Los últimos días de Maduro en Venezuela

Por Roger F. Noriega
Fuente: The Examiner

Mientras un levantamiento popular en Venezuela entra en su segunda semana, líderes de la oposición, diplomáticos regionales, legisladores estadounidenses y las profundamente divididas fuerzas de seguridad venezolanas pueden ayudar a rescatar al país del moribundo régimen de Nicolás Maduro.

Maduro está más débil que nunca. Una de las razones es que los disturbios se han extendido a los barrios más pobres que alguna vez fueron el bastión de Hugo Chávez. Las peleas en la calle más feroces han ocurrido en áreas pobres, donde milicias bien armadas a favor del régimen llamadas “colectivos” usan tácticas de ataque y retirada para aterrorizar a la población. Después de que la policía uniformada y los guardias dispararon gases lacrimógenos y balas de goma indiscriminadamente, los manifestantes, en varios casos, han abrumado a las fuerzas de seguridad y los han perseguido por las calles. Los líderes de la oposición pueden haber convocado estas manifestaciones, pero no están en condiciones de controlar a personas desesperadas que tienen muy poco que perder.

La oposición democrática de Venezuela está más unida que nunca y apoyando una lista de objetivos políticos: insistiendo en que Maduro libere a los presos políticos, que se programen elecciones nacionales y que se respete el poder de la Asamblea Nacional para nombrar nuevos jueces y autoridades electorales comprometidas con un cambio de gobierno. Líderes políticos pueden considerar estas medidas—respaldadas y supervisadas por la comunidad internacional—como pasos irreversibles hacia la democracia. No obstante, la oposición debe ser sensible al hecho de que, después de cada día de represión sangrienta, más venezolanos exigirán que Maduro renuncie al poder.

Otro factor que ha puesto a Maduro contra la pared es su aislamiento internacional, dirigido por Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Incluso antes de las casi dos decenas de muertes en las últimas semanas, la mayoría de los países miembros de la OEA ya habían pedido a Venezuela que respetara su constitución y que programara elecciones nacionales. El régimen que en cambio ha estado detrás de graves violaciones de los derechos humanos con la ayuda de pandillas oficialistas violentas probablemente nunca recuperará ningún tipo de legitimidad con la comunidad internacional.

Está claro que la OEA seguirá comprometida e insistirá en que se celebren elecciones, que puede ayudar a organizar y monitorear. Pero la OEA también debe recopilar evidencia de abusos a los derechos humanos para que sean remitidos a la Corte Penal Internacional; comprometer a líderes del régimen a que contabilicen el vasto inventario de armas de guerra; y exhortar a varios países a que pongan fin a la venta de armas, municiones y herramientas de control de protestas usadas tan deliberadamente por autoridades venezolanas. La OEA también debe instar a los Estados miembros a que sancionen a violadores de derechos humanos u ofrecer exilio a Maduro y a su círculo más cercano.

La administración del presidente Trump ya ha hecho más en 90 días para enfrentar este régimen que el presidente Obama en ocho años. En febrero, el Departamento del Tesoro sancionó a uno de los secuaces de Maduro, el vicepresidente Tareck El-Aissami, por narcotráfico y lavado de dinero. Lejos de ayudar a Maduro a detonar nacionalismo dentro de Venezuela o sentimientos anti-Estados Unidos, como predijeron varios detractores, la decisión deslegitimizó el régimen, marcó una renovada determinación por parte los Estados Unidos y ayudó a aglutinar apoyo para las acciones que ha tomado la OEA.

Y, mientras que los diplomáticos de Obama desalentaron el involucramiento de la OEA al apoyar un diálogo organizado por los aliados de Maduro, el Asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster instó personalmente a miembros de la OEA a enfrentar al régimen en Caracas. Los funcionarios de los Estados Unidos pueden influir aún más en los acontecimientos implementando sanciones adicionales contra Diosdado Cabello, el ministro del Interior Néstor Reverol, y el embajador de la ONU, Rafael Ramírez, sólo un puñado de funcionarios corruptos contra los cuales las agencias estadounidenses han reunido evidencia y testimonios.

Aquellos americanos que cuestionan si los Estados Unidos debe involucrarse en esta crisis deben darse cuenta de que las compras estadounidenses de petróleo venezolano sostienen el régimen corrupto y represivo de Maduro. Los 30 millones de dólares al día obtenidos de las compras de petróleo representan cerca de tres cuartas partes de los ingresos de las exportaciones de Venezuela. (India es el otro país que paga efectivo, y las exportaciones a China solo sirven para pagar préstamos ya gastados.) Si los Estados Unidos suspendiera esas importaciones, el régimen de Maduro no tendría los recursos para financiar su estado policial.

Un factor final que condena a Maduro es el deterioro de la disciplina en la estructura de mando militar. Evidencia anecdótica y un puñado de denuncias públicas sugieren que gran parte del cuerpo de oficiales del ejército no está dispuesto a usar la fuerza contra civiles para mantener a Maduro en el poder. Confiar en los colectivos sólo segrega aún más a militares profesionales que están consternados por la represión violenta. Además, los oficiales cuyas familias subsisten con menos de $40 por mes ven la descarada corrupción de oficiales generales y líderes políticos con disgusto. Si Maduro se ve obligado a pedir a los militares que salven a su gobierno, puede que reciba una respuesta que no será de su agrado.

Está claro que Maduro y su régimen corrupto socialista están destinados a la destrucción. La única pregunta es si otros se mantendrán en silencio mientras se lleva al resto de Venezuela con él.

El autor fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001-05. Es investigador visitante en el American Enterprise Institute, y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros.

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