(FOTOS) Serian apresados por Interpol si tripulación de #Narcoavioneta es puesta en Libertad en RD

Fuente: Reporte Confidencial

El caso de la narcoavioneta pica y se extiende. Luego de conocerse detalles de la vida de Carlos Justiniano, piloto del avión en cuestión, Reporte Confidencial comprobó que él y el resto de la tripulación que arribó a República Dominicana el pasado 25 de marzo, está siendo solicitada por la INTERPOL.

Las fichas de Carlos Justiniano (Piloto), Gerardo Díaz, Juan Carlos Díaz y Gregory Frías, se encuentran de primeras en la sección de “Personas buscadas” el portal de la INTERPOL.

La INTERPOL es la mayor organización policial del mundo, su función principal radica en prestar asistencia a los organismos encargados de aplicar la ley en el mundo, con el fin de combatir la delincuencia y terrorismo internacional.

Esta organización opera desde sus oficinas centrales, ubicadas en los principales aeropuertos de los países asociados a ella, por lo tanto, en el caso de la puesta en libertad de la tripulación de la avioneta que transportaba los 359 kilógramos de cocaína, quienes la integran podrían ser detenidos en el terminal aéreo al intentar regresar a Venezuela, y así, ser puestos a la disposición de las autoridades correspondientes.

Vinculaciones

A este en específico fue vinculado también el caso de los tres sargentos de la Guardia Nacional detenidos en el aeropuerto de Barquisimeto, estado Lara, según información difundida por la Fiscalía General Venezolana. En la información revelada no fue detallado si los efectivos detenidos son considerados cómplices en el embarque de la droga enviada República Dominicana, no obstante, si fue precisado el proceso legal al que se enfrentarán luego de esta detención.

Interpol actuaría

Según información vinculada a INTERPOL si los venezolanos que formaban parte de la tripulación de la aeronave Cessna, modelo C404, matrícula YV2708, resultaran liberados conforme a la decisión de la jueza Aristilda Mercedes Rodríguez, estos serían detenidos de inmediato por la policía local conjuntamente con INTERPOL, a los fines de cumplir con la solicitud de la Fiscalía de Venezolana y a partir de entonces, se dispondría si son extraditados a Venezuela luego de procedimiento judicial o son enviados de inmediato por procedimiento expedito administrativo.

Los requeridos por INTERPOL son los venezolanos Carlos Justiniano, de 55 años; Jorge Henríquez, de 44; Gregory Frías, de 23; Gerardo Díaz, de 38, y Jean Carlos Díaz, de 35 años los primeros cuatro fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de La Romana por oficiales de la DNCD, con el apoyo del DNI, y la presencia del fiscal Víctor Enrique Gil, tras el decomiso la droga en el interior de un avión Cessna, Modelo C404, matrícula YV2708 en que volaron desde Barquisimeto, Venezuela, hasta esa pista aérea del Aeropuerto Internacional de La Romana.

La solicitud a INTERPOL guarda relación con el caso en que tres sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) fueron detenidos en el aeropuerto de Barquisimeto, en el noroeste venezolano, por supuestos vínculos con un cargamento de cocaína hallado en República Dominicana, según informó la Fiscalía General.

Los militares vinculados con el caso son el sargento supervisor Franklin Pérez Peña, el sargento primero Roberto Sivira Fernández y el sargento mayor Onésimo Romero Hernández.

Senadores Dominicanos piden investigar jueza dejó en libertad a 5 venezolanos

Senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ven “sospechoso” que sean jueces interinos en salas judiciales, sean designen para conocer casos tan serios como es el de los 359 kilos de cocaína, donde los cinco venezolanos acusados de introducir en un avión la droga al país por el Aeropuerto de La Romana, fueran dejado en libertad “pura y simple”.

La presidenta del Senado, Cristina Lizardo, sostuvo que “como respetuosa de los demás Poderes del Estado, hay que esperar las investigaciones iniciadas por la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público de ese caso, que ha recibido el rechazo y críticas de diversos sectores de la sociedad”.

El vocero de la bancada del partido morado, Adriano Sánchez Roa, ve “correcta” la disposición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de ordenar investigar la libertad dispuesta por la magistrada Aristilda Mercedes Rodríguez, jueza suplente de la Oficina Judicial de Atención Permanente del servicio Judicial de La Romana.

“Con ese caso se habla que hubo de todo, porque la magistrada dispuso la libertad de los dos pilotos y los tres que esperaban el cargamento, sin cargo alguno, y sin medida de coerción. El alto tribunal al ordenar una exhaustiva investigación de ese hecho, ha recibido el respaldo de la sociedad dominicana”, apreció Sánchez Roa.

Entiende que la investigación debe dejar satisfecha la población, y esta debe arrojar que se aplique ejemplo en ese y otros casos que no “son regulares” a fin de que no vuelvan a producirse en el tren judicial, y que siempre son conocidas por jueces suplentes.

En tanto, el presidente de la Comisión de Interior y Policía, Julio César Valentín también consideró de “sospechoso” que sean jueces interinos los que conozcan el fondo de casos muy delicados, acción que entiende deberían procesarlos los jueces titulares.

“Debe haber una escrupulosa y profundísima investigación para determinar responsabilidades y sanciones convincentes, porque la sociedad dominicana no puede seguir defraudándose”, precisó.

RESPONDE LA JUEZA

-La jueza Aristilda Mercedes Rodríguez, ordenó la “libertad pura y simple” a cinco venezolanos que fueron atrapados con 349 paquetes de cocaína y/o heroína, porque el Ministerio Público “no presento en audiencia el acta de registro oficial numerada” que autorizaba el allanamiento de la aeronave que trajo al país la droga.

La magistrada jueza, suplente de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, dice en su sentencia “histórica” número 00562-2016 que “como podría esta juzgadora saber si el acta de registro de la aeronave en cuestión es el producto de la autorización otorgada al fiscal actuante”. 

Por cuanto, según la jueza Aristilda Rodríguez “ante la inexistencia de la solicitud de autorización de registro de la aeronave, y de la resolución motivada por escrito, resulta ser mas que obvio que el fiscal no podía avocarse a conocer la solicitud de la imposición de medida de coerción, ni siquiera apoderar el tribunal hasta tanto tener el proceso completo”. 

Según la magistrada dictó orden “pura y simple” por no “tener en su poder elementos esenciales o neurales y poder así conseguir la medida de coerción solicitada; que lo más razonable era que el fiscal mantuviera su solicitud de suspensión de la vista y no desistir como al efecto lo hizo a sabiendas de que no tenía el proceso listo, lo que conllevo a la emisión de una decisión desfavorable para el órgano acusador”.