Terrorismo de Estado

Por: José López

Fuente: Analítica

La puesta en práctica de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana se ha traducido en una política de Estado que viola los derechos humanos

Desde la llegada al poder de la logia militar bolivariana en 1998 el país ha estado sujeto a un terrorismo de Estado avasallante como expresión de la “Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana”. Hemos visto como un Estado omnipotente ha utilizado a las fuerzas policiales, diversos componentes de la Fuerza Armada y grupos paramilitares en contra de sus ciudadanos, violando sus derechos fundamentales, recurriendo en algunos casos al asesinato de muchos de ellos quebrantando el estado de derecho contemplado en la Carta Magna. La muerte de Kluiberth Roa, liceísta de escasos 14 años de edad a manos de un miembro de la Policía Nacional Bolivariana demuestra hasta donde puede llegar la barbarie milico-bolivariana.

Iniciado por el ya fallecido tte coronel, embaucador de Sabaneta y continuado por el binomio de la bestialidad “Maduro-Cabello” han convertido al Estado venezolano en terrorista y forajido al institucionalizar la represión, la tortura, y el asesinato, criminalizar y judicializar la protesta social, militarizar la justicia, organizar grupos paramilitares. Todo ello orientado a imponer una obediencia absoluta, mediante la propagación del pánico por todo el tejido social. Prácticas que no son nada nuevas, todas ellas comunes a regímenes despóticos al margen de su signo ideológico.

La nefasta alianza de milicos y civiles que tomó el poder en 1998 se ha empeñado en disciplinar a la sociedad venezolana y eliminar todo vestigio de disidencia ideológica. A tal fin han modificado y aprobado nuevas leyes e instancias judiciales represivas orientadas a acentuar el control social y la dominación. Allí están la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (Lodofat), la reciente resolución 8.610 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que permite el uso de armas letales para el control de manifestaciones, así como la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) y reglamento orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM). Además, han militarizado a la sociedad, y han establecido un monopolio comunicacional mediante la asfixia económica a los medios independientes, la censura a otros y la autocensura ante el miedo.

A fin de desarrollar el modelo represivo bolivariano y consolidar un estado de excepción -no declarado, pero vigente-, el país ha sido dividido en varias zonas operativas militares (Regiones Estratégicas de Defensa Integral de Venezuela). Son espacios en los cuales los milicos tienen la potestad de ejecutar operaciones de defensa integral, entiéndase labores de represión contra la disidencia política, muchas veces al margen de las leyes de la República. Es decir, han creado un Estado militar ilegal, amparado paradójicamente por las leyes de la República. El régimen ha invadido con su violencia y arbitrariedad todos los planos de la vida nacional.

Sin embargo, el régimen bolivariano ha significado un “salto cualitativo” en materia represiva con respecto a los anteriores gobiernos adecos y copeyanos, al borrar el nombre y la historia de sus víctimas mediante la descalificación, la amenaza y la coacción. No olvídenos que el sátrapa de Miraflores declaró a raíz de la muerte de Kluiberth Roa, “el liceísta asesinado pertenecía a una secta de la derecha“. Primeramente, el iletrado del Metrobus miente en cuanto a la afiliación política del joven asesinado y segundo, ello no es excusa para justificar tan horrendo crimen.

Maduro y su pandilla intentan “tutelar con las armas” el descontento y conflictividad laboral y social que existe en el país. Mediante el uso de la represión y la violencia pretenden acallar el descontento popular generado por la escasez, la inflación, la inseguridad, el desempleo, etc. Buscan a través de estos perversos métodos disciplinar a las masas a fin de lograr su desmovilización, frustración y finalmente su resignación.

La puesta en práctica de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana se ha traducido en una política de Estado que viola los derechos humanos de todos los venezolanos, trayendo muerte y dolor.