abrió una cuenta a nombre de esa compañía en un banco suizo. Este fue el segundo paso.

El tercer paso fue ponerse de acuerdo con un corredor de bolsa que manejara la cartera de inversiones en divisas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes.

En un esquema normal, el banco debía negociar a través de ese corredor en las condiciones más ventajosas. Pero en el caso del Bandes durante la gestión de González las cosas marcharon al revés: vendía bonos a precios por debajo del mercado y luego los recompraba encarecidos.

La investigación llevada a cabo por la Comisión de Valores y Comercio estadounidense (SEC por sus siglas en inglés) determinó que entre el 28 y el 29 de enero de 2010, es decir, en apenas dos días, estas operaciones generaron comisiones por más de 10,5 millones de dólares. La mitad de esa suma, unos 5 millones de dólares, supuestamente terminó en la cuenta suiza de la empresa dirigida por González. El resto, entre los demás participantes.

Esto alentó la creatividad de los involucrados en la red de corrupción, en la búsqueda de dinero fácil: “Puede ser rápido y muy eficiente. Si lo revisan podrán ver lo grandioso que sería hacerlo”, planteó en octubre de 2010 uno de los encausados por este caso, ante la posibilidad de una inversión en bonos.

Este tipo de operaciones comenzó en octubre de 2008 y según los reguladores financieros estadounidenses se extendió con algunas variantes hasta junio de 2010, tal como se señala en los expedientes 13CV3028, 13MAG0683 y 13CV3074, de los que El Nacional obtuvo copias. Este patrón fue descrito por los investigadores como un “esquema de fraude masivo” que significa pérdidas para el Estado venezolano superiores a los 66 millones de dólares.

Cuatro países. González es abogada, dio sus primeros pasos en la banca pública en el área de Fideicomisos del Banco Industrial de Venezuela (2001-2003). Luego de un período en la banca privada, en enero de 2008 el teniente retirado Rafael Isea, que para entonces era presidente del Bandes y ministro de Finanzas, la designó vicepresidenta de Finanzas del Bandes y del Banfoandes. Pero Isea dejó el cargo para ir a la campaña por la gobernación de Aragua, abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Su reemplazo, el también teniente retirado Alejandro Andrade, no removió al personal del Bandes.

Desde mayo, González permanece detenida en Estados Unidos. Le imputan delitos previstos en el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, debido a que supuestamente recibió dinero de sobornos por parte de representantes de compañías privadas inscritas en ese país. De resultar culpable en el juicio le esperarán, por lo menos, 20 años de prisión.

Una declaración jurada de la agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en inglés) Lilian Pérez, indica que los cargos desempeñados por González en la banca estatal venezolana hacen de ella una “oficial extranjera”. Al recibir sobornos de parte de personas que operan o tienen oficinas en Estados Unidos, el caso puede ser juzgado según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

En el entramado de González participaban por lo menos otras cinco personas: Tomás Alberto Clarke, José Alejandro Hurtado, Haydée Leticia Pabón de Hurtado, Ernesto Luján y Iuri Rodolfo Betancourt. Un diplomático estadounidense familiarizado con el caso –que pidió el resguardo de su nombre– explicó que contra ellos han ejercido acciones civiles y penales. Simultáneamente se ha emitido un mandato para que cese el funcionamiento de la casa de bolsa Direct Access Partners, Global Markets Group a través de la que se desarrollaron las operaciones fraudulentas. Igualmente, se ordenó el congelamiento de las cuentas utilizadas en el fraude, así como el de cuatro apartamentos comprados en zonas urbanas exclusivas de Miami con dinero proveniente de tales transacciones.

La averiguación es compleja debido a que involucra procesos en cuatro países: Venezuela, Panamá, Estados Unidos y Suiza.

En Venezuela –indican los documentos– se generaban las órdenes de transacciones desde la vicepresidencia de Finanzas del Bandes. Estas órdenes eran procesadas por operadores financieros de la firma DAP, con oficinas en Nueva York y Miami. Para el momento en que supuestamente comenzaron las irregularidades, la empresa tenía seis años de operaciones. Una declaración consignada ante la corte del Distrito Sur de Nueva York por el director regional de la SEC, Andrew Calamari, indica que DAP se dedicó a transar esencialmente bonos de deuda soberana venezolana, de Petróleos de Venezuela y de Elecar.

Antes de que iniciara la relación con el Bandes, DAP reportó ganancias por 27 millones de dólares. Entre 2009 y junio de 2010 la empresa declaró 74 millones de dólares. De ellos, 66 millones procedían de las operaciones con el Bandes.

José Hurtado, de 38 años de edad, y su cónyuge para el momento Haydée Pabón, de 33 años de edad, fungían como captadores de inversiones entre la directiva del banco y la casa de bolsa.

Cuando las cosas marchaban sobre ruedas, en junio de 2009, Hurtado expresaba su optimismo en las comunicaciones por cada “inversión” que entraba en su portafolio: “Buenos días, muchachos. Aquí tenemos más trabajo (gracias a Dios). Podemos comenzar de una vez, así que hablemos antes. Gran abrazo”.

Dentro de DAP se percataron de que Pabón (antes ejecutiva de cuentas de un canal por cable) no tenía el perfil profesional necesario para desempeñarse en ese cargo y justificar la obtención de comisiones. Además, finalmente inició gestiones para obtener la residencia en Estados Unidos. Un correo electrónico recabado durante la investigación sugiere que el currículum de Pabón fue maquillado en la empresa para hacerla parecer más afín al mundo de las finanzas. Su pasantía por los medios de comunicación fue realzada pues eso explicaba cómo ella enlazó al Bandes con DAP.

Al respecto un ejecutivo de DAP que luego cooperó con el Gobierno estadounidense, escribió en agosto de 2009: “Tendremos que arreglar esto un poco (…), hay muchas cosas sobre colegios. Habría que incluir una línea de que ella tiene extensos contactos en los medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, y que en eso pudo conocer a las personas que nos presentó”.

Según la SEC, Pabón recibía 30% de las ganancias generadas por las operaciones que ella captaba. Pero la mitad de ese dinero iba a parar a la cuenta suiza de González, pues eso supuestamente formaba parte de un acuerdo general entre todos los implicados. Hurtado, Clarke y Betancourt también hacían lo propio.

Una vez que se concretaban las operaciones de compra y venta de bonos en perjuicio del Bandes, el dinero se transfería a las cuentas en Suiza de un grupo de compañías registradas en Panamá, del mismo modo que ocurría con González.

Las transacciones se hicieron tan frecuentes que los operadores de DAP debían enviar una relación mensual en una tabla excel, especificando cuánto correspondía a cada uno de los participantes en el fraude, incluyendo a González. Las cifras eran revisadas por los beneficiarios, antes de repartirse las ganancias.

El 23 de junio de 2009, por ejemplo, Hurtado envió a la vicepresidenta de Finanzas del Bandes la relación con lo que debían pagarle a ella, según consta en uno de los litigios civiles. En tono de negocios, le indicó: “Por favor revísalo todo y hazme saber cualquier observación. Yo lo revisé todo y está muy bueno. Espero que continuemos de esta forma y mejoremos todos los días. Un beso”.

Posteriormente, la vicepresidenta de Finanzas del Bandes solía indicar la forma como quería que le pagaran. Su empresa, Cartegena International, tenía cuentas en los bancos suizos Julius Boehr, Rahn & Bodmer y Compagnie Bancaire Helvetique. Estas instrucciones enviadas por correo electrónico debían ser seguidas al pie de la letra. José Hurtado, el captador de las inversiones, escribió a los otros integrantes de la red: “Caballeros: aquí les estoy enviando las coordenadas en las que Mary quiere que le envíen su dinero. Atentamente”.

Cuando se elevó la confianza entre los miembros de la red, a González comenzaron a llamarla “la hormiga”. Otro miembro de la conspiración, un empleado del Bandes que luego cooperó con el Gobierno estadounidense, era llamado “Parchita” por alguna razón no explicada.

Más presión. El 30 de agosto se informó que tres de los seis implicados, Ernesto Luján, José Alejandro Hurtado y Tomás Alberto Clarke, admitieron su culpabilidad ante la corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de James Francis IV.

Para formalizar este acto, cada uno admitió las imputaciones. Las sentencias correspondientes serán impuestas en el primer trimestre del año entrante. En el proceso de negociación, los implicados pudieron aportar información adicional y según una fuente diplomática deben comprometerse a no apelar las sentencias. Todos se encuentran en libertad bajo fianza.

González, sin embargo, continúa defendiendo su inocencia. Se abre entonces un lapso en el que la vicepresidenta de Finanzas del Bandes deberá meditar lo que quiere para su futuro. “Si ella quiere restar años de cárcel debería señalar a otros involucrados”, precisó la fuente.

Agregó que ella no podrá cancelar los honorarios de sus defensores con dinero de procedencia ilícita. Las perspectivas para González empeoran debido a que tanto el FBI como la SEC también armaron un expediente sobre un supuesto fraude y prácticas corruptas en el manejo de fondos de Banfoandes, entidad que fue fusionada con otras para crear el Banco Bicentenario, bajo la dirección del Ministerio de Finanzas.

En este caso, el delito seguía un patrón similar al del Bandes. Los operadores en Estados Unidos también eran de DAP, y se cree que González podría aportar datos al respecto. “Los fiscales quieren el caso más grande con las pruebas que tienen. Por lo tanto, no van a ir a un juicio más débil por ir más allá de lo que está probado. Sabemos que una cosa es la realidad ‘real’ y otra la realidad que ha podido ser comprobada”, afirmó.

En este contexto, la actitud del Gobierno venezolano ha llamado la atención en el Departamento de Estado estadounidense porque no ha recibido ninguna solicitud formal para obtener información sobre el caso. Cuando el escándalo salió a la luz pública, el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, sólo señaló que el Gobierno estadounidense debía mandar las informaciones relativas al fraude. “No es un secreto que el Gobierno no tiene interés en contactarnos”, señaló la fuente.

Mientras tanto, las autoridades suizas mantienen congelados los fondos de por lo menos 11 cuentas bancarias abiertas en Suiza directamente por los implicados o a través de las empresas que se registraron en Panamá.

Si el Estado venezolano no se hace parte del litigio civil, los fondos quedarán en esas cuentas. Si se involucra, será posible recuperar parte de lo defraudado una vez que el juicio en Estados Unidos llegue a una decisión firme”.